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Acuerdos de gobierno

El Gobierno adapta y simplifica la norma de transporte y registro vitivinícolas

– El contenido del Decreto fue consensuado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y el sector

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un decreto por el que se establecen las normas reguladoras de los documentos que deben acompañar el transporte de productos vitivinícolas y de los registros que se deben llevar en este sector. Esta iniciativa del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) actualiza, adapta y simplifica la normativa de la Unión Europea (Reglamento CE nº 1493/1999 y Reglamento CE nº 884/2001) y la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, que establece un sistema de protección de la calidad de los vinos con diferentes niveles y la necesaria separación entre los órganos de gestión de los vinos de calidad producidos en una región determinada y el control y certificación de los mismos.

La finalidad de este decreto, que fue consensuado con el sector vitivinícola canario, es la de controlar el transporte de alcoholes y la de garantizar las buenas prácticas y la calidad del producto para cada caso, evitando fraudes que repercutan en el consumidor.

El mencionado decreto, pues, establece las normas de transporte y los registros que debe llevar el sector vitivinícola en lo que atañe al transporte intracomunitario iniciado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La documentación exigible para el transporte sólo lo será en recorridos más amplios que 70 kilómetros ni el traslado de orujo de uva o de lía de vino, caso este en el que bastará un albarán.

En el caso del transporte en recipientes superiores a 60 litros, la documentación exigible tendrá que estar validada por el ICCA o por establecimientos autorizados por este organismo autónomo. En cantidades inferiores, bastará con una declaración del expedidor. En recipientes inferiores a cinco litros será suficiente con el correspondiente etiquetado.

Por su parte, los registros que deberán llevar las bodegas y demás instalaciones donde se manipule el producto serán los siguientes:

 Registro de materias primas y de productos de uso enológico.

 Registro de vinos tranquilos.

 Registro de vinos de licor.

 Registro de vinos espumosos.

 Registro de vinos de aguja.

 Registro d vinos de aguja gasificados y vinos espumosos gasificados.

 Registro de prácticas enológicas.

 Registro de embotellado.

Finalmente, se ajusta el régimen sancionador por incumplimientos a la referida Ley estatal de la Viña y el Vino y se deroga la normativa que hasta el presente regulaba estas actividades.

El Gobierno aprueba definitivamente el Plan que ordena la actividad turística de La Palma

– En esta isla es posible un equilibrio entre el desarrollo de un turismo vinculado al medio natural y a las actividades agropecuarias, con la oferta litoral convencional
– El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular atiende las especiales circunstancias económicas y sociales de la isla

El Gobierno de Canarias ha aprobado definitivamente el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular (PTEOTI) de la isla de La Palma, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel.

A juicio del Gobierno, la ordenación territorial de la actividad turística de La Palma es uno de los instrumentos para atender las especiales circunstancias económicas y sociales de la isla, compensar sus desventajas y mejorar el sistema económico insular; por este motivo, uno de los fines del PTEOTI en el futuro desarrollo insular es un contexto de economía diversificada y perdurable, para el que además será necesaria la formación de los residentes en el adecuado desempeño de dichas actividades y el apoyo a las mismas a través de acciones de fomento desde los distintos niveles administrativos.

La isla de La Palma ha asumido un especial compromiso en cuanto a modelo de desarrollo turístico, tanto por las capacidades máximas de la carga alojativa a implantar, como por el carácter sostenible de las actuaciones turísticas a desarrollar, con una consideración especial del medio ambiente en la toma de decisiones y una cuidadosa gestión del medio natural y del territorio. En esta isla es posible un equilibrio entre el desarrollo de un turismo vinculado al medio natural y a las actividades agropecuarias, con la oferta litoral convencional, por lo que el mencionado Plan desarrolla el objetivo general de regular el modelo territorial de desarrollo turístico específico para la isla teniendo en cuenta que el paisaje ha de ser el alto identificador de la oferta turística posibilitando la utilización del suelo rústico con fines turísticos como elemento dinamizador económico-social.

