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El SCE y los ayuntamientos destinan un mínimo de 20 millones anuales para financiar el Plan de Empleo Social

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La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) aporta 10 millones de euros anuales para financiar el Plan de Empleo Social 2016-2017, una cifra que se complementa con al menos otros 10 millones que disponen el conjunto de los municipios canarios cada año. Además de esta financiación, se espera contar con las aportaciones de los cabildos, a los que la Consejería y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han invitado a participar.

El Servicio Canario de Empleo aporta la mitad del total y el conjunto de los municipios, el 50% restante, al margen de las aportaciones que realicen los cabildos, a los que se ha invitado a participar

Estas cantidades son las mismas que se destinaron en el Plan de Empleo Social anterior, ejecutado para el periodo 2014-2015, en el que, en concreto se financiaron proyectos por importe total de 45 millones de euros en sus dos años de vigencia.

Casi 7.000 personas desempleadas con escasos ingresos accedieron a un empleo durante seis meses en prácticamente todos los municipios de Canarias durante el periodo 2014-2015, cifra a la que se añaden las 2.545 personas que lo hicieron en 2013, año en el que se inició este plan.

Gobierno de Canarias y Fecam se han puesto de acuerdo para reeditar esta iniciativa con el objetivo de seguir contribuyendo a paliar la precaria situación económica en la que se encuentran muchas familias en el Archipiélago que carecen de ingresos suficientes, al tiempo que se propicia la inserción laboral y social de las personas desempleadas.

Los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a los ciudadanos, son las entidades adecuadas para ejecutar estos proyectos, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo y también con los cabildos, ya que se quiere contar con su adhesión para poder llegar a más personas.

Estos planes tienen una doble ventaja ya que, además de proporcionar empleo, experiencia laboral e ingresos derivados del trabajo a demandantes de empleo con dificultades económicas, los proyectos que se llevan a cabo en los municipios son de interés general y social y, por tanto, benefician a toda la población.

Si bien la situación económica en general y la creación de empleo han experimentado una reactivación en el último año, esta recuperación no ha llegado a todas las personas y son muchos los hogares con problemas económicos. Ante la persistencia de estas situaciones de dificultad, tanto el Gobierno de Canarias como la Fecam se han comprometido de nuevo a sacar adelante un plan de empleo que permite a las familias obtener unos ingresos derivados del trabajo durante seis meses.

El Gobierno destina 12 millones a los servicios sociales y a la gestión de la PCI en los municipios

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La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández y el presidente de la Fecam, Manual Ramón Plasencia, han firmado hoy un acuerdo por el que el Gobierno de Canarias destinará más de 12 millones de euros al Plan Concertado de Prestaciones Básicas y a la gestión de la PCI, un protocolo que garantiza la atención a las personas con mayores necesidades.

Políticas Sociales firma el convenio que permite a los ayuntamientos prestar servicios como la ayuda domiciliaria, de emergencia o dar una alternativa habitacional y que atendió en un año a 368.000 personas.

Patricia Hernández destacó en declaraciones realizadas tras la firma que «los ayuntamientos son los que ven más de cerca y mejor gestionan las necesidades sociales de sus ciudadanos, son los que miran directamente a los ojos a las personas que pasan necesidad».

La también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda hizo hincapié en que «el Plan Concertado de Prestaciones Básicas es la herramienta que garantiza el desarrollo de los servicios sociales comunitarios a través de los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma». En este sentido, añadió que «es algo fundamental para Canarias y para prestar servicios como la ayuda a domicilio, la ayuda habitacional, para ir al supermercado, para usar la guagua, para mejorar la movilidad, por ejemplo para una silla de ruedas para las personas con poca movilidad y personas mayores». «De esta forma el Gobierno de Canarias y la Consejería mantienen un compromiso con los que no tienen lo básico y ello se gestiona a través de los que están más cerca del problema, que son los ayuntamientos», aclaró.

