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Acuerdos de gobierno

El Gobierno de Canarias primará los criterios de calidad en la modificación de la actual Ley de Directrices

Será prioritaria la renovación y competitividad de la planta alojativa sobre el consumo de suelo

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, presentó hoy al Consejo de Gobiernos el borrador del anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, que llevará al próximo Consejo de Gobierno para su aprobación previa y posterior remisión al Parlamento de Canarias.

Esta nueva Ley definirá el marco cuantitativo y cualitativo de la carga turística del Archipiélago para los próximos tres años, con el objetivo de facilitar los procesos de adaptación del planeamiento, liberalizando con criterios simplificadores aquellas actividades de menor trascendencia territorial, con especial incentivación al desarrollo rural, a la producción de energías limpias endógenas y al equilibrio sectorial, especialmente a través de la promoción industrial. Asimismo, pretende la consecución de la renovación y mejora de las infraestructuras y establecimientos turísticos obsoletos, mediante la acción concertada entre el sector y la administración.

Domingo Berriel recordó durante su intervención que el Gobierno de Canarias es partidario de impulsar en Canarias un modelo de desarrollo económico y territorial más sostenible, facilitando todos los medios que estén a su disposición para primar la renovación y competitividad de la planta alojativa sobre el consumo de suelo, y apoyando a los cabildos insulares y los ayuntamientos del Archipiélago para que adapten su planeamiento a esta norma. «Estamos sumergidos en un proceso de cambio no sólo de la Ley, apuntó el consejero, sino también de mentalidad, y la experiencia nos indica lo que hay que ir ajustando para que funcione correctamente este potente instrumento que es la Ley de Directrices, que incluso han copiado, y que se está intentando trasladar a otras comunidades autónomas».

Por su parte, la consejera de Turismo, Rita Martín remarcó que «se hace necesario abordar el marco en el que el Turismo deba desarrollarse en los próximos años, garantizando la sostenibilidad de su ocupación territorial, y la fortaleza de su competitividad, basada principalmente tanto en la calidad de la oferta alojativa y de ocio, como en el mantenimiento de las potencialidades de de los recursos naturales de las Islas y de su biodiversidad. En este ámbito, la renovación será un pilar básico en las políticas a desarrollar por esta Consejería».

Dentro de los aspectos referidos a la Ordenación del Territorio, la nueva Ley de Medidas Urgentes incide en la simplificación y racionalización de las actuaciones administrativas en materia territorial y urbanística. «Esta medida, explicó Berriel, permitirá una mayor eficacia de la administración y protección de los derechos ciudadanos, eliminando exigencias innecesarias relacionadas con las calificaciones territoriales y los Proyectos de Actuación Territorial y regulando los efectos del silencio administrativo».

Asimismo, afronta la ordenación del uso del suelo rústico, con el objetivo de la promoción de la actividad agropecuaria, y el dinamismo del medio rural, así como la diversidad económica a través del fomento de la implantación industrial, de los servicios equipamientos y dotaciones públicas y la diversificación energética renovable, así como la necesidad social de regularización de las múltiples explotaciones ganaderas, que vienen operando con anterioridad a las nuevas exigencias legislativas «y cuya normalización se hace preciso afrontar», puntualizó. El último capítulo de este apartado está destinado a corregir los preceptos del marco legislativo actual, que impiden o dificultan la adaptación y desarrollo del planeamiento urbanístico y territorial, en orden a facilitar su prosecución y eficacia.

El segundo título de la Ley aborda el desarrollo turístico desde la perspectiva de su sostenibilidad en el marco de un frágil territorio, potenciando una oferta de calidad cualificada. A tal efecto, se mantiene la prohibición de clasificar nuevos suelos urbanizables con destino turístico, si bien la misma se flexibiliza desde una doble perspectiva. En primer lugar, se permite la reclasificación de suelos siempre que simultáneamente se proceda a la desclasificación de suelo turístico en igual o mayor proporción. Y en segundo lugar, se permite la reclasificación como consecuencia de operaciones de reforma interior que ocasionen un traslado de ubicación de instalaciones hoteleras ya existentes. En todo caso, el saldo neto del suelo edificable se mantiene, y la articulación de la nueva clasificación se instrumenta a través de convenios de sustitución donde se fomenta la implantación de una oferta hotelera cualificada y el esponjamiento de los espacios libres, los sistemas generales y equipamientos, a la vez la rehabilitación y mejora integral tanto de los establecimientos turísticos y sus equipamientos, como del entorno en que se asientan.

