– Esta normativa desarrolla los trámites para garantizar la intervención administrativa en la prevención y control integrados de la contaminación
El Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto por el que se determina el órgano ambiental competente y el procedimiento de autorización ambiental integrada.
Este decreto establece que corresponde a la consejería competente en materia de Medio Ambiente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, la tramitación y resolución de la autorización ambiental integrada.
El control integrado de la contaminación descansa fundamentalmente en la autorización ambiental integrada, una nueva figura autonómica de intervención ambiental que sustituye y aglutina el conjunto disperso de autorizaciones de carácter ambiental exigibles hasta el momento.
Con este Decreto se desarrollan aspectos procedimentales relativos a la tramitación de la autorización ambiental integrada que no han sido definidos por la Ley 16/2002, de 1 de julio, correspondiendo a las Comunidades Autónomas su concreción y teniendo en cuenta las modificaciones operadas con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
La normativa aprobada tiene por objeto determinar el órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente para otorgar las autorizaciones ambientales integradas y desarrollar el procedimiento para garantizar la intervención administrativa en la prevención y control integrados de la contaminación.
Además, constituye el fin del documento, integrar en un único acto de intervención administrativa aquellas autorizaciones e informes preceptivos en materia de vertidos, producción y gestión de residuos, emisiones a la atmósfera y aquellas otras materias de carácter ambiental exigibles por la legislación sectorial, en las que la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias sea competente.
Esta normativa se aplica a las instalaciones de titularidad pública o privada ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias en las que se desarrolla alguna de las actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en el Anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, con excepción de las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.



