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Acuerdos de gobierno

El Consejo de Gobierno aprueba un decreto para impulsar la integración de la formación profesional

La red de centros integrados impartirán Formación Profesional referida al Catálogo Nacional de Cualificación Profesional que conduzca a Títulos y a Certificados de Profesionalidad

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un decreto por la que se regulan los centros integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma. Se trata de una acción conjunta entre la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, con el objeto de establecer una red de centros integrados, públicos y privados, de formación profesional en Canarias, que optimice los recursos humanos y materiales disponibles actualmente, para responder tanto a las necesidades individuales y expectativas personales de promoción profesional como a las demandas del sistema productivo.

Esta normativa contempla que los centros integrados de formación profesional se consoliden como nuevos establecimientos para mejorar las políticas del ámbito laboral que contribuyan a la consecución de los objetivos de empleo.

El acuerdo entre consejerías se enmarca en la Estrategia de Empleo Canarias 2008-2013, en la que se recoge la creación y consolidación de una Red de Centros integrados de Formación Profesional flexibles, para desarrollar las diferentes programaciones de cara a responder a las necesidades de formación y cualificación demandadas tanto por trabajadores como por el mercado laboral.

En concreto, los centros impartirán ofertas formativas dirigidas a la obtención Títulos de Formación Profesional del sistema educativo y Certificados de Profesionalidad del sistema laboral.

Desde estos centros se ofrecerán, además, actuaciones de orientación profesional dirigida a jóvenes y trabajadores, para que puedan tomar las decisiones más adecuadas respecto de sus necesidades formativas con vistas a mejorar su empleabilidad.

El gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud disminuyó un 9,78% en el mes enero

El gasto medio por receta descendió en enero pasado un 12,07% respecto al mismo mes del año anterior

El gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud registró un nuevo descenso en el mes de enero de 2011, en el que disminuyó un 9,78% respecto al mismo mes del año anterior, según consta en último informe de evolución de los indicadores de prestación farmacéutica emitido por la Dirección General de Farmacia.

La Consejería de Sanidad dio cuenta hoy en Consejo de Gobierno de los resultados de este balance, en el que destaca que el gasto medio por receta facturada en enero descendió en la Comunidad Autónoma un 12,07% respecto al mismo mes del año anterior y se situó por debajo de los 12 euros (11,97 euros).

Respecto a enero de 2010, el gasto medio por receta disminuyó en 1,64 euros, lo que situó el gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud en esa mensualidad en 43.926.494 euros.

En cuanto al número de recetas facturadas, ascendió a 3.669.816, a razón de 1,87 recetas por usuario. En el caso de los usuarios activos, el promedio de recetas facturadas fue de 0,80, mientras que en el de los pensionistas, de 6,07.

En cuanto al gasto medio por usuario, el Servicio Canario de la Salud destinó en el mes de enero un promedio de 22,36 euros a financiar la prestación farmacéutica, cantidad que varía desde los 7,07 euros de media por cada usuario activo a los 82,35 euros por cada usuario pensionista.

Receta electrónica

En cuanto a la dispensación con receta electrónica, en el mes de enero se emitieron 2.292.830 recetas electrónicas de las 3.669.816 facturadas, lo que supuso un 61,35 %.

Los porcentajes por Área de Salud fueron: 57,54% en la de El Hierro, 82,40% en la de La Gomera, 83,50% en la de La Palma, 77,83% en la de Fuerteventura, 71,21% en la de Lanzarote, 77,30% en la de Tenerife y 41,17 % en la de Gran Canaria.

Reducción continuada del gasto

Esta nueva reducción de la factura farmacéutica mensual del SCS es el resultado de las acciones impulsadas por la Consejería de Sanidad sobre uso racional y de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2010, así como de la favorable evolución de la prescripción por principio activo, que se ha aumentado de un 15% a un 28%, y el mayor uso de los medicamentos genéricos, cuyo precio ha descendido de forma más acusada que el del resto.

En 2010 el gasto farmacéutico interanual bajó un -7,20%, así como el gasto medio por receta, que descendió un -8,05%, lo que ha permitido situar a Canarias como la Comunidad Autónoma con mayor descenso del país en gasto en medicamentos.

