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Acuerdos de gobierno

El Gobierno de Canarias concede una subvención de 225.000 euros para los recursos de atención a personas mayores y con discapacidad en Gáldar

El Gobierno de Canarias ha concedido una subvención de 225.735,82 euros al Ayuntamiento de Gáldar destinada a sufragar parte de los gastos derivados del mantenimiento de la Residencia de Mayores Genoveva Pérez, mantenimiento Centro de día, y la ampliación de la vivienda tutelada de discapacitados a los fines de semana y festivos, así como el programa de estimulación precoz.

La residencia ofrece un servicio especializado de atención residencial a personas mayores de 65 años, de forma que se garantice una atención globalizadora e integral del usuario afectado por un deterioro cognitivo en situación de riesgo, favoreciendo unas condiciones de vida digna como beneficiarios directos de la subvención, contribuyendo a resolver situaciones de problemática familiar, social o económica existente en cada caso.

El Centro de Día de Tercera Edad presta un servicio especializado, complementario y destinado a ofertar actividades diarias a las personas mayores que, a pesar de carecer de la suficiente autonomía personal, mantienen un medio de vida familiar suficiente. El centro evita por tanto el desarraigo familiar del mayor, que desea envejecer en su entorno habitual, y por otro lado ofrece una atención especializada que supone un alivio a los cuidadores habituales del usuario.

Atención a la discapacidad

En cuanto a la ampliación de la Vivienda Tutelada, supone la prestación de un servicio especializado permanente, que favorezca su proceso reeducativo de independencia y autonomía personal a las personas con discapacidad psíquica, y circunstancias familiares adversas, bien por desajustes o bien por carecer de ella.

Por último, el servicio de Estimulación Precoz incide en la atención integral de menores con retraso en su desarrollo o riesgo de presentarlo, por lo que se les proporciona un tratamiento de atención temprana para potenciar al máximo todas las áreas de los menores, además de facilitar el asesoramiento y orientación familiar a los padres y tutores, interesados en proporcionar a sus hijos una atención terapéutica continuada que favorezca el desarrollo global del niño con dificultades especiales así como su adaptación e integración social.

El Gobierno destina 60.000 euros a reforzar la Base Insular de Medios Aéreos de la Brigada de Extinción de Incendios Forestales de La Palma

En beneficio de una mejor capacitación de la Comunidad Autónoma frente a la lucha contra incendios

El Ejecutivo autorizó hoy una transferencia de crédito de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial para dotar este proyecto de inversión, que tiene por objeto la adecuación de una base de helicópteros

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial destinará 60.000 euros a la adecuación de la Base Insular de Medios Aéreos para la Brigada de Extinción de Incendios Forestales (BRIF) de La Palma.

De esta forma, el Gobierno de Canarias ha autorizado hoy una transferencia de crédito del departamento autonómico por dicho importe para dotar este proyecto de inversión, que tiene por nombre «Adecuación Base Insular de Medios Aéreos para la Brigada de Extinción de Incendios Forestales (BRIF). Cabildo Insular de La Palma».

El Consejo de Gobierno celebrado hoy dio luz verde a esta propuesta de acuerdo en beneficio de una mejor capacitación de nuestra Comunidad autónoma frente a la lucha contra incendios forestales.

Las obras que contemplan dichas actuaciones se ejecutarán, de manera coordinada, a través de un convenio de colaboración en materia de conservación de la naturaleza suscrito por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, que tiene por objeto establecer durante el periodo 2003-2006 el régimen de colaboración entre el Gobierno y el Cabildo de La Palma para la gestión coordinada de actuaciones.

La BRIF es un gran helicóptero con personal especializado y helitransportado, que cuenta con 15 operarios, un capataz y un técnico. En total son tres cuadrillas que se turnan para cubrir todas las horas diarias en los meses de mayor peligro, de julio a octubre. Fue asignada por el Estado junto a otro helicóptero, después de que el Gobierno de Canarias reivindicara más medios aéreos dada nuestra lejanía, singularidad orográfica y climática.

El departamento autonómico de medio ambiente considera que, con la asignación este año de una BRIF, Canarias tiene un extraordinario medio de extinción de incendios forestales, si bien éste precisa de instalaciones acondicionadas para su especialidad, ya que la mencionada Brigada no se puede ubicar en aeropuerto. Por este motivo y a fin de que sea operativa, considera necesario crear y acondicionar la base de helicópteros.

La BRIF es un medio especializado de ámbito regional, por lo que sus intervenciones de extinción son en todas las islas.

