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El Gobierno de Canarias aprueba el decreto que regula las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias

El objeto principal es establecer una sola disposición reglamentaria para facilitar su aplicación

El Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto por el que se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias.

El citado proyecto de Decreto tiene por objeto regular las actuaciones del nuevo Plan de Vivienda de Canarias, agrupando en una sola disposición reglamentaria todas las actuaciones protegidas previstas en el citado Plan para facilitar su aplicación y simplificar el procedimiento a seguir para declarar o calificar una actuación como protegida y reconocer el derecho a acceder a las medidas de financiación que corresponden a cada actuación.

Por otra parte, se regulan también las actuaciones incluidas en el Plan Estatal 2005-2008, que se contengan, o sean susceptibles de incluirse, en los objetivos a alcanzar en el correspondiente convenio entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Vivienda.

En cuanto a los distintos capítulos que integran el decreto, el capítulo I, sobre ¿Disposiciones Generales¿, regula el marco general en el que se va a desarrollar la gestión de las distintas actuaciones contempladas en el Plan de Vivienda de Canarias y aparte de la regulación de diversas cuestiones comunes a dichas actuaciones, debe destacarse, por su novedad respecto a Planes anteriores, el establecimiento de un plazo más flexible para la presentación de las solicitudes de declaración o calificación protegida de las actuaciones del Plan programadas para cada año, así como de reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación que correspondan a cada actuación;

También es de destacar, la ampliación del concepto de unidad familiar; la aplicación de un coeficiente de ponderación único a los ingresos familiares, atendiendo, por un lado, al número de miembros de la unidad familiar, a la existencia, en su caso, de personas con discapacidad, y, por otro, a la ultraperificidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se crea además, el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que tiene por finalidad facilitar los datos precisos para la adjudicación y venta de las viviendas protegidas, tanto en la primera como ulteriores trasmisiones, así como proporcionar a las diferentes Administraciones Públicas una información actualizada de la demanda de vivienda protegida existente en Canarias.

Especial consideración dentro del citado capítulo, merece el procedimiento de concesión de las subvenciones que, entre otras medidas, salvo en el caso de las subvenciones previstas para la rehabilitación de viviendas en el medio rural, establece que se otorguen a través del procedimiento de concesión directa, con el fin de que su otorgamiento se pueda realizar con la mayor celeridad y agilidad posible.

Así en un mercado, tan cambiante y tan en continua evolución como el de la vivienda, resulta de claro interés social el poder acceder a la vivienda, y a las ayudas necesarias para lograr ese objetivo, en el momento en el que se den las circunstancias precisas para que ese fin se pueda conseguir, y no después de la tramitación de un largo procedimiento, tras el cual, probablemente, las citadas circunstancias han desaparecido.

Los otros capítulos del decreto regulan de una forma específica las distintas actuaciones protegidas incluidas en el Plan de Vivienda de de Canarias, agrupando en cada uno de ellos las actuaciones en función de la actividad que se trate de fomentar.

Así, en el capítulo II se regulan las actuaciones protegidas del Plan de Vivienda de Canarias en materia de vivienda de nueva construcción de promoción privada, y, aparte de esa regulación, se le otorga una denominación específica a las viviendas protegidas de nueva construcción para venta o uso propio, o para arrendar, y se establece, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el precio máximo, por metro cuadrado de superficie útil, según corresponda, de venta, adjudicación y renta, de las citadas viviendas de nueva construcción.

En el capítulo III, se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda de nueva construcción de promoción pública, en la que cabe resaltar por su novedad la regulación de la promoción pública de alojamientos colectivos en régimen de alquiler destinados a sectores de la población con necesidades temporales de vivienda y recursos limitados.

Por su parte, en el capítulo IV, se regulan las actuaciones protegidas con relación a la vivienda usada; en el capítulo V del decreto , una de las actuaciones tradicionales en los diversos Planes de Vivienda, como es la autoconstrucción; en el capítulo VI, las actuaciones destinadas al fomento del alquiler; en el capítulo VII, las actuaciones protegidas destinadas específicamente a los jóvenes, entre las que se incluyen la adquisición o arrendamiento de viviendas a través del programa denominado ¿Bolsa de Vivienda Joven¿, así como la previsión de subvenciones adicionales destinadas a los jóvenes para actuaciones protegidas reguladas en otra parte del decreto; en el capítulo VIII, se regulan las actuaciones de suelo; y finalmente, en el capítulo IX, se procede a la regulación de las actuaciones en materia de rehabilitación.

En cuanto a las disposiciones adicionales, debe destacarse la disposición adicional primera, en la que se relacionan los municipios que se declaran como ¿municipios de preferente localización de viviendas protegidas¿

Y, en las disposiciones transitorias, se recogen las previsiones, ya normales con la aprobación de un nuevo Plan, sobre la posibilidad de continuar calificando y visando actuaciones, así como concediendo préstamos cualificados, y admitiendo solicitudes de subvenciones al amparo de la normativa reguladora del Plan estatal de vivienda anterior, hasta la publicación del tipo de interés efectivo anual que ha aplicarse para el nuevo Plan.

Finalmente, cabe destacar que en la elaboración de este decreto ha habido un amplio proceso de participación, en el que se ha consultado a los cabildos insulares, a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), así como a las asociaciones y organizaciones más representativas del sector.