Hernández detalló que «el último dato cerrado que tenemos, correspondiente a 2014, es que mediante el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, los ayuntamientos de Canarias atendieron necesidades sociales de 368.000 personas y el número de profesionales contratados, según datos también de 2014, fue de 1955 personas». «Políticas Sociales aporta en este acuerdo 13.231170,69, de los que 3 millones son para la gestión municipal de la Prestación Canaria de Inserción», recordó.

Al respecto, incidió en que «gracias a la firma de este convenio los ayuntamientos no tendrán que despedir a nadie, como ha sucedido en otras ocasiones, para la tramitación de la PCI». Además, recordó que «no solo hemos acabado con las listas de espera, ya que si en 2014 se resolvieron 5000 expedientes, en 2015 se han resuelto 10.500, por lo que hemos duplicado los expedientes resueltos».

Hernández resaltó que hoy se firma un convenio que estaba comprometido desde el 28 de diciembre de 2015, por lo que entró en vigor desde el 1 de enero de 2016 y «esto es muy importante porque con ello garantizamos que las necesidades de nuestros ciudadanos estén cubiertas, más allá de las dificultades de intercambio de documentos y de ponernos de acuerdo».

Por su parte, Manual Ramón Plasencia explicó que «con la firma de este documento garantizamos que se sigan prestando los servicios sociales básicos, al tiempo que damos cobertura a la Prestación Canaria de Inserción, para que cada municipio pueda disponer de un técnico para tramitar la PCI». Plasencia precisó que «el alcalde de Tegueste y presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Fecam, aquí presente, ha estado trabajando conjuntamente con la Consejería para la elaboración de este documento que recoge las mismas cantidades que las del pasado año 2015 para el Plan del 2016». Además, explicó que «paralelamente estamos trabajando para que este año, que es el plazo marcado tanto para la Consejería como para la Federación Canaria de Municipios, podamos tener una nueva Ley de Servicios Sociales y así poder ir definiendo el ámbito competencial de los distintos servicios que estamos ofreciendo».

Por último, expresó su agradecimiento en nombre del municipalismo al Gobierno y a su consejera y apuntó que «la Fecam seguirá aportando su grano de arena para llegar a buen puerto la futura ley que defina las competencias desde el ámbito insular, municipal y de Canarias».

Patricia Hernández insiste en que seguirá trabajando por la creación de empleo estable en las Islas

«Seguimos trabajando para que se cree empleo en Canarias» manifestó la vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera del área de Empleo, Patricia Hernández, tras conocer el descenso de 1.545 personas inscritas como demandantes de un puesto de trabajo en las oficinas del SCE durante el mes de enero. Canarias junto a Baleares han sido las dos únicas comunidades donde ha bajado el paro en el mes de enero. En el conjunto de España el paro subió en 57.247 personas, 1,4%.

La vicepresidenta asegura que “sin la Reforma laboral estaríamos creando empleo de más calidad”

«Celebramos estar a la cabeza durante estos meses en cuanto a la creación de empleo en España -añadió- pero no podemos caer en la autocomplacencia, debemos seguir trabajando para que esta creación se consolide, que el empleo se convierta en estable y de calidad, sin la Reforma Laboral se estaría creando un empleo de más calidad».

Canarias cerró el pasado mes de enero con un nuevo descenso del paro al registrar 1.545 demandantes de empleo menos que en diciembre, lo que supone una bajada del 0,6% respecto al mes anterior. La evolución interanual muestra un descenso acumulado de 13.759 parados en las Islas, un 5,3% menos, según los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Los datos muestran que el desempleo se redujo en enero especialmente en el sector Servicios, en Construcción y en el colectivo denominado sin actividad económica, mientras que se produjo un aumento en Comercio y en Agricultura. En los últimos doce meses el descenso más significativo se produjo en la Construcción, con 4.978 desempleados menos. Comercio registró una bajada de 2.136 demandantes de empleo y Hostelería tuvo un descenso de1.843 personas.

En este mes se firmaron en las Islas 53.286 contratos, una cifra muy similar a enero de 2015 pero muy por encima de las cifras habituales de este mes en años anteriores. Respecto al mes anterior se firmaron 4.677 contratos menos, lo que supone una bajada del 8%. Un aspecto que principalmente viene marcado por el descenso de la actividad y por tanto de la contratación en las Islas en los sectores de la Hostelería y el Comercio.

En cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, bajan los afiliados en Canarias en relación con diciembre en 6.245 (-0,87%). El total nacional se reduce un -1,18% (-204.043) mientras que la comparativa interanual muestra un aumento en Canarias de 23.942 afiliados, lo que supone un crecimiento del 3,5%. En total, el número de afiliados en Canarias es de 708.832 personas.

Consejería y Fecam invitan a los cabildos a sumarse con fondos propios al Plan de Empleo Social

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El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han acordado en una reunión mantenida hoy invitar a los cabildos a participar en el Plan de Empleo Social previsto para el periodo 2016-2017, aportando fondos propios que se sumarían a los que dispongan las corporaciones municipales y el Ejecutivo regional en cada una de las islas. En la reunión, presidida por la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ambas instituciones se han puesto de acuerdo para reeditar este Plan de Empleo Social para este año y el próximo con el fin de seguir contribuyendo a paliar la precaria situación económica en la que se encuentran muchas familias en el Archipiélago que carecen de ingresos suficientes, al tiempo que se propicia la inserción laboral y social de las personas desempleadas.

En la reunión celebrada hoy con la Fecam se acordó la metodología de trabajo para que los ayuntamientos tengan una participación activa en la redacción de la nueva Ley de Servicios Sociales

Si bien la situación económica en general y la creación de empleo han experimentado una reactivación en el último año, esta recuperación no ha llegado a todas las personas y son muchos los hogares con problemas económicos. Ante la persistencia de estas situaciones de dificultad, tanto el Gobierno de Canarias como la Fecam se han comprometido de nuevo a sacar adelante un plan de empleo que permite a las familias obtener unos ingresos derivados del trabajo durante seis meses.

Las cantidades anuales a aportar serán similares a las de la anterior edición del Plan de Empleo Social, con un total de 10 millones de euros que dispondrá el Gobierno de Canarias y otros 10 millones, como mínimo, que aportarán los ayuntamientos participantes. A estas cifras se sumarían las aportaciones adicionales de los cabildos en cada isla, que se distribuirían en función de la participación de cada municipio en el Fondo Canario de Financiación Municipal.

Además, el encuentro sirvió para hacer entrega a los representantes de la Fecam del documento marco de la futura Ley de Servicios Sociales. En la reunión, en la que se encontraban presentes el presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Federación Canaria de Municipios, José Manuel Molina, además de diferentes alcaldes de los municipios del Archipiélago, se acordó la metodología de trabajo para que la Fecam tenga una participación activa en la redacción de la nueva ley.

La vicepresidenta anuncia que blindará los derechos sociales para la ciudadanía

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La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, anunció que «después de treinta años, es el momento de poner en hora la Ley de Servicios Sociales, blindando derechos». Para Hernández es una prioridad que se blinden los derechos sociales «que constituyen el cuarto pilar del estado del bienestar y que todo el mundo se olvida y que parece que depende más de la voluntad política de una administración o de otra».

Patricia Hernández presenta el primer documento de trabajo de la Ley de Servicios Sociales al Consejo General de Servicios Sociales

Patricia Hernández realizó estas declaraciones al inicio del Consejo General de Servicios Sociales, que según aclaró «hemos convocado por segunda vez, como nos comprometimos en una primera ocasión, para empezar a trabajar en la Ley de Servicios Sociales». El objetivo de la convocatoria fue la presentación ante el Pleno del documento marco de trabajo de la futura Ley de Servicios Sociales.

Hernández concretó que «se trata de garantizar itinerarios y sobre todo de abrir un proceso participativo de varias formas, en primer lugar, se van a constituir tres mesas de trabajo, una con los colegios profesionales, otra con el tercer sector y asociaciones y una más institucional con quienes ostentan las competencias, con cabildos y ayuntamientos».

