Esta nueva entidad permite la gestión ágil y eficiente de los programas de I+D+i que la sociedad y las empresas demandan, y va en la línea propuesta por el Gobierno de reestructuración del sector público, evitando solapamientos y duplicidades
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de creación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y su envío a la Cámara Regional donde se iniciará su tramitación parlamentaria. La ACIISI se configura como una entidad pública empresarial, que asume la gestión de servicios públicos en materia de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y se erige en un proyecto de modernización de la Administración Pública canaria en la prestación de los servicios con criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y calidad.
La ACIISI está funcionando como una Dirección General dependiente de Presidencia del Gobierno desde finales de 2007, mientras que, en paralelo, se ha ido trabajando en el expediente de la Ley. Desde entonces y hasta la actualidad, las competencias del Gobierno de Canarias en I+D+i y Sociedad de la Información (salvo a lo relativo a los aspectos internos de las administraciones que son gestionadas por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías) son llevadas a cabo por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
Esta Dirección General ¿la ACIISI- se configuró con créditos y personal que provenía de las consejerías de Educación, Industria y Presidencia del Gobierno, y fue creada con la vocación de gestionar coordinadamente competencias en I+D+i que antes estaban dispersas, al objeto de ordenarlas y potenciarlas, gracias, además, al importante esfuerzo y a la colaboración del personal del Instituto Tecnológico de Canarias. S.A.
La labor realizada por la ACIISI en el impulso a estas políticas ha sido espectacular, con programas tales como los bonos tecnológicos, las ayudas para proyectos de I+D+i, el fomento de clusters empresariales, los distintos programas centrados en el capital humano como las becas para la formación de nuevos doctores, las subvenciones para la incorporación de tecnólogos a pymes, la formación de gestores de innovación (7.000 en cuatro años), los proyectos para llevar la innovación a las áreas comarcales (como el DILO que ha visitado a 20.000 empresas de zonas rurales de todas las islas); los programas de asistencia y asesoramiento a la innovación empresarial, como por ejemplo la red CIDE o las Unidades de Promoción de Empresas (UPEs), los importantes Parques Tecnológicos, la Ciberguagua, los telecentros etc¿ constituyen ejemplos de la amplia labor realizada por la Agencia.
Esta reorganización de recursos humanos y materiales existentes ha permitido, durante esta legislatura, desarrollar estos programas y ejecutar un presupuesto dos veces mayor que el anterior, sin incrementar el tamaño de la administración, sino especializando a un centro directivo en tales materias con resultados tangibles que están promoviendo claramente la innovación empresarial, la transferencia de la investigación a las empresas, la cooperación al desarrollo y la extensión de la Sociedad de la Información.
Todas las administraciones, tanto nacionales como de otros países, consideran que es absolutamente imprescindible el desarrollo de un potente sistema de ciencia-tecnología-empresa como medio para mejorar en competitividad. España se encuentra en estos momentos en los últimos puestos en cuanto a competitividad en Europa, y en los últimos años esta brecha se ha ampliado de forma considerable. Tal sistema es clave para poder modernizar y diversificar el sistema productivo, basándolo cada vez más en el conocimiento y la innovación y, con ello, contribuir al crecimiento económico sostenible y a la creación de empleo de calidad.
La Agencia, por tanto, está funcionando, como también lo están haciendo los programas que el Gobierno le ha encomendado desarrollar e impulsar. No obstante, se hacía enormemente aconsejable modernizar la estructura administrativa al servicio de estas políticas con una arquitectura jurídica específica, que le permitiera impulsar con agilidad los programas públicos que tiene encomendados. Para ello, como también está haciéndose en el marco del Estado y de la Unión Europea, el Gobierno canario entiende que es conveniente transformar el actual centro directivo, junto con otras unidades o entidades dependientes del sistema público autonómico, en una única nueva entidad con un ordenamiento jurídico específico, que permita la gestión ágil y eficiente de los programas de I+D+i que la sociedad demanda y va en la línea propuesta por el Gobierno de reestructuración del sector público, evitando solapamientos y duplicidades.
La nueva forma jurídica – una entidad de derecho público, bajo la forma de entidad pública empresarial- tiene como ventajas, entre otras, ser considerado un organismo de investigación al efecto de poder recibir ayudas y participar en proyectos de investigación e innovación del Estado y de la Unión Europa en programas competitivos; racionalizar la estructura del sistema de I+D+i canario que en la actualidad cuenta con diversos organismos dedicados a ello, uniendo inicialmente el ITC, S.A, y el Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM) y la ACIISI; y, además, supone un ahorro frente a la anterior organización, funcionando en la búsqueda de resultados que hagan de las empresas canarias más innovadoras, eficaces, ágiles y eficientes puedan internacionalizar sus productos y servicios.