En segundo lugar, se articulan los convenios de sustitución como herramientas incentivadoras de la renovación de los establecimientos. El Capítulo 3 trata la modulación del crecimiento de la planta alojativa para el próximo trienio, abordando el mandato del la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y de Directrices de Ordenación del Turismo, y de forma más específica de las previsiones de la Directriz 27. En este sentido, se opta por priorizar la renovación y rehabilitación de la planta existente en grado de obsolescencia, o precisada de mejoras para asegurar la competitividad del sector, a la vez de acotar en el tiempo, el aplazamiento o suspensión de las iniciativas de nueva implantación, la denominada moratoria turística, otorgando la necesaria seguridad jurídica, y estableciendo alternativas opcionales para los titulares de los suelos turísticos que cuenten con la consolidación de sus aprovechamientos.

Finalmente, los capítulos 4 y 5 se ocupan de la ordenación de los establecimientos en explotación irregular, y de la subrogación por la Comunidad Autónoma en la promoción y aprobación de los Planes Territoriales Turísticos, en caso de inactividad de los Cabildos. Una disposición derogatoria y otra final completan el texto.

El Gobierno de Canarias eleva al Consultivo los estatutos del Instituto Canario de la Vivienda

El Gobierno de Canarias solicitará el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de Decreto en el que se aprueban los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, a solicitud de las Consejerías de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, y Presidencia, Justicia y Seguridad.

El proyecto de Decreto, aborda la configuración definitiva del Instituto Canario de la Vivienda y establece las competencias del mismo y su distribución entre los diferentes órganos que lo integran; las normas que rigen en materia de personal, patrimonio, régimen económico y financiero.

Como reflejan los estatutos del proyecto de decreto el Instituto Canario de la Vivienda es un organismo autónomo, creado por la Ley 2/2003, de 30 de enero, adscrito a la Consejería competente en materia de vivienda, y que tiene por objeto la gestión de las competencias que en esta materia tiene atribuida la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, el Instituto Canario de la Vivienda ostenta personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, patrimonio propio y autonomía funcional, contando para el ejercicio de sus competencias, con los instrumentos de derecho público y privado que le reconoce la Ley de Vivienda de Canarias y, en su caso, los inherentes a su naturaleza.

Los principios de actuación son: el uso eficiente y racional del suelo, evitando implantaciones residenciales de baja densidad; la utilización de modelos de tipología edificatoria residencial que se adapten a las características del medio, y la sostenibilidad de la vivienda como parámetro de calidad.

Y sus competencias son: Promover y fomentar la construcción y la adquisición de viviendas sujetas a protección pública; Formar, gestionar y administrar el parque público de viviendas propio, Convocar, tramitar y resolver las ayudas públicas a los promotores, constructores, adjudicatarios y adquirentes de vivienda y suelo,

sujetos a protección pública; velar por el funcionamiento de las Oficinas de Vivienda; Adjudicar las viviendas protegidas; Analizar las necesidades de la vivienda y suelo en las islas y calificar provisional y definitivamente, dentro de los objetivos del Plan de Vivienda, las actuaciones en materia de vivienda y suelo, sometidas a protección pública, entre otros.

El Gobierno de Canarias patrocina la exposición 'Carmen Arozena' y el Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes

El Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, aprobó hoy el patrocinio de una exposición antológica de los ganadores del premio «Carmen Arozena» por un importe de 25.000 euros. Además, se dio luz verde al apoyo del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes, que se celebra en Agüimes, Gran Canaria, con una cantidad de 24.521 euros.

Carmen Arozena Antológico

El proyecto, impulsado por el Cabildo de La Palma, denominado «Carmen Arozena Antológico» nace con la finalidad de presentar las obras ganadoras de este premio en su conjunto. A través de esta muestra se pretende mostrar la evolución del grabado de las últimas cuatro décadas al público palmero, que vive alejado de los grandes centros de arte, confirmando así la importancia de las Islas Canarias, y especialmente de La Palma, como uno de los puntos neurálgicos del mundo del grabado.

