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Acuerdos de gobierno

El Gobierno de Canarias autoriza la construcción de 226 nuevas viviendas en Gran Canaria

Se trata de las Promociones «Cruz de La Gallina» y «Los Cascajos» en Telde y «Loma Pino Seco» en Arguineguín

El Gobierno de Canarias autorizó hoy el gasto para la contratación de varias obras de Grupos de Viviendas en la isla de Gran Canaria que suponen una inversión total de 15,5 millones de euros (2.578 millones de pesetas) para la construcción de 226 nuevas viviendas para destinar al régimen de alquiler, el destinado a las familias más desfavorecidas de Canarias.

Se trata, en primer lugar, de la obra denominada Construcción de 128 Viviendas de Protección Oficial, Promoción Pública, a ejecutar en Cruz de la Gallina en Telde, por importe de 9,2 millones de euros.

En este grupo de viviendas se prevé construir 97 casas de tres dormitorios, 20 viviendas de cuatro habitaciones, diez de dos dormitorios y un piso para destinar a Servicios sociales como vivienda tutelada, que tendrá cinco dormitorios. Además se contará con cuatro casas adaptadas para minusválidos.

También, en el término municipal de Telde, se autoriza contratar la ejecución de la obra Construcción de 48 Viviendas de Protección Oficial, Promoción Pública, en Los Cascajos, por importe de 2.8 millones de Euros y que al igual que la promoción anterior, deberá incrementarse en un 10% para la reserva de la posible certificación final.

En Los Cascajos se construirán 32 viviendas con tres dormitorios, 11 de dos habitaciones, cuatro de cuatro dormitorios y una de cinco dormitorios para la tutela de menores. Dos de las casas estarán adaptadas para minusválidos.

Por último, el Consejo de Gobierno decidió la contratación de la obra Construcción de 50 Viviendas de Protección Oficial, Promoción Pública, en Arguineguín, Loma Pino Seco, en el término municipal de Mogán, por importe de 3,5 millones de euros.

37 de las viviendas a construir tendrán tres dormitorios, tres de ellas adaptadas a personas con minusvalía física, 8 casas tendrán dos habitaciones, cuatro tendrán cuatro habitaciones y uno de los pisos será de cinco habitaciones y se destinará a la tutela de menores.

Los contratos autorizados incluirán la redacción del proyecto de obra, instalaciones eléctricas, fontanería y telecomunicaciones, así como el estudio y coordinación de Seguridad y Salud, y las correspondientes direcciones de obra.

Para la adjudicación de las obras se utilizará la figura del concurso, mediante procedimiento abierto. A la hora de decidir su adjudicación se valorará la ordenación general de la edificación, la solución tipológica de las viviendas, la idoneidad de las soluciones y sistemas constructivos, la suficiencia de los servicios e instalaciones, la estimación del coste y la previsión de bajos costes de conservación y uso, todo ello atendiendo a las determinaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas

Todas estas viviendas se enmarcan dentro del Programa de Régimen Especial en Alquiler del Plan Canario de Vivienda, el programa con más marcado acento social del Plan ya que está dirigido a las familias más desfavorecidas del Archipiélago. Para su adjudicación se tendrá en cuenta la situación económica y familiar de cada solicitante.

El programa de promoción publica en régimen de alquiler tiene por objeto la construcción, sobre suelos previamente cedidos por parte de los Ayuntamientos, de viviendas destinadas a aquellas unidades familiares cuyos ingresos ponderados anuales no superen 2 veces el Salario Mínimo Interprofesional..

Los excelentes resultados de ejecución obtenidos durante los ejercicios 2003 y fundamentalmente 2004 han permitido superar los objetivos inicialmente previstos para el período 2002-2004. En dos años se ha iniciado la construcción de 834 viviendas de promoción pública en alquiler en toda Canarias, 58 en el año 2003 y 776 en el año 2004.

