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El proyecto de ley reguladora de la licencia comercial no modifica los horarios comerciales de Canarias

* La normativa sólo abre la posibilidad para que sean las propias asociaciones de comerciantes las que soliciten la declaración de zonas de gran afluencia turística

La Consejería desmiente que el proyecto de ley aprobado contemple la libertad de horarios comerciales

El proyecto de ley reguladora de la licencia comercial específica aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno y que será remitido al Parlamento de Canarias para su debate, no modifica los horarios comerciales establecidos legalmente en el Archipiélago. El texto legal da cuenta en su disposición adicional primera de la modificación de artículos de la Ley 4/1994, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, entre ellos, el que trata de los horarios comerciales. Esa modificación afecta únicamente a la determinación de las zonas de gran afluencia turística. Como se puede comprobar en el párrafo siguiente, el procedimiento para la declaración de dichas zonas se iniciará únicamente a petición de las asociaciones de empresarios del sector del comercio más representativas en la zona y teniendo en cuenta la opinión de diversos colectivos y administraciones.

En las zonas declaradas de gran afluencia turística los comercios tienen libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público. En este sentido, el proyecto de ley tramitado por el Gobierno de Canarias deja muy claro que «la determinación de las zonas de gran afluencia turística corresponderá al consejero competente en materia de comercio, que habrá de adoptar su decisión a solicitud de las asociaciones de empresarios del sector del comercio más representativas en la zona, oídas las asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones empresariales y sindicales más representativas y la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación competente por razón del territorio, y previo informe del correspondiente ayuntamiento y de la Consejería competente en materia de Turismo».

Por otra parte, el anteproyecto de ley reguladora de la licencia comercial establece claramente que como norma general, «los comercios no podrán permanecer abiertos al público durante un número de horas que exceda de 90 en el conjunto de días laborables de la semana», así como que «a lo largo del año, los establecimientos comerciales no podrán abrir al público durante más de 9 días que tengan la consideración de domingos o festivos». De este modo, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio desmiente las informaciones que se están vertiendo y que señalan que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno establece la libertad de horarios comerciales. Por tanto, la Consejería quiere dejar claro que ni se han modificado ni los horarios ni el número de días festivos o domingos en los que los comercios radicados en Canarias pueden permanecer abiertos al público.

Los expertos apuestan por estar pendientes de los gustos del nuevo consumidor surgido de la crisis y aconsejan reinventar los negocios para hacerlos más rentables

Son algunas de las conclusiones expuestas por los distintos especialistas en Economía o Urbanismo dentro del IV Congreso de Zonas Comerciales Abiertas clausurado hoy por el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Arturo Cabrera

El IV Congreso de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias ha concluido con un llamamiento a la diferenciación y especialización para tratar de captar al nuevo consumidor surgido de la crisis económica mundial, advirtiendo de la necesidad de renovación de los negocios para poder ser más competitivo.

Los expertos aseguran que en etapas de estancamiento del consumo estas áreas comerciales se deben «reinventar» porque está demostrado que los comercios con éxito son los que han cambiado su estrategia, basándose en el gusto del consumidor actual, sin olvidar las acciones encaminadas a la potenciación del producto ofertado.

Los distintos especialistas en áreas como la Economía, Sociología o Gestión Urbanística han alertado sobre los actuales consumidores, «son cada vez más y mejor informados, ya que meditan más racionalmente sus decisiones de compra en tiempos de crisis», por lo que han aconsejado a los pequeños y medianos comercios de las Islas «realizar un ejercicio de seducción comercial hacia el comprador aprovechando la proximidad de estos espacios a los ciudadanos».

Se trata de algunas de las conclusiones del cuarto Congreso de Zonas Comerciales Abiertas, clausurado hoy por el director general de Comercio, Arturo Cabrera, y la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez. Ante los 300 asistentes, Arturo Cabrera se felicitó por el «éxito de participación» y animó a los asistentes a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las jornadas.