Del mismo modo, se pretende despertar un interés general por este arte incentivando a los creadores canarios a trabajar en este campo y mantener vivo el legado de Carmen Arozena, así como promover un intercambio cultural y despertar la curiosidad del público de la Península y Europa.

El Cabildo de La Palma instituyó este premio en 1973, en reconocimiento a la labor de la artista nacida en Santa Cruz de La Palma en 1917 y fallecida en Madrid en 1963. A lo largo de su vida Carmen Arozena alcanzó gran notoriedad como grabadora, llegando a concebir un procedimiento propio de grabado que facilitaba la creación en cualquier tamaño, así como variaciones con una sola plancha y la unión de dos o más planchas en un solo grabado. Su obra figura en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y en colecciones particulares de España y de otros países.

En la última convocatoria del concurso concurrieron 220 trabajos, 100 más que en la edición de 2006.

Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes

Desde 1988, Agüimes acoge a compañías teatrales de América, África y Europa. Durante unos días, el municipio se convierte en un punto de encuentro entre culturas, de celebración de la solidaridad y la amistad entre los pueblos.

El sentido del teatro, de la cultura en general es, según sus organizadores, contribuir a que los seres humanos nos conozcamos mejor, y así, nos respetemos más; ayudar al enriquecimiento mutuo, a imbuirnos, alejándonos de la uniformidad que la globalización nos impone, de la maravillosa diversidad que las culturas del mundo nos ofrecen; facilitar, en definitiva, el hacer mejores las relaciones entre los hombres y mujeres que habitamos el planeta.

El Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes ha recibido el Premio «Ojo Crítico de Teatro» por propiciar la convivencia y el diálogo intercultural», por convertirse en una fiesta ciudadana y participativa de disfrute teatral, y por su tenacidad para mantenerse fiel a esta filosofía durante sus 20 años existencia». El Festival del Sur es la modesta aportación de Agüimes a este empeño. Durante dos semanas, se repite el ritual del encuentro, del diálogo y de la confraternización.

El Gobierno subvenciona con 351.000 euros un proyecto de la Fundación FOREM Canarias para la inserción laboral de reclusos de Tenerife II

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, ha aprobado la concesión de una subvención de 351.000 euros a la Fundación Formación y Empleo Canarias Miguel Escalera (FOREM Canarias) para la realización del proyecto Convive Tenerife. A través de este proyecto, se pretende conseguir la inserción socio-laboral de reclusos y reclusas del Centro Penitenciario Tenerife II que se encuentren en tercer o segundo grado penitenciario, con el fin de aumentar sus posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo.

El proyecto para el que se ha otorgado la citada subvención se ha creado para atender dos necesidades prioritarias en cuanto a la inserción y/o reinserción socio-laboral de los internos. De una parte, la formación laboral y de otra, el acceso a un puesto de trabajo. Además, se trata de proporcionar a los internos que se integren en el proyecto medidas de apoyo complementarias, especialmente en materia de prevención de toxicomanías y resolución de conflictos.

A través de Convive Tenerife los reclusos y reclusas tendrán la oportunidad de recibir formación ocupacional y complementaria que aumente sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo, evitando caer de nuevo en la exclusión social. Entre las actuaciones que se prevé poner en marcha destacan la formación específica en mantenimiento de edificios, orientar y dotar a los usuarios de técnicas efectivas para la búsqueda de empleo, mediar entre el usuario como demandante de empleo y el mercado laboral, contactando con empresas y empleadores susceptibles de contratar y dotar de formación en materia de estrategias psicológicas y sociales para la resolución de conflictos interpersonales y la prevención de la recaída en drogodependencias.

El Gobierno de Canarias considera que existe un indudable interés público en la realización de este proyecto, debido a la importancia que tiene la formación para conseguir la inserción laboral de los reclusos y reclusas, al tratarse de un colectivo integrado por personas que llevan un largo tiempo privadas de libertad, por lo que han perdido el contacto con la sociedad y, por consiguiente, con el mundo laboral.