Plan formativo para 2011

La Dirección General de Farmacia ha elaborado para 2011 un plan formativo dirigido a médicos de Atención Primaria y de Atención Especializada, farmacéuticos y personal de enfermería de las siete Áreas de Salud. Asimismo, semanalmente informa a los responsables de Uso Racional del Medicamento de los hospitales sobre aquellas novedades y asuntos de interés para el desarrollo de su labor.

Otra de las acciones realizadas ha sido la creación de un grupo virtual de profesionales por la calidad terapéutica, que incluye a médicos a Atención Primaria y Especializada.

El Gobierno amplía un año más la medida del alquiler de viviendas por 50 euros al mes

Con la modificación del decreto actual de vivienda el Gobierno de Canarias también propone ampliar dos años más para la conversión de viviendas libres en protegidas; permite la interrupción del pago del préstamo al comprador en situación de desempleo durante 2011, solicitar las subvenciones al alquiler de viviendas sociales a las familias que se les haya cumplido el plazo de renovación, y favorece el acceso a la propiedad de las segundas adjudicaciones

El Consejo de Gobierno ha acordado en su sesión de hoy solicitar el dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 135/2009, de 20 de octubre, por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012.

Con la propuesta de modificación del decreto actual, el Gobierno canario adapta su política de vivienda a las demandas de la ciudadanía ante la situación económica actual y mantiene las medidas transitorias aprobadas en años anteriores para paliar las consecuencias de la crisis como la posibilidad ofertada del alquiler por 50 euros al mes de viviendas nuevas construidas que los promotores no han podido vender.

Además, el nuevo decreto abre un plazo de 6 meses para solicitar el acceso a la propiedad a las familias que accedieron a una vivienda social en segunda adjudicación y amplia, hasta el 31 de diciembre de 2012, la conversión de viviendas libres en protegidas.

Permite, también durante 2011, la interrupción del pago del préstamo del adquirente en situación de desempleo si ya ha hecho frente al pago de una anualidad completa; se prorroga la posibilidad de que las personas jurídicas que adquieren promociones completas puedan subrogarse en la situación del promotor, con los mismos derechos y obligaciones, y, por último, durante los dos próximos años también estará vigente la posibilidad de que se autorice la puesta en arrendamiento de viviendas de promociones destinadas a la venta como vivienda protegida.

En materia de alquiler, establece la ampliación del plazo para el otorgamiento de las ayudas al alquiler a las familias inquilinas de viviendas sociales, con carácter retroactivo desde dos vertientes. Por un lado, se posibilita la renovación de dichas ayudas mediante la concesión de un nuevo plazo de 6 meses para los adjudicatarios que, a 31 de diciembre de 2007, ya las vinieren disfrutando y, por otro lado, se procede a la apertura de un nuevo plazo de 6 meses para aquellos adjudicatarios que a 31 de diciembre de 2007 no estuvieran disfrutando de la ayuda.

Otra medida que impulsa la modificación es la del modelo intermedio entre la promoción de vivienda protegida para venta y para alquiler, promoción para transmisión del derecho de superficie. El precio de estas viviendas será, al menos, un 20% más barato que las destinadas a la venta y sus adjudicatarios adquirirán el derecho de superficie por 99 años.

Se incrementa en un 50% el período en el que el adquirente de una vivienda protegida podrá disfrutar de la ayuda para pagar el préstamo convenido, que pasa de diez años a quince años. De esta forma, la cuantía máxima de esta ayuda se incrementa en 4.000 euros, hasta 14.500 euros.

El presupuesto se reparte entre las familias con menos ingresos

Con esta modificación, el Gobierno de Canarias se adapta al Real Decreto aprobado por el Estado en diciembre de 2010 por el que se suprimieron determinadas ayudas y subvenciones, lo que implicará una disminución de los ingresos de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes de los fondos del Plan Estatal de Vivienda remitidos por el Ministerio de Fomento en materia de vivienda.

