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Acuerdos de gobierno

El Gobierno autoriza dos conciertos educativos por más de 71 millones de euros

El gasto se cuantifica teniendo en cuenta las unidades concertadas para ese período

El Consejo de Gobierno autorizó hoy dos gastos plurianuales dirigidos a financiar conciertos educativos para los cursos 2009/2010 al 2012/2013 en la enseñanza privada-concertada, por un importe global de 71.643.565, 60 euros.

El primero de ellos se refiere a un gasto de 15.264.446,80 de euros para la financiación de los conciertos relativos a los niveles de 2º ciclo de la ESO, Bachillerato, Programas de Cualificación Profesional Inicial y ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior.

El segundo, por importe de 56.379.118,80 euros, está dirigido a cubrir los gastos de los conciertos relativos a los restantes niveles de enseñanza. Es decir: Infantil (sólo 2º ciclo), Primaria, Educación Especial y primer ciclo de la ESO.

El gasto se cuantifica teniendo en cuenta las unidades concertadas para ese período, con la excepción de las que se encuentran autorizadas provisionalmente por la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, en cuyo caso el gasto se limita al curso 2009/2010.

También se indica en las respectivas memorias la existencia de conciertos de carácter singular en algunas unidades de Primaria y ESO. Esto se debe a que se concierta con la fundación que gestiona Radio ECCA, lo que supone que se paga sólo el gasto de personal docente y no el de funcionamiento del centro.

El Gobierno incrementa las subvenciones concedidas a los ayuntamientos de Teror y Mazo para el mantenimiento de sus Servicios Sociales

El Ejecutivo ha invertido 56,3 millones de euros la gestión y mantenimiento de todos los centros de Servicios Sociales municipales, lo que ha supuesto un aumento de casi siete millones de euros con respecto a 2008

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado hoy autorizar la modificación de las subvenciones específicas concertadas, de carácter plurianual, concedidas a los Ayuntamientos de Mazo y de Teror, para la gestión y mantenimiento de sus Centros de Servicios Sociales y de las Prestaciones Básicas que desarrollan, con lo que recibirán de la Comunidad Autónoma un total de 286.342,34 euros y 392.857,76 euros, respectivamente.

En este año, el departamento autonómico de Bienestar Social ha incrementado las subvenciones que se conceden a los ayuntamientos para la gestión y mantenimiento de los centros de servicios sociales con el fin de mejorar los servicios sociales, procurando un mayor apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales en el desarrollo de sus competencias, y consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales municipales, y dar respuesta a las necesidades sociales que surjan.

Para ello, el Ejecutivo destinará 56.330.455 euros para la gestión y mantenimiento de los Centros de Servicios Sociales y de las prestaciones básicas que desarrollan, lo que significa un aumento de casi 7 millones de euros con respecto al año 2008.

El Gobierno de Canarias, en sesiones celebradas los días 27 de noviembre y 26 de diciembre de 2007, autorizó la concesión de subvenciones específicas concertadas de carácter plurianual a los Ayuntamientos de Mazo y de Teror, para la gestión y mantenimiento de Centros de Servicios Sociales y de las prestaciones básicas que desarrollan, así como la suscripción de los respectivos Convenios de colaboración.

En consecuencia, los días 10 y 27 de diciembre de 2007 se dictaron por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda las pertinentes Órdenes de concesión de las subvenciones, suscribiéndose los pertinentes Convenios de colaboración con fecha 28 de diciembre de 2007.

El coste derivado de la ejecución de las mencionadas subvenciones específicas y, por tanto, de los mencionados Convenios de Colaboración, de acuerdo con sus cláusulas terceras, se cofinancian entre la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, y los Ayuntamientos de Ayuntamientos de Mazo y de Teror,

Mediante acuerdo de la Federación Canaria de Municipios, de fecha 12 de diciembre de 2008, se solicitó la modificación de las cantidades económicas previstas para la financiación en el año 2009 de los gastos de mantenimiento y programas de los Centros de Servicios Sociales y de las Prestaciones Básicas que desarrollan los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el sentido de incrementar el coste total de los proyectos y de las aportaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma y de los municipios.