La vicepresidenta del Gobierno insistió en que se abre una vía de participación directa, también con los ciudadanos y ciudadanas no asociados «para que puedan hacer sus aportaciones vía web, vía email con las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición para que sea un proceso lo más participativo posible». Al respecto, comentó que «se trata de poner en hora los servicios sociales y vuelvo a decir que nuestra intención es blindarlos, que tengan un itinerario claro, que sepan quién tiene la competencia y a dónde tiene que asistir».

Hernández también anunció la posibilidad de poner en marcha una tarjeta social aunque puntualizó que «esto tenemos que hablarlo, vamos a consensuarlo con las instituciones y con el sector».

La vicepresidenta resaltó la importancia de que «todos somos usuarios de los servicios sociales, es un derecho subjetivo de los ciudadanos y de las ciudadanas, y esto es importante, no hay un colectivo que tenga derecho a los servicios sociales sino que es la población en general».

Respecto a cuándo puede estar cerrado el borrador de la ley, Hernández aclaró que «el plazo vamos a dividirlo en una primera etapa en la que le damos el borrador de trabajo a los sectores y configuramos las mesas de trabajo». Una vez más, destacó que «lo importante es que sea una ley consensuada y participativa, por lo que el plazo lo vamos a tener que poner nosotros juntos, no solo el Gobierno pero calculo que deberíamos tener un documento más preciso, para empezar con el articulado, en los próximos meses, antes de verano».

El Consejo General de Servicios Sociales es un órgano colegiado de carácter participativo y consultivo que está compuesto por la FECAI, FECAM, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones vecinales y de lucha contra la pobreza y la exclusión socia, Colegios profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales.

Patricia Hernández valora los 54.700 empleos creados en 2015 e insiste en la importancia de la calidad del trabajo

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, valoró hoy los datos positivos que ha reflejado la Encuesta de Población Activa (EPA) en las Islas, con un aumento de la ocupación de 54.700 personas en el último año, si bien insistió en la importancia de que esos empleos que se están generando sean de calidad. «Me preocupa mucho no solo que se genere empleo, sino también la calidad del empleo que se genera. Tenemos que hacer un análisis profundo del empleo, estudiar todos los datos y más allá de que es una buena noticia que se esté creando empleo es imprescindible hacer este análisis».

La vicepresidenta destaca que muchas personas que habían perdido la expectativa de encontrar trabajo han vuelto a la búsqueda activa de empleo

Además, Patricia Hernández destacó el hecho de que «muchas personas que habían perdido la expectativa de encontrar un trabajo, que habían bajado los brazos, han vuelto a la búsqueda activa de empleo, con lo cual, se crea empleo en el trimestre y en el año pero esto va a la par con las personas que se incorporan a buscar activamente porque ven que hay más recursos o más opciones de formación».

Los datos de la EPA correspondientes al último trimestre del año 2015 muestran un descenso de la tasa de paro en Canarias hasta el 26,75%, lo que supone casi dos puntos menos que en el trimestre anterior. Asimismo, el Archipiélago registra el mayor aumento de la ocupación en España, tanto en evolución trimestral como interanual, con 19.900 y 54.700 ocupados más, respectivamente, hasta alcanzar los 813.300 ocupados, una cifra que no se registraba desde el año 2008 en las Islas.

En cuanto al paro, se redujo en el cuarto trimestre en las Islas en 20.100 personas y en 45.100 en el global del año superando, en ambos casos, el descenso nacional. La población activa se mantuvo casi sin variación en el trimestre pero creció en evolución interanual en 9.600 personas en un contexto de descenso medio nacional del -0,67%.

La vicepresidenta anuncia una inversión de 85 millones de euros en rehabilitación y regeneración de viviendas

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«Entre 2015 y 2017, invertiremos unos 85 millones de euros en la rehabilitación y regeneración de viviendas, en lograr que la gente que no puede permitírselo viva en mejores condiciones», anunció hoy miércoles, 27 de enero, en comparecencia parlamentaria la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, quien intervino para explicar las políticas de vivienda en el desarrollo, ejecución y previsión de los programas de regeneración y rehabilitación urbanas (ARRUS).

