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El Programa de Empleo Social invertirá 18,6 millones de euros para contratar a 3.000 personas en Tenerife

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A lo largo de 2016 y 2017, los municipios de la Isla de Tenerife contarán con un total de 18.662.751,25 euros, a través del Programa Extraordinario de Empleo Social impulsado conjuntamente por la Consejería autonómica de Empleo que dirige Patricia Hernández y los municipios canarios. Este importe, del que 9.109.102,17 euros se invertirán en este año, permitirá a los ayuntamientos de la Isla de Tenerife contratar en estos dos años a alrededor de 3.000 personas con dificultades para acceder a un empleo según las estimaciones realizadas a partir de los resultados de la edición anterior.

En el marco del acuerdo firmado la semana pasada entre la vicepresidenta del Gobierno de Canarias y el presidente de la Fecam para 2016-2017

La Consejería mantiene este plan bianual a petición unánime de todos los ayuntamientos canarios a través de la Fecam y se elabora en base a las peticiones de cada municipio.

El Programa priorizará la contratación de personas con escasos ingresos, mujeres, desempleados mayores de 45 años y de larga duración, personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad, para la realización de obras o prestación de servicios prioritarios que decidirá cada Ayuntamiento.

Entre los municipios más poblados de la isla, y de acuerdo al reparto y aportación de cada uno reflejado en el acuerdo marco establecido entre el Gobierno de Canarias y la Fecam, Santa Cruz de Tenerife contará en estos dos años con 2.77.045 euros, La Laguna con 1.972.279.02 euros y Arona con 1.664.959,23 euros. (SE ADJUNTA AL FINAL TABLA COMPLETA CON LAS CANTIDADES QUE PERCIBIRÁ CADA MUNICIPIO).

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, firmó con el presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, el pasado viernes, 1 de abril, el Programa Extraordinario de Empleo Social 2016-2017 que, como explicó la vicepresidenta durante el acto, generará una inversión pública de 45,2 millones de euros en toda Canarias que permitirá financiar alrededor de 7.000 contrataciones a personas desempleadas con escasez de ingresos.

Los trabajos que llevarán a cabo las personas que se contraten en ejecución de este programa los decidirán los propios ayuntamientos, teniendo en cuenta el criterio de que las funciones que se realicen deben estar enmarcadas en sectores y categorías profesionales que se consideren prioritarias para el municipio.

Los contratos tendrán una duración máxima de seis meses y quienes participen en los proyectos que pongan en marcha este año no podrán hacerlo en los que se ejecuten en 2017. El coste laboral mensual de los trabajadores no podrá superar los 1.400 euros.

Los ayuntamientos harán una preselección de trabajadores entre los desempleados del municipio que cumplan una serie de requisitos, como tener 18 años cumplidos y menos de 65, estar inscritos como demandantes de empleo en el SCE durante un mínimo de seis meses en los últimos dos años, figurar empadronado en el municipio con al menos seis meses de antelación al inicio del proyecto y no haber participado en el Programa Extraordinario de Empleo Social 2014-2015.

Como señaló Hernández durante el acto de firma con la Fecam «el rostro del desempleo en Canarias es el de una mujer, mayor de 45 años y desempleada de larga duración y nosotros hemos primado en este convenio la contratación de mujeres y mayores de 45 años», además de desempleados de larga duración. De esta manera, se dará preferencia a la contratación de personas con especiales dificultades de inserción laboral.

Además del criterio de la escasez de ingresos (se establece un máximo de ingresos de 350 euros por persona en la unidad familiar), se favorecerá la contratación de mujeres, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad.

Patricia Hernández anuncia 45 millones para 7.000 contrataciones con el Programa de Empleo Social

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, anunció hoy que el Programa Extraordinario de Empleo Social 2016-2017 generará una inversión pública de 45,2 millones de euros que permitirá financiar alrededor de 7.000 contrataciones a personas desempleadas con escasez de ingresos. Así lo explicó hoy durante la firma del convenio de colaboración con el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Manuel Ramón Plasencia.

