Francisco Hernández Spínola, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad
La historia de la Humanidad se construye con hechos e ideas del pasado que, con la perspectiva del tiempo, revelan su trascendencia para el conjunto de la sociedad. Estoy convencido de que los libros de historia del futuro recordarán nuestro presente por la revolución política y social que estamos construyendo en torno a los conceptos de Transparencia y Gobierno Abierto. La democracia existe desde la antigüedad, los atenienses y otras organizaciones tribales más antiguas organizaron su sistema social atribuyendo el poder al pueblo. Desde entonces hasta ahora, sus normas y organización han variado adaptándose a cada época, a la evolución del pensamiento individual y colectivo.
Estamos en una etapa de revolución político-social en la que la aplicación de los principios de transparencia, el Gobierno Abierto y la apertura de la gestión pública a la participación ciudadana han llegado para quedarse.
Vivimos tiempos de mayor exigencia ciudadana para con los poderes públicos. Estos demandan un mayor grado de transparencia en la gestión, de rendición de cuentas y de publicación de la información, lo que se conoce como publicidad activa. Pues bien, Canarias aprueba hoy una ley que se coloca a la vanguardia de las aprobadas en nuestro país, que amplía de manera notable la información que ha de divulgarse, que excede el marco básico estatal, que extiende derechos de los ciudadanos, que crea un portal de transparencia -operativo desde julio de 2014- lo que da idea del compromiso y la voluntad política del Gobierno con la transparencia. Una ley que crea la figura del Comisionado, ajena por completa al poder ejecutivo, nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y dotado de medios personales y materiales de la Cámara Autonómica.
La más que previsible aprobación hoy por el pleno del Parlamento de Canarias de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias es un hito. Se trata de la primera ley que nace partiendo de las ideas y planteamientos expresados por la gente. Ciudadanos y ciudadanas que quisieron de forma desinteresada exponer sus ideas sobre lo que es y debe ser la transparencia en la gestión pública. Casi tres mil sugerencias ciudadanas llegaron por las redes sociales y a través de foros presenciales desde las siete islas para inspirar el primer borrador de texto articulado. Un proceso participativo sin precedentes en la Comunidad Autónoma de Canarias que dio origen al texto que hoy debate el Parlamento de Canarias.
Este proceso, desde su inicio, ha sido un ejemplo de apertura, diálogo y participación. Una muestra de que existen caminos más allá de los hasta ahora explorados para el ejercicio democrático.
La fórmula escogida para elaborar el primer borrador de texto articulado fue innovadora y merecedora del notable esfuerzo de diálogo político que se fomentó después, con el fin de que el texto obtuviera el consenso de las fuerzas políticas que forman el arco parlamentario, en una legislatura en la que el entendimiento y la unanimidad parecían difíciles. Un acto de compromiso y conciencia política sobre el imprescindible cambio que, como responsables de la gestión pública y representantes de la soberanía popular, debemos dar de la mano de quienes hoy exigen un nuevo funcionamiento democrático.
Para el Gobierno de Canarias este es un día importante porque el Parlamento culmina una Ley que para nosotros constituye una seña de identidad de esta legislatura.
En tiempos de desasosiego, y siendo la corrupción una de las principales preocupaciones ciudadanas como recientemente han puesto de manifiesto diversos estudios demoscópicos, esta ley de Transparencia es una herramienta útil para combatir esa lacra social.
Las leyes nacen para ser aplicadas y respetadas. El éxito de la que hoy inspira estas líneas depende, en gran parte, de un cambio de actitud y voluntad de los políticos y gestores públicos; pero también, de la propia ciudadanía que, a partir de ahora, podrá y deberá gestionar con responsabilidad, capacidad crítica y conciencia individual y colectiva la información pública y aprovechar la oportunidad que supone esta renovación democrática para el bien común.