El proyecto de Decreto va a suponer reducción de gastos para la Administración del Estado, dado que desaparece la Ayuda Estatal Directa a la Entrada de viviendas protegidas, también desaparece la reserva de eficacia, esto es, no habrá presupuestario estatal adicional para las Comunidades Autónomas que superen los objetivos convenidos y se suprimen las subvenciones para la urbanización de suelo edificable destinado de forma especial a vivienda protegida.

De este modo, el Gobierno de Canarias busca nuevas fórmulas para que esta reducción no afecte a las familias canarias con menos ingresos y en lugar de suprimir ayudas reduce el tramo de ingresos para poder solicitar estas subvenciones a las familias con rentas más altas.

En el caso de las viviendas en régimen de autoconstrucción o promoción para uso propio se reduce en un importe máximo la subvención que el Gobierno concede al suelo de 9.500 euros a 6.000 euros. Para las viviendas protegidas de régimen especial en alquiler a 10 años la cuantía máxima se cifra en 7.500 euros y para las de 25 años la bajada es menor, quedándose en 9.500 euros frente a los 13.000 euros anteriores con el fin de potenciar el régimen especial en arrendamiento a 25 años, y así continuar impulsando el alquiler en sentido estricto a largo plazo.

El Consejo de Gobierno aprueba una subvención de 3,9 millones de euros a GESPLAN para contratar a 550 desempleados

Al menos 300 de las personas contratadas por la empresa pública deben estar percibiendo la Prestación Canaria de Inserción

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado una subvención a la empresa pública de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, GESPLAN, por valor de 3 millones 927 mil euros para la contratación de personal necesario para la puesta en marcha de un Programa de Empleo Extraordinario para perceptores de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

El plan contempla la contratación de 550 personas desempleadas de las que al menos 300 deberán estar percibiendo estas ayudas destinadas a colectivos de difícil inserción procedentes de las arcas autonómicas a través de la Consejería de Bienestar Social.

Los beneficiarios realizarán tareas de restauración y conservación de senderos, tratamientos silvícolas y repoblaciones, prevención de catástrofes en barrancos, restauración paisajística en entornos degradados, mejora de infraestructuras de uso público o vinculadas al paisaje y restauración paisajística y medioambiental del litoral.

El objetivo de este Plan Extraordinario de Inserción es fomentar el empleo entre personas perceptoras del PCI, pero también existe un evidente interés público y general en las actuaciones que se llevarán a cabo, relacionadas todas ellas con la mejora de las infraestructuras públicas, la protección medioambiental, el adecentamiento de nuestros paisajes y la prevención de catástrofes.

El SCE se hace cargo de la financiación de los costes salariales y de Seguridad social de las personas contratadas en este proyecto, que se enmarca dentro del Plan Canarias Emplea, con el objetivo de ofrecer una oportunidad y una experiencia laboral a aquellos colectivos que requieren más atención. Además, este tipo de iniciativa supone un impulso al desarrollo económico y social de toda Canarias.

El Gobierno aprueba el proyecto de Decreto por el que se regula la utilización de los Medios Electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

Establece el régimen jurídico de la utilización de los medios electrónicos en el desarrollo de su actividad administrativa y en sus relaciones con la ciudadanía

El Consejo de Gobierno ha acordado, en su reunión de hoy, aprobar el proyecto de Decreto por el que se regula la utilización de los Medios Electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), después de que el Consejo Consultivo de Canarias emitiera su informe favorable.

El citado Decreto surge en cumplimiento de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la utilización de los medios electrónicos por la Administración Pública de la CAC en el desarrollo de su actividad administrativa y en sus relaciones con la ciudadanía.

El mencionado documento consta de siete capítulos y 43 artículos. En el primero de los capítulos se establece el ámbito de aplicación y se recogen los derechos y garantías en el uso de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El capítulo segundo está dedicado al impulso de estos medios por parte de los órganos y organismos públicos, estableciendo los criterios para su utilización y convirtiendo a la Plataforma de Interoperabilidad Corporativa del Gobierno de Canarias en la herramienta sobre la que ha de girar el desarrollo de la administración electrónica en la Administración Pública de la CAC.