La vicepresidenta y el presidente de la Fecam firman el convenio de colaboración para dos años, en el que participan los 88 ayuntamientos de Canarias

Patricia Hernández agradeció y destacó «el empeño de la Fecam, de aquellos que saben los nombres de los que peor lo están pasando en sus municipios, los que reconocen a las familias y las necesidades de aquellos que llevan mucho tiempo en desempleo», por sacar adelante el Programa en colaboración con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Hernández señaló que «el rostro del desempleo en Canarias es el de una mujer, mayor de 45 años y desempleada de larga duración y nosotros hemos primado en este convenio la contratación de mujeres y mayores de 45 años», además de desempleados de larga duración. De esta manera, se dará preferencia a la contratación de personas con especiales dificultades de inserción laboral.

Además del criterio de la escasez de ingresos (se establece un máximo de ingresos de 350 euros por persona en la unidad familiar), se favorecerá la contratación de mujeres, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad.

Patricia Hernández dijo que el beneficio de este Programa «no es solo el contrato que se tiene sino que está comprobado que las personas se capacitan, se ilusionan y se motivan para insertarse con posterioridad en el mercado laboral». La vicepresidenta expresó su deseo de que «no haya ningún hogar sin ingresos en esta tierra» y aseguró que la mejor de las políticas sociales es propiciar el empleo.

Por su parte, el presidente de la Fecam agradeció a la Consejería «el esfuerzo y a los funcionarios el trabajo para sacar adelante este plan tan necesario que demandan todos los municipios». Añadió que «para los municipios, cae como agua de mayo porque en este momento con las dificultades que tenemos para prestar nuestros servicios, es fundamental este plan de empleo porque hay muchas familias que lo necesitan».

Además, comentó que aunque se ha firmado el convenio entre la Consejería regional de Empleo y la Fecam, «esperamos que otras administraciones se puedan sumar porque cuantos más podamos aportar, mejor».

Los trabajos que llevarán a cabo las personas que se contraten en ejecución de este programa los decidirán los propios ayuntamientos, teniendo en cuenta el criterio de que las funciones que se realicen deben estar enmarcadas en sectores y categorías profesionales que se consideren prioritarias para el municipio.

Los contratos tendrán una duración máxima de seis meses y quienes participen en los proyectos que pongan en marcha este año no podrán hacerlo en los que se ejecuten en 2017. El coste laboral mensual de los trabajadores no podrá superar los 1.400 euros.

Los ayuntamientos harán una preselección de trabajadores entre los desempleados del municipio que cumplan una serie de requisitos, como tener 18 años cumplidos y menos de 65, estar inscritos como demandantes de empleo en el SCE durante un mínimo de seis meses en los últimos dos años, figurar empadronado en el municipio con al menos seis meses de antelación al inicio del proyecto y no haber participado en el Programa Extraordinario de Empleo Social 2014-2015.

El aumento del presupuesto para políticas de empleo permitirá mejorar su efectividad y elevar la inserción

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La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias refuerza este año el presupuesto del Servicio Canario de Empleo (SCE) en un 16,6%, cifra que lo elevará a 185 millones de euros y aumentará la inversión pública en las políticas activas de empleo en las Islas. Este incremento permitirá, por un lado, llegar a más personas desempleadas que el año pasado y, por otro, mejorar su inserción en el mercado laboral.

Este año el Servicio Canario de Empleo contará con 185 millones de euros, un 16,6% más que en 2015

La acción de la Consejería en este ámbito se centra en potenciar la formación como herramienta primordial para mejorar la empleabilidad de las personas, al mismo tiempo que se pone el acento en la orientación laboral personalizada y en la experiencia profesional, como fórmula para complementar el currículum y para adquirir las habilidades que se precisan en el desempeño de un empleo.

Los colectivos prioritarios de actuación son aquellas personas desempleadas que se encuentran en situación de desventaja, como aquellas que se encuentran en exclusión social o en riesgo de estarlo, los desempleados de larga duración, los mayores de 45 años, las personas que carecen de formación uy de cualificación profesional o las personas con discapacidad. Además, se dedicarán esfuerzos a mejorar la empleabilidad de los jóvenes sin formación pero también de aquellos que terminan sus estudios y buscan su oportunidad en el mercado laboral.

Entre los objetivos para este año, el principal es revitalizar el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) consiguiendo que el Gobierno del Estado cumpla con lo que dispone la Disposición Adicional Quinta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, (sustituida por la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo), por la que se reconoce el PIEC, y vuelva a destinar una partida específica a las Islas. También se prevé impulsar con un crédito de 18 millones de euros para las  políticas en el marco de la Garantía Juvenil.

Por otra parte, con el objetivo de garantizar la efectividad de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), se está trabajando para el establecimiento de unos programas específicos destinados a lograr empleo para las unidades familiares que perciben la PCI.

El refuerzo de la orientación incidirá en actuaciones de información, motivación, asesoramiento, determinación del perfil profesional y competencias, diseño y seguimiento de itinerarios personalizados para el aprendizaje, búsqueda de empleo e intermediación. Además, el SCE avanza en la prestación de servicios de valor añadido, más allá de los meramente administrativos, en la red de oficinas, incrementando el nivel y la relación de servicios que se prestan online o a través de móvil y que permitan descongestionar las oficinas de aquellos trámites más rutinarios.

En materia de formación, se trabajará específicamente en la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida de la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los territorios y de los sectores productivos.

Siguiendo la línea del pasado ejercicio, se llevarán a cabo actuaciones integradas de empleo y formación especialmente vinculadas a los requerimientos de las actividades económicas emergentes, como las energías renovables; industrias culturales, sociales y de la salud; dependencia; nuevas tecnologías; o rehabilitación de edificios, entre otros.

En el año 2015 a través de los programas de formación dirigidos a trabajadores desempleados, que contaron con una inversión pública de casi 38 millones de euros, se impartieron acciones formativas a 15.888 personas, mientras que los cursos dirigidos a trabajadores ocupados beneficiaron a casi 13.000 personas, con un coste de 8,4 millones de euros. Además, se destinaron un total de 4,2 millones de euros a financiar becas y ayudas para desempleados, que alcanzaron a 14.526 personas.

Por otra parte, la potenciación de las políticas en las que se combina la formación y el empleo han dado buenos resultados. Es el caso de los dos programas de formación en alternancia con el empleo puestos en marcha en 2015, uno de ellos, destinado  específicamente a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, con más de 1.000 participantes entre ambos, de los cuales 334 accedieron a una contratación laboral tras su paso por el Programa.

Precisamente, la concesión de subvenciones para programas formativos con compromiso de contratación es una de las medidas más efectivas que se lleva a cabo en colaboración con entidades privadas. El año pasado se destinaron casi 2 millones de euros para financiar acciones formativas en las que participaron 691 personas, de las cuales 415 se insertaron en el mercado laboral por el compromiso de inserción de las entidades beneficiarias

Además, con el fin de estimular la contratación, la creación de empleo y apoyar el mantenimiento de puestos de trabajo, se han puesto en marcha acciones y medidas de inserción laboral de personas que, de forma estructural o coyuntural, presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo. Es el caso de los programas destinados a proyectos generadores de empleo en colaboración con los municipios con más desempleados, la colaboración con entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas en proyectos de interés general y social, los programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado protegido o el Plan Extraordinario de Empleo Social, entre otros.