Asimismo, en el encuentro celebrado en ExpoMeloneras, en San Bartolomé de Tirajana, el sector consideró conveniente llevar a cabo una sinergia entre los medianos y pequeños negocios para aprovechar la cercanía con el consumidor y poder competir en precios con el resto.

Por otro lado, a juicio de asistentes y expertos se abordó la necesidad de contar con diferentes modelos de gestión de una zona comercial abierta, valorándose la opción de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) como una fuente de financiación coherente con el proyecto y necesidades de un área urbana. Los profesionales del sector manifestaron que las políticas de financiación requieren de un esfuerzo imaginativo, que permita combinar instrumentos financieros más novedosos con los más tradicionales. Añadieron que requiere el análisis exhaustivo de la actual oferta financiera y la complementariedad con ayudas públicas procedentes de las administraciones para la financiación de proyectos singulares y de infraestructuras.

El IV Congreso de Zonas Comerciales Abiertas celebrado bajo el lema Reinventado la ciudad comercial trató también la gestión de los espacios urbanos en la búsqueda de modelos idóneos de ciudad, partiendo de la reflexión estratégica de qué queremos ser pero también de qué nos hace diferentes, evitando ser urbes copiadas unas de otras, como un fenómeno desgraciadamente recurrente en los últimos años, advirtieron los expertos.

Esta cuarta edición fue inaugurada ayer por el consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, quien instó a «fomentar el asociacionismo entre los pequeños y medianos comercios para que sean más fuertes y puedan ser más competitivos» y se comprometió a continuar con el programa de dinamización de Zonas Comerciales Abiertas, que hasta 2009 ha actuado en 44 municipios, con una inversión de más de 50 millones de euros, y se pretende llegar en 2015 a un total de 88 municipios.

El proyecto de ley de Licencia Comercial promueve el equilibrio entre los distintos modelos comerciales en Canarias

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El texto adapta la legislación canaria a la nueva normativa europea y supone una simplificación administrativa de gran calado en materia de comercio

El proyecto de ley reguladora de la Licencia Comercial tiene por objeto regular la implantación, ampliación y traslado de superficies comerciales al por menor adaptando su contenido a los nuevos criterios impuestos por la Unión Europea en la Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior. El espíritu del proyecto de ley propuesto por el Gobierno canario promueve garantizar el equilibrio entre los distintos modelos comerciales en Canarias, sin olvidar la necesidad de atender las variaciones de la demanda de los consumidores. Todo ello, manteniendo medidas de control sobre la afección medioambiental y territorial que puede generar la instalación de grandes establecimientos y centros comerciales, tal y como permite la propia normativa europea para territorios con especiales características geográficas como Canarias.

El texto aprobado por el Gobierno canario y elevado ya al Parlamento de Canarias para su inminente debate, también aborda una ligera modificación de la normativa reguladora de los horarios comerciales y desarrolla la legislación sobre la actividad ferial, completando así la regulación sobre el comercio interior en Canarias.

Los términos del proyecto de ley son fruto de un amplio proceso participativo en el que el Gobierno canario ha escuchado y estudiado las propuestas emitidas al respecto por distintos colectivos, asociaciones, grupos empresariales, administraciones públicas, representantes de los consumidores, agentes sociales, entre otros.

El proyecto de ley mantiene viva la existencia de la licencia comercial por motivos territoriales y medioambientales, causas justificativas aceptadas por la normativa europea para establecer una excepción a la norma general de abolir las licencias comerciales específicas en todo el territorio comunitario.

El Gobierno canario considera que las peculiares características territoriales y ambientales de Canarias son motivo sobradamente justificado para que la UE acepte que este archipiélago mantenga cierto control sobre la implantación de nuevos establecimientos comerciales en un territorio fragmentado, escaso y con numerosos espacios naturales protegidos, planteamiento que cuenta con el respaldo del criterio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España.