Se debe tener en cuenta que la inserción socio-laboral de las personas que se encuentran internas en los centros penitenciarios constituye un beneficio para toda la sociedad, ya que con ello se consigue una normalización, evitando así la vuelta a la exclusión social y a las circunstancias que determinaron su ingreso en el centro penitenciario.

El Gobierno de Canarias autoriza un crédito para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda, por importe de 1.100.000 euros

El Gobierno de Canarias, ha autorizado la generación de un crédito cuyo objeto es la creación de un proyecto de inversión, a favor del Instituto Canario de la Vivienda, para financiar la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Viviendas, por un importe de 1.100.000 euros.

Con fecha 1 de julio de 2005 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 801/2005, por el que se regula el Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Al amparo de lo previsto en el citado Real Decreto se suscribe con fecha 10 de enero de 2006 un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la aplicación de dicho Plan para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

La cláusula tercera de ese convenio establece que se podrán destinar fondos estatales, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciones para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Vivienda, para la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas así como para la prevención del fraude en estas materias, incluyendo, en su caso, la constitución, mejora y mantenimiento de registros públicos de demandantes.

De conformidad a todo lo dispuesto, el 10 de diciembre de 2007 se suscribe entre le Ministerio de Vivienda y la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda un acuerdo de financiación para la implantación y mantenimiento de ventanillas únicas de vivienda situadas en la Comunidad Autónoma de Canarias. El coste total de dichas ventanillas asciende a 6.350.000 euros, que irá distribuido en dos anualidades, y en el que la aportación del Ministerio de Vivienda será de un 40%, y la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias del 60% restante.

En consecuencia, la generación de este crédito tiene por objeto dotar en el Presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda para el presente ejercicio el crédito por importe de 1.100.000 euros, que se precisa para hacer efectiva la aportación dineraria a favor del Instituto Canario de la Vivienda para la financiación de la implantación y mantenimiento de ventanillas únicas de vivienda en Canarias. Dicho crédito corresponde al 40% del importe de la anualidad 2007 que aporta el Ministerio de Vivienda.

Las funciones de la Ventanilla Única de Vivienda serán la información y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas por el Plan de Vivienda, del Plan de Renta Básica de Emancipación así como la prevención del fraude en estas materias a través del Registro de Vivienda Protegidas. Asimismo, será un instrumento de coordinación de las ayudas, tanto del Plan Estatal, como del autonómico y de las ayudas municipales.

El Gobierno declara el Palacio de Lercaro como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento

– También se incluyen en el catálogo de Patrimonio Histórico de las Islas la ermita de Santa Catalina, en Taganana.

El Gobierno de Canarias ha acordado declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Palacio de Lercaro, ubicado en el La Laguna. El acuerdo del Consejo de Gobierno otorga también la máxima protección a la ermita de Santa Catalina, en Taganana, los dos en la Isla de Tenerife.

La declaración del Palacio de Lercaro como Bien de Interés Cultural se debe a la necesidad de establecer un entorno de protección que incluya a uno de los mejores ejemplos de arquitectura urbana del Archipiélago, previniendo posibles impactos futuros que puedan afectar a sus valores arquitectónicos y patrimoniales. Por eso, también se incluirán dos inmuebles vecinos. Se trata del número 30 de la calle Tabares de Cala y el número 20 de la calle San Agustín.

El Palacio de Lercaro se ubica en el número 22 de la calle San Agustín. Fue construido durante las últimas décadas del siglo XVI por Francisco Lercaro, que procedía de una familia de comerciantes genoveses que se instalaron en Tenerife una vez terminada la conquista.

De su estructura destaca la fachada barroca de mampostería, con cuerpo central de cantería y alero de teja, y el esgrafiado característico de los palacios genoveses, que fue descubierto durante la rehabilitación de la casa. Estas características son el reflejo de la arquitectura clásica difundida desde Italia al resto de Europa a partir de los tratados de Vitrubio, Serlio y Sagrado.

