El pleno del Consejo Canario de Formación Profesional, que presidió hoy en Tenerife la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, y al que asistió la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, en calidad de consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, dio su visto bueno al proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP); así como a la creación del CIFP La Laguna, por transformación del IES de la misma denominación.
También da su visto bueno a la creación del CIFP La Laguna, por transformación del IES de la misma denominación
Actualmente la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con un total de ocho CIFP, cuatro en Tenerife (Los Gladiolos, César Manrique, Las Indias y La Laguna), tres en Gran Canaria (San Cristóbal, Villa de Agüimes y Cruz de Piedra)y uno en Fuerteventura (Majada Marcial).
Los CIFP tendrán entre sus funciones impartir las ofertas formativas conducentes a títulos de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad de la familia o área profesional que tengan autorizadas y otras ofertas formativas que den respuesta a las demandas de las personas y del entorno productivo.
También deberán desarrollar vínculos con el sistema productivo del entorno (sectorial y comarcal o local), en los siguientes ámbitos: formación del personal docente, formación de alumnos en centros de trabajo y la realización de otras prácticas profesionales, orientación profesional y participación de profesionales del sistema productivo en la impartición de docencia.
Asimismo, y en este contexto, deberán colaborar en la detección de las necesidades de cualificación y en el desarrollo de la formación permanente de los trabajadores; así como, informar y orientar a los usuarios, tanto individuales como colectivos, para facilitar el acceso, la movilidad y el progreso en los itinerarios formativos profesionales, en colaboración con los servicios públicos de empleo.
Consejo Social
El órgano colegiado más importante de participación, control y gestión de la sociedad en los CIFP será el Consejo Social. Estará presidido por el director o directora del centro y formarán parte de él un representante de la Consejería del que depende el centro, un representante de la Consejería con competencias en materia educativa, un representante de la Consejería en materia de empleo, cuatro representantes del centro, cuatro representantes de los agentes sociales y el secretario del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Social, con voz pero sin voto.
El Claustro será el órgano de participación del profesorado en la actividad del centro. Por su parte, serán órganos de coordinación: el Equipo Técnico Asesor y los departamentos de Familias Profesionales, Formación y Orientación Laboral, Idiomas, Información y Orientación Profesional, Innovación y Calidad, Relación con las Empresas y Equipo de Reconocimiento de las Competencias Profesionales.
Autonomía y gestión
Los CIFP dispondrán de autonomía organizativa, pedagógica, de gestión económica y de personal. Además deberán contar con un Proyecto Funcional que elaborará el equipo directivo del centro teniendo presente las directrices generales del Consejo Social y las propuestas del Claustro y del Equipo Técnico Asesor. Tendrá que ser aprobado por el Consejo Social y remitido al órgano competente de la Consejería al que esté adscrito el centro a efectos de autorizar y velar por su desarrollo.
El proyecto funcional incluirá la descripción del ámbito económico, social y laboral del centro, sus prioridades de actuación, sus sistema organizativos, las normas específicas de funcionamiento, los criterios de calidad y los indicadores relacionados con los objetivos del proyecto funcional. También contemplará su oferta de formación profesional, las programaciones de cada acción formativa y los planes de orientación profesional, autoprotección y convivencia.
Tipos de centros
Los CIFP podrán se públicos o privados. Será CIFP públicos aquellos cuyo titular sea la Administración de la Comunidad Autónoma del Gobierno de Canarias. Podrán depender de la Consejería competente en materia de educación, de la Consejería competente en materia de empleo, a través del órgano competente; y de otras Consejerías u organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración canaria.