Hernández asegura que, “con esta inversión, estamos llegando directamente a 2.700 familias que verán mejoradas sus viviendas, viviendas públicas de las que habían pasado a ser propietarias y que no tienen posibilidades de arreglar sin nuestra ayuda”

«De estas cantidades, 60 millones corresponden a 22 áreas de regeneración y renovación y otros 25 millones a Las Chumberas. Tenemos un compromiso con los vecinos de Las Chumberas, como tenemos un compromiso con los de Ofra, La Victoria, Miramar, Jinámar o Titerroy, que son algunas de las zonas en las que estamos actuando o en las que actuaremos próximamente», explicó..

«Con esta inversión estamos llegando directamente a 2.700 familias que verán mejoradas sus viviendas, viviendas públicas de las que habían pasado a ser propietarias y que no tienen posibilidades de arreglar si nuestra ayuda, de la ayuda de las instituciones, que para eso es para lo que estamos», afirmó la vicepresidenta quien aclaró que «de manera histórica, estas actuaciones se han cofinanciado entre la Administración del Estado, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y, normalmente, los Ayuntamientos y las familias. También han participado, ocasionalmente, los Cabildos Insulares».

En su comparecencia, Hernández explicó que los anteriores planes de vivienda, se distinguían las áreas de renovación urbanas (ARUS) y las áreas de renovación integral (ARIS), pero que, con la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, se ha cambiado la denominación y se unifica, pasando a denominarse, en la actualidad, ARRUS.

La vicepresidenta calificó esta línea de trabajo en materia de vivienda como «esencial», ya que «el parque de viviendas de Canarias tiene una vida útil que no puede ser obviada, y por tanto, es inevitable la necesidad permanente de intervenir sobre él para evitar las consecuencias de su deterioro».

«Y es que nuevamente, son las familias con menos recursos, las que sin nuestra participación, verían como sus hogares de deterioran sin que ellos tengan la capacidad económica y de gestión para evitarlo o cambiar de hogar, y por tanto, se mantienen en sus viviendas, en ocasiones aún a riesgo de su salud y de sus vidas», indicó.

«Por la propia filosofía de construcción de las viviendas, públicas o privadas, y dado el proceso de adjudicación o venta de las mismas, existen en Canarias entornos urbanos en los que el mantenimiento de este parque de viviendas tiene unas características que aconsejan muy mucho nuestra atención, no sólo por quienes viven en ellas, sino también por la calidad, seguridad, accesibilidad,… de nuestros espacios de convivencia, de nuestros barrios, de nuestras ciudades», indicó la vicpresidenta quien puso de manifiesto que, «habrá que esperar al nuevo Plan Estatal de Vivienda que habrá de ser elaborado para saber con qué nivel de colaboración contaremos desde el ámbito estatal. Nosotros seguiremos apostando por la rehabilitación».

Hernández indicó que desde el Gobierno «no sólo vemos esta línea de actuación como algo claramente necesario, sino que, incluso, se nos presenta como una oportunidad en el ámbito del empleo ya que esta línea de actuación aparece como una oportunidad para la generación de políticas de recualificación de hombres y mujeres que, procedentes de la construcción, encuentran en la rehabilitación una nueva oportunidad de empleabilidad. De hecho, ya se está trabajando desde el Instituto Canario de la Vivienda en colaboración con el Servicio Canario de Empleo en esta línea para desarrollar programas específicos en este ámbito».

Además, anunció que el Instituto Canario de la Vivienda invertirá en la rehabilitación del propio parque público de vivienda en torno a diez millones de euros en los próximos cuatro años, de los cuales 1,7 millones se invertirán ya este mismo año. Se trata de una iniciativa en la que hemos participado y en la que vamos de la mano de fondos de la Unión Europea.

«De esta manera, mejoraremos las condiciones de vida de quienes en estos momentos en toda Canarias están en viviendas propiedad del Gobierno de Canarias», subrayó.

