«En Canarias hay un total de 7.389 personas registradas como demandantes de empleo que presentan algún tipo de discapacidad. Representan un 3% de la cifra total. Dentro de este grupo, 571 personas tienen discapacidad auditiva, lo que supone que el 7,7% de todos los demandantes de empleo con discapacidad tienen dificultades auditivas», explicó hoy viernes, 19 de febrero, la vicepresidenta del Gobierno canario y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, en sesión parlamentaria donde explicó objetivos y planes para conseguir la accesibilidad y adaptación en la formación de las personas con discapacidad auditiva.
La vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández, explica en Comisión parlamentaria objetivos y planes para conseguir la accesibilidad y adaptación en la formación de las personas con discapacidad auditiva
«Además, la mayor incidencia de discapacidades auditivas se da entre las mujeres, con un 56,4% del total, la mitad tiene más de 45 años y casi el 60% son parados de larga duración. Casi todos, el 90%, residen en las islas capitalinas», indicó Hernández en su intervención.
«La crisis ha castigado a todas y a todos, pero lo ha hecho con especial dureza con los colectivos más vulnerables, como son las personas con discapacidad. Esto nos lleva a exigirnos el doble», aseguró la vicepresidenta quien recordó que su departamento se marcó desde un principio el reto del empleo como un compromiso económico pero, también, como un compromiso ético, lo cual lleva a situar el empleo, en el centro de la acción política gubernamental».
Junto al empleo, «desde la perspectiva de la acción del Gobierno, en el ámbito del empleo, se establece como criterio rector, en aplicación de esa transversalidad, el de la integración, coordinando la política económica y social del mismo, a través de la máxima coordinación administrativa entre los distintos Departamentos. En respuesta a ese compromiso, existe una enorme interacción entre el Servicio Canario de Empleo y aquellos Centros Directivos relacionados con las Políticas Sociales y especialmente, a la dirección de Dependencia y Discapacidad», aclaró.
Hernández también hizo referencia a las acciones que se llevan a cabo desde el área de Educación del Ejecutivo y de la Consejería de Sanidad, y en concreto, el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad auditiva se escolariza de manera preferente en los centros que conforman la Red de Centros Ordinarios de Atención Educativa Preferente (COAEP) para alumnado con discapacidad auditiva. Esta red está compuesta por 36 centros escolares (19 en la provincia de Santa Cruz y 17 en la de Las Palmas). En este sentido, aclaró que un total de 537 alumnos con discapacidad auditiva se encuentran escolarizados en centros ordinarios.
Formación y empleo
En cuanto a la política de formación y empleo, Hernández aludió a los programas dirigidos específicamente a las personas con discapacidad. En el ámbito del mercado protegido, explicó que «las acciones se orientan a facilitar la incorporación al empleo protegido de las personas con discapacidad mediante la concesión de ayudas y subvenciones a los Centros Especiales de Empleo, que son empresas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite su integración en el mercado ordinario de trabajo; en estas empresas, al menos el 70 por ciento de la plantilla han de ser trabajadores con discapacidad».
En este sentido, la vicepresidenta apuntó que durante, la anualidad 2015, se destinan a esta política activa de empleo 4.500.000 euros y se benefician por esta línea unas 2.200 personas con discapacidad.
En el ámbito del mercado ordinario de trabajo, añadió Hernández, «la actuación del Servicio Canario de Empleo se dirige a fomentar el empleo indefinido de trabajadores con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo a través de la concesión de ayudas a las empresas que los contraten. Para la anualidad 2015, se destinaron a esta Política Activa de Empleo un presupuesto inicial de 500.000 euros; beneficiándose hasta la fecha 120 personas con discapacidad, contratadas en 49 empresas por importe de 445.348,27 euros».
La vicepresidenta también mencionó los itinerarios integrados de inserción laboral, cuya finalidad es mejorar la empleabilidad de los colectivos afectados. En agosto de 2015 se adoptó una resolución mediante la que se establecieron las bases y se aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en Canarias, destinadas a la realización de proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. En 2015, para las personas con discapacidad, la dotación presupuestaria final ascendió a 1.011.540 euros.








