El Presidente recalcó que ésta etapa se caracterizará porque será ‘el Gobierno de la gente’

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, presentó hoy a los periodistas a su nuevo equipo de comunicación, tras la toma de posesión de los mismos como viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, Martín J. Marrero, director general de Comunicación, Jaime Pérez Llombet y Portavoz del Gobierno, Carolina Déniz de León.

Rivero felicitó a los nuevos cargos de quiénes dijo esperar que «fueran un vehículo entre el Gobierno y la sociedad, y un paso más que propicie la transparencia de la gestión». Añadió que «el Gobierno tiene la obligación de informar sobre sus actuaciones y explicar el por qué de las mismas, así como los ciudadanos tienen el derecho de conocerlo».

Por otra parte, Rivero anunció que esta etapa de transparencia, el presidente del Gobierno de Canarias comparecerá habitualmente en la cámara parlamentaria regional para responder ante los temas que se requieran. Dijo estar convencido de que el Parlamento debe de ser el centro político que permita a los ciudadanos conocer la actividad de sus gestores políticos.

Ambas emisiones son aptas para materializar las dotaciones a la RIC

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, ha acordado en su reunión de hoy, martes 4 de septiembre, solicitar del Gobierno de la Nación la aprobación de la cuantía y destino de la emisión de deuda pública del Cabildo Insular de Gran Canaria, por importe de 34.995.731 de euros, y del Cabildo Insular de Tenerife, por importe de 60.730.000 euros. Ambas emisiones son aptas para materializar las dotaciones a la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC).

El Gobierno de la Nación es quien autoriza la cuantía y destino de las emisiones de deuda pública, a propuesta de la Comunidad Autónoma y previo informe del Comité de Inversiones Públicas.

Para que la emisión de deuda pública apta para materializar las dotaciones a la RIC sea autorizada por Estado, debe ser dirigida a financiar inversiones en infraestructura y equipamiento o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario, según el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

La deuda pública será destinada a financiar actuaciones incluidas en áreas que también fueron financiadas el ejercicio anterior con deuda pública apta pata materializar las dotaciones a la RIC.

El Ejecutivo adopta esta decisión tras la negativa del Estado a entablar negociaciones

El Gobierno de Canarias presentó el pasado día 29 de agosto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo por «invasión de competencias», según aseguró hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano.

El Consejo de Gobierno acordó el día 7 de agosto intentar abrir negociaciones con el Estado y, en el caso de que no fructificasen, tramitar el recurso de inconstitucionalidad, tal como finalmente se ha hecho tras rechazar el Gobierno central la propuesta canaria.

En el recurso presentado por el Gobierno de Canarias se niega la competencia del Estado para imponer la reserva del 30 por ciento de la edificabilidad residencial para viviendas sujetas a un régimen de protección. Esta reserva, que se trata de una determinación propia de las materias de urbanismo y vivienda, «corresponde a la competencia exclusiva autonómica».

La Ley del Suelo dedica una serie de preceptos a regular actuaciones de transformación urbanística (urbanización y dotación). En el recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de Canarias considera que «la transformación urbanística es una actividad materialmente urbanística, cuya regulación compete a la Comunidad Autónoma». De hecho, el Tribunal Constitucional la ha calificado como uno de los núcleos centrales que integran la materia «urbanismo» y no admite la regulación de este asunto por parte del Estado.

Otra de las materias en las que dicha ley incurre en una invasión de competencias es la regulación de los procedimientos especiales para la aprobación de los planes creados por la Comunidad Autónoma.

Finalmente, existen tres disposiciones transitorias que contienen regulaciones sustantivas en materias sobre las que el Estado carece de competencias, y que han sido dictadas con carácter supletorio hasta que las Comunidades Autónomas dicten su propia regulación. Sobre esta cuestión, se niega en el recurso la competencia del Estado para dictar normas de derecho supletorio en materias sobre las que no tiene ningún título competencial que le ampare, según se dicta en el informe jurídico.