El articulado de este proyecto de ley especifica una serie de superficies de venta a partir de las que los grandes establecimientos comerciales y los centros comerciales de actividad minorista deberán solicitar licencia comercial para su apertura, ampliación o traslado. La cantidad de metros cuadrados está detallada por islas, aplicando para su definición criterios territoriales y demográficos.

Concretamente, para los grandes establecimientos comerciales, deberán solicitar licencia si superan los 2.500 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al por menor en Tenerife y Gran Canaria; los 1.800 metros cuadrados en Lanzarote; los 1.500 metros cuadrados en Fuerteventura y La Palma, y los 750 metros cuadrados en La Gomera y El Hierro.

El texto introduce la definición de superficie discontinua como concepto por el que la normativa medirá la implantación de una misma empresa o grupo de empresas en una isla. Requerirá de licencia comercial específica cuando la suma de metros de todas sus tiendas en una misma isla supere los siguientes topes: 7.500 metros cuadrados en Tenerife y Gran Canaria; 5.400 metros cuadrados en Lanzarote; 4.500 metros cuadrados en Fuerteventura y La Palma, y 2.250 metros cuadrados en La Gomera y El Hierro.

La norma define centro comercial como unidad comercial constituida por el conjunto de establecimientos comerciales situados en un mismo recinto, vinculados entre sí por una planificación, gestión, promoción y administración común en los que se ejerzan las actividades de forma empresarial independiente y, en los que puedan existir, en su caso, como de uso complementario, establecimientos dedicados a actividades de ocio, restauración u otras. Se consideran también centros comerciales, los parques comerciales integrados por un conjunto de edificaciones de uso comercial, ubicados en un mismo área común urbanizada.

Los centros comerciales que quedan sujetos a la licencia serán aquellos en los que la superficie útil de venta de los comercios integrados en ellos supere los siguientes topes: 9.000 metros cuadrados en Tenerife y Gran Canaria, 6.000 metros cuadrados en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, y 3.000 metros cuadrados en La Gomera y El Hierro.

Las licencias comerciales se otorgarán valorando 11 criterios descritos en el proyecto de ley. La mayoría de estos criterios están relacionados con cuestiones ambientales, accesibilidad viaria, preservación de espacios, sostenibilidad ambiental y revitalización de entornos. También está incluido un criterio sobre calidad del empleo y compromiso de incorporación al mercado de colectivos de difícil inserción, defensa de los derechos de los consumidores o la promoción de nuevas tecnologías.

El proyecto de ley crea la figura de los planes territoriales especiales de grandes equipamientos comerciales, en los que se detallará la ordenación por cada isla de las zonas habilitadas para la instalación de establecimientos comerciales. La licencia comercial específica deberá respetar lo contenido en dicho plan, siendo sólo apto un proyecto si coincide con lo previsto en la planificación. Estos documentos de planificación medirán el impacto en cada isla sobre el sistema viario, las infraestructuras y servicios públicos, el entorno urbano y natural y la contaminación atmosférica y lumínica.

El proyecto de ley realiza un notable esfuerzo en la simplificación y modernización administrativa en materia de comercio, siendo éste uno de los principales objetivos de la Directiva relativa a los Servios en el Mercado Interior. El texto promueve la creación de una ventanilla única en la que el promotor de una instalación comercial podrá canalizar todos los trámites administrativos necesarios para abrir, trasladar o ampliar un establecimiento comercial.

Insinuar que los concursos eólicos en Canarias pueden dar lugar a indemnizaciones millonarias es una interpretación sesgada y malintencionada de la legislación

La adjudicación a un determinado promotor de potencia eólica para verter toda la energía a la red no le exime de cumplir con el resto de requisitos legales, territoriales y medioambientales que sean exigibles para su instalación

La Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha orientado todo el proceso de adjudicación de la potencia eólica en las islas a dotar a los concursos de las máximas garantías legales posibles. De hecho, la mayor parte de las dilaciones durante todo el proceso de adjudicación se deben al seguimiento de forma escrupulosa de la legalidad vigente y al proceso de consultas permanentes establecido para los promotores, con el fin de que estos contasen con la máxima información durante todo el proceso.