También resalta la escalera principal, construida con la misma piedra con la que se edificó el pórtico y las pilastras del patio central. Éste último está rodeado de siete columnas, que alternan la piedra y la madera. El corredor de la planta alta está adornado con unos paneles de madera labrados con motivos vegetales. La organización espacial del Palacio Lercaro se ajusta al modelo de vivienda nobiliaria de la ciudad del Adelantado.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias otorga la categoría de Monumento a la ermita de Santa Catalina, situada en el barrio de Taganana, frente a la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves.

La ermita de Santa Catalina se construyó en 1621. La fachada principal presenta un arco de medio punto de toba roja, con el escudo de San Pedro tallado en la clave, y la espadaña también en cantería roja. El interior, en muy mal estado, se caracteriza por su sencillez. La carpintería no es tallada y el pavimento es de piedra, con un escalón entre el prebisterio y la zona del altar.

La zona de protección incluye varias parcelas aledañas y los tramos de las calles La Cuestecilla y Virgen de las Nieves, con lo que se evitarán futuras modificaciones o añadidos que transformen el conjunto histórico de la Plaza de la Virgen de las Nieves.

El Gobierno podrá autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía eléctrica en Canarias

– Según el acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral tras las discrepancias surgidas entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, informó hoy al Consejo de Gobierno del acuerdo finalmente adoptado por el Pleno de la Comisión Bilateral Administración General del Estado-Comunidad Autónoma, celebrado el pasado 28 de marzo de 2008, en relación a las discrepancias manifestadas sobre a quién corresponde la competencia para autorizar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía eléctrica en las islas.

Según este acuerdo, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia para autorizar las instalaciones de generación de energía eléctrica que se ubiquen en su territorio, con independencia de la potencia instalada, así como las de transporte primario o secundario que no excedan de su ámbito territorial. Asimismo, el acuerdo también estipula que corresponde igualmente a la Comunidad Autónoma la competencia para la determinación del gestor o gestores de las zonas eléctricas ubicadas en su territorio.

El acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral es consecuencia de las discrepancias surgidas entre el Estado y la Comunidad Autónoma en relación a diversos preceptos de la Ley 12/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que determina el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma para efectuar una política energética bajo la cobertura de diferentes títulos competenciales recogidos en el Estatuto de Autonomía, como son el artículo 30.26, por el que se atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en relación con las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía; el artículo 31.2, 3 y 4, que comprende competencias exclusivas en materia de industria, comercio interior y ordenación y planificación de la actividad económica regional; y el artículo 32.9, por el que Canarias asume competencias de desarrollo legislativo y ejecución sobre el régimen energético y minero ajustado a sus singulares condiciones.

La especificidad de Canarias respecto al territorio peninsular queda reconocida en el artículo 12 de la Ley 54/1997, mediante el cual se ampara una regulación reglamentaria singular de los sistemas que se desarrollen en los territorios insulares convenida con las correspondientes comunidades autónomas, que ha dado pie al Real Decreto 174/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares.

En este contexto jurídico es donde surgen las discrepancias, ya que la Ley 12/ 2007 se proyecta sobre preceptos de la Ley 54/1997 que han sido objeto diferentes recursos de inconstitucionalidad promovidos tanto por el Parlamento de Canarias, el Gobierno regional, como por el propio presidente del Ejecutivo canario.

El acuerdo del Pleno de la Comisión Bilateral de 28 de septiembre de 2007 supuso la puesta en marcha del mecanismo contemplado en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por el que se amplía el plazo para interponer recurso de inconstitucionalidad hasta los nueve meses, durante los cuales se reunió el grupo de trabajo constituido al efecto y propuso al Pleno de la Comisión Bilateral el acuerdo que finalmente fue adoptado en su reunión del pasado 28 de marzo.

El Gobierno autoriza un gasto de más de 125 millones de euros para el servicio público de transporte escolar

El total de rutas contempladas en el pliego de contratación para los próximos cinco años se eleva a 725

El Consejo de Gobierno autorizó hoy martes un gasto de 125.103.571 euros para la contratación del servicio público de transporte escolar para los cinco próximos cursos. El desglose de anualidades es el siguiente: año 2008, 10.013.927,33 euros; año 2009, 24.964.297,71 euros; año 2010, 24.964.297, 71 euros; año 2011, 24.964.297,71; año 2012, 24.964.297,71 euros; y año 2013, 15.232.452,84 euros.