La política actual del Gobierno de Canarias está claramente a favor de fomentar el alquiler de viviendas en Las Islas, Así, en el nuevo Plan de Vivienda se incluyen nuevas medidas en base a tres líneas de actuación que amplían y refuerzan otras que ya existen: la adquisición de viviendas ya construidas, bajo ciertas condiciones, para cederlas en arrendamiento; la rehabilitación de viviendas libres (incluyendo obras menores de reparación) para cesión en arrendamiento; y las subvenciones a los inquilinos, también bajo ciertas condiciones y límites, para facilitarles el pago de sus rentas.

En otro orden de cosas, el Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, dio cuenta al Gobierno de Canarias de la Resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda, de 15 de julio de 2005, por la que se declara de emergencia la ejecución de las obras de Rehabilitación de la cubierta del Bloque 5, Calle León nº 24, sito en el Grupo de 945 viviendas de protección oficial promoción pública San Cristóbal II, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por un importe de 59.000 euros.

El Gobierno acuerda la ejecución de nuevas obras en centros educativos de Agüimes y La Orotava

Los trabajos se realizarán a través de una encomienda de gestión municipal

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó, en su reunión de hoy martes, 2 de agosto, la suscripción de sendos convenios de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y los ayuntamientos de Agüimes y La Orotava para la ejecución de una serie de obras mediante la encomienda de gestión municipal lo que permitirá recortar los plazos de ejecución de los proyectos.

En Agüimes, el convenio suscrito permitirá la construcción de la 2ª fase del I.E.S. «Arinaga» gracias a la cual se dotará al mencionado recinto educativo de nuevas aulas.

Las mencionadas obras contarán con un presupuesto de 881.711,73 euros en cuya financiación participará la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, en un 86,24%, correspondiendo la financiación del 13,56% restante al ayuntamiento de Agüimes.

Por otra parte, también se llevó a cabo la suscripción de un convenio de colaboración con el ayuntamiento de La Orotava para la ejecución de las obras de construcción de la cubierta del Polideportivo del I.E.S. «La Orotava – Manuel González Pérez» por un importe total de 312.000 euros cofinanciado al 50% por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el consistorio municipal de La Orotava.

De esta forma, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, prosigue su política de techar las canchas deportivas de todos los centros educativos de Canarias.

El Gobierno eleva al Consejo Consultivo el anteproyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma

Este Anteproyecto, junto al de la Ley Tributaria y a la Memoria del Anteproyecto de Ley de Hacienda, cierra el marco de regulación económico financiero de de Canarias

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el Anteproyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo objeto es el de completar, actualizar y mejorar el ordenamiento jurídico regulador del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de una mejor sistematización de las normas.

Con este Anteproyecto, con la Memoria del Anteproyecto de la Ley de Hacienda Canaria, incluida en el orden del día del Consejo, y con el Anteproyecto de la Ley Tributaria, cuyo dictamen del Consultivo se solicitó en el pasado Consejo de Gobierno, La Consejería de Economía y Hacienda cierra el nuevo marco de regulación económico financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Anteproyecto de la Ley de Patrimonio se elabora ante la entrada en vigor de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las administraciones públicas, con el objeto de incluir en el ordenamiento jurídico regulador del Patrimonio Autonómico preceptos no básicos de la nueva ley estatal, sobre todo respecto a los nuevos procedimientos de actuación y gestión, adaptándose al entorno en el que se produce la actuación administrativa.

El Anteproyecto de Ley recoge cinco disposiciones generales relativas a los negocios jurídicos patrimoniales, el uso y la explotación de bienes y derechos, la protección y defensa del patrimonio, el patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma y el régimen sancionador. Asimismo, en las disposiciones adicionales se contemplan las previsiones relacionadas con el régimen patrimonial de los bienes del Parlamento de Canarias y demás organismos estatutarios; los bienes adscritos a competencias transferidas o delegadas; la atribución de competencias a la consejería correspondiente respecto a la promoción pública de viviendas; los bienes adscritos a las universidades; la actualización de cuantías y la subrogación en los contratos de seguros y en la responsabilidad civil.