La vicepresidenta anuncia un plan de acción específico para personas con problemas de salud mental

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«Consideramos esencial establecer un Plan de acción específico para la atención de personas con problemas de salud mental y su entorno en coordinación con las estrategias nacionales y autonómicas de atención a la Salud Mental, dentro del futuro Plan de Atención a la Discapacidad en Canarias», anunció hoy en comparecencia parlamentaria en Comisión de Discapacidad la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, en respuesta a la pregunta «Objetivos y planes para las 20.000 personas que sufren trastornos mentales en Canarias».

Patricia Hernández explica en comparecencia parlamentaria en Comisión de Discapacidad la creación de un Plan específico en materia de salud mental que estará incluido dentro del futuro Plan de Atención a la Discapacidad en Canarias

La vicepresidenta indicó que, tal y como anunció en octubre de 2015, «es necesario elaborar una estrategia común, en red con los sectores implicados: las personas, las entidades, las instituciones, y fijarlos en un Plan Canario de Atención a las Personas con Discapacidad, que relegue un agotado plan de Atención a la Discapacidad (2005- 2010), que sólo abordaba la atención socio sanitaria y no aspiró a trazar una política real de verdadera inclusión social».

En este sentido, aclaró que «dentro de ese plan integral se establecerá un plan específico que hará especial incidencia en la eliminación de barreras, relacionadas con fuertes prejuicios creados sobre las personas que padecen este tipo de trastornos».

En cuanto a los objetivos específicos que contendrá el plan respecto de estas personas con trastornos mentales, Hernández avanzó que se llevará a cabo una labor de concienciación y sensibilización de la población en general, «para paliar el estigma social que viven estas personas, que se traduce en situaciones de grave discriminación en diversos ámbitos de su vida diaria y que afectan, también gravemente, a su calidad de vida y, en definitiva, a su integración social».

Además, aclaró que el propósito es establecer redes de colaboración con entidades e instituciones que nos permitan ampliar los recursos y llegar a más personas y de mejor manera, así como definir una cartera de servicios que se ajuste a las demandas y actuales tendencias en la atención.

Además, se mejorará y ampliará la atención institucionalizada. «Y para ello consideramos necesario hacerlo a través del incremento del número de plazas en los recursos de atención; y hablo de plazas residenciales y centros de día/noche para implementar ya en 2016». En este punto, la vicepresidenta recordó que en los presupuestos se contempla ya un incremento de 7 millones de euros en materia de dependencia.

«También a través del fomento de servicios como la Atención domiciliaria especializada, Centros ocupacionales y proyectos que potencien la vida independiente, como las viviendas supervisadas, como la reciente cesión de una vivienda en Santa Cruz de Tenerife, por parte del Instituto Canario de la Vivienda, con este fin», aclaró.

Otro aspecto esencial que se abordará de manera específica en el plan, es la incorporación de medidas que favorezcan la inserción laboral y social. No sólo con el objetivo de promover la búsqueda activa de empleo, sino para el mantenimiento del mismo, reforzando iniciativas como: en el mercado protegido, a través de la integración laboral en Centros Especiales de Empleo cuyo objetivo principal es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite su integración en el mercado ordinario de trabajo; en estas empresas, al menos el 70 por ciento de la plantilla han de ser trabajadores con discapacidad. «Hemos adoptado ya medidas de impulso con la Resolución de 24 de septiembre de 2015, incorporando un crédito adicional de 107.516, 43 euros», matizó.

Y en el mercado ordinario, Hernández indicó que el objetivo es fomentar la contratación indefinida de personas con discapacidad, a través de la concesión de ayudas a las empresas que lleven a cabo dicha contratación.

Asimismo, anunció el trabajo coordinado del Servicio Canario de Empleo con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para verificar el cumplimiento de la obligación de reservar el 2% de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad, para todas las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores y sus posibles sanciones, para que éstas cumplan con esa cuota del 2%.

Vivienda entrega el noveno local en Añaza para el desarrollo de talleres dirigidos a mayores

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La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, entregó hoy a la Parroquia Santa María de Añaza las llaves de un nuevo local que se destinará a las personas mayores del barrio para realizar actividades de cultura y ocio. Se trata del local nº 9, con una superficie útil de 86,80 m2, ubicado en el Grupo de 92 viviendas de promoción pública de Añaza, en la Rambla de Añaza.