Por este motivo, no se puede considerar sino como una interpretación sesgada y malintencionada la afirmación de que la mayoría de los parques adjudicados serán imposibles de construir, por vulnerar el artículo 4 de la Ley de Medidas Urgentes. Dicho artículo se incluyó en el texto legal como una vía para mejorar las rentas agrarias, permitiendo a los propietarios de los terrenos en explotación destinar el 10% de su superficie a la instalación de energías renovables, hasta un máximo de 1,5 megavatios.

Sólo el deseo de entorpecer el desarrollo energético de Canarias o de crear incertidumbre sobre las actuaciones de esta Consejería, para sacar rédito político, pueden motivar la interpretación de este artículo como una limitación. Cualquier persona con un mínimo conocimiento de leyes, se habría leído el texto completo y habría observado que el mencionado artículo no puede aplicarse a los grandes parques de producción de energía eólica, puesto que las grandes explotaciones eólicas son consideradas de interés público y por tanto quedan reguladas por el artículo 62 de dicha ley, que define los llamados proyectos de actuación territorial.

Este artículo establece, textualmente, que: «Los Proyectos de Actuación Territorial son instrumentos que permiten con carácter excepcional, y por razón de interés público o social, la previsión y realización de obras, construcciones e instalaciones precisas para la implantación en suelo rústico no clasificado como de protección ambiental, de dotaciones, de equipamiento, o de actividades industriales, energéticas o turísticas que hayan de situarse necesariamente en suelo rústico o que por su naturaleza sean incompatibles con el suelo urbano y urbanizable y siempre que dicha implantación no estuviere específicamente prohibida por el planeamiento.»

En las últimas 24 horas también se ha podido escuchar la comparación de los concursos eólicos con casos que han dado lugar a la imposición de indemnizaciones millonarias contra la Comunidad Autónoma. Se ha afirmado que la concesión de la potencia eólica en los concursos daría lugar a cuantiosas indemnizaciones, cuando los promotores no pudiesen instalar los parques por haber elegido suelo que no cuenta con los requisitos legales necesarios para hacerlo.

De nuevo, se vuelve a intentar crear la duda sobre las actuaciones del Gobierno de Canarias, con argumentos falaces y fácilmente rebatibles. De hecho, en las propias órdenes de adjudicación de potencia se especifica que dicha adjudicación no exime de la obtención del resto de los permisos necesarios, con párrafos como éstos:

«La instalación de los parques eólicos estará sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ecológico que, en su caso, le fuera de aplicación e, igualmente, estará sujeta a licencia urbanística y a cualesquiera autorizaciones que le sea de aplicación según el marco normativo vigente, conforme establece el artículo 14.4 del Decreto 32/2006, de 27 de marzo.

En consecuencia, la asignación de potencia se hace tan sólo respecto a lo dispuesto en el Decreto 32/2006, de 27 de marzo, por lo que la instalación de los parques eólicos precisará, además, de otras autorizaciones preceptivas que determine el ordenamiento jurídico, en especial, la normativa vigente en materia de ordenación del territorio.»

De lo anteriormente expuesto, es fácil deducir que la única posibilidad para no autorizar la instalación de un parque eólico es que se proyectase en un suelo expresamente prohibido para este fin, en cuyo caso no cabría lugar a indemnizaciones, o que las autoridades locales denieguen las licencias pertinentes, por razones de las que sólo ellas son responsables y que sólo ellas tendrán que explicar, por mucho que desde algunas se intente sembrar la duda sobre las actuaciones de esta Consejería, para no tener que justificar su fracaso en la elaboración de proyectos adecuados para ganar el concurso de adjudicación de potencia.