Cabe destacar que las acciones a financiar suponen la prestación de servicios generales o comunitarios a la población, que la Ley territorial 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, considera como el nivel primario del sistema de servicios sociales que, con carácter polivalente, tienen por objeto promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles cuando sea necesario, hacia el correspondiente servicio social especializado.

El SCE financia un curso para el mantenimiento de aeronaves con un compromiso de contratación de al menos el 60% de los participantes

El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración para llevar a cabo esta acción formativa por 555.000 euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y M.T Roalmed S.L para la realización de un curso formativo para el mantenimiento de aeronaves. Esta acción cuenta con un compromiso de contratación de al menos el 60% de los 25 alumnos que participarán y tendrá un coste para el SCE de 555.000 euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

Junto a la acción formativa principal, se desarrollarán módulos transversales de sensibilización en la igualdad de oportunidades, inserción laboral, técnicas de búsqueda de empleo y sensibilización ambiental.

La entidad beneficiaria deberá velar, a través de un adecuado proceso de selección de los participantes, por que los alumnos seleccionados tengan las aptitudes adecuadas para estar en condiciones de superar con éxito la fase de formación y que su número permita alcanzar el porcentaje de contratación.

Aún así, el SCE se encargará de supervisar el procedimiento de selección, la eficaz gestión de la acción conforme a la legalidad vigente y la comprobación de los compromisos de contratación de alumnos. También ejercerá el control de calidad, mediante la supervisión de la idoneidad del profesorado, de los materiales didácticos y cualquier otro elemento que incida en la misma, haciendo cumplir lo previsto en los programas contenidos en el fichero de especialidades del Servicio Público Estatal de Empleo.

El plazo de realización del convenio será de 2 años y 6 meses. En este sentido, las contrataciones se formalizarán a partir de la finalización de la acción formativa con una modalidad de contrato temporal, por un periodo de 6 meses, sin perjuicio de que sea renovado por acuerdo de las partes. En todo caso, será preferentemente de carácter indefinido o, en otro caso, tener como mínimo una duración no inferior a 6 meses a jornada completa o de 12 meses a media jornada.

El Gobierno contribuye a la adquisición de un inmueble en Betancuria para uso cultural y turístico

El acuerdo se materializa a través de una subvención directa al Cabildo de Fuerteventura y está destinado a revitalizar la capital histórica de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de conceder una subvención directa al Cabildo de Fuerteventura para la adquisición y dotación de un centro de información y proyección cultural y turística en Betancuria, capital histórica de Canarias. El acuerdo permitirá destinar 200.000 euros a este proyecto, en el que concurren razones de interés público, al considerar que la iniciativa tiene gran importancia cultural para esta Comunidad Autónoma, derivada de la relevancia que tuvo Betancuria en el Archipiélago desde la época de la conquista.

La subvención será tramitada a través de la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural. Cabe recordar que el conjunto histórico de Betancuria está declarado Bien de Interés Cultural desde 1978. Ese protagonismo se lo otorgó el ser la primera capital de Fuerteventura desde el siglo XV hasta 1834, año en el que esta parte de la Isla perdió su importancia y trascendencia a favor de otros puntos de la misma. Su dilatada trayectoria histórica dejó su impronta en la pervivencia de un rico patrimonio histórico y artístico que es el que ahora se trata de recuperar para que actúe como recurso económico de futuro.

Para lograr la puesta en valor de tan brillante pasado se han programado una serie de intervenciones que, en síntesis se concretan en la adquisición de un inmueble ubicado en el Conjunto Histórico, restauración del mismo, su equipamiento y la producción del servicio de autoguías para la visita al conjunto monumental.

Las actuaciones previstas implican el logro de un doble objetivo, por una parte, revitalizar el ingente patrocinio de la localidad; y por otro, conseguir la reactivación económica de un núcleo urbano que ha visto descender sus recursos económicos con el paso de los años.

El proyecto será ejecutado por el Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con el Ayuntamiento de Betancuria, siendo el Gobierno de Canaria el que asume el coste del mismo en su integridad.

El nuevo Plan de Vivienda facilitará el acceso a una casa a 135.000 familias canarias

El programa movilizará 2.800 millones de euros, entre la iniciativa privada y la pública

El Gobierno de Canarias última los trámites para la aprobación del nuevo documento que regirá su política en materia de vivienda durante los próximos cuatro años, el Plan de Vivienda 2009-2012, en el que se propone mejorar el acceso a la vivienda a 135.000 familias canarias, un 50% más que en el Plan anterior en el que el objetivo fue llegar a 89.000 familias.

El Consejo del Gobierno de Canarias acordó en su sesión de hoy, martes, 1 de septiembre, solicitar el informe al Consejo Económico y Social de Canarias sobre el Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012.

Dada la coyuntura económica actual, este nuevo documento marcará como líneas prioritarias el impulso a la rehabilitación y reposición de viviendas, que además de mejorar la calidad y accesibilidad de las mismas, generará una potente actividad económica y, en consecuencia, puestos de trabajo; el fomento del alquiler, lo que facilitará la movilidad laboral y por último, mantendrá entre sus prioridades el programa específico para la juventud canaria, uno de los sectores de la población con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

La previsión del nuevo plan será, por tanto, realizar 46.405 actuaciones en materia de rehabilitación y reposición, un 95% más que en el plan anterior, con el fin de conservar y mejorar los edificios y viviendas; 32.605 actuaciones en materia de alquiler, un 17% más que en el plan anterior y 29.305 actuaciones en materia de vivienda joven, un 86% más.

El nuevo plan considera colectivos preferentes a las familias con menores recursos, jóvenes, mayores de 65 años, mujeres víctimas de violencia de género, familias numerosas o con dependientes a su cargo, monoparentales, personas con discapacidad y personas legalmente separadas o divorciadas y se tendrá como objetivo que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda protegida no supere la tercera parte de sus ingresos.

También contempla, ante la situación económica, medidas transitorias y excepcionales que junto a las propias líneas del Plan dinamicen la economía canaria, potencien el acceso a las familias con menores ingresos y apoyen la sostenibilidad del territorio.

Como ejemplo de estas propuestas, se encuentra la posibilidad de que 2.000 viviendas terminadas se alquilen a familias con ingresos inferiores a 10.000 euros, donde el alquiler mensual será de 350 euros, sólo pagando por el alquiler 50 euros y subvencionando el Gobierno los 300 euros restantes.

El desarrollo del total de actuaciones previstas en el nuevo Plan de Vivienda supondrá la movilización de alrededor de 2.800 millones de euros en el Archipiélago, 2.008 millones procedentes de la inversión privada, fundamentalmente préstamos hipotecarios y 791 de las Administraciones Públicas.

«El Plan de Vivienda de Canarias ¿resalta Rivero- es una herramienta muy potente para la economía de las islas que sólo en estos últimos cuatro años movilizó en nuestra tierra más de 2.600 millones de euros, 800 más de lo previsto inicialmente, con el fin último de facilitar el acceso a una vivienda a las familias canarias».

El Plan de Vivienda de Canarias 2005-2008 llegó a más de 100.000 familias canarias lo que supuso un 115% de ejecución respecto a las actuaciones previstas.

– El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba el decreto de ayudas a los afectados por el incendio en La Palma

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el decreto que recoge las ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el incendio que ha sufrido la Isla de La Palma durante este fin de semana.

El incendio, que se inició en la noche del pasado viernes 31 de agosto en la zona de Tigalate, ha ocasionado cuantiosos daños en viviendas, infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios públicos de la isla.

Las consecuencias que ha tenido la tragedia ocurrida en la Isla de la Palma se consideran muy graves «no sólo por las hectáreas quemadas, sino por las repercusiones para la seguridad de las personas y sus bienes, ya que el fuego ha afectado a núcleos urbanos y viviendas en el ámbito rural, que han obligado a la evacuación de personas que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas», según recoge el propio decreto de ayudas.

El Gobierno considera que la situación de necesidad que se ha generado en los ciudadanos, requiere de medidas urgentes «dirigidas a mitigar los daños sufridos por la población en general, para la reparación de los sufridos en sus viviendas, enseres, vehículos, en las infraestructuras agrícolas y ganaderas, así como para paliar los daños que los empresarios y profesionales hayan podido sufrir en sus edificaciones, maquinaria, mobiliario, instalaciones o mercancías».

De la misma manera, el decreto recoge la necesidad de articular los medios para la normalización de las actividades y servicios públicos, mediante la reparación y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos públicos, así como la reposición de bienes afectados. Y siendo así, el texto aprobado por el Consejo de Gobierno establece la articulación de las medidas necesarias para hacer posible, conjuntamente con las Administraciones locales afectadas, la reparación y el restablecimiento de los bienes y servicios públicos.

En ese sentido, el decreto contiene varios paquetes de medidas.

– Se establece, en primer lugar, una ayuda de emergencia extraordinaria con destino a paliar las necesidades más básicas y perentorias de las familias que han visto dañada seriamente su vivienda y han perdido los enseres básicos, independiente y compatible con las recibidas desde otras Administraciones Públicas. Estas ayudas llegarán hasta un importe máximo de 8.500 euros por familia.

– El decreto recoge también ayudas en materia de vivienda tanto para el alquiler como para la reparación, rehabilitación o reconstrucción de las viviendas.

En concreto, se estipula, por ejemplo que en los supuestos en que, como consecuencia del incendio, se hubiera producido la destrucción total de la vivienda habitual, siempre que la misma no esté asegurada contra incendios, y si lo estuviera, en la cantidad que no sea cubierta por dicho seguro, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias concederá una ayuda de hasta el 50% del coste de restitución o reparación. Asimismo, se promoverá la concesión de créditos por entidades financieras, sin intereses, por las cantidades que no sean financiadas por cualquier Administración Pública.

Para reparación, rehabilitación y reconstrucción de la vivienda no habitual, se establecen varias medidas atendiendo a otros tantos supuestos. Por ejemplo, si como consecuencia del incendio, se hubiera producido la destrucción total de la vivienda, sus propietarios podrán ser beneficiarios de una ayuda económica hasta un límite máximo de 12.000 euros. En el caso de que la vivienda no hubiera resultado destruida, sino dañada, el propietario podrá ser beneficiario de una ayuda económica para la realización de las obras de rehabilitación o reparación necesarias hasta un límite máximo de 8.600 euros. Y cuando los daños se hubieran producido en elementos comunes, la Comunidad de Propietarios será la beneficiaria de las ayudas hasta un límite de 8.600 euros.

Además, para alquiler de viviendas, se establece una ayuda con un límite de 600 euros mensuales a los propietarios o usufructuarios, cuando se hubiera producido la destrucción total de la vivienda que constituya el domicilio habitual y permanente o cuando debido al mal estado residual fuera necesario su demolición. En estos casos, además, se concederán ayudas para el arrendamiento de una vivienda adecuada a las necesidades familiares por un período de 24 meses, prorrogables, previa solicitud del beneficiario siempre que acredite la imposibilidad de disponer de vivienda. No obstante podrán admitirse otras fórmulas de realojamiento alternativas cuando así resulte necesario.

Asimismo, podrán beneficiarse de esta ayuda los arrendatarios, cuando la vivienda ocupada en régimen de alquiler y que constituya el domicilio habitual y permanente hubiera resultado totalmente destruida o fuera necesaria su demolición. Se concederán ayudas por la diferencia económica que pueda existir entre la renta de la vivienda siniestrada y la de la vivienda de nuevo arrendamiento de características análogas por un período máximo de 24 meses.

Y a los propietarios, arrendatarios o usufructuarios, cuando la rehabilitación o reparación de la vivienda siniestrada que constituya el domicilio habitual y permanente exija su desalojo , se concederán ayudas para el arrendamiento de una vivienda de características análogas a la siniestrada, durante un período máximo de 12 meses, prorrogable, en su caso, previa solicitud del beneficiario, siempre que acredite la imposibilidad de disposición de la vivienda.

– El decreto recoge también ayudas por daños en vehículos hasta un máximo de 6.000 euros.

– De la misma manera, se establecen indemnizaciones por daños en producciones e infraestructuras en el sector agrario.

En ese sentido, el documento aprobado hoy recoge que serán objeto de indemnización en las explotaciones ganaderas, las pérdidas producidas como consecuencia de los daños registrados sobre áreas de aprovechamiento ganadero, siempre y cuando los animales de dichas explotaciones estén asegurados en cualquiera de las líneas de seguros contenidas en dicho plan.

Asimismo, se establece que serán, igualmente, objeto de indemnización los daños registrados en aquellas producciones agrícolas y ganaderas para las que en las fechas del siniestro no se hubiese iniciado el período de contratación del correspondiente seguro, siempre y cuando se hubiese contratado dicho seguro en la campaña anterior.

Para las restantes producciones agrícolas y ganaderas, que en el momento de producirse los daños dispusieran de póliza en vigor amparada por el sistema de seguros agrarios combinados, serán indemnizados los daños que no fuesen garantizables mediante dicho sistema.

Por último, serán objeto de indemnización los daños originados por los incendios en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el vigente plan de seguros agrarios combinados, excepto en el caso de que dichas producciones estuviesen garantizadas por alguna otra modalidad de aseguramiento.

Las pérdidas registradas en las explotaciones ganaderas, como consecuencia de los daños producidos sobre áreas de aprovechamiento ganadero, serán compensadas con unas indemnizaciones en concepto de gastos extraordinarios para la alimentación de los animales.

– En cuanto a las ayudas a empresas y profesionales en el sector turístico, el decreto recoge que serán objeto de ayudas las explotaciones turísticas, hosteleras y de restauración, titularidad de empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores, así como, en su caso, las pérdidas ocasionadas a los titulares de las explotaciones turísticas con motivo del obligado desalojo de los establecimientos por razón de dichos incendios.

– Se establecen también ayudas a empresas y profesionales que cuenten con cuarenta y nueve o menos trabajadores y hayan sufrido daños que hayan sido causados de forma directa por los incendios, en sus edificaciones, maquinaria, vehículos, mobiliario, instalaciones o mercancías, siempre y cuando estén afectos a su actividad empresarial o profesional.

– Medidas para reparación de infraestructuras municipales e insulares. El decreto recoge que serán objeto de ayudas los daños provocados en infraestructuras públicas locales, especialmente los que hayan afectado a carreteras, transportes, telecomunicaciones, infraestructuras de alumbrado público, de riego y de abastecimiento de agua.

La participación del Gobierno de Canarias en la financiación de las obras a ejecutar en las infraestructuras públicas municipales y en la red viaria insular afectadas por los incendios, se realizará mediante aportaciones dinerarias a las entidades locales afectadas. El Gobierno de Canarias financiará como máximo el 25% de las obras insulares y el 45% de las municipales.

– Asimismo, el decreto recoge que se establecerán planes para la restauración medioambiental, la prevención de incendios y lucha contra la erosión mediante la colaboración de la Consejería competente en la reparación de los daños medioambientales producidos por los incendios y en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actuación necesaria para la prevención y extinción de tales incendios, así como de lucha contra la erosión.

– Por último, el decreto recoge la posibilidad de que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias acuerde con el resto de las Administraciones los convenios de colaboración necesarios para facilitar la aplicación de este decreto, convenios en los que deberá fijarse la forma en que se librarán los fondos a las Corporaciones Locales para proceder a la reparación de los daños causados en las infraestructuras públicas y el restablecimiento de los servicios públicos.

El Gobierno de Canarias aprueba conceder una subvención de 1,6 millones de euros a Fred Olsen

La declaración de obligación de servicio público de la línea interior de La Gomera ha supuesto una autentica revolución en el transporte de la isla

El consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy a propuesta del consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernánde4z, una subvención a la naviera Fred Olsen, S.A, por importe de 1.594.255,68 euros, en compensación por el déficit que se deriva de la ejecución, durante el ejercicio de 2009, del contrato de prestación de la línea regular cabotaje marítimo interinsular, Valle Gran Rey-Playa Santiago-San Sebastián de La Gomera-Los Cristianos y Viceversa, de acuerdo con el Decreto de Obligación de Servicio Público de esta línea marítima.