La PCI llegará en 2016 a al menos 12.000 familias

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La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias estima que la Prestación Canaria de Inserción llegará a al menos 12.000 familias en el año 2016. De esta forma, el año ha comenzado sin lista de espera y con la PCI al día, gracias a un crédito extraordinario de 7,5 millones de euros que se incorporó a finales del pasado año

El pasado año, 9.618 familias percibieron la Prestación Canaria de Inserción gracias a un crédito extraordinario de 7,5 millones de euros. De esta forma, el año comenzó sin lista de espera y con la PCI al día

En total y con las incorporaciones presupuestarias, en 2015 se destinaron 39,5 millones de euros a la PCI con los que se pudieron atender a 9.618 familias. En 2016, el presupuesto destinado a esta importante prestación básica subió hasta los 45 millones de euros, en una partida ampliable, con los que la Consejería de Políticas Sociales prevé que podrá atender a al menos 12.000 familias.

Se trata de un incremento histórico de 17 millones de euros de crédito inicial a lo que hay que añadir que el departamento está trabajando de forma transversal, entre las distintas áreas, para garantizar la efectividad de la Ley, y el establecimiento de unos programas específicos destinados a lograr empleo para las unidades familiares que perciben la PCI que tienen particulares dificultades para la inserción laboral.

En este sentido, desde el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, se está coordinando la elaboración de un Plan Estratégico de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza de Canarias, de naturaleza intersectorial e interadministrativa, que aborde de forma conjunta la situación entre todas las instituciones públicas, instituciones privadas, el tercer sector y la población destinataria.

Perfil de las personas perceptoras de la PCI

En relación con el perfil de los beneficiarios de la PCI, la mayoría son mujeres, con un 55,6% del total. Por edades, destaca el hecho de que un 35% son menores de edad, mientras que los mayores de 55 años representan el 15% de los beneficiarios. En cuanto al tipo de hogares en los que se percibe la Prestación, un 41,4% están integrados por una sola persona y un 38,5% son familias monoparentales. Por último, más de la mitad de los beneficiarios tiene únicamente estudios primarios o carece de formación.

Vivienda moviliza 85 millones de euros en rehabilitación y regeneración de inmuebles en Canarias

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Vivienda moviliza 85 millones de euros en rehabilitación y regeneración de inmuebles en Canarias, entre 2015 y 2017, una inversión que beneficia a 2.700 familias que verán mejoradas sus viviendas, y que además supone un impulso económico y de creación de empleo. De este importe 60 millones de euros corresponden a los ARRUS que se desarrollan en Canarias y el resto a acciones como la actuación singular de Reposición de Las Chumberas.

El Instituto Canario de la Vivienda invertirá además en la rehabilitación del propio parque público de vivienda 10 millones de euros adicionales en los próximos cuatro años con cofinanciación europea, de los cuales 1,7 millones se invertirán este mismo año. Estos fondos europeos cuentan con 1,3 millones de euros que son incorporados al proyecto este año desde el Servicio Canario de Empleo, con permitirá recualificar a desempleados de la construcción de obra nueva para que puedan trabajar en el ámbito de rehabilitación y eficiencia energética de edificios.

En 2016, se continuarán con otras líneas de actuación entre las que se prevé la celebración de una nueva convocatoria de subvención de informe de evaluación de edificios y de rehabilitación de edificios de tipología residencial colectiva, y se resolverán las ayudas al alquiler que se prevé que beneficien a más de 2000 familias.

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias anuncia el aumento de 76 plazas para dependientes en La Palma

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, anunció esta mañana, la creación de 76 nuevas plazas para dependientes en la Isla de La Palma, lo que supone un aumento del 12,5 %. En total, la isla palmera contará con 679 plazas para 2016 y una financiación de más de cinco millones de euros para este año. Esta medida la anunció al inicio de la visita de carácter institucional, a la Residencia de Mayores Puntallana, que realizó acompañada por el presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana. El citado centro se encuentra funcionando desde hace dos meses y cuenta en la actualidad con 25 plazas para personas dependientes.

Políticas Sociales destinará cinco millones de euros este año para financiar la Dependencia en la Isla de La Palma

Patricia Hernández destacó que el aumento de estas 76 plazas «se trata del mayor registrado en estos últimos años y responde a una clara apuesta por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma por la calidad y el desarrollo de la Ley de Dependencia en una isla con un 20% de la población de mayores de 65 años».