El proyecto será cofinanciado por el Fondo de Cohesión y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, ha autorizado el gasto de 8.914.862,56 euros, destinados a financiar la redacción del proyecto para la ejecución de las obras y la puesta en marcha de una planta de compostaje en el complejo ambiental de Arico, en la isla de Tenerife.

Esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), persigue dotar al complejo ambiental de Arico de nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos como consecuencia de la implantación de nuevos métodos de gestión, además de ir completando las obras de urbanización, conforme se van integrando superficies e instalaciones en el citado complejo, con las protecciones ambientales que son exigibles hoy en día.

El presupuesto de licitación para la ejecución de las obras y la puesta en marcha de la planta de compostaje en el complejo ambiental de Arico, se distribuirá en dos anualidades para el año 2007 y 2008, que ascienden a 4.748.166,92 ¿ y 3.371.015,74 ¿ respectivamente.

Cada una de las anualidades se divide a su vez en varios proyectos de inversión. De este modo, la partida del año 2007 incluye 647.249,51 euros para proyectos y obras del Fondo de Cohesión Tenerife, 649.775.41 euros para acciones de control y estudio del FEDER, 1.333.333,0 euros para diversas actuaciones del Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN)», 1.333.333 euros para actuaciones del PIRCAN Tenerife y 784.476,00 para residuos POIC 2000-2006.

Asimismo, la partida del año 2008 destinará otros 3.229.512,14 euros para proyectos y obras del Fondo de Cohesión Tenerife y 141.503,60 para diversas actuaciones del PIRCAN.

Acordado hoy en el Consejo de Gobierno celebrado en Las Palmas de Gran Canaria

José Miguel Ruano, consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad informó hoy del acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno de solicitar al Gobierno del Estado que cumpla con los compromisos adquiridos en materia de menores inmigrantes no acompañados.

Ruano explicó que en septiembre de 2006, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se comprometió a que en Canarias no se superara un número de 300 los menores inmigrantes no acompañado, en régimen de acogida. Y añadió que «en la actualidad, son 700 en esta situación, lo que supera la capacidad de acogida de esta Comunidad y, sobre todo, dificulta la integración de los mismos».

El Gobierno de Canarias «entiende que el Ministerio debe de propiciar una solución al tratarse de un asunto de Estado y le corresponde articular los mecanismos necesarios para que la tutela de estos menores le corresponda a las instituciones estatales y la acogida a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios de reparto de los menores entre todas las Comunidades Autónomas que determine el Estado».

Ambas emisiones son aptas para materializar las dotaciones a la RIC

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, ha acordado en su reunión de hoy, martes 4 de septiembre, solicitar del Gobierno de la Nación la aprobación de la cuantía y destino de la emisión de deuda pública del Cabildo Insular de Gran Canaria, por importe de 34.995.731 de euros, y del Cabildo Insular de Tenerife, por importe de 60.730.000 euros. Ambas emisiones son aptas para materializar las dotaciones a la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC).

El Gobierno de la Nación es quien autoriza la cuantía y destino de las emisiones de deuda pública, a propuesta de la Comunidad Autónoma y previo informe del Comité de Inversiones Públicas.

Para que la emisión de deuda pública apta para materializar las dotaciones a la RIC sea autorizada por Estado, debe ser dirigida a financiar inversiones en infraestructura y equipamiento o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario, según el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

La deuda pública será destinada a financiar actuaciones incluidas en áreas que también fueron financiadas el ejercicio anterior con deuda pública apta pata materializar las dotaciones a la RIC.

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias invierte 200.000 euros en obras de mejora de las instalaciones de los centros de Hoteles Escuela de Canarias.

Hoteles Escuela de Canarias cuenta en la actualidad con la Sede de Hecansa Central, Hotel Escuela Santa Brígida, Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife, Centro de Perfeccionamiento Hostelero y Hotel Rural Los Camellos.

El Departamento que dirige Rita Martín persigue con esta medida la conservación, renovación y mejora de las instalaciones hosteleras con el fin de incrementar el servicio y calidad de los mismos, así como su buen funcionamiento.

