Logo del Gobierno de Canarias
Descargar como PDF

El Gobierno de Canarias envía la Ley del Transporte Terrestre al Consultivo

Esta nueva norma constituye uno de los instrumentos jurídicos que dará cobertura al Eje Transinsular de Transportes

El Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez, solicita con carácter urgente el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el anteproyecto de Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

Se trata de una norma imprescindible que urge aprobar para establecer las bases de una regulación del transporte bajo criterios de movilidad, que anticipen las necesidades y las respuestas a las demandas de empresas y ciudadanos.

El Gobierno pretende con esta norma, dotarse en este mandato de unos instrumentos potentes de planificación y ordenación de los transportes y de las infraestructuras necesarias para garantizar Una Canarias Única, ese espacio económico y social que debe ser Canarias.

Este instrumento no es otro que el Eje Transinsular de Transportes de Canarias. Que viene a planificar las infraestructuras del transporte desde una nueva perspectiva, la de un territorio único. Es decir, define aquellas infraestructuras de interés general para los hombres y mujeres que viven en Canarias y garantiza por encima de la Isla la integración del conjunto del Archipiélago.

Estas medidas están reguladas, por primera vez, en el anteproyecto de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, cuya memoria estudió hoy el Consejo de Gobierno. Esta ley tiene por objeto, por tanto, la ordenación del transporte por carretera y de las actividades complementarias relacionadas con el mismo que se desarrollen en el ámbito territorial de Canarias.

Es