El director podrá consolidar parte del complemento económico del cargo una vez que acabe su mandato
El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Decreto que regula la función directiva de los centros docentes públicos no universitarios. Esta regulación sustituye a la establecida en los distintos reglamentos orgánicos de esta materia.
La función directiva será desarrollada por el llamado equipo directivo en el que se integran director, secretario y jefe de estudios, y en su caso la vicedirección y las jefaturas de estudios adjuntas, teniendo en cuenta el número de unidades y la complejidad organizativa de los centros docentes. Fuera del equipo directivo, pero pensado para la asistencia del director, el proyecto de decreto regula la figura del Administrador.
Sobre los miembros del equipo directivo el documento establece los procedimientos de selección, nombramiento y cese del director y los nombramientos y ceses de los restantes miembros del equipo directivo. El director será seleccionado a partir de un concurso de méritos convocado por la Consejería y en el que participará una comisión de selección constituida por los representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente.
Una vez seleccionados los directores deberán superar un programa de formación inicial, salvo los que acrediten experiencia en el puesto, a cuyo término serán nombrados con un mandato de 4 años con posibilidad de una renovación por el mismo período.
Tras el final de su mandato los directores serán evaluados por una comisión constituida para tal fin. Los que obtengan evaluación positiva se les reconocerán unos efectos profesionales que se relacionan con su valoración en los concursos de traslados, en la reserva de plazas para la función inspectora o su incorporación a órganos de carácter consultivo o participativo. También será precisa la evaluación positiva para la prórroga.
Asimismo, la evaluación positiva supondrá un efecto económico consistente en la consolidación de parte del complemento percibido durante el mandato por todo el tiempo que se permanezca en servicio activo.
– El director podrá consolidar parte del complemento económico del cargo una vez que acabe su mandato
El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Decreto que regula la función directiva de los centros docentes públicos no universitarios. Esta regulación sustituye a la establecida en los distintos reglamentos orgánicos de esta materia.
La función directiva será desarrollada por el llamado equipo directivo en el que se integran director, secretario y jefe de estudios, y en su caso la vicedirección y las jefaturas de estudios adjuntas, teniendo en cuenta el número de unidades y la complejidad organizativa de los centros docentes. Fuera del equipo directivo, pero pensado para la asistencia del director, el proyecto de decreto regula la figura del Administrador.
Sobre los miembros del equipo directivo el documento establece los procedimientos de selección, nombramiento y cese del director y los nombramientos y ceses de los restantes miembros del equipo directivo. El director será seleccionado a partir de un concurso de méritos convocado por la Consejería y en el que participará una comisión de selección constituida por los representantes de la Administración educativa y del centro correspondiente.
Una vez seleccionados los directores deberán superar un programa de formación inicial, salvo los que acrediten experiencia en el puesto, a cuyo término serán nombrados con un mandato de 4 años con posibilidad de una renovación por el mismo período.
Tras el final de su mandato los directores serán evaluados por una comisión constituida para tal fin. Los que obtengan evaluación positiva se les reconocerán unos efectos profesionales que se relacionan con su valoración en los concursos de traslados, en la reserva de plazas para la función inspectora o su incorporación a órganos de carácter consultivo o participativo. También será precisa la evaluación positiva para la prórroga.
Asimismo, la evaluación positiva supondrá un efecto económico consistente en la consolidación de parte del complemento percibido durante el mandato por todo el tiempo que se permanezca en servicio activo.