El nuevo texto contempla, además, cinco disposiciones transitorias en las que se regulan la aplicabilidad temporal del decreto 133/1988, el régimen transitorio de las concesiones demaniales vigentes, la aplicabilidad del artículo 20 en cuanto a las donaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, y el régimen aplicable a los expedientes patrimoniales en tramitación y a los organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Las disposiciones finales del Anteproyecto están dedicadas a la habilitación para el desarrollo, a la aplicación subsidiaria de la normativa estatal y a su entrada en vigor.

El Anteproyecto de Ley ha sido elaborado por la Dirección General de Patrimonio y Contratación y sometido a las consideraciones del servicio jurídico del Gobierno de Canarias.

El Gobierno garantiza la continuidad y consolidación de varios programas de atención al menor y la familia

El Consejo de Gobierno aprobó, hoy martes, autorizar la concesión de varias subvenciones que garantizarán la continuidad de la prestación de servicios de varios programas de atención al menor y la familia.

Se trata, por un lado, de una subvención específica concertada, de carácter plurianual, destinada a la Fundación Canaria Centro de Solidaridad de las Islas Canarias, CESICA, para el mantenimiento y consolidación del «Programa NOVA, de alternativas para menores toxicómanos y programa de apoyo a las familias».

El programa NOVA ofrece a los y las jóvenes que tienen algún tipo de afección en relación con las toxicomanías un programa terapéutico individualizado que incluye la realización de un conjunto de terapias y de atención personalizada, dirigidas a procurar la reinserción social de los mismos.

Para ello, se destina a la Fundación una subvención global de 1,4 millón de euros, divididos en cuatro importes anuales, del 2005 al 2008, de 350.000 euros.

Por otro lado, el Consejo acordó aprobar una subvención específica concertada destinada a la Asociación Cáritas Diocesana de Tenerife para el mantenimiento y consolidación del proyecto «Intervención con Familias Monoparentales», que desarrolla esta entidad con carácter regional, y cuya cuantía asciende a 1.148.925,64 euros.

En este proyecto se incluye el mantenimiento del Centro de Acogida Atacaite, de los pisos puente y del centro materno infantil Chaxiraxi, que gestiona Cáritas Diocesana en Tenerife.

Asimismo, el Gobierno aprobó en Consejo conceder una subvención específica, de carácter plurianual, a la Asociación Padre Laraña destinada al mantenimiento de los Centros de Día Padre Laraña I y II, en la isla de Tenerife, por un importe que asciende a 369.923,32 euros.

Con esta ayuda se pretende dar continuidad y estabilidad a un servicio ya existente y que tiene como objetivo realizar labores de apoyo y asesoramiento a las familias en las tareas parentales

Aprobado el convenio del Plan Territorial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas de Tenerife

El documento planificará la localización de las instalaciones de energía en la isla

El Cabildo redactará el texto que incluirá un inventario de los recursos existentes y estudios para las nuevas instalaciones

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías a suscribir un convenio de colaboración con el Cabildo de Tenerife para la próxima redacción del Plan Especial de Infraestructuras Energéticas de Tenerife. Este convenio permitirá agilizar el proceso de elaboración de este documento, en el que quedarán definidos los elementos del ámbito territorial, comarcal e insular para la señalización de los corredores, la racionalización de los elementos existentes y la planificación de las actividades de generación, transporte y distribución que permitan la adecuada cobertura a la demanda energética insular.

La normativa vigente atribuye a la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias la competencia para la formulación, tramitación y aprobación previa de los planes territoriales especiales de ordenación de infraestructuras energéticas. Con el objetivo de impulsar el proceso, para la redacción y aprobación de este texto lo antes posible, la Consejería de Industria, en aplicación del principio de colaboración entre administraciones públicas, encomendará al Cabildo de Tenerife, a través de la firma de un convenio de colaboración, la redacción de este documento.