La vicepresidenta recordó que las plazas para dependientes en toda Canarias se han incrementado en 2016 mucho más de lo que aumentó en la anterior legislatura. Entre 2012 y 2015, el número de plazas totales que se incrementó fue de 803, mientras que solo en 2016 el número de plazas nuevas es de 823.

En este sentido, reconoció los esfuerzos que se deben seguir haciendo, tanto de trabajo, como de gestión y aclaró que «se ha aumentado el personal en materia de dependencia y se prevé reforzar también para atender a la discapacidad, con un presupuesto de más de siete millones de euros para dependencia y de dos millones para discapacidad». «Es imprescindible que el Gobierno de Canarias ponga de su parte para cambiar la tendencia en dependencia pero también es necesario exigir al Gobierno de España en esta nueva legislatura que se desarrolle la nueva Ley de Dependencia y que cumpla con la financiación del 50% que es lo que estima la ley», explicó.

Por su parte, Anselmo Pestana aclaró que la residencia «está funcionando desde hace dos meses y cuenta con 25 plazas que sin duda han ayudado bastante a empezar a reducir la lista de personas dependientes que demandan este tipo de recursos en La Palma». Para Pestana la puesta en marcha de este recurso «es una buena noticia y esperamos que sus modernas instalaciones presten un servicio adecuado para estas 25 personas dependientes».

La visita también contó con la asistencia de la directora general de Dependencia y Discapacidad, Alicia Álvarez, de la directora de Políticas Sociales e Inmigración, Carmen Acosta, así como de la consejera insular de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey y del alcalde de Puntallana, José Adrián Hernández.

A continuación, la vicepresidenta realizó una visita institucional al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, donde mantuvo un encuentro con el alcalde, Sergio Matos.

Patricia Hernández y Pedro Sánchez guardan un minuto de silencio por las víctimas de los atentados en Bruselas

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han guardado hoy un minuto de silencio por las víctimas de los atentados ocurridos a primera hora de la mañana en Bruselas. Ambos han mostrado sus condolencias y han expresado su rechazo a todo tipo de violencia.

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y el secretario general del PSOE expresan sus condolencias y muestran su rechazo a la violencia

Patricia Hernández y Pedro Sánchez han guardado este minuto de silencio durante la visita que han realizado al Centro de Adultos Hermano Pedro, en Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente, han suspendido la agenda que tenían prevista para hoy.

Políticas Sociales anuncia la creación de 823 nuevas plazas para dependientes en 2016

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Patricia Hernández, explicó que para el presente año, la totalidad de plazas ofertadas dentro del marco de los convenios que se rubrican con los Cabildos para la atención de personas dependientes, es de 9.597 plazas, de las cuales, 823 son plazas nuevas. Esto supone, además, aceptar al completo las peticiones de plazas realizadas por las corporaciones insulares.

La vicepresidenta explicó que la totalidad de plazas para 2016 será de 9.597, dentro del marco de los convenios de colaboración que se suscribirán este año para la prestación de servicios para personas dependientes

Este incremento de recursos «es una muestra evidente de la voluntad política de este Gobierno para el que la Dependencia es una prioridad», aseguró la vicepresidenta quien manifestó que «hemos aceptado la propuesta de los cabildos en su integridad, para lo cual hemos incrementado la financiación prevista inicialmente. De hecho, habíamos dicho 7 millones de euros, pero hemos priorizado la Ley de Dependencia y destinaremos este año al menos 8,3 millones de euros a financiar las plazas de los convenios de dependencia», explicó Hernández.

«Creo que estos datos demuestran que el cambio de tendencia es evidente», indicó la vicepresidenta quien subrayó que el objetivo de su departamento es «ir solucionando las listas de espera dramáticas que tiene esta comunidad autónoma».