Políticas Sociales ha cedido un total de 10 locales en Añaza dedicados a la formación y la inserción laboral, gestionados a través de la parroquia de este barrio

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha cedido un total de diez locales a los vecinos del barrio de Añaza, dedicados a la formación y a la inserción laboral, así como al ocio y la cultura. La parroquia de este barrio es la encargada de poner en marcha estos proyectos sociales destinados a jóvenes y mayores.

Patricia Hernández también visitó el proyecto de aula de cocina para jóvenes desfavorecidos, que se pone en marcha en dos locales cedidos por el Instituto Canario de la Vivienda, que se sitúan en el grupo de 100 viviendas de promoción pública en Añaza. El objetivo de este recurso es servir de espacio para la puesta en marcha un proyecto de aula de cocina directamente enfocado a ayudar a los jóvenes más desfavorecidos del barrio de Añaza, dándoles la formación para la inserción laboral, talleres de autoestima y refuerzo académico, con la finalidad de ofrecerles un futuro mejor.

El espacio cedido, correspondiente a los locales números 7 y 8, cuentan con una superficie útil de 90,00 y 124,20 m2, respectivamente, y se encuentran ubicados en el Grupo de 100 viviendas de promoción pública de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife.

Políticas Sociales trabaja para revertir la situación de los servicios sociales en Canarias

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La Viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Isabel Mena, asegura que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda «trabaja intensamente por revertir la penosa situación que el Gobierno Central ha dejado a Canarias en materia de servicios sociales». Estas declaraciones las realizó tras conocer el informe anual referido a 2015 elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que revela que Canarias es una de las Comunidades Autónomas que presenta un desarrollo de los servicios sociales «irrelevante», con 2,4 puntos, junto a la Comunidad Valenciana (1,05 puntos) y Murcia, con 2,35 puntos.

Isabel Mena recuerda que desde la llegada del nuevo equipo, Canarias aplica medidas para garantizar mejoras en la prestación de los servicios sociales, adelantando el pago de la PCI e incorporando al Sistema de la Dependencia a numerosas personas, entre otras acciones.

Mena reconoce que «el informe es objetivo y refleja la realidad existente pero desde el primer momento de la llegada del nuevo equipo estamos trabajando intensamente por revertir la tendencia en cuanto a las políticas sociales en Canarias, dándole un giro, gracias a que hemos logrado reorganizar todo el sistema».

En este sentido, la viceconsejera critica que las políticas sociales «se han visto fuertemente recortadas en todo el país por culpa del gobierno del PP cuyo modelo de financiación autonómico perjudica enormemente a Canarias, por lo que no recibimos recursos suficientes para poder impulsar el modelo social deseado». Al respecto, añade que «nos sitúa 600 millones de euros al año por debajo de la media de las comunidades autónomas».

No obstante, Mena sostiene que «desde Canarias estamos trabajando sin descanso para darle la vuelta a esta situación y por ello, hemos presentado un presupuesto para este año en el que los programas de políticas sociales incrementan en casi 28,6 millones de euros». Asimismo, concreta que «en la atención a personas en situación de dependencia hemos aumentado en 7,7 millones de euros, que irán a parar al cumplimiento de la ley de Dependencia, que ha sido vaciada por el señor Rajoy». «Además, la PCI pasa de 28 a 45 millones, se trata de un incremento histórico con 17 millones de euros más que en 2015», apunta.

La viceconsejera incide en que «desde el primer día estamos trabajando por garantizar mejoras en la prestación de los servicios sociales y el ejemplo más claro es que hemos puesto al día la PCI finalizando los pagos pendientes antes de final de 2015, lo que ha supuesto que este año la tramitación de la PCI se ha iniciado, por primera vez, sin listas de espera». Asimismo, aclara que «hemos hecho un esfuerzo importante por incorporar al Sistema de Dependencia a numerosas personas y hemos adelantado por primera vez el pago a 550 dependientes que se encontraban en lista de espera».