El mencionado decreto establece las obligaciones de servicio público a que se someten determinadas líneas regulares de cabotaje marítimo interinsular de la Comunidad Autónoma de Canarias y supone la primera acción en este sentido de toda España.

El contrato se firmó entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la adjudicataria Fred Olsen, S.A. el pasado 27 de marzo de 2009, por un presupuesto de 3,9 millones de euros y un plazo de ejecución hasta finales del 2010.

La adjudicación de este servicio a Fred Olsen, S.A, el pasado mes de marzo, se basó en el hecho de haber sido esta naviera la segunda mejor oferta del concurso celebrado y la que más se ajustaba a las condiciones exigidas en el mismo, una vez desestimada la opción de la primera adjudicataria, la empresa USTICA LINES, al no acreditar el depósito de la garantía definitiva.

Se confirmó así a Fred Olsen, S.A., como la naviera que ofrecía la embarcación de más reciente construcción y como la única de las concursantes que contaba con medios de accesibilidad para minusválidos de accesos especiales al buque por encima del mínimo exigido, así como accesos a sus distintas zonas, y la existencia de puntos de anclaje para sillas de ruedas, señales luminosas y acústicas.

En cuanto a las tarifas especiales , otro aspecto que se valoró a la hora de la adjudicación del servicio, Fred Olsen, ofertaba un descuento del 15% en sus tarifas a los mayores de 60 años; un descuento del 20%, a los menores de 26 años y estudiantes, y un descuento del 20%, a los equipos deportivos.

La declaración de obligación de servicio público en la línea interior de la Gomera uniendo los puertos de San Sebastián- Playa Santiago ¿ Valle Gran Rey ha supuesto una autentica revolución en el transporte de Canarias.

El Consejo de Gobierno aprueba una ampliación de créditos para la implantación de nuevas tecnologías en establecimientos alojativos

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó una transferencia de crédito por importe de 58.000 euros para incrementar el proyecto de inversión denominado «Implantación de nuevas tecnologías en establecimientos alojativos turísticos».

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó una transferencia de crédito por importe de 58.000 euros para incrementar el proyecto de inversión denominado «Implantación de nuevas tecnologías en establecimientos alojativos turísticos».

Esta modificación presupuestaria tiene por objeto dar cobertura presupuestaria a las solicitudes de subvenciones que -cumpliendo las exigencias contenidas en la Orden departamental de 16 de febrero de 2009, por la que se convoca para el ejercicio 2009, procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la implantación de nuevas tecnologías en establecimientos turísticos alojativos-, iban a quedar en lista de reserva por dotación económica insuficiente.

En ese sentido, hay que señalar que este proyecto es continuación del iniciado en 2008 en cumplimiento del Acuerdo por la Competitividad y la Calidad del Turismo, y que contemplaba una segunda convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos e inversiones para la implantación de las denominadas tecnologías de la información en los establecimientos turísticos alojativos.

El pasado año se implementó esta misma línea y fue muy bien acogida, por lo que este año, además, se ha incrementado en un 10% su dotación: 215.600 euros cofinanciados en un 85% con Fondos Feder. También se ha incrementado el porcentaje máximo de financiación, pasando de un 50% a un 60%».

El Gobierno aprueba el Decreto por el que se crea la Reserva de cantidades de referencia no asignadas a ningún productor de plátano

Se prioriza a los jóvenes agricultores a título principal y la reserva se constituirá con una dotación inicial única de 4.000 toneladas

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, el decreto por el que se crea y regula la reserva de cantidades de referencia no asignadas a ningún productor de plátano, conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

Esta disposición, dictada en desarrollo de normas de derecho comunitario originario, tiene como finalidad que las nuevas superficies y, en su caso, nuevos productores de plátanos puedan acceder a la ayuda destinada a este sector.

Dispone la constitución de la reserva de cantidades de referencia no asignadas a ningún productor de plátanos con una dotación inicial única de 4.000 toneladas para el abono de la ayuda a los productores correspondiente a 2008. Esta dotación se incrementará para la campaña 2009 y sucesivas con aquellas cantidades de referencia que, a causa de abandonos parciales o totales de la producción u otras circunstancias, quedaran sin asignar.