El Gobierno autoriza un convenio con el Cabildo de Gran Canaria para la 22ª Feria de Artesanía de Canarias

El Gobierno de Canarias aporta 270.000 euros para la organización de este evento que se celebrará en diciembre

El Consejo de Gobierno dio hoy autorización a la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías para la suscripción de un convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria mediante el que se realiza una encomienda de gestión a este último para la organización de la 22ª Feria de Artesanía de Canarias. En virtud de dicho convenio, el Gobierno de Canarias, que tiene atribuidas las competencias en materia de artesanía, aportará 270.000 euros al Cabildo de Gran Canaria para que éste asuma la organización de la 22ª Feria de Artesanía de Canarias, que se celebrará a principios del próximo mes de diciembre en Gran Canaria.

Dado que la 22ª Feria de Artesanía de Canarias tendrá lugar en la isla de Gran Canaria el Gobierno regional y el Cabildo insular coinciden en la conveniencia de que sea éste último el que organice la Feria, dada la mayor proximidad y conocimiento del Cabildo respecto a los artesanos participantes, así como su disponibilidad de los medios técnicos idóneos para llevar a cabo las actuaciones proyectadas.

Entre las funciones que deberá realizar el Cabildo de Gran Canaria figuran el alquiler del recinto donde se celebrará el evento, así como toda la logística necesaria para llevarlo a cabo, como transporte, mobiliario, limpieza, asistencia sanitaria, manutención y traslado de los artesanos participantes o taquilla, entre otros. Asimismo, en virtud del convenio autorizado hoy por el Consejo de Gobierno, el Cabildo de Gran Canaria se hará cargo del alojamiento de los artesanos participantes que no residen en la isla, de la publicidad, el montaje y decoración, así como del transporte de las mercancías necesarias para el evento.

El Gobierno autoriza el gasto de 2.850.000 euros para reforzar y mejorar las redes informáticas del Archipiélago

Los nuevos sistemas de información y el aumento del número de usuarios hacen necesaria esta inversión, que redunda en una mejora de la calidad de los servicios que se dan a los ciudadanos

El Consejo de Gobierno ha dado hoy su autorización para el gasto de 2.850.000 euros (dos millones ochocientos cincuenta mil euros) para la adquisición e instalación de equipamiento informático consistente en una red de almacenamiento y un sistema de replicación, que servirán para dar respuesta a las necesidades actuales del Archipiélago.

Para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el Cibercentro, como gestor de los recursos que integran las redes de informática y las infraestructuras que dan soporte a los sistemas de información del Gobierno de Canarias, se hace necesario realizar una inversión para la actualización y ampliación del equipamiento informático disponible.

Por otra parte, la incorporación de nuevos sistemas de información y el aumento del número de usuarios que acceden a los sistemas ya existentes obligan a ampliar y reforzar la capacidad de proceso y almacenamiento disponible en los centros de procesamiento de datos, proporcionando de esta manera una mejor calidad de servicio a los usuarios.

Para hacer frente a estas necesidades, es precisa la adquisición de equipamiento informático que incluye, principalmente, un sistema de almacenamiento masivo de datos y un sistema de replicación del contenido de las bases de datos en las que reside el sistema de información de los sistemas corporativos del Gobierno de Canarias.

Asimismo, para poder disponer de sistemas tolerantes a fallos, resulta necesario establecer servicios redundantes en las sedes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que requerirán la implantación de un sistema de almacenamiento con capacidad de réplica entre ambas sedes que haga posible la recuperación de datos ante un imprevisto o causa de fuerza mayor al estar duplicados en las dos ciudades.

El presupuesto de 2.850.000 euros aprobado hoy por el Consejo de Gobierno se gastará entre los años 2006 y 2007, quedando repartido de la siguiente manera: en el presente ejercicio se invertirán un total de 362.000 euros y durante el próximo año 2007 se invertirán los 2.488.000 euros restantes.

El Consejo de Gobierno autoriza un convenio con el Ayuntamiento de La Laguna y la ULL para instalar un tendido de fibra óptica

El citado convenio se ejecutará entre los años 2006 y 2009 y tendrá un presupuesto de 1.300.000 euros

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías a suscribir un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y con la Universidad de La Laguna para la instalación de un tendido de fibra óptica para las redes troncales de comunicaciones. Para esta instalación, gracias a este convenio, se aprovecharán, en buena parte, las canalizaciones de la red de tráfico del municipio de La Laguna, lo que facilitará el desarrollo del proyecto.

La firma y ejecución de este acuerdo mejorará de forma sustancial la calidad, seguridad, velocidad y fiabilidad de las comunicaciones internas para las tres instituciones implicadas ¿Gobierno canario, Ayuntamiento de La Laguna y Universidad de La Laguna-. El sistema elegido y la propia instalación de la fibra óptica también supondrá una reducción en el coste de las comunicaciones internas de los firmantes del convenio en las sedes ubicadas en el municipio de La Laguna.

La fibra óptima permitirá difundir las conexiones de voz y de datos entre los diferentes edificios e instalaciones administrativas de las partes firmantes localizadas en el término municipal de La Laguna. Esta instalación contribuirá al desarrollo de las tecnologías de la información en el ámbito de la Administración Pública canaria.

La Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías invertirá en este proyecto 1.300.000 euros. La ejecución de la instalación de fibra óptica en La Laguna se iniciará este año con una inversión inicial de 150.000 euros. El proyecto continuará su ejecución durante los años 2007 y 2008, culminando toda la instalación en el año 2009. La iniciativa cuenta con financiación europea a través de fondos Feder con cargo a la Red Atlántida.

El Gobierno de Canarias autoriza la concesión de una subvención a Funcatra para la realización de un proyecto de intermediación e inserción profesional

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy conceder una subvención específica a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra), por importe de 1.891.862 euros, destinada a la realización de un proyecto de intermediación e inserción profesional.

Este proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo Integrado de Canarias 2000-2006, tiene por objeto responder con eficacia y agilidad a las ofertas de empleo de las empresas canarias, orientar e informar a los demandantes de empleo sobre las características y perfil profesional preciso para acceder a los puestos de trabajo que ofrecen las empresas, y crear un marco de cooperación en torno a la formación, orientación e inserción profesional.

La Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) cuenta con la colaboración de una serie de Gabinetes de Orientación e Inserción Profesional (GOIP), que nacen como resultado de la Ley 10/1994, de 9 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación, con la finalidad de cooperar con la administración, en la reducción de los índices de desempleo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Su objetivo general se concreta en la necesidad de conectar la oferta y la demanda de empleo, mediante la captura normalizada y rigurosa de la información relativa a puestos de trabajo ofertados y a las características de los demandantes de empleo, favoreciendo la ocupabilidad de los mismos.

Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de Canarias adquieren personalidad jurídica propia

El Gobierno de Canarias respalda al sector agrario en la gestión de programas para mejorar la calidad
Corresponderá al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) la tutela administrativa, delegándoles o encomendándoles funciones específicas

Los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de Canarias quedarán constituidos como Corporaciones de Derecho Público, según establece el anteproyecto de Ley que el Consejo de Gobierno ha acordado remitir al Consultivo de Canarias como trámite previo a su aprobación.

El anteproyecto de Ley que presentó la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación hace mención a Ley estatal 24/2003 de 10 de julio, de la Viña y el Vino, que establece la necesidad de que los Consejos Reguladores tengan personalidad jurídica propia, de naturaleza publica o privada, y plena capacidad de obrar.

Entre las distintas figuras posibles se ha adoptado para los Consejos Reguladores la de corporación de derecho público, atendiendo a la base asociativa y corporativa que distingue a dichos órganos de gestión. La Ley señala, en cuanto a su funcionamiento y gestión, que se ajustaran al derecho privado, sin perjuicio de la aplicación del ordenamiento jurídico público en lo relativo al ejercicio de las potestades administrativas que le sean atribuidas. Expone a su vez que el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ejercerá la tutela administrativa de dichos entes, llevará a cabo cuantas acciones sean necesarias para la aplicación de esta ley, y podrá delegarles o encomendarles el ejercicio de las funciones publicas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

Canarias cuenta en la actualidad con doce Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen. Diez corresponden a Denominaciones de Origen calificadas de vinos: Icoden Daute Isora, Valle de Güímar, El Hierro, La Gomera, Tacoronte-Acentejo, Abona, Lanzarote, Valle de La Orotava, La Palma y Gran Canaria, y dos a los quesos: Queso Majorero y Queso Palmero. Están en trámite actualmente las Denominaciones de Origen correspondientes al Queso de Guía y Flor de Guía, y de Ronmiel de Canarias, al tiempo que se estudian fórmulas de protección para otros productos de calidad que son representativos del Archipiélago, como el gofio, papas antiguas, sal y otros.

El Gobierno de Canarias aprueba el proyecto de Ley de creación del Instituto Canario de Reinserción del Menor

El Gobierno de Canarias, a propuesta conjunta de las Consejerías de Empleo y Asuntos Sociales y Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Creación del Instituto Canario de Reinserción del Menor.

El objetivo y finalidad que se persigue con esta norma es facilitar y optimizar la ejecución de las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de las actuaciones recogidas en la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores, impulsando y coordinando todas las actuaciones necesarias para una eficaz reinserción y reeducación de los menores.

El Proyecto de ley es la culminación de la puesta en marcha de un nuevo modelo de justicia juvenil, basado en la responsabilidad del menor, la potencialización de las medidas educativas para buscar un objetivo: su inserción o reinserción social y laboral.

El Gobierno eleva a rango de ley una herramienta, en la que participarán los agentes implicados en la implementación de las medidas judiciales de los menores, como son las Consejerías competentes en materia de menores, justicia, educación, sanidad, empleo, asuntos sociales y juventud.

Desde hace un año, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales puso en marcha un nuevo modelo educativo en los centros, que ha dado excelentes resultados en la normalización de los mismos, dando lugar a un descenso de un 90 % en el número de incidencias, a la creación de un módulo libre de drogas, y a la firma de un convenio con la Consejería de Educación para la implantación de la educación obligatoria en los centros.

El proyecto de ley que hoy se ha aprobado, es por tanto el mecanismo para consolidar un modelo innovador y de calidad.

En este sentido, la creación del Instituto Canario de Reinserción del Menor tiene como finalidad potenciar la participación de las Administraciones Públicas canarias y de los agentes implicados en la materia, en la toma de decisiones que afecten a los menores sujetos a medidas judiciales, concretando, desarrollando y ejecutando programas y actuaciones que contribuyan a los fines de reinserción y reeducación de aquellos.

Para ello, el citado Instituto asumiría las competencias que, en ejecución de medidas judiciales, corresponden actualmente al departamento de la Administración pública competente en materia de reforma de menores. Así, tendría entre sus fines fomentar, mejorar y promover la aplicación de los principios inspiradores de la ejecución de las medidas impuestas a menores infractores, así como aplicar programas, fundamentalmente educativos, que fomenten el sentido de la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de las personas.

Los beneficios generados con la creación de este Instituto serán primordialmente sociales, ya que supondrán una mejora en el servicio que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, asume, de manera integral, la ejecución de cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de los aspectos y actuaciones recogidas en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores y en su Reglamento de desarrollo.

El Gobierno de Canarias pide "un pacto de Estado" sobre inmigración irregular ante la política "errática e ineficaz" del Ejecutivo central

– El Consejo de Gobierno exige al Estado «una actuación de acción exterior más eficaz y contundente ante los países emisores y ante la Unión Europea»

El Consejo de Gobierno debatió hoy intensamente sobre la dramática situación de la inmigración irregular a través de pateras o cayucos llegados a Canarias. Consideró que la situación es de tal «envergadura que lo que requiere de verdad es un Pacto de Estado». El portavoz del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra, explicó tras el Consejo que «ni el PP, cuando gobernaba, ni el PSOE, después, han querido pactar y hacer una política seria y coherente con la que practican los países de mayor tradición inmigratoria y de nuestro entorno».

El Consejo de Gobierno constató que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero «tiene una política errática en materia inmigratoria y no toma consciencia de la gravedad del problema, porque lejos de mejorar o estabilizar los flujos, la situación está empeorando con una nueva dimensión: el conflicto territorial que provocan las derivaciones». Para el Gobierno de Canarias, «las medidas anunciadas por el Gobierno de España han sido un fracaso, bien por su ineficacia, su falta de intensidad o su no aplicación».

Por ello, exigió al Estado «una actuación de acción exterior más eficaz y contundente ante los países emisores y ante la Unión Europea, a fin de avanzar sustancialmente en la vigilancia de las costas de los países emisores. Una acción exterior y una presencia continuada, no esporádica y a impulsos». El portavoz del Gobierno abundó al respecto que «los gestos de cara a la galería no sirven a Canarias. Debe haber un calendario claro y un equipo de trabajo que se anticipe a los acontecimientos».

En este sentido, recordó que «en todo momento el Gobierno de Canarias y desde hace años no sólo ha venido denunciando y advirtiendo sobre el problema del descontrol de la inmigración irregular que llega por pateras y por aeropuertos, siendo en algunos casos acusado de xenófobo y de demagógico».

La situación es que, pese a que el Estado es quien tiene las competencias en materia de inmigración, el Gobierno de Canarias «ha aportado soluciones concretas a través de los grupos de trabajo constituidos al efecto sin que se hayan puesto en marcha. Hemos hecho esfuerzos mucho más allá de las obligaciones jurídicas y competencias legales, como en materia sanitaria, con contactos internacionales con los países emisores y con la Unión Europea, y encuentros con líderes sociales y religiosos de aquellos países. Hemos destinado recursos por encima de nuestras posibilidades (en menores, asistencia sanitaria, emergencias etc¿). Hemos formulado en reiteradas ocasiones la necesidad de modificar la legislación vigente en materia de extranjería y del menor. Siempre ayudando a solucionar un problema que es competencia del Estado y que nos afecta a todos muy directamente».

El Gobierno de Canarias ha hecho «un seguimiento exhaustivo de la situación y a lo largo del mes de agosto se han mantenido las reuniones del gabinete de crisis, un mes inhábil para la mayoría de las administraciones con verdaderas competencias en la materia, como el Estado o la Comisión Europea», expuso Miguel Becerra.

Sin parches a la inmigración

El Consejo de Gobierno consideró que «no se pueden poner parches al problema de la inmigración. El Estado es responsable. El Estado y Europa tienen que buscar soluciones efectivas a corto, medio y largo plazo en todos los ámbitos y Canarias cooperará dentro de sus posibilidades».

En materia de menores inmigrantes irregulares, el Gobierno de Canarias exige al Ejecutivo español «una mayor contundencia diplomática y de acción exterior ante los países emisores y los organismos internacionales relacionados con la infancia. Estos países en muchos casos olvidan su responsabilidad con los menores, sin luchar con la intensidad que requiere o mirando hacia otro lado cuando los menores se juegan la vida. Incumpliendo los tratados internacionales que protegen los derechos de los menores».

El Consejo de Gobierno estimó que el Estado español y los estados de origen de la inmigración no están cumpliendo además la normativa de cara a identificar a las familias de los menores no acompañados para el reagrupamiento familiar.

En este contexto, el Gobierno de Canarias está dispuesto a colaborar con las políticas de formación de menores «como viene ocurriendo en Cabo Verde, y como ha ofrecido a Marruecos y Senegal». Precisamente, el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, viajará a Cabo Verde a partir de este jueves para repasar los proyectos de cooperación y abundar en soluciones a la inmigración irregular procedente de África.

«El Gobierno de Canarias seguirá elaborando propuestas concretas que elevará ante las administraciones competentes de España y la UE para buscar soluciones al problema de la inmigración irregular», sentenció el portavoz del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra.

El Consejo de Gobierno da el visto bueno al Anteproyecto de Ley del Estatuto de la Capitalidad Compartida

Acordó también solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el texto legislativo
La futura Ley contempla la creación de un Consejo de la Capitalidad y establece una previsión de financiación específica en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma

El Consejo de Gobierno dio, esta mañana, el visto bueno al Anteproyecto de Ley del Estatuto de la Capitalidad Compartida de las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife y acordó también solicitar al Consejo Consultivo el correspondiente dictamen sobre este texto legislativo.

La futura Ley supone el reconocimiento formal de ambas ciudades como capitales de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal como establece el artículo 3.1 del actual Estatuto de Autonomía. De esta forma, se dota a Las Palmas de Gran Canaria y a Santa Cruz de Tenerife de un Estatuto especial de Capitalidad, por el que se reconoce y se refuerza la autonomía de estos dos ayuntamientos al servicio de una gestión administrativa moderna, con una efectiva participación ciudadana y con una opción decidida a la aplicación de las nuevas técnicas y tecnologías.

En base a esta nueva Ley, ambos ayuntamientos estarán obligados a promover y realizar actividades de interés común para toda Canarias con las demás administraciones públicas y con instituciones y organismos europeos e internacionales.

Por su parte, el Gobierno de Canarias incluirá, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, un apartado específico en el que se tendrá en cuenta, desagregado por cada una de las ciudades y de acuerdo a criterios equitativos, los efectos económicos de la capitalidad.

Para llevar a cabo la coordinación de todas las actuaciones que sean de interés común entre las administraciones autonómica y municipal, se constituirá un Consejo de Capitalidad que tendrá carácter permanente y consultivo en dicha materia y que deberá aprobar todos sus acuerdos por unanimidad.

Este Consejo será el encargado de realizar los estudios y propuestas de criterios de financiación necesarios para llevar a cabo las diferentes acciones que se acuerden ejecutar, los cuales deberán ser aprobados por el Gobierno de Canarias.

El Consejo de la Capitalidad estará presidido por el presidente del Ejecutivo canario y formarán parte de él los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, que ostentarán la vicepresidencia de forma alternativa. Completarán la composición de este organismo los consejeros competentes en materia de administración territorial y hacienda y un concejal designado por cada uno de los alcaldes.