Para la elaboración del Plan, será necesario el encargo de estudios sobre alternativas de localización de las infraestructuras energéticas. La financiación de estos estudios correrá a cargo de los dos niveles de la Administración Pública, aportando cada uno el 50 por ciento del coste de estos encargos. El importe estimado para estos estudios es de 500.000 euros, lo que supone una aportación del Gobierno canario de 250.000 euros con cargo al programa presupuestario «Planificación Energética».

La Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías y el Cabildo de Tenerife entienden la necesidad de un análisis energético y territorial que permita la elaboración de un documento que tenga en cuenta las demandas actuales y futuras por zonas, las instalaciones de producción de energía necesarias en la isla y las intervenciones de mejora o ampliación que deban hacerse en las ya existentes. Las dos administraciones públicas también consideran oportuno establecer en este plan los criterios para la protección de los centros de generación y sus eventuales ampliaciones respecto de la expansión urbanística, teniendo en cuenta la localización de los puntos de entrada, almacenamiento y transformación de combustibles, y la reserva de los suelos con mayor potencialidad para la producción eólica.

Otros aspectos que se tendrán en cuenta en los estudios y el plan son las características básicas de la red y de las principales instalaciones de transporte de energía; los corredores para las conducciones de energía, tendiendo en cuenta las consideraciones ambientales y de ordenación del territorios, evitando su paso por las proximidades de los asentamientos residenciales o turísticos existentes o previstos y priorizando la utilización de los corredores viarios existentes.

Todo ello arbitrando medidas que aseguren satisfactoriamente la capacidad de cobertura de la demanda energética minimizando los impactos ambientales y territoriales y extrayendo la máxima eficacia en la prestación de los servicios.

Aprobada la Memoria del anteproyecto de Ley de la Hacienda Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias, en la reunión celebrada hoy en Santa Cruz de Tenerife, ha aprobado la Memoria del Anteproyecto de Ley de la Hacienda Canaria, que justifica la necesidad de elaborar un único texto legal que regule el funcionamiento económico financiero del sector público autonómico acorde con la realidad actual, que recoja las adaptaciones de la Ley General Presupuestaria al ámbito autonómico, y asimismo, que aborde la actividad presupuestaria mediante nuevas fórmulas, con el fin de ejecutar el presupuesto en un contexto plurianual.

La Memoria elaborada por la Consejería de Economía y Hacienda plantea la necesidad de desarrollar una nueva Ley de Hacienda, que sustituya a la Ley 7/1984 de 11 de diciembre de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, vigente en la actualidad, debido a que el escenario de la actividad económica financiera del sector público autonómico ha experimentado importantes cambios y, porque la introducción de múltiples modificaciones en la referida Ley, mediante Leyes anuales del Presupuesto y mediante Leyes de acompañamiento, ha dado lugar a la dispersión normativa.

Como se describe en la Memoria, en los veinte años transcurridos, el marco competencial autonómico ha cambiado significativamente por la asunción de nuevas funciones y servicios provenientes del Estado y por el traspaso desde la Administración Autonómica a los Cabildos. Este nuevo contexto ha dado lugar a la adaptación institucional y organizativa de la Comunidad Autónoma mediante la creación de organismos, empresas, fundaciones y entes públicos, cuyo marco regulatorio no estaba previsto en la actual Ley.

Por otro lado, la Ley General Presupuestaria 47/2003 establece una nueva regulación para la actividad económica financiera en el ámbito estatal, introduce las adaptaciones precisas para el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y asienta un nuevo cuerpo legal básico para la modernización de la hacienda pública del Estado.

Por todo ello, El Gobierno de Canarias considera necesario la elaboración de un único texto legal que regule el funcionamiento económico financiero del sector público autonómico acorde con las exigencias actuales, tomando como referencia las recientes modificaciones legales estatales y autonómicas.