La vicepresidenta aclaró que esta oferta fue presentada a los Cabildos el pasado lunes en respuesta a las demandas de los cabildos relativas a los convenios de colaboración que se suscribirán este año para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

Un total de 9.597 plazas ofertadas en 2016, 823 más que en 2015

De las plazas ofertadas, las residenciales aumentan en un total de 439 plazas, mientras que las de estancia diurna aumentan en 384. De esta forma, en 2016, se ofertan un total de 9.597 plazas, 4.826 residenciales y 4.771 de estancia diurna, 823 más que las ofertadas el pasado año.

A través de estos convenios se garantizan el mantenimiento y financiación de diversos programas de atención a los colectivos de personas con dependencia que incluye las plazas en centros de día, de noche y de atención residencial (centros residenciales, viviendas tuteladas y hogares funcionales).

 

Patricia Hernández dicta una resolución definitiva que unifica el grado de discapacidad para niños enfermos con cáncer de ambas provincias

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, anunció esta mañana que se ha dictado una resolución definitiva que unifica los criterios para otorgar el grado de discapacidad a los niños que están enfermos de cáncer. Además, aclaró que, con esta instrucción, se otorgará el grado de discapacidad a todos los menores con neoplasia y subrayó que en aplicación de esta resolución, se homogeneizan de forma definitiva los criterios a la hora de establecer el grado de discapacidad de estos menores.

La vicepresidenta del Gobierno canario anunció hoy que su departamento ha dictado una resolución definitiva para unificar los criterios que se aplicaban en los centros Base de ambas provincias a la hora de valorar el grado de discapacidad de los niños con cáncer

«A partir de hoy, los criterios para determinar el grado de discapacidad en el centro Base de Las Palmas será el mismo que se aplicaba en el centro Base de Tenerife, es decir, el más beneficioso para los niños enfermos con cáncer», subrayó Hernández quien recordó que los criterios médicos y técnicos de ambos Centros Base estaban ajustado a la normativa vigente aunque reconoció que se producía una disparidad de criterio médico a la hora de determinar el grado de discapacidad, de tal forma que, mientras en un centro se concedía el grado de discapacidad del 33% según se diagnostica la enfermedad, en el otro se otorgaba una vez que las secuelas resultantes de la misma eran ya manifiestas.

En dicha Instrucción, se establece que tendrá carácter prioritaria la valoración de las solicitudes en relación a la valoración de las neoplasias en menores con edades comprendidas entre los 0-18 años, y se establece que en la valoración, se asignará el porcentaje de discapacidad que corresponda en aplicación del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula el reconocimiento del grado, establece los baremos, determina los órganos competentes para realizar dicho reconocimiento y el procedimiento a seguir, a fin de que dicha valoración y reconocimiento sea uniforme en todo el territorio del Estado, cuando se den los supuestos descritos en cuanto a franja de edad, diagnóstico y la propia valoración del equipo técnico, debidamente motivada, se le asignará un mínimo de 33%.

Este problema «no es nuevo, sino que estamos hablando de una situación de hace muchos años que no sólo afecta a Canarias, sino al resto de España», recordó la vicepresidenta, quien puso de manifiesto que su departamento ha solicitado al Imserso que dicte unas instrucciones a nivel estatal para que aclare este problema.

A la espera de la respuesta del Imserso, en noviembre fue dictada una Instrucción para aclarar el procedimiento interno para la aplicación del Real Decreto 1971/ 1999 en casos de menores diagnosticados con neoplasias, lo que ha permitido que desde noviembre no se haya producido ninguna denegación de valoración del grado de discapacidad a estos niños.

De esta forma, con la nueva Instrucción, se homogeneizan los criterios técnicos de tal forma que los equipos médicos de ambas provincias apliquen los mismos parámetros médicos a la hora de determinar el grado de discapacidad del niño enfermo, con lo que se soluciona la diferencia de criterio de tal forma que se aplique «el que más beneficie» al menor afectado por la enfermedad y a su familia.