El total de rutas contempladas en el pliego de contratación se eleva a 725, de las cuales 365 rutas pertenecen a las islas orientales (Gran Canaria, 273 rutas; Fuerteventura, 42 rutas; y Lanzarote, 50 rutas); y 360 rutas a las islas occidentales (Tenerife, 311 rutas; El Hierro, 13 rutas; La Gomera, 22 rutas; y La Palma, 14 rutas).

Esta nueva contratación por los próximos cinco curso (2008/2009 a 2012/2013) no sólo garantizará el transporte escolar de los alumnos en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma, sino además que éste sea realizado con las máximas garantías de seguridad para los menores, exigiendo por ello que su prestación se ajuste a toda la normativa en la materia, tanto estatal como comunitaria.

En este sentido, se introduce un nuevo régimen de obligaciones por parte de los empresarios en relación a las condiciones técnicas de los vehículos utilizados como al personal que presta el servicio, así como nuevos criterios de adjudicación en el procedimiento que contribuirán a una mejora en la calidad del servicio.

El Servicio Canario de la Salud facturó en el mes de marzo 3 millones de recetas

En el primer trimestre de 2008, se han facturado 9,7 millones de recetas, con un gasto medio por unidad superior a los 13 euros

El Servicio Canario de la Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad, facturó en el mes de marzo un total de 3.015.218 recetas, un 9,82 por ciento más respecto al mismo mes del año anterior, lo que eleva el número de recetas acumuladas en los tres primeros meses del año a 9.706.030 unidades, según el último balance emitido por la Dirección General de Farmacia.

El gasto farmacéutico derivado de esta facturación ascendió a 41.580.342 euros, por lo que el importe destinado a financiar esta prestación pública en los tres primeros meses del año asciende a 132,5 millones de euros.

Respecto al gasto medio por receta, se situó en este mes en 13,79 euros, 31 céntimos de euro más que en el mismo período que el año anterior, lo que supone un encarecimiento del 2,27 por ciento.

Según el citado balance de facturación, la Comunidad Autónoma tenía en el mes de marzo un total de 1.930.414 usuarios con tarjeta sanitaria, de los que 1.571.855 integran el grupo de población activa y 358.559, el de población pensionista, grupo este último que respecto a marzo de 2007 se incrementó un 1,08 por ciento.

Nueva orden sobre precios de referencia

La Orden SCO/3867/2007, de 27 de diciembre, por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos sujetos a precios de referencia, incluye un total de 14 nuevos conjuntos y 169 presentaciones de medicamentos diferentes.

De conformidad con esta Orden, «las existencias de las presentaciones de medicamentos que obren en poder de almacenes de distribución afectadas por las reducciones de precios previstas por esta orden, podrán seguir comercializándose por los almacenes de distribución al precio anterior a esta reducción hasta el 31 de marzo de 2008; y las existencias de las presentaciones de medicamentos que obren en poder de las oficinas de farmacia afectadas por las reducciones de precios previstas por esta orden, podrán seguir comercializándose por las oficinas de farmacia al precio anterior a esta reducción hasta el 30 de abril de 2008».

El Gobierno entrega a Fred Olsen 3,61 millones de euros como subvención al transporte de los viajeros canarios

El Gobierno de Canarias aprobó, en su consejo de esta mañana, la propuesta de La Consejería de Obras Públicas y Transportes de reembolsar a Fred Olsen S.A. las subvenciones al transporte que le corresponde por los viajeros residentes en Canarias, que utilizaron el transporte marítimo que oferta esta compañía durante el cuarto trimestre de 2007 y que ascienden a un total de 3.615.624,74 euros.

El Decreto que establece dichas subvenciones indica que a las empresas navieras debidamente autorizadas para la prestación de servicios regulares de transporte marítimo interinsular de pasajeros, les serán reembolsadas trimestralmente las cantidades descontadas en los billetes que adquieran sus clientes con derecho a la bonificación regulada en dicho decreto. Actualmente, dicha bonificación está fijada en el 25% del precio del billete, conforme a lo previsto en el Decreto 191/2006, de 26 de diciembre