Con carácter general, estas cantidades no asignadas a ningún productor de las Islas, se adjudicarán previa convocatoria anual, por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, siguiendo lo previsto en el decreto que se somete a dictamen.

La asignación de cantidades de referencia se realizará siguiendo el orden de prioridad establecido en el proyecto, que prioriza a jóvenes agricultores que lo sean a título principal. La solicitud para acceder a la reserva de cantidades de referencia no asignadas a ningún productor de plátanos contendrá, al menos, los datos del solicitante, referencias catastrales y recintos SIGPAC de la superficie por la que se solicita la asignación.

El Reglamento (CE) 247/2006 del Consejo, de 30 de enero, establece medidas específicas en el ámbito agrícola a favor de las regiones ultraperiféricas. El POSEI fue aprobado, como parte del Programa General para Canarias, mediante Decisión de la Comisión Europea de 9 de noviembre de 2006. Por Decisión de 22 de agosto de 2007, la Comisión aprobó modificar el POSEI incorporando una nueva ayuda a los productores de plátanos.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación publicitó esta ayuda mediante Orden de 12 de septiembre de 2007, que en su apartado 1.4 regula la gestión de la citada reserva de cantidades de referencia no asignadas a ningún productor, cuyo procedimiento para su correcta gestión ha de determinarse por decreto del Gobierno.

Se ha concedido trámite de audiencia a las siguientes asociaciones y organizaciones, que transcurrido el plazo previsto no han formulado alegaciones: ASAGA ¿ ASAJA, PALCA, ASPA, COAG y UPA.

El Gobierno de Canarias pone en marcha un Plan para erradicar la plaga de la mosca blanca y fomentar el empleo en La Aldea

Un total de 46 trabajadores llevarán a cabo las actuaciones del Plan de Fomento del Empleo e Higiene Rural de La Aldea

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Canario de Empleo (SCE) la concesión de una subvención de 280.341 euros para la puesta en marcha del Plan de Fomento del Empleo e Higiene Rural de La Aldea, a través del cual se contratarán a 44 trabajadores para erradicar del municipio la plaga de la mosca blanca en los cultivos del tomate.

El Plan incluye la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás. Este acuerdo es fruto de la colaboración entre administraciones y del compromiso por aunar esfuerzos en la misma dirección para encontrar soluciones a la difícil situación que atraviesan los empresarios y trabajadores del sector primario de La Aldea de San Nicolás, debido a los estragos ocasionados por la plaga de la mosca blanca, que ha conllevado la pérdida de numerosos puestos de trabajo.

El SCE financiará al Ayuntamiento de La Aldea la contratación de 6 capataces agrícolas y 36 peones agrícolas, en situación de desempleo. Además, se encargará de la intermediación laboral para la contratación de este personal, que se hará cargo de las labores de erradicación de la plaga de la mosca blanca, bajo la supervisión y dirección de la Consejería de Agricultura, que aportará 2 ingenieros técnicos agrícolas y cuantiosos medios materiales.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Aldea pondrá a disposición los medios humanos y materiales necesarios y velará por la óptima implantación del Plan. Asimismo, elaborará en el plazo de 4 meses la Ordenanza Municipal de Recogida de Residuos Agrícolas, a la vez que impulsará la incorporación de las cooperativas agrícolas del municipio al presente convenio, con el objetivo de que aporten medios para su efectivo desarrollo.

Las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de este Plan consistirán en la retirada de los residuos agrícolas acumulados en las explotaciones, su depósito en los lugares acondicionados para tal fin y la realización de cuantas medidas sean necesarias para combatir y prevenir la proliferación de plagas en la zona.

A diferencia de otros municipios, el sector agrícola tiene una gran importancia en la economía de La Aldea, de modo que de no desarrollarse las medidas contempladas en el convenio de colaboración, se podría llegar a tasas de desempleo muy elevadas, debido a la cada vez más baja producción agrícola. Por este motivo, las administraciones firmantes pondrán todos sus esfuerzos en la inmediata puesta en marcha de las actuaciones contempladas en el Plan para el Fomento del Empleo e Higiene Rural, cuya vigencia será de un año, con posibilidad de prórroga.