Cabe recordar que dicho Plan fue aprobado inicialmente por el Cabildo insular palmero en sesión plenaria de fecha 25 de junio de 2004 y sometido a información pública en prensa y en el Boletín Oficial de Canarias en julio de 2003.

Recibidas y analizadas las alegaciones presentadas, en sesión de 13 de mayo de 2005, el Pleno de la corporación procedió, en marzo de 2006, a la aprobación provisional del documento y su remisión a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) para recabar un informe con carácter previo a su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias.

Por su parte, el Cabildo Insular de La Palma, en sesión celebrada el día 13 de abril de 2007, adoptó acuerdo de ratificar el Decreto de la Presidencia número 1003, de fecha 10 de abril de 2007, por el que se remite a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, adaptado al acuerdo de la COTMAC de fecha 22 de junio de 2006, a los efectos oportunos y para su posterior elevación al Consejo de Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias aprueba el proyecto de decreto por el que se crea el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas

En sus 17 artículos y varias disposiciones se regula, entre otros aspectos, su naturaleza y funciones, sus órganos directivos y las funciones de los distintos servicios

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su sesión de hoy, el proyecto de decreto por el que se crea el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, y se establece su relación de puestos de trabajo.

El citado documento consta de 17 artículos y varias disposiciones, en los que regula, entre otros aspectos, la naturaleza y funciones del nuevo Instituto, sus órganos directivos y las funciones específicas de los distintos servicios con los que cuenta.

El proyecto de decreto establece que el ámbito de actuación del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas se extiende a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y que, jerárquica y funcionalmente, dependerá de la Dirección General competente en materia de justicia.

Sobre su naturaleza, se indica que es un órgano cuya misión es asesorar y auxiliar a los Juzgados, Tribunales, Fiscalías, Oficinas del Registro Civil y responsables de la oficina judicial de los partidos judiciales de su ámbito de actuación, mediante la práctica de pruebas periciales, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio. Además, realizará actividades de docencia e investigación relacionadas con la medicina forense.

En cuanto a su estructura orgánica, el proyecto de decreto establece la creación de tres órganicos directivos, formados por un director, un subdirector y el Consejo de Dirección; tres órganos de funcionamiento: Servicio de Patología Forense, Servicio de Clínica Médico Forense, y Servicio de Laboratorio Forense; un órgano de asesoramiento en materia de formación, docencia e investigación: una Comisión de Docencia e Investigación, y los servicios administrativos.

Los médicos forenses dependerán, orgánicamente, del director del Instituto, sin perjuicio de que en el curso de las actuaciones procesales en las que formen parte desempeñando las funciones técnicas encomendadas estén a las órdenes de los Jueces, Magistrados, Fiscales, encargados del Registro Civil y responsables de la oficina judicial. En sus funciones técnicas tienen carácter independiente, y emiten sus informes de acuerdo con las reglas de investigación científica correspondientes.

El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas tendrá delegaciones en Fuerteventura y Lanzarote, que realizarán las correspondientes actuaciones médico legales. Al frente de las mismas estará un funcionario perteneciente al Cuerpo de Médicos Forenses designado por el director del Instituto. Las delegaciones estarán ubicadas en los diferentes edificios judiciales.

Otro de los aspectos significativos del proyecto de decreto es que el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas podrá colaborar con otras instituciones y actuar como centro de formación permanente de los médicos forenses, mediante el establecimiento de Planes de Formación, a través de los convenios y otros instrumentos de cooperación que se acuerde por el órgano competente en materia de Administración de Justicia.

Además, el Gobierno de Canarias podrá establecer conciertos con entidades sanitarias públicas o privadas para conseguir una adecuada cobertura técnica y, en todo caso, para la mejora de los servicios del Instituto de Medicina Legal y su mejor aprovechamiento.