El SCE financiará la contratación de más de 500 desempleados mediante proyectos de colaboración con organismos sin ánimo de lucro

Las subvenciones ascienden a 5,6 millones de euros y harán posible la puesta en marcha de más de 150 proyectos dirigidos a la realización de obras y servicios de interés general y social

El Servicio Canario de Empleo (SCE) financiará con 5,6 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, la contratación de más de 500 personas desempleadas mediante proyectos de colaboración con los órganos de la Comunidad Autónoma, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro. Las subvenciones servirán para la puesta en marcha de más de 150 proyectos dirigidos a la realización de obras y servicios de interés general y social.

Entre los proyectos aprobados destacan aquellos que prestan servicios de integración laboral, atención a menores tutelados, intervención familiar o rehabilitación psicosocial, así como los referidos a la actividad física y salud de las personas mayores, actividades de apoyo a colectivos desfavorecidos, el asesoramiento y apoyo a personas en situación oncológica y sus familiares, integración de personas con discapacidad, intervención socioeducativa con el colectivo de inmigrantes, atención a enfermos de alzheimer o información integral sobre VIH/SIDA, entre otros.

Las personas desempleadas que serán contratadas para llevar a cabo este tipo de proyectos son, en su mayoría, psicólogos, pedagogos, maestros, educadores sociales, animadores socioculturales, trabajadores sociales, orientadores laborales, cuidadores de ayuda a domicilio, auxiliares administrativos y fisioterapeutas.

Los proyectos para la realización de obras y servicios de interés general y social que financia el SCE satisfacen un doble interés. En primer lugar, cubren las necesidades de las entidades con las que se colabora y, en segundo lugar, ofrecen la oportunidad a los demandantes de empleo de adquirir una experiencia laboral mínima que pueda facilitar su futura inserción en el mercado de trabajo, canalizando hacia ocupaciones que faciliten una mayor estabilidad en el empleo la práctica laboral que han adquirido.

Para conseguir el objetivo de mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas, el SCE aplica el criterio de no repetición y rotación para la selección de los beneficiarios, de manera que se consiga reducir los periodos de inactividad por desempleo y se ofrezcan escenarios atractivos a la emergencia laboral.

El Centro Nacional de Formación Ocupacional de Los Realejos consigue ser referencia estatal en el área de Jardinería

La formación y las instalaciones de este centro del SCE obtienen la máxima puntuación

El Consejo General de Formación Profesional ha designado al Centro Nacional de Formación Ocupacional (CNFO) de Los Realejos referencia estatal en el área de Jardinería. La formación impartida en esta especialidad y las instalaciones de este centro del Servicio Canario de Empleo (SCE) han obtenido la máxima puntuación en el proceso de evaluación.

Esta calificación como Centro de Referencia Estatal en el área de la Jardinería supone un reconocimiento a la labor desarrollada en los últimos 18 años, en los que se han impartido cursos para personas desempleadas y de perfeccionamiento técnico docente en Jardinería. En Los Realejos se han formado 372 docentes en los 3 últimos años e impartido 17 cursos de ámbito nacional con más de 200 alumnos.

Respecto a las instalaciones, el informe de evaluación destaca sus «excelentes» condiciones para el trabajo de la Jardinería, con un terreno exterior muy cuidado y extenso, además de una zona con todo el equipamiento necesario para los viveros.

El CNFO de Los Realejos es un centro referente, tanto por las amplias y completas instalaciones en un emplazamiento privilegiado en el Valle de la Orotava, como por la capacidad profesional del equipo técnico que compone el centro. Asimismo, desarrolla acciones de ámbito nacional con eficacia y de gran calidad, al mismo tiempo que realiza trabajos de investigación y recursos didácticos.

El sector de la Jardinería ha experimentado en Canarias una gran evolución en cuanto a volumen de empleo y desarrollo tecnológico. Por este motivo, su productividad ha crecido de manera considerable y supone en la actualidad un nuevo yacimiento de empleo relacionado con el cuidado del medioambiente.

Por otra parte, la próxima reunión del Consejo General de Formación Profesional abordará la propuesta para que el Centro Nacional de Formación Ocupacional (CNFO) de Las Palmas sea considerado centro de referencia nacional en el área de Imagen.