En el tercero se regula la Sede Electrónica, una de las instituciones sobre la que va a girar toda la administración electrónica, y definida en la Ley 11/2007 como la dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. Estas deben responder, además, de la integridad, veracidad y actualización de la información, así como de los servicios a los que pueden accederse a través de la misma.

El capítulo cuarto regula los medios de identificación y autenticación, tanto del ciudadano como de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, erigiéndose la Firma Electrónica Avanzada en el instrumento que garantizará la autenticidad e integridad de las actuaciones, tanto de la Administración como de la ciudadanía.

El quinto regula la creación y funcionamiento de los registros electrónicos, estableciendo las características y garantías del Servicio de Registro Electrónico Corporativo.

El capítulo sexto, dedicado a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, establece como sistema de notificación para toda la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Servicio de Notificaciones Electrónicas de la Plataforma de Interoperabilidad Corporativa del Gobierno de Canarias. Mientras que en el séptimo se establece la política de gestión, conservación y archivo de los documentos electrónicos, al tiempo que define las características que deben tener éstos, e introduciendo el concepto de metadato como pieza fundamental en toda la gestión de los documentos electrónicos.

El Gobierno de Canarias suprime el papel de oficio en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma

El Atlante II incopora el dipositivo de impresión de símbolos oficiales
El ahorro que supondrá para las arcas públicas está estimado en un 30% al año

El Gobierno de Canarias ha aprobado en su sesión de hoy la supresión del papel de oficio en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma.

Esta medida se toma como consecuencia de la habilitación en el sistema de gestión procesal, Atlante II, de una herramienta informática que permite imprimir sobre papel común los símbolos identificativos de esta Administración, ajustados al Manual de Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias.

El uso de esta aplicación, que permite imprimir los encabezados del papel oficial sobre un folio en blanco, supone ahorrar un 30% del gasto anual de papel.

Las primeras pruebas piloto se realizaron en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6, de Las Palmas de Gran Canaria.

El Gobierno autoriza la impartición de 23 nuevos títulos en las universidades canarias

Del total, 19 corresponden a la ULPGC y 4 a la ULL

El Consejo de Gobierno aprobó hoy los proyectos de decreto por los que se autoriza la implantación de 23 nuevos títulos en las universidad canarias, con el fin de adaptarlos al proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. De estos títulos 19 pertenecen a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y 4 a la Universidad de La Laguna (ULL).

Entre los 19 títulos de la ULPGC, 8 son de Grado (Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Informática, Ingeniería Química y Turismo); 3 Máster (Desarrollo Industrial de Destinos Turísticos, Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros, Ingeniería Informática, Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria y Tecnologías de Telecomunicación); y 6 Doctorados (Gestión Costera, Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros, Oceanografía, Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria y Tecnologías de Telecomunicación).

Los 4 títulos a impartir en la ULL se concretan en dos Máster (Arqueología e Innovación en Diseño para el Sector Turístico) y dos Doctorados (Bellas Artes y Turismo).

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado con la Declaración de Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema flexible de titulaciones, comprensible y comparable, que promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes y una mayor competitividad internacional del sistema de educación superior europeo.

Fruto de dicha transformación el Real Decreto 1.393/2007 de 29 de octubre, estructura las enseñanzas universitarias en tres ciclos denominados Grado, Máster y Doctorado. Las enseñazas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

Las enseñanzas de Máster tienen como objetivo la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Y las enseñanzas de Doctorado tienen como fundamento la formación avanzada del estudiante en las técnicas de la investigación.

El Gobierno autoriza una subvención 296.000 euros para cursos de formación transnacional con compromiso de contratación

Participarán 30 desempleados que recibirán formación entre Gran Canaria y Folkestone (Reino Unido)

El Consejo de Gobierno autorizó hoy al Servicio Canario de Empleo la concesión de una subvención de 296.216,28 euros a la entidad «Servicios Externalizados Canarios S.L». El objetivo del proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, es la subvención de dos itinerarios formativos en los que participarán 30 personas desempleadas. Los cursos están relacionados con las operaciones básicas de restaurante bar, jefe de sala o maitre e inglés.