El Gobierno de Canarias da luz verde al decreto que aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Canutillo de Sabinosa

Se trata de un pequeño arbusto endémico de la isla de El Hierro, actualmente catalogado como sensible a la alteración de su hábitat

El Gobierno de Canarias, aprobó hoy el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Canutillo de Sabinosa (Silene sabinosae), especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias en la categoría «sensible a la alteración de su hábitat».

El Canutillo de Sabinosa es un pequeño arbusto endémico de la isla de El Hierro. Se trata de una especie adaptada a vivir en las grietas de los riscos, de pequeño porte y flores rosadas olorosas, agrupadas en racimos dispuestos sobre largos pedúnculos.

Esta especie habita en escarpes umbríos de la zona de medianías y en la actualidad está relegada a una única localidad en los riscos de Sabinosa, ubicada dentro de los límites de la Reserva Natural de Mencáfete.

Este Plan de Conservación del Hábitat elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, tiene como objeto restaurar y ampliar el área de distribución de la especie, así como promover acciones que permitan minimizar los efectos negativos del pastoreo, de tal manera que se produzca una evolución favorable de la población de su hábitat, garantizando su supervivencia a corto-medio plazo.

Este documento plantea objetivos específicos como son garantizar la conservación a corto medio plazo de los actuales núcleos poblacionales de la especie, mediante la recolección de semillas y su posterior conservación en Bancos de Germoplasma; aumentar el número de efectivos poblacionales y ampliar la actual distribución de la especie mediante reforzamientos e introducciones; así como eliminar o reducir en lo posible los factores de amenaza y favorecer la mejora de las condiciones de su hábitat.

El Gobierno de Canarias sanciona a Unelco con 1,5 millones de euros por un corte eléctrico en Lanzarote

La interrupción del suministro afectó a todos los usuarios de Lanzarote y se produjo el día 30 de octubre de 2005

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la imposición de una sanción a la entidad mercantil UNIÓN ELÉCTRICA DE GENERACIÓN, S.A.U. con una multa de 1.502.530,26 euros, por la comisión de una infracción administrativa muy grave consistente en la interrupción general del suministro eléctrico en la isla de Lanzarote el día 30 de octubre de 2005, tipificada en el artículo 19.a).3 de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, del regulación del Sector de Eléctrico Canario.

El día 30 de octubre de 2005 se produjo un corte de suministro eléctrico en la isla de Lanzarote como consecuencia de una incidencia en la Central de Punta Grande Grupo Gas 1, y la indisponibilidad del Grupo Gas 2 de la mencionada central, por avería. La incidencia supuso una interrupción total del suministro (cero eléctrico) que afectó a todos los usuarios de Lanzarote. El corte de energía eléctrica afectó a 64.525 clientes durante once minutos y a 3.353 clientes durante tres horas y dieciséis minutos, que fue el tiempo global que duró la incidencia.

La empresa expedientada cometió una infracción administrativa muy grave tipificada en el artículo 19. a). 3 de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, del regulación del Sector de Eléctrico Canario, según el cual: «Son infracciones muy graves:…3. La interrupción del suministro de energía eléctrica a grupos importantes de usuarios o la negativa a suministrar a nuevos usuarios sin justificación o sin cumplir los requisitos legales que lo justifiquen».

En el presente caso, la interrupción del suministro eléctrico que se produjo el día 30 de octubre de 2005 afectó a todos los usuarios de la isla de Lanzarote (64.525 clientes durante 11 minutos y 3.353 clientes durante 3 horas y 16 minutos), sin justificación legal y, por tanto, concurren todos los elementos del tipo administrativo definido en el artículo 19 de la Ley 11/1997, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

El Gobierno de Canarias declara Bien de Interés Cultural la Romería de la Virgen de la Peña, en Fuerteventura

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto por el que se delimita el entorno de protección de la Ermita de San Agustín en Tefía y declara de Interés Cultural los bienes muebles vinculados a esta construcción del siglo XVIII

La Romería de la Virgen de la Peña se suma al catálogo del Patrimonio Histórico de Canarias, con categoría de «Manifestación de la Cultura Popular Tradicional», tras la aprobación de su expediente en Consejo de Gobierno. Se trata del acontecimiento religioso y festivo más importante de la Isla de Fuerteventura, en el que se ponen de manifiesto la devoción popular y las tradiciones culturales.