El SCE financia un curso para el mantenimiento de aeronaves con un compromiso de contratación de al menos el 60% de los participantes

La subvención del SCE para esta acción formativa es de 555.000 euros

El director del Servicio Canario de Empleo (SCE), Alberto Génova, y la subdirectora de formación, Dunia Rodríguez, visitaron las instalaciones en las que M. T Roalmed S L imparte el curso Mantenimiento de Aeronaves, que cuenta con un compromiso de contratación de al menos el 60% de los 25 participantes y está subvencionado por el SCE con 555.000 euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

Junto a la acción formativa principal, se desarrollarán módulos transversales de sensibilización en la igualdad de oportunidades, inserción laboral, técnicas de búsqueda de empleo y sensibilización ambiental.

La entidad beneficiara deberá velar, a través de un adecuado proceso de selección de los participantes, por que los alumnos seleccionados tengan las aptitudes adecuadas para estar en condiciones de superar con éxito la fase de formación y que su número permita alcanzar el porcentaje de contratación.

Aún así, el SCE se encargará de supervisar el procedimiento de selección, la eficaz gestión de la acción conforme a la legalidad vigente y la comprobación de los compromisos de contratación de alumnos. También ejercerá el control de calidad, mediante la supervisión de la idoneidad del profesorado, de los materiales didácticos y cualquier otro elemento que incida en la misma, haciendo cumplir lo previsto en los programas contenidos en el fichero de especialidades del Servicio Público Estatal de Empleo.

El plazo de realización del convenio será de 2 años y 6 meses. En este sentido, las contrataciones se formalizarán a partir de la finalización de la acción formativa con una modalidad de contrato temporal, por un periodo de 6 meses, sin perjuicio de que sea renovado por acuerdo de las partes. En todo caso, será preferentemente de carácter indefinido o, en otro caso, tener como mínimo una duración no inferior a 6 meses a jornada completa o de 12 meses a media jornada.

El SCE prevé superar a final de año el 90% en su ejecución presupuestaria

El gasto comprometido a 21 de septiembre es de 176.705.833 euros

El SCE prevé conseguir una ejecución presupuestaria en el ejercicio 2009 superior al 90%, al igual que sucedió en 2008, cuando se alcanzó un porcentaje de ejecución del 93%, el mayor en la historia del organismo autónomo.

A 21 de septiembre el porcentaje de ejecución del SCE es del 61,2%, una cifra similar a la del año pasado y que permite estimar una muy buena ejecución presupuestaria al término del año 2009. Esto significa que del total de crédito

disponible se ha comprometido 176.705.833 euros.

El crédito total disponible para el ejercicio 2009, incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas y las retenciones de no disponibilidad por política

presupuestaria (austeridad en el gasto corriente), asciende a 288.422.255 euros.

Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de La Aldea ponen en marcha un Plan para erradicar la plaga de la mosca blanca y fomentar el empleo en el municipio

Un total de 41 trabajadores llevarán a cabo las distintas actuaciones del Plan de Fomento del Empleo e Higiene Rural de La Aldea

El consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez; el director general de Agricultura, Domingo Bueno; y el alcalde accidental de La Aldea de San Nicolás, Sergio Rodríguez, visitaron hoy una de las fincas donde se intervendrá dentro del Plan de Fomento del Empleo e Higiene Rural de La Aldea, cuyo objetivo es la erradicación de la mosca blanca en los cultivos del tomate y la generación de puestos de trabajo en el municipio.

El comienzo de estos trabajos es fruto de la colaboración entre administraciones y del compromiso por aunar esfuerzos para encontrar soluciones a la difícil situación que atraviesan los empresarios y trabajadores del sector primario de La Aldea de San Nicolás, debido a los estragos ocasionados por la plaga de la mosca blanca, que ha conllevado la pérdida de numerosos empleos.