Se trata de un nuevo concepto de formación que permitirá ampliar las competencias de los participantes a través de la experiencia profesional en otro país. En este sentido, la primera parte del proyecto se desarrollará en Gran Canaria y la segunda en el Reino Unido, concretamente en Folkestone, en el condado de Kent. La duración total del itinerario formativo es de 1.230 horas.

La formación con compromiso de contratación es una vía a través de la cual las entidades beneficiadas por la subvención del SCE se comprometen a contratar al menos al 60% de los participantes declarados aptos. Este acuerdo será preferentemente de carácter indefinido o, en otro caso, tener como mínimo una duración no inferior a 6 meses a jornada completa o 12 meses a media jornada. Quedan descartados los contratos de formación o en prácticas.

Esta modalidad de subvención responde a la necesidad de mejorar los convenios de formación con el objetivo de hacerlos más efectivos.

Para participar en este tipo de cursos, los alumnos deben estar inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo y mostrar aptitudes adecuadas para superar con éxito la fase de formación. De esta manera, la entidad beneficiaria velará por alcanzar el porcentaje mínimo fijado de contratación.

El SCE realizará actuaciones de evaluación y seguimiento de los cursos e impulsará y controlará la ejecución de este convenio. También ejercerá el control de calidad, mediante la supervisión de la idoneidad del profesorado, de los materiales didácticos y cualquier otro elemento que incida en la calidad de la formación.

El Gobierno destina cerca de tres millones de euros al programa Canarias y la Cultura

Su gestión ha sido encomendada a la empresa pública Canarias Cultura en Red para la promoción cultural en general

El Gobierno de Canarias ha aprobado destinar 2.815.043 euros al programa Canarias y la Cultura, dedicado a la promoción de la cultura en el Archipiélago. El Consejo de Gobierno ha acordado, asimismo, encomendar la gestión de este programa, por razones exclusivas de eficacia y como ente instrumental, a la empresa pública Canarias Cultura en Red, a través de un convenio que será suscrito con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Este programa centra su campo de acción en tres grandes áreas: Dinamización y promoción de actividades culturales que favorezcan la integración social y cultural de la población; Fomento, promoción, publicidad, difusión y comunicación de la Doble Capitalidad y la Movilidad Cultural; y Comunicación de la Cultura, dirigida a fomentar el acceso de nuevos públicos, entre otros.

En el apartado de Dinamización y Promoción de actividades tendrán cabida acciones con escolares, actividades musicales, encuentros interculturales, etcétera orientadas a avanzar en la integración social y cultural de la población extranjera, infantil, joven y adulta que convive en nuestra sociedad, a través de la difusión de los valores de la cultura de Canarias y de los valores de la sociedad contemporánea en la que vivimos.

También se potenciarán actividades de la más variada índole, encaminadas a: crear una oferta en programación cultural adaptada a las necesidades de públicos minoritarios o en riesgo de exclusión social; actividades, eventos y festivales, que resalten los antiguos y nuevos valores de las islas, difundan los programas culturales realizados en Canarias y creen una agenda cultural variada y de calidad; apoyar la creación de nuevos espacios y de los ya existentes centros culturales, teatros, salas, etc., en el desarrollo de su gestión, labor y programación; apoyo a eventos y acciones que fomenten la formación y el diálogo en el marco de la gestión cultural; estudios y análisis de la cultura en Canarias; etc.

De otra parte, el objetivo fundamental del apartado de Fomento, promoción y difusión de la Doble Capitalidad y la Movilidad Cultural es fomentar la Doble Capitalidad Cultural Santa Cruz ¿ Las Palmas / Las Palmas ¿ Santa Cruz, promoviendo la movilidad entre sus habitantes. A la vez que facilitar el acercamiento de los/as canarios/as a la cultura que se promueve en las islas para que la Cultura se convierta en un conocimiento común, donde el mar que nos rodea no sea un motivo de lejanía sino un medio de conexión.