Esta romería comenzó a celebrarse en la década de los ochenta del siglo XIX, desconociéndose con exactitud el año concreto en que se inicia, aunque un manuscrito reseña la celebración de una romería a la Vega de Río Palmas en 1881, fecha que puede corresponder al momento histórico en que comienza esta fiesta en el mes de septiembre, aunque la devoción por la Virgen de la Peña se remonta a una centuria atrás.

Hacia la segunda mitad del XVII, con la aparición de una obra titulada Diálogo Histórico en que se describe la aparición de la Virgen, comenzó a extenderse su devoción por toda la Isla. Es entonces cuando La Peña adquiere el rango de Patrona Insular y símbolo de todos los majoreros, ocupando desde aquella época un lugar relevante en las plegarias individuales y en manifestaciones de fe colectivas. Entre éstas destaca la citada romería, uno de los actos centrales de las fiestas que se celebran en honor a la Virgen de La Peña.

Desde sus orígenes, la romería que ahora se convierte en BIC, contó con gran afluencia de peregrinos, hecho que se vio siempre favorecido por la fecha de celebración: el tercer sábado de septiembre, periodo del año en el que tradicionalmente ya han terminado las labores de recogida de las cosechas. A ella acuden romeros de todos los rincones de Fuerteventura movidos por su devoción, para pagar promesas, pedir gracia a la Patrona y participar del conjunto de actos religiosos y festivos que se organizan en torno a esta fecha.

La tradición ha hecho que la romería comience desde la víspera, el viernes, con la peregrinación de numerosos grupos de fieles desde diferentes puntos de la geografía insular, acompañando su marcha de cantos populares y coplas a la Virgen con los sonidos de nuestros instrumentos folklóricos. Durante toda la noche del viernes y en la mañana del sábado los romeros van llegando al santuario donde, a la hora del mediodía, tiene lugar la celebración religiosa, seguida de la procesión de la Virgen y las ofrendas de los fieles por las inmediaciones de su ermita, edificación levantada a principios del siglo XVIII.

El entorno de San Agustín, en Tefía

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el decreto por el que se delimita el entorno de protección de la Ermita de San Agustín en Tefía, en el municipio de Puerto del Rosario, y declara de Interés Cultural los bienes muebles vinculados a esta construcción del siglo XVIII.

La Ermita de San Agustín, protegida como bien cultural desde 1986, delimita así sus enclaves aledaños de forma que se garantiza la preservación de su imagen histórica y su ubicación en relación con los caseríos próximos. También se previene y protege al monumento y su entorno de obras, usos y actividades que afecten a su concentración y puedan limitar su contemplación y disfrute. Al respecto, hay que destacar las características de la ermita: pequeñas dimensiones, carácter exento y un singular paisaje que la circunda. Todo ello aumenta la fragilidad del emplazamiento y ha favorecido la ampliación del área a proteger.

Los bienes muebles que forman parte de la ermita incluyen un cuadro al óleo sobre lienzo, un púlpito de talla en madera policromada, dos esculturas de bulto redondo talladas en madera y una escultura de bulto redondo en yeso. Todas las obras datan del siglo XVIII y la mayoría representan iconografía relacionada con la vida de San Agustín.