Además, con la nueva Ley se abordará, a través de nueve títulos, la racionalización del proceso presupuestario; la ordenación de la actividad presupuestaria, mediante nuevas formulas para la elaboración y ejecución del presupuesto en un contexto plurianual; la sistematización de las normas de contabilidad y control de la actividad económico- financiera del sector público autonómico, y el establecimiento de un marco que posibilite la introducción de una programación y una gestión por objetivos enmarcados en un contexto temporal plurianual.

El Anteproyecto priorizará la racionalización del gasto y el establecimiento de las medidas que garantizarán un marco más eficiente en el desarrollo de la actividad financiera del sector público autonómico, con el objeto de mejorar las políticas públicas implicadas en la economía y en la sociedad.

La Memoria especifica que La Ley se acometerá con vocación de permanencia, por lo que su modificación sólo será necesaria en el supuesto de que se produzcan cambios en el marco normativo del Estado.

Aprobada la contratación de un Servicio Integral de Información para el Servicio Canario de Empleo

El Consejo de Gobierno aprobó, hoy martes, la autorización del gasto para la contratación de un Servicio Integral de Mantenimiento y Nuevos Desarrollos del Sistema de Información del Servicio público de Empleo Canario (SISPECAN).

De esta forma, se autoriza destinar un total de 2.700.000 euros, desglosados en dos partidas anuales :900.000 euros para el 2005, y 1,8 millón de euros para el 2006- para la contratación de este servicio cuyo objetivo es llevar a cabo una atención global de las labores de intermediación, formación y orientación que se desarrolla desde los distintos departamentos del Servicio Canario de Empleo en un único sistema de información.

Este Sistema de información se enmarca dentro del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, formado por las aplicaciones informáticas del INEM y las de las comunidades autónomas con sistema propio, entre las que se incluye Canarias.

El Gobierno pide dictamen al Consultivo sobre el decreto de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en el ámbito sanitario

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la Propuesta de Acuerdo por el que se toma en consideración y se solicita dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el Decreto por el que se regula las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en el ámbito sanitario y la creación de su correspondiente Registro.

El presente Decreto tiene por objeto regular en la Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio del derecho a la manifestación anticipada de voluntad relativa a las actuaciones sanitarias que se practiquen a las personas cuando no puedan expresar su deseo mediante el consentimiento informado y el destino de su cuerpo o de sus órganos, una vez llegado el fallecimiento, así como la creación del correspondiente Registro.

Así lo recoge la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica que regula las denominadas instrucciones previas. La mencionada Ley remite a las Comunidades Autónomas la regulación del procedimiento para garantizar la eficacia de este derecho básico.

Con el antecedente inmediato del Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos humanos y la Biomedicina de 1997, esta declaración de voluntad anticipada se ha definido como un instrumento amplio en el que se podrán contener tanto las instrucciones expresas que el paciente determine para una situación en que esté privado de su capacidad de decidir (lo que se ha dado en llamar testamento vital), como otras posibilidades, como son sus opciones personales ante determinadas situaciones vitales (generalmente llamada historia de valores), la designación de otras personas que representen su voluntad y, también, su decisión expresa respecto a elementos tales como la donación de sus órganos en caso de fallecimiento.

Los distintos artículos de esta normativa explicitan desde el objeto de la Ley, el concepto de manifestación anticipada de voluntad, los requisitos formales de esta manifestación anticipada y su contenido; asimismo detallan los requisitos para ser representante, la formalización de la manifestación anticipada de voluntad, su eficacia y la modificación, sustitución y revocación de la misma.

El Gobierno eleva al Consejo Consultivo el anteproyecto de Ley Tributaria

El Consejo de Gobierno de Canarias, en la reunión celebrada hoy en Las Palmas de Gran Canaria, ha acordado solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el Anteproyecto de Ley Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En base a la propuesta elaborada por la Consejería de Economía y Hacienda, el Gobierno de Canarias eleva al Consejo Consultivo el Anteproyecto de Ley Tributaria cuya finalidad última se basa en dotar de un texto propio y diferenciado al Sistema Tributario Canario del resto de la Hacienda Pública.

Las medidas principales del Anteproyecto establecen el ámbito de actuación de la Administración Tributaria Canaria y de los derechos tributarios de la Hacienda Pública, así como delimitan las competencias orgánicas y regulan las actuaciones de gestión y recaudación tributaria.

Además, contempla la creación de un Registro Fiscal de Valores Inmobiliarios de Canarias que sirva de inventario de los valores fiscales de transmisión y adquisición de inmuebles situados en el Archipiélago, y determina legalmente el régimen de las reclamaciones económicas.

En este apartado, el Anteproyecto diferencia entre los órganos encargados de la gestión tributaria y los de resolución de reclamaciones, cuyas funciones son independientes. Para ello, se constituirán la Junta Central Económica-Administrativa de Canarias y las Juntas Territoriales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

La Ley también contiene nueve disposiciones adicionales que recogen diversas previsiones relativas a la aplicación de la Ley en los derechos económicos de la Hacienda Pública distintos de los tributos, entre los que figuran: las reclamaciones económicas administrativas en otras materias; la posibilidad de introducir determinadas modificaciones tributarias en las Leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias; la aplicación de la deducción autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el caso de traslado de residencia en supuestos de tributación conjunta, y la consideración de la Junta Central Económica-Administrativa de Canarias como órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma.

El Anteproyecto de Ley, elaborado por la Dirección General Tributos, se ha presentado a los cabildos, a las organizaciones empresariales y al servicio jurídico de la Dirección General de Planificación y Presupuestos. Asimismo, el Consejo Económico Social ha valorado el Anteproyecto con un resultado general positivo, destacando en su dictamen que «el nuevo marco que se pretende fijar mejora sustancialmente el tratamiento que hoy se da a la materia tributaria en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma».

El Gobierno establece las fiestas regionales e insulares para el 2006

El Consejo de Gobierno aprobó, hoy martes, el proyecto de decreto por el que se declaran las fiestas propias de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2006, y se abre el plazo para fijar las fiestas locales.

El Decreto establece así que la fiesta nacional del 25 de julio (Santiago Apóstol) será sustituida este año, en cada isla, por fiestas que por su tradición son propias de Canarias. De este modo, en Fuerteventura se fijó como día festivo en toda la isla, el 17 de septiembre, día de Nuestra Señora de la Peña.

Con la redacción de este Decreto, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, permite que se sustituya la fiesta de ámbito nacional correspondiente al 25 de julio, Santiago Apóstol, y que cada cabildo establezca los días festivos con carácter insular en fechas más afines a sus realidades geográficas, humanas y sociológicas.

De este modo, se fijan como fiestas insulares:

El Hierro: 25 de septiembre, Nuestra Señora de los Reyes

Fuerteventura: 16 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña

Gran Canaria: 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino

La Gomera: 9 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe

Lanzarote: 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores

La Palma: 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves

Tenerife: 2 de febrero, Nuestra Señora de la Candelaria

Como fiestas de la Comunidad Autónoma se establecen:

6 de enero, Epifanía del Señor

13 de abril, Jueves Santo

14 de abril, Viernes Santo

1 de mayo, fiesta del Trabajo

30 de mayo, día de Canarias

15 de agosto, Asunción de la Virgen

12 de octubre, Fiesta nacional de España

1 de noviembre, Todos los Santos

6 de diciembre, Día de la Constitución

8 de diciembre, Inmaculada Concepción

25 de diciembre, Natividad del Señor

En cuanto a las fiestas locales los ayuntamientos deberán formular la propuesta ante la Dirección General de Trabajo en el plazo de un mes a partir de la publicación de este decreto.