El tercer apartado está relacionado con el interés del Gobierno por intensificar la comunicación (difusión, promoción, divulgación…) de las manifestaciones artísticas y culturales de Canarias, con el reto de llegar al mayor número de población posible. Para ello se trabajará en la difusión efectiva de los mensajes; el fomento del acceso de nuevos públicos a la difusión y conocimiento de la Cultura de Canarias a través de diversos programas y eventos; acciones promocionales y de divulgación; prestar especial atención a las tecnologías de la información, así como el apoyo a las nuevas generaciones de creadores/as de las islas, sin despreciar los medios tradicionales; la edición de material de promoción en formato impreso y digital; etc.

Además, estas tres líneas de trabajo tratarán el tema del turismo cultural como un turismo reflexivo y atento a la cultura del otro; replanteando la relación entre turismo y diversidad cultural, entre turismo y diálogo intercultural, entre turismo y desarrollo y entre turismo y difusión de las prácticas culturales.

El Gobierno aprueba el Proyecto de Decreto por el que se legalizan 76 explotaciones ganaderas de las Islas

Estas constituyen el primer bloque de legalizaciones al que le sucederá otro grupo de 24 regularizaciones actualmente en trámite
Hasta la fecha 555 instalaciones agropecuarias de las Islas han solicitado su regularización, al amparo de la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, 27 de enero de 2010, el Proyecto de Decreto que autoriza la legalización de 76 explotaciones ganaderas, de acuerdo a la Ley 6/2009, de 6 de mayo de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo que prevé el procedimiento para la regularización y registro de instalaciones agropecuarias de las Islas.

Hasta la fecha un total de 555 explotaciones de ganado del Archipiélago han solicitado su legalización al amparo de dicha normativa, de las cuales 77 han sido ya regularizadas- 1 en septiembre de 2010 y el resto mediante la aprobación del actual Proyecto de Decreto- , 24 se encuentran en la última fase de trámite, y el resto se cursarán paulatinamente.

Previamente a su regularización y de acuerdo a lo establecido en el apartado 6 del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, se ha dado audiencia a los cabildos y a los ayuntamientos en cuyo término municipal se encuentran ubicadas dichas explotaciones, así como a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y se ha cumplimentado el trámite de información pública.

La Ley 6/2009 de Medidas Urgentes, aprobada por el Parlamento de Canarias en abril de 2009, permite la legalización urbanística de las explotaciones ganaderas en situación alegal de las Islas que cumplan con los requisitos que establece la ley en materia de seguridad jurídica, sanitaria y ambiental, posibilitando así su acceso a las ayudas destinadas al fomento de dichas instalaciones.

Dicha regularización supone cumplir con un compromiso de gobierno adquirido al comienzo de la presente legislatura para paliar la situación del subsector ganadero del Archipiélago, el cual en los últimos años ha realizado un importante esfuerzo para la modernización progresiva de sus instalaciones y métodos de producción, que ha contribuido de manera decisiva a fijar población en las zonas rurales de las Islas y ha ayudado a conservar el medio ambiente, con lo que ello supone para el desarrollo social, económico y cultural de Canarias.

Numerosas instalaciones que hoy constituyen grandes explotaciones de ganado han surgido de forma más o menos espontánea, muchas veces como procesos de reconversión funcional a partir de actividades tradicionales, que en la actualidad se encuentran en una indeseable situación de irregularidad. Por otra parte, el rápido proceso de crecimiento del sector ha entrado en conflicto, en ocasiones, con las necesarias políticas de ordenación y protección del suelo y del medio ambiente.

Además, la implantación de una instalación de este tipo precisa en Canarias de un complejo proceso, que parte de la tramitación y aprobación del proyecto de actuación territorial, de una calificación territorial y/o de una licencia urbanística que tendrá que compatibilizarse con otra de actividad clasificada, siempre y cuando no sea necesario someter la actividad a una evaluación de impacto ambiental de proyectos y/o una autorización ambiental integrada.

El objetivo es, en definitiva, reconducir a la legalidad la situación de estas fincas irregulares, siempre que cumplan con los requisitos que marca la ley, lo que supone que todas las Administraciones con competencias en la materia deberán ser especialmente cuidadosas y mantenerse especialmente vigilantes para que el sector ganadero se desarrolle bajo estrictos parámetros de legalidad, seguridad sanitaria y pleno respeto al territorio.