El Gobierno de Canarias amplia la protección del entorno de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Tuineje, Fuerteventura

El Consejo de Gobierno también aprueba la declaración BIC de los bienes muebles vinculados a esta construcción religiosa del siglo XVII

El Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto por el que se amplia la delimitación del entorno de protección de la Iglesia de San Miguel Arcángel, situada en el municipio de Tuineje, en Fuerteventura, que cuenta ya con la declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Además, se declaran de Interés Cultural los bienes muebles vinculados a esta construcción del siglo XVII.

Con esta delimitación la Iglesia de San Miguel Arcángel, declarada monumento, cuenta con un entorno de protección que permite salvaguardar y preservar para el futuro los valores que han determinado su consideración de monumento, tanto en lo relativo a la propia edificación como a lo concerniente a su entorno inmediato, permitiendo crear un ámbito de protección suficiente que garantice la preservación de la imagen histórica de la Iglesia y su contemplación en el paisaje que la circunda. Con esta medida se logra aislar el entorno de usos, actividades y obras que por su masa y volumetría impidan el disfrute de sus valores.

La Iglesia de San Miguel Arcángel de Tuineje es el resultado de diversas ampliaciones producidas a lo largo de su historia. Su origen se inicia cuando los vecinos acuerdan construir una ermita, el 18 de septiembre de 1695. En 1787 Tuineje quedó constituido en Beneficio independiente. Ya, entonces, tendría construida la capilla mayor y la torre de cantería oscura. Para estar a la altura del nuevo rango como Iglesia, los vecinos deciden ampliar el templo levantando la nave del evangelio a cargo del maestro Manuel Rodríguez del Pino. Como resultado de las remodelaciones la actual iglesia presenta dos naves con sendas cubiertas a dos aguas.

Con el transcurso de los años el templo ha ido atesorando distintos bienes muebles que con esta nueva declaración quedan protegidos. En todo su conjunto constituyen parte esencial de su historia: Esculturas talladas en madera; el retablo mayor en madera policromada y dorada, atribuido al carpintero y pintor Juan Bautista Bolaños; el púlpito, tallado también en madera y policromado; el sagrario, pinturas, lámparas votiva, repujadas en plata; así como sus cáliz forman, entre otros elementos, los tesoros para la historia de la Iglesia de San Miguel Arcángel.

El Gobierno de Canarias autoriza la firma de los convenios con los cabildos para mantener el Sistema de Prevención y Protección de las mujeres frente a la violencia de género

El Consejo de Gobierno ha autorizado, en su sesión de hoy miércoles, 18 de abril, la suscripción de convenios de colaboración entre la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, para el desarrollo del sistema social de prevención y protección integral de las mujeres frente a situaciones de violencia de género.

Con la firma de estos convenios se formalizará el mantenimiento y ampliación de los programas que en la actualidad el Gobierno de Canarias financia al 50% con los cabildos, con el objeto de sensibilizar y prevenir la violencia de género y dar protección las mujeres que han sido víctimas.

Estos convenios asegurarán la financiación del Gobierno de Canarias por un importe total de 24.068.276,90 euros hasta el 2010. Las anualidades serán de 5.166.210,95 para el 2007; 5.699.788,19 euros para el 2008; 6.278.939,43 euros para el 2009 y 6.923.338,33 euros para el 2010.

La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales ha realizado, en los últimos años, variadas actuaciones y convenios de colaboración con los Cabildos que han permitido crear y consolidar una red de atención de servicios y centros para la atención a mujeres víctimas de violencia de género en Canarias,

Los convenios de colaboración entre la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales y los Cabildos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma para la creación de la Red Canaria de Servicios de Atención, Información, Asesoramiento y Centros Alojativos Temporales para mujeres víctimas de violencia se formalizaron en el año 2002 y finalizaron su vigencia el 31 de diciembre de 2006.

El nuevo marco de colaboración para los próximos cuatro años incluirá por primera vez a los cabildos de El Hierro y La Gomera que hasta la fecha mantenían sus servicios a través de subvenciones.