Entre las obras programadas esta la finalización en el Hotel Escuela Santa Brígida, de las obras e instalaciones necesarias para la adaptación a la nueva normativa contra incendios, iniciada en el año 2006.

También se acometerán otra serie de mejoras en los centros como la instalación del aire acondicionado en la Casa de los Camellos, adaptación de las instalaciones del Hotel Escuela Santa Cruz de Agua Caliente Sanitaria al Reglamento de Instalaciones Térmicas en Empresas, sustitución del parquet del restaurante del Hotel Escuela Santa Brígida, renovación de los baños y habitaciones de la residencia del mismo centro, entre otras.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció hoy durante una entrevista concedida a la Cadena Ser, que el Ejecutivo autónomo presentará este mismo mes de septiembre la fórmula para ayudar a las familias con bajos recursos de las Islas a afrontar la subida de los tipos de interés hipotecarios.

Paulino Rivero destacó que la actual crisis económica internacional en el sector hipotecario es ya un problema reconocido por el Gobierno central y que el Ejecutivo autónomo está trabajando para minimizar las consecuencias en Canarias.

El presidente considera que «con esta nueva situación las familias más débiles del archipiélago se arriesgan a perder sus primeras viviendas que han logrado con tanto esfuerzo» y que por este motivo el Gobierno les ayudará en el pago de los intereses.

Paulino Rivero aseguró que el Ejecutivo prometió estas ayudas y que van a atender este compromiso. Aunque el Gobierno canario está definiendo cómo se concederán estas ayudas, lo que sí ha adelantado el presidente es que irán destinadas a familias con ingresos inferiores a los treinta mil euros y no se abonará el cien por cien de los intereses sino que habrá una limitación.

Paulino Rivero envió ayer un comunicado de condolencia y solidaridad a la embajada de Perú en España

El Gobierno de Canarias comunicó esta mañana, telefónicamente, a la Agencia Española de Cooperación Internacional su entera disposición para ayudar a las víctimas del terremoto de Perú.

Ayer, tras conocer el alcance del terremoto, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, envió un telegrama de condolencia y solidaridad a la Embajada de Perú en España.

El texto del telegrama es el siguiente: «enterado de la penosa catástrofe acontecida en Perú, en mi nombre, en el de este Gobierno que presido y en el de todos los canarios, ruego transmita al presidente de la República y a ese querido pueblo hermano nuestras condolencias, que ruego haga extensible a las familias de los fallecidos y nuestra solidaridad más afectuosa con todos los damnificados y con el pueblo peruano».

El Gobierno de Canarias estará pendiente de las pautas de actuación que decida la AECI para organizar la ayuda al pueblo peruano.

Hoy, en la visita a las zonas afectadas por el fuego en La Gomera

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció hoy durante su visita a las zonas afectadas por el fuego en La Gomera, que el decreto de ayudas a los damnificados por los incendios contempla la concesión de subvenciones a aquellos propietarios de explotaciones ganaderas y agrícolas no aseguradas.

Rivero precisó que la realidad específica del sector primario canario, que en parte se basa en pequeñas huertas que suponen una actividad complementaria para muchos canarios, «requiere de acciones de apoyo extraordinarias por parte del Gobierno de Canarias, especialmente tras la decisión del Estado de excluir las propiedades no aseguradas».

El presidente indicó que serán los técnicos municipales quienes evalúen los daños y verifiquen la cuantía de las pérdidas y que «el Ejecutivo compensará parte de las pérdidas ocasionadas en estos casos».

La decisión del Gobierno de Canarias de atender a los afectados que no tienen aseguradas sus propiedades persigue incentivar a sus dueños para que mantengan su actividad agraria o ganadera y evitar el abandono de las mismas por ausencia de ayudas públicas.

Esta mañana, Paulino Rivero atendió personalmente las peticiones de los vecinos de La Gomera reuniéndose con ellos en la Plaza del Cercado de Vallehermoso y en Targa (Alajeró).

En su recorrido hoy por las zonas afectadas por el incendio en La Gomera, Paulino Rivero estuvo acompañado por José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno de Canarias, los consejeros de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pilar Merino y de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel y por el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo.