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Acuerdos de gobierno

El Gobierno de Canarias autoriza la creación de la Cámara de Comercio de Lanzarote

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la creación de la Cámara de Comercio de Lanzarote, una iniciativa empresarial que busca dinamizar y aumentar las potencialidades de esta Isla en el escenario de captación de mayores inversiones y de mejora de la balanza comercial del Archipiélago.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18/03, la nueva entidad cameral de Lanzarote cuenta con el respaldo de 2.165 electores solicitantes, que supera el 25% del censo electoral correspondiente a esta Isla. El número de electores de 7.879 en el citado ámbito.

La financiación de esta entidad está asegurada porque en 2003 aportó a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas la cifra de 703.223,98 euros. Estos 2.165 electores suponen más del 20% Lanzarote, toda vez que representaron la cantidad de 373.327,47 euros, es decir, el 53,087%.

El proceso

Las primeras solicitudes de empresarios de Lanzarote recibidas en la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias para pedir la creación de una Cámara de Comercio insular empezaron en junio de 2003 y hasta diciembre de 2004 no cumplen con los requisitos: Que al menos lo solicitasen el 25% de los de la citada liquidación por recurso cameral permanente en Lanzarote, toda vez que representaron la cantidad de 373.327,47 euros, es decir, el 53,087%.

El proceso

Las primeras solicitudes de empresarios de Lanzarote recibidas en la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias para pedir la creación de una Cámara de Comercio insular empezaron en junio de 2003 y hasta diciembre de 2004 no cumplen con los requisitos: Que al menos lo solicitasen el 25% de los electores que, a su vez, representaran una recaudación del 20% del recurso cameral.

El Gobierno de Canarias adaptará la Ley de Aguas a la normativa europea

Las Políticas hidráulicas se vincularán aún más a las actuaciones mediambientales

El Gobierno de Canarias aprobó hoy el inicio del trámite de elaboración del Proyecto de Ley de modificación en la Ley de Aguas de Canarias, que data de 1990, para adaptarla a las directivas comunitarias en aspectos tan fundamentales como la planificación y gestión de las aguas, desde un particular punto de vista medioambiental, haciendo gravitar el sistema a través de un nuevo concepto, la Demarcación Hidrográfica. Con el establecimiento de mecanismos de coordinación entre las Administraciones Públicas competentes en un mismo espacio hidráulico y creando un régimen complementario de planificación medioambiental del agua y un régimen de participación ciudadana en la planificación y gestión medioambiental hidrológica.

Ante la circunstancia de que se hace imprescindible la reforma, el Gobierno de Canarias no olvida el peculiar régimen de aguas en Canarias que encontró un escenario de consenso en la aprobación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, del que además ha disfrutado a lo largo de su larga vida, por lo que parece lógico que las reformas que se proponen se limiten pura y exclusivamente a dar fiel cumplimiento a la Directiva Comunitaria.Además no debe ignorarse el hecho de que ya en el año 1990, la Ley de Aguas reflejó una especial preocupación por la protección del medioambiente, producto, de la especial vulnerabilidad del ecosistema de Canarias; motivo por el cuál, en muchos casos, sólo se tratará de potenciar lo que ya contempla la Ley, y que, en algunos aspectos, incluso se adelantó a las propias leyes medioambientales que han surgido en los últimos años.

El anteproyecto de ley deberá materializar en Canarias la existencia de un órgano de consulta y participación ciudadana en materia de aguas, tal y como se desprende de las exigencias de la Directiva Comunitaria y, además, deberá introducir las competencias que a las Administraciones Canarias le corresponden frente a las Instituciones Comunitarias en materia de protección de la calidad de las aguas, y en particular el mantenimiento de las líneas de información sobre la materia entre las autoridades canarias y las nacionales y comunitarias.

Planificación hidrológica

Asimismo, la modificación tendrá por objeto reformar el contenido de los planes hidrológicos, de acuerdo con la legislación Europea y del Estado, en aquellos aspectos que sean de aplicación,

Los planes hidrológicos en Canarias deberán contener el nuevo concepto de dominio público hidráulico, de acuerdo con los conceptos legales proporcionados por la Ley del Estado.

Asimismo deberán incorporar los programas de medidas básicas y complementarias de protección de la calidad de las aguas que sean necesarios para alcanzar los objetivos medioambientales; Los programas relativos a las aguas costeras y de transición, la integración de los objetivos medioambientales generales y los programas de medidas adoptados para alcanzar los mencionados objetivos, que puedan ser considerados como preceptos básicos en materia medioambiental.

Las exigencias del principio de participación ciudadana y de implicación de todos los sectores públicos afectados por el marco comunitario obliga a reformar la actual Ley de Aguas de Canarias respecto al procedimiento de elaboración y revisión de los Planes Hidrológicos Insulares debiendo garantizar la intervención de las Consejerías del Gobierno de Canarias competentes así como la participación pública.

El nuevo Proyecto de Ley deberá incorporar los correspondientes estudios previos relativos a las características del territorio afectado por el Plan, las repercusiones de la actividad humana sobre las aguas y el análisis económico de los usos del agua.

Igualmente incorporará la necesidad de una programación temporal del trabajo y un estudio general relativo al territorio afectado por el plan; conteniendo sus peculiaridades y las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, y análisis económico del uso del agua.

Y por último, en cuanto a la protección de la calidad de las aguas, lógicamente la Ley de Aguas de Canarias, tendrá que extender su protección a las aguas marinas, o si prefiere, con mayor precisión jurídica, a las aguas costeras.

En cuanto al Régimen Económico del Dominio Público Hidráulico, deberá igualmente reformarse a fin de asumir el principio comunitario de recuperación del coste de los servicios relacionados con el agua, exigiendo con ello la elaboración de estudios de viabilidad económica de los actuaciones que sobre tal dominio se pretendan efectuar incluyendo los de carácter medioambiental, al objeto de racionalizar el consumo del agua, en cualquier forma, así como de priorizar los usos.

En el ámbito de la potestad sancionadora, la Ley de Aguas deberá incorporar expresamente el principio comunitario de quien contamina paga.

Y, asimismo, la Ley deberá establecer el régimen jurídico de imputación de las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la Directiva de la Comunidad Europea, atendiendo al reparto competencial previsto por la legislación estatal y la propia Ley canaria.

Por último, es necesario que la reforma aborde el establecimiento de los distintos plazos que fija la Directiva Comunitaria para el cumplimiento de sus objetivos, y que dicho régimen transitorio sea, además, acorde con el fijado por el Estado en la legislación reformada.

El Gobierno de Canarias concede la encomienda de la Residencia Escolar de Valverde al Cabildo de El Hierro

Con el objetivo de ampliar sus usos educativos y culturales

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó, hoy martes, la formalización del convenio por el que se concede al Cabildo Insular de El Hierro la encomienda de la Residencia Escolar de Valverde, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dicha encomienda incluye la ejecución de las actividades propias de las residencias escolares, así como su dedicación a otros usos, siempre de naturaleza educativa y cultural, entre los que se encuentran los de biblioteca de estudios, centro de la UNED, aulas de formación, centros de estudios de informática y ciclo de Hostelería.

El Cabildo fundamenta su solicitud en la infrautilización actual de esta instalación, pues la apertura del nuevo túnel que une los municipios de Valverde y Las Frontera ha reducido el tiempo de desplazamiento del alumnado residente en el Valle del Golfo, lo que implica la no utilización de la residencia como internado ordinario.

No obstante, las funciones comprendidas en la encomienda pasan por continuar el uso como residencia escolar de régimen ordinario, manteniendo el internado de alumnado de enseñanza de régimen general, en el caso en que, de acuerdo a los criterios establecidos en la normativa autonómica de la ordenación de este tipo de centros, deba procederse a la admisión de alumnos.

También deberá continuar su uso para la realización de actividades extraescolares que requieran alojamiento, de conformidad con lo establecido en la Orden de 17 de abril de 1986, por la que se regula la utilización de los servicios e instalaciones de las residencias escolares durante el periodo lectivo.

Según el convenio, el personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma incluido en la relación de puestos de trabajo de la residencia dependerá, orgánicamente, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y, funcionalmente, del Cabildo herreño. Por su parte, el Cabildo deberá destinar personal suficiente y adecuado para realizar los otros cometidos que le quiera dar a la instalación. También se encargará de la conservación y el mantenimiento de dicho centro educativo, así como de la reposición de mobiliario y otro material inventariable que resulte necesario para las funciones y actividades que se realicen en la misma.

El Gobierno de Canarias aprueba la inversión de 5.220.000 euros para la construcción del Centro de Salud de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, 5 de abril de 2005, el presupuesto para la construcción del Centro de Salud de Triana, por un importe de 5.220.916 euros. Este Centro de Salud, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, contará con una superficie de 3.127 metros cuadrados y atenderá a una población de 13.455 personas con tarjeta sanitaria.

El edificio, que estará ubicado en la calle Bernardino Correa Viera, en la zona del barrio de Triana, tendrá un plazo de ejecución de 26 meses. La Consejería de Sanidad pretende con la construcción de este nuevo centro, además de responder a las necesidades sanitarias de la población de esta zona de la capital grancanaria, reforzar la red de centros de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El proyecto responde a las necesidades planteadas por el SCS consistentes en la siguiente cartera de servicios:

5 consultas generales

7 consultas de enfermería

1 unidad de salud mental

2 consultas de pediatría

1 consulta de matrona

1 sala de educación maternal

1 consulta de urgencias

1 sala de observación de urgencias

1 sala polivalente

1 consulta polivalente

1 consulta de trabajador social

La plantilla del nuevo Centro de Salud de Triana estará compuesta por 7 médicos generales, 2 pediatras, 7 enfermeros, 2 auxiliares de enfermería, 5 auxiliares administrativos, 1 matrona y 1 trabajadora social, que será compartida con el Centro de Salud San Roque-San Juan.

El Gobierno aprueba el convenio de colaboración con el Cabildo de El Hierro para el uso y gestión de la Zona Arqueológica de El Julan

La zona dispondrá de un Centro de Interpretación de dos plantas

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a un convenio de colaboración con el Cabildo Insular de El Hierro, que permitirá regular el uso de la Zona Arqueológica del Julan, ubicada en el municipio de Frontera, así como gestionar, por parte de la corporación insular el Centro de Interpretación, mediante el otorgamiento de un permiso de ocupación temporal.

Este espacio, uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de Canarias, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1985. En él se localizan, además de numerosos enterramientos y zonas de hábitat, grabados rupestres de esencial importancia para el conocimiento de nuestro pasado prehispánico, lo que hace que sea centro de continuas visitas. La trascendencia de la zona determinó que la Administración Autonómica adquiriera una superficie total de 156,99 hectáreas acometiendo, en una parte, las obras de infraestructuras necesarias para la dotación de un Centro de Interpretación

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a un convenio de colaboración con el Cabildo Insular de El Hierro, que permitirá regular el uso de la Zona Arqueológica del Julan, ubicada en el municipio de Frontera, así como gestionar, por parte de la corporación insular el Centro de Interpretación, mediante el otorgamiento de un permiso de ocupación temporal.

Este espacio, uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de Canarias, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1985. En él se localizan, además de numerosos enterramientos y zonas de hábitat, grabados rupestres de esencial importancia para el conocimiento de nuestro pasado prehispánico, lo que hace que sea centro de continuas visitas. La trascendencia de la zona determinó que la Administración Autonómica adquiriera una superficie total de 156,99 hectáreas acometiendo, en una parte, las obras de infraestructuras necesarias para la dotación de un Centro de Interpretación

Tanto el Ejecutivo como el Cabildo de El Hierro confían poder abrir al público estas instalaciones, una de las obras más importantes para el patrimonio de la isla, antes de final de año. Con su apertura el Centro brindará una oferta cultural inigualable que servirá para promocionar la Isla. En la actualidad sólo faltan pequeños remates finales para inaugurar el Parque, como la dotación del Centro a cargo del Gobierno de Canarias y el arreglo de una pista de acceso, responsabilidad del Cabildo herreño.

El Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de El Julan está diseñado en dos plantas: una primera para recepción e información y otra segunda, a modo de voladizo, que permitirá ofrecer una panorámica espectacular de la zona arqueológica y de la Reserva Marina del Mar de las Calmas. El Centro dará contenido a las visitas guiadas, canalizándolas e impidiendo que se produzcan de forma incontrolada, aportando mucha información con soporte didáctico en los que primará el uso de las nuevas tecnologías de la información. Además, este espacio fomentará la investigación sobre la cultura prehispánica en Canarias, ofreciendo viviendas para investigadores y proyección de todo tipo de trabajos relacionados con el Parque.

En este convenio confluyen los intereses de las administraciones representadas, aplicando la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, por la que se regulan las condiciones generales para el otorgamiento de toda clase de permisos de ocupación temporal de los bienes o dominio público, cuya gestión, conservación y administración le corresponden, respetando las disposiciones de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.

El Gobierno de Canarias y El Cabildo Insular de El Hierro interesados en propiciar la visita y el disfrute en condiciones compatibles con su conservación, resuelven firmar este convenio, coordinando sus actuaciones para que la gestión de la Zona Arqueológica de El Julan sea asumida por el Cabildo herreño mediante un permiso de ocupación temporal, por un plazo de diez años prorrogables a la finalización del mismo.

El Gobierno de Canarias aprueba el proyecto de decreto por el que se crean el foro canario de la Sociedad de la Información y el observatorio canario de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

El Foro de la Sociedad de la Información es un órgano de consulta, participación, información, debate y difusión en materia de desarrollo de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en Canarias.

El Foro está presidido por el Consejero competente en materia de Innovación Tecnológica e Informática, siendo vicepresidente el Viceconsejero competente en dichas materia y, además, está integrado por 40 vocales.

El Observatorio se configura como instrumento de seguimiento, análisis y difusión del sector de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones y de la Sociedad de la Información. Lo preside el Director General competente en materia de comunicaciones e informática. El Observatorio estará asistido por una Oficina Técnica.

Como precedente el Gobierno aprobó mediante Decreto 123/04 por el que se aprueba el Foro Canario para el Desarrollo Sostenible y el Observatorio del Desarrollo Sostenible.

Este Decreto es dictado en cumplimiento de la Ley 19/03 de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, que en su Directriz 142.3 de Ordenación General establece el mandato al Gobierno de creación del Foro y del Observatorio.

Asuntos Sociales presenta en Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley de Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas de Canarias

La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias ha llevado al Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley de Participación Institucional, de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Canarias.

El objetivo principal de este anteproyecto es, por un lado, cumplir con los acuerdos de concertación social, suscritos en mayo de 2004, y, por otro, que los agentes económicos y sociales del Archipiélago puedan defender en órganos colegiados los intereses generales, comunes, sectoriales e intersectoriales de los trabajadores y empresarios, de forma distinta de los que se deriven de su derecho a la negociación colectiva.

Se establecen dos niveles de participación de las organizaciones en la estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en función de la materia:

En un primer nivel se encuentran las materias que inciden directamente en los intereses que defienden los sindicatos y las organizaciones en los que la participación se instrumentaliza mediante órganos colegiados de composición tripartita y preferentemente paritaria, mediante norma reglamentaria del Gobierno que crea el nuevo órgano. En los ya existentes el Gobierno se compromete a regularlo en el plazo de un año.

El segundo nivel se establece para aquellas materias que inciden directamente en los intereses que defienden estas organizaciones económicas y sociales y que inciden en las materias de desarrollo económico, políticas sectoriales, sociales, y aquellas otras materias con incidencia en el ámbito laboral y empresarial, y que incidirán en aquellos órganos colegiados que se constituyan a partir de la entrada en vigor de la ley.

A partir de la entrada en vigor de esta nueva ley los agentes económicos y sociales serán informados sobre los anteproyectos de ley o proyectos de reglamentos ejecutivos con incidencia en las materias de su interés; sobre planes sectoriales; anteproyectos de presupuesto de los organismos autónomos y entidades de derecho público y podrán proponer al Gobierno criterios, directrices y líneas generales de actuación de las consejerías de la Administración Pública, organismos autónomos y empresas públicas con competencia en las materias sociolaborales.

los canarios recibirán una bonificación del 20% para los viajes en barco

El Gobierno de Canarias mejora las ayudas para acercarlas a las del transporte aéreo

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy una propuesta del Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez, en el sentido de establecer un proyecto de Decreto mediante el cual se pretende mejorar el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Las Islas Canarias y fijarlo en el 20%.

Esta medida se aplica partiendo de la base de que la Comunidad Autónoma de Canarias ha venido aplicando desde 1987 una política de bonificaciones dirigida a los residentes canarios que utilizan el transporte marítimo en sus desplazamientos interinsulares, con la finalidad de reducir el precio de los billetes y facilitar la movilidad entre Las Islas..

Asimismo, el Ejecutivo ha tenido en cuenta que, tras las negociaciones promovidas por el Gobierno de Canarias con el Estado, éste ha aumentado en cinco puntos su bonificación ¿que era hasta ahora del diez por ciento (10%) del precio del billete- a través de un Real Decreto por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla, quedando finalmente establecida en un quince por ciento (15%) del precio del billete.

El Gobierno de Canarias ha querido, con esta medida, aproximar la bonificación existente en la actualidad en el transporte aéreo para los residentes canarios tras la publicación del citado Real Decreto, que queda cifrada en un treinta y ocho por ciento (38%) total para este ejercicio económico, y con previsiones de aumento en los próximos ejercicios hasta conseguir en 2007 un cincuenta por ciento (50%) como objetivo, y, para ello, estima necesario aumentar en cinco puntos la bonificación existente en el transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias. De este modo, la bonificación a efectuar por la Comunidad Autónoma de Canarias en la citada modalidad de transporte pasa a ser del veinte por ciento (20%) sobre el precio del billete.

Las navieras podrán presentar las solicitudes de reembolso por las bonificaciones efectuadas durante el último trimestre de 2004 y el primero de 2005 en el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto, y con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2005.

En el decreto, que entrará en vigor a partir del 1 de Abril de 2005 se establece que las bonificaciones reembolsables, previstas, serán compatibles y acumulables a aquellas otras que, con el mismo objeto, estén establecidas o se puedan establecer por el Estado y por la Comunidad Autónoma de Canarias, y sin perjuicio de las limitaciones previstas en la normativa de aplicación en materia de subvenciones.¿

Además, se faculta al Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para dictar las disposiciones y resoluciones precisas en desarrollo y ejecución del presente Decreto, y en especial, las órdenes anuales que determinen el plazo de presentación de solicitudes con indicación de su aplicación presupuestaria.¿

El Gobierno de Canarias modifica la Ley de Vivienda para solucionar el problema de la escasez de suelo

El Gobierno de Canarias, a propuesta de los Consejeros de Infraestructuras, Transportes y Vivienda y de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, aprobó en su sesión de hoy el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la actual Ley de Vivienda de Canarias.

Esta medida aporta nuevas soluciones al problema de la escasez de suelo destinado a viviendas, lo que se traducirá en la construcción y posterior disponibilidad de viviendas a un precio asequible.

Entre las propuestas aprobadas destaca la conversión del suelo rústico y la limitación del valor de los terrenos incluidos en el porcentaje de reserva de suelo.

La Ley de Vivienda en vigor, trataba de resolver el problema de escasez de suelo, pero las medidas que planteaba eran insuficientes si previamente no se habilitaba suelo al que, a través de las citadas ayudas, pudieran acceder los distintos promotores.

Por tanto, resultaba de apremiante necesidad acometer una modificación de la Ley de Vivienda de Canarias con la que se pudiera dar respuesta a corto plazo a la disponibilidad de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida.

La nueva propuesta del Gobierno de Canarias permitirá la reclasificación suelo rústico o urbanizable en urbanizable sectorizado o en urbano no consolidado, y, además, ordenará, el suelo ya clasificado como urbanizable o urbano, mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, estableciendo una ordenación pormenorizada del sector o ámbito en cuestión y plantea un procedimiento abreviado para la tramitación de esa modificación.

Por otra parte, El Ejecutivo Canario pretende contar con las previsiones normativas necesarias para reservar suelo para la construcción de viviendas protegidas, con el fin de conseguir la construcción y posterior disponibilidad de viviendas a un precio asequible. Para ello es necesario que la nueva Ley contenga medidas, tales como la limitación del valor de los terrenos incluidos en el porcentaje de reserva de suelo correspondiente.

Ante esta situación, el contenido esencial del Anteproyecto consiste, en primer lugar, en la modificación del artículo 27 de la actual Ley de Vivienda, al que se le añade un apartado con el objetivo de limitar la participación del valor del suelo sobre el coste de las viviendas protegidas, y establece que el valor de los terrenos no podrá exceder del 15 por ciento de la cifra que resulte de multiplicar el precio máximo de venta del metro cuadrado de superficie útil vigente en el momento de la transmisión, según el tipo de vivienda protegida a construir, por la superficie útil de la vivienda y demás edificaciones protegidas a construir en dicha parcela. Todo ello, con independencia de que el municipio correspondiente haya sido o no declarado como de preferente localización de viviendas protegidas.

En segundo lugar, se modifica otra disposición de esta Ley, en el sentido de que añade, un apartado orientado a permitir la reclasificación de suelo rústico, contiguo a urbano, en urbanizable ordenado mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, en la que se establece la ordenación pormenorizada del sector, estableciéndose al mismo tiempo, un procedimiento abreviado para la tramitación de dicha modificación puntual, así como la obligación de ejecutar dicho planeamiento en un corto periodo de tiempo. En la nueva normativa se especifican los municipios a los que les sería aplicable dicha modificación.

El suelo objeto de reclasificación debe cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:

Al menos el 50% del aprovechamiento del sector o ámbito objeto de ordenación debe destinarse a la construcción de viviendas protegidas.

El suelo objeto de reclasificación debe ser contiguo a urbano o a urbanizable y en ningún caso podrá estar encuadrado dentro de las categorías de suelo rústico que alberguen valores naturales o culturales precisados de protección ambiental, ni estar clasificado como suelo urbanizable de uso turístico en que esté prohibido expresamente la construcción de viviendas protegidas.

La superficie mínima objeto de actuación por nueva clasificación de suelo urbanizable será de dos hectáreas salvo en el caso de que se trate de modificaciones que afecten a suelos urbanos no consolidados que podrán aceptarse superficies menores, siempre que se justifique adecuadamente.

En cuanto a la afectación de suelo, la nueva Ley atribuye a los Planes Insulares de Ordenación y en su defecto, a los Planes de Vivienda, la determinación de aquellos municipios a los que se califica como municipios de preferente localización de viviendas protegidas.

La consecuencia de que un municipio sea declarado de esta manera, es que en su Plan General habrá de destinar a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, el 25% del aprovechamiento con destino residencial del conjunto de suelos urbanizables y urbanos no consolidados.

El Gobierno de Canarias aprueba el reglamento orgánico de la consejería de Empleo y Asuntos Sociales

El Consejo de Gobierno acordó autorizar el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

De esta manera, se refunde en un solo texto toda la normativa referente a las competencias de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que se agrupan en la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, es decir, la regulación de la actividad y la organización administrativas bajo la dirección del Gobierno de Canarias en las áreas de empleo, el trabajo y la seguridad laboral, los servicios sociales, la protección y reforma de menores y la familia, la juventud.

A través de este decreto se introducen nuevas modificaciones, entre ellas la actualización de órganos superiores, ya que se extingue la Viceconsejería de Asuntos Sociales y se crea la Viceconsejería de Asuntos Sociales e Inmigración (Decreto 123/2003 de 17 de julio).

Como novedad, en este decreto se definen las nuevas competencias de la Viceconsejería de Asuntos Sociales e Inmigración, entre las que destacan la elaboración, coordinación y supervisión del Plan canario de la Inmigración, el impulso de la ejecución de las políticas asistenciales a la inmigración del Gobierno de Canarias, la gestión de ayudas y subvenciones destinadas a las personas inmigrantes que requieran la atención de los servicios sociales, y la emisión de de informes sobre los proyectos normativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que incidan directamente en materia de inmigración.

Además, se crean nuevas estructuras orgánicas bajo la forma de institutos, sin personalidad jurídica, que agrupan órganos colegiados y unipersonales, como son el Instituto Canario de la Juventud, y el Instituto Canario de Seguridad Laboral.