Para la puesta en marcha de este Plan de Fomento del Empleo e Higiene Rural de La Aldea, el Servicio Canario de Empleo (SCE) financia al Ayuntamiento de La Aldea la contratación de 6 capataces agrícolas y 35 peones agrícolas, en situación de desempleo. El SCE destina alrededor de 250.000 euros a sufragar los costes salariales y de Seguridad Social de estos trabajadores.

También al SCE le corresponderá la intermediación laboral para la contratación de este personal, que se hará cargo de las labores de erradicación de la plaga de la mosca blanca, bajo la supervisión y dirección de la Consejería de Agricultura, que aporta 2 ingenieros técnicos agrícolas y cuantiosos medios materiales.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Aldea pone a disposición los medios humanos y materiales necesarios y vela por la óptima implantación del Plan. Asimismo, ha impulsado la incorporación de las cooperativas agrícolas del municipio al presente convenio, con el objetivo de que el Plan consiga la mayor efectividad posible en la lucha contra la plaga.

Las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de este Plan consisten en la retirada de los residuos agrícolas acumulados en las explotaciones, su depósito en los lugares acondicionados para tal fin y la realización de cuantas medidas sean necesarias para combatir y prevenir la proliferación de esta y otras plagas en la zona.

A diferencia de otros municipios, el sector agrícola tiene una gran importancia en la economía de La Aldea, de modo que de no desarrollarse las medidas contempladas en el convenio de colaboración, se podría llegar a tasas de desempleo muy elevadas, debido a la cada vez más baja producción agrícola. Por este motivo, las administraciones firmantes pondrán todos sus esfuerzos en la inmediata puesta en marcha de las actuaciones contempladas en el Plan para el Fomento del Empleo e Higiene Rural, cuya vigencia será de un año, con posibilidad de prórroga.

Los proyectos experimentales de Empleo recibirán más de 2 millones de euros para impulsar la inserción laboral

Mañana, día 26 de agosto, se abre el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de este año para programas experimentales en materia de Empleo con un compromiso de inserción superior al 35% de los participantes

El Servicio Canario de Empleo publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de este año correspondiente a los programas experimentales en materia de Empleo, cuya partida presupuestaria asciende a 2.167.411,95 euros. Por programas experimentales se consideran todos aquellos que hacen un seguimiento especial del desempleado, ofreciéndole una atención integral, desde la información previa al comienzo de la búsqueda de empleo, hasta el asesoramiento sobre puestos específicos y la realización de prácticas laborales en empresas.

Esta línea de subvenciones se dirige principalmente a los colectivos de más difícil inserción en el mercado laboral y pretende que logren un puesto de trabajo a través de este tipo de acompañamiento durante todo el proceso, de tal manera que el primer requisito que se exige a los solicitantes es que se comprometan a insertar al menos al 35% de los participantes en el programa, que no podrán ser menos de sesenta. Además, para considerar que la inserción se ha realizado con éxito, los desempleados habrán de permanecer un mínimo de seis meses en el puesto de trabajo que hayan conseguido gracias al programa experimental.

Las características específicas de este programa hacen que el baremo empleado para evaluar los programas pondere especialmente la contratación de colectivos de muy difícil inserción laboral, tales como excluidos sociales, discapacitados, inmigrantes, etcétera. Otros criterios de valoración son: el carácter innovador del programa; el grado de inserción laboral de los participantes en el programa al que se comprometa la entidad solicitante; la financiación propia y la experiencia acreditada de la entidad solicitante en actuaciones de acompañamiento a la inserción laboral y mejora de la ocupabilidad de los demandantes de empleo.

Las entidades sin ánimo de lucro interesadas en acogerse a las ayudas pueden obtener los formularios a rellenar en la página web del Servicio Canario de Empleo http://www2.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/portalInicio/subvenciones/subvenciones2009emp.html, o a través del apartado de Ayudas y Subvenciones de la página web del Gobierno de Canarias. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de septiembre.