El Gobierno de Canarias ultima un decreto que permitirá a los pacientes de La Graciosa cobrar dietas por desplazarse a otra isla para recibir asistencia sanitaria

El proyecto de decreto, que fue remitido al Consejo Consultivo para solicitar su dictamen, contempla asimismo el reembolso de los gastos de desplazamiento

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó en su sesión de hoy elevar al Consejo Consultivo un nuevo proyecto de decreto de la Consejería de Sanidad que permitirá a los pacientes del Servicio Canario de la Salud con domicilio en la isla de La Graciosa y sus acompañantes el reembolso de los gastos de desplazamiento y el cobro de las dietas cuando deban pernoctar fuera del municipio de su Área de Salud por asistencia sanitaria.

Para hacer efectivo el reembolso de los gastos derivados del traslado y el pago de las dietas a estos pacientes y sus acompañantes, la Consejería de Sanidad efectuará una modificación en el Decreto 90/2004, que regula ambos aspectos y toma como base territorial las Áreas de Salud.

Los 485 usuarios con Tarjeta Sanitaria de La Graciosa son susceptibles de beneficiarse de esta medida, cuyo centro sanitario de referencia para recibir asistencia Especializada es el Hospital General de Lanzarote.

En este sentido, el número de asistencias sanitarias realizadas en este hospital durante el ejercicio 2006 a pacientes desplazados desde La Graciosa ascendió a 877, de las que 20 fueron ingresos, 103 urgencias y 754 consultas externas.

Con el dictamen favorable del Consejo Consultivo al proyecto de decreto y su aprobación definitiva por el Ejecutivo canario, la Consejería de Sanidad reembolsará a los pacientes de La Graciosa y sus acompañantes que se desplacen a Lanzarote u otra isla del Archipiélago por motivos de asistencia sanitaria los gastos derivados del desplazamiento en transporte no concertado y el pago de la dieta.

El Gobierno de Canarias propone mejorar el sistema de adjudicación de las viviendas protegidas

– Envía al Consejo Consultivo un proyecto de decreto en este sentido

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la propuesta del consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez, de mejorar a través de un decreto, el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda. Para cumplir con la tramitación necesaria, el Ejecutivo acordó enviar el proyecto de decreto al Consejo Consultivo de Canarias.

Para ser adjudicatario de una vivienda protegida de promoción pública será necesario acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos generales:

Ser mayor de edad, inscribirse en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas de Canarias, que los ingresos ponderados de la unidad familiar, se hallan comprendidos en los siguientes intervalos de renta:

Hasta 1,5 veces el IPREM para viviendas en régimen de alquiler.

Hasta 2,5 veces el IPREM para viviendas en régimen de venta.

Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea beneficiario de una vivienda protegida, salvo que, apreciándose alguno de los supuestos relacionados en los puntos 1 al 5 siguientes, previamente a la formalización de la adjudicación se efectúe la renuncia y la efectiva devolución de aquélla.

Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario o arrendatario de una vivienda libre, ni titular de un derecho real de uso y disfrute, o de opción de compra sobre la misma, en este último caso sólo cuando este derecho se configure con carácter real y se halle inscrito en el registro.

Ocupar una vivienda en alquiler cuya renta anual sea igual o superior al 12% de los ingresos anuales de la unidad familiar.

Habitar una vivienda sobre la que haya recaído declaración de ruina

Habitar un alojamiento provisional promovido y/o tutelado por la Administración Pública.

Que ha residido ininterrumpidamente en la Comunidad Autónoma de Canarias con, al menos, siete años de antelación a la fecha de publicación del anuncio, o bien quince años cuando dicha residencia hubiese sido de forma interrumpida.

Que el titular de la unidad familiar reside o trabaja ininterrumpidamente en el municipio donde radica la vivienda protegida con, al menos, dos años de antelación a la fecha a la que, conforme a lo que disponga el anuncio al que se refiere el artículo 13 de este decreto, se exija el cumplimiento de los requisitos.

