El nuevo texto normativo busca promover la actividad económica y adaptarse a la Directiva 2006/123/CE, por lo que viene a actualizar y a regular determinados aspectos no contemplados en la actual legislación (Ley 1/98, de 8 de enero)
El Gobierno de Canarias acordó hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, solicitar, por la vía de urgencia, dictamen al Consejo Económico y Social (CES) sobre el Anteproyecto de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.
La urgencia de esta solicitud se justifica, no solo en la necesidad de agilizar y promover la actividad económica, dada la actual coyuntura de crisis, sino también en la necesidad de adecuar la vigente legislación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior, que obliga a los estados miembros a adaptar su normativa antes del 28 de diciembre de 2009, lo que supondrá la eliminación de los obstáculos legales y administrativos que dificulten la prestación de servicios entre los mismos.
Con este acuerdo de Gobierno continúa el proceso iniciado meses atrás para la aprobación de un nuevo marco normativo que sustituirá a la vigente Ley 1/98, de 8 de enero, y que se caracteriza por ser un texto abierto, consensuado con el sector y las corporaciones locales y que marca las pautas para un ulterior desarrollo reglamentario.
La nueva normativa comprende, por tanto, una serie de novedades con respecto a la Ley vigente, y que se concretan en aspectos tales como la incorporación a la misma de una pluralidad de procedimientos, en atención específica al tipo de actividad y su grado de incidencia, frente a la existencia de un único procedimiento para todo tipo de actividades clasificadas de la Ley actual. Con ello se garantiza que la rigidez del procedimiento sea directamente proporcional a la relevancia de la actividad.
Por otra parte, se sustituye la exclusividad del régimen autorizatorio, incorporando el de comunicación previa, el cual podrá utilizarse igualmente para la apertura de actividades clasificadas cuando la instalación haya sido previamente autorizada. Con este sistema se consigue liberar de carga de trabajo a las Corporaciones locales; agilizar la instalación y puesta en marcha de actividades económicas -con el efecto dinamizador que ello supone en tiempos de crisis-, y se reconduce la responsabilidad del autor del proyecto o certificante de la ejecución de la obra.
Esta modificación permitirá, asimismo, que la competencia para calificar actividades sea exclusivamente municipal, por lo que no que existe una fase intermedia de calificación. Los Cabildos retienen únicamente esta competencia con respecto a aquellas actividades que el Gobierno considere, por su relevancia, mantener una calificación por un órgano insular, así como, con carácter general, con relación a los ayuntamientos que por su escasa organización carezcan de medios propios para asumir dicho cometido o por ser un proyecto supramunicipal.
Hay que destacar, además, que el nuevo texto apuesta claramente por un régimen de plazos cortos para la tramitación del procedimiento (3 meses con carácter general, y 5 meses cuando deba intervenir el Cabildo) y un régimen generalizado de silencio positivo automático.
Finalmente, se propone la regulación expresa de situaciones especiales carentes de regulación normativa o desfasadas por la jurisprudencia, así como la coordinación procedimental con otras intervenciones sectoriales o locales, excluyendo la necesidad de una licencia municipal en las actividades sujetas a autorización ambiental integrada y respecto a aquellas otras autorizaciones de carácter sectorial que conlleven un régimen de control medioambiental específico.
El nuevo texto normativo busca promover la actividad económica y adaptarse a la Directiva 2006/123/CE, por lo que viene a actualizar y a regular determinados aspectos no contemplados en la actual legislación (Ley 1/98, de 8 de enero)
El Gobierno de Canarias acordó hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, solicitar, por la vía de urgencia, dictamen al Consejo Económico y Social (CES) sobre el Anteproyecto de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.
La urgencia de esta solicitud se justifica, no solo en la necesidad de agilizar y promover la actividad económica, dada la actual coyuntura de crisis, sino también en la necesidad de adecuar la vigente legislación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior, que obliga a los estados miembros a adaptar su normativa antes del 28 de diciembre de 2009, lo que supondrá la eliminación de los obstáculos legales y administrativos que dificulten la prestación de servicios entre los mismos.
Con este acuerdo de Gobierno continúa el proceso iniciado meses atrás para la aprobación de un nuevo marco normativo que sustituirá a la vigente Ley 1/98, de 8 de enero, y que se caracteriza por ser un texto abierto, consensuado con el sector y las corporaciones locales y que marca las pautas para un ulterior desarrollo reglamentario.
La nueva normativa comprende, por tanto, una serie de novedades con respecto a la Ley vigente, y que se concretan en aspectos tales como la incorporación a la misma de una pluralidad de procedimientos, en atención específica al tipo de actividad y su grado de incidencia, frente a la existencia de un único procedimiento para todo tipo de actividades clasificadas de la Ley actual. Con ello se garantiza que la rigidez del procedimiento sea directamente proporcional a la relevancia de la actividad.
Por otra parte, se sustituye la exclusividad del régimen autorizatorio, incorporando el de comunicación previa, el cual podrá utilizarse igualmente para la apertura de actividades clasificadas cuando la instalación haya sido previamente autorizada. Con este sistema se consigue liberar de carga de trabajo a las Corporaciones locales; agilizar la instalación y puesta en marcha de actividades económicas -con el efecto dinamizador que ello supone en tiempos de crisis-, y se reconduce la responsabilidad del autor del proyecto o certificante de la ejecución de la obra.
Esta modificación permitirá, asimismo, que la competencia para calificar actividades sea exclusivamente municipal, por lo que no que existe una fase intermedia de calificación. Los Cabildos retienen únicamente esta competencia con respecto a aquellas actividades que el Gobierno considere, por su relevancia, mantener una calificación por un órgano insular, así como, con carácter general, con relación a los ayuntamientos que por su escasa organización carezcan de medios propios para asumir dicho cometido o por ser un proyecto supramunicipal.
Hay que destacar, además, que el nuevo texto apuesta claramente por un régimen de plazos cortos para la tramitación del procedimiento (3 meses con carácter general, y 5 meses cuando deba intervenir el Cabildo) y un régimen generalizado de silencio positivo automático.
Finalmente, se propone la regulación expresa de situaciones especiales carentes de regulación normativa o desfasadas por la jurisprudencia, así como la coordinación procedimental con otras intervenciones sectoriales o locales, excluyendo la necesidad de una licencia municipal en las actividades sujetas a autorización ambiental integrada y respecto a aquellas otras autorizaciones de carácter sectorial que conlleven un régimen de control medioambiental específico.