A efectos de constatar el cumplimiento de este requisito, podrá computarse, con los mismos efectos, el tiempo de residencia o de trabajo en un municipio limítrofe, siempre que, a la fecha de publicación del anuncio, se resida o trabaje en el municipio en el que radica la vivienda, con una antelación de al menos seis meses.

Unidad familiar.

El decreto indica que tendrán la consideración de unidad familiar: La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, en su caso los hijos, descendientes, ascendientes y menores acogidos que convivan con ellos.

En los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y, en su caso, los hijos, descendientes, ascendientes y menores acogidos que convivan con ellos.

La integrada por las parejas de hecho, en los términos previstos en la Ley 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias y, en su caso, los hijos que tuviera en común la pareja o cualquiera de sus integrantes, que convivan con la misma, así como sus ascendientes, descendientes y menores acogidos que convivan con ellos.

También podrá ser demandante de vivienda una sola persona.

A los efectos de ser adjudicatario de una vivienda protegida no se podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.

Cupos

Una de las principales novedades de este decreto lo constituyen los cupos, las reservas de viviendas que dentro de cada promoción de viviendas protegidas de promoción pública, se realizan con el fin de proceder a su adjudicación, atendiendo a las circunstancias generales y, en su caso, particulares de los demandantes de viviendas.

Dentro de cada promoción de viviendas protegidas se establecerá un cupo general y cupos especiales. El cupo general irá destinado a los demandantes de viviendas en los que no concurra ninguna de las circunstancias específicas que se requieren para integrar los cupos especiales.

Los cupos especiales irán destinados a aquellos demandantes de vivienda en los que, además de los requisitos generales establecidos, concurran circunstancias específicas .

2. Se podrán constituir los siguientes cupos especiales:

a) Cupo de limitación, movilidad o comunicación reducida:

Previsto para demandantes de vivienda que acrediten que alguno de los miembros de su unidad familiar se halla en situación de limitación, movilidad o comunicación reducida en los términos del artículo 10 de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, o en la norma que la sustituya.

Cupo para emigrantes retornados:

Previsto para aquellos solicitantes que acrediten esta condición. A los efectos de este decreto, se considerarán emigrantes retornados los demandantes que, habiéndose trasladado a cualquier país extranjero, cumplan los siguientes requisitos:

1. Que la última residencia en territorio español antes de producirse el traslado por motivos laborales se hallase fijada en Canarias.

2. Que la permanencia en el extranjero se haya prolongado por un periodo de al menos tres años.

3. Que al momento de la inscripción en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas no haya transcurrido más de un año desde su retorno a Canarias y que resida o trabaje en el municipio donde radica la vivienda protegida.

Cupo para familias de composición reducida:

Previsto para aquellos demandantes cuya unidad familiar se halle integrada como máximo por dos miembros.

Cupo para situaciones excepcionales:

Previsto para atender demandas de vivienda derivadas de situaciones de carácter excepcional y de interés público que conlleve medidas tales como la demolición o inutilización de viviendas y el realojo de sus ocupantes u otras de análoga naturaleza. En estos supuestos no será exigible el requisito previsto en el artículo 3.b) de este decreto.

Cupo para jóvenes:

Previsto para aquellos demandantes que tengan una edad no superior a treinta y cinco años.

Cupo para mayores:

Previsto para aquellos demandantes que cuenten con sesenta y cinco años o más.

Cupo para mujeres víctimas de malos tratos:

Previsto para aquellas demandantes que hayan sido, declaradas por sentencia firme, víctimas de malos tratos y se hallen como consecuencia de ello sujetas a un programa de acogida.

Cupo para situaciones de urgente necesidad:

Previsto para atender situaciones que demanden una inmediata intervención pública a fin de proporcionar alojamiento a colectivos de afectados o a individuos que se hallen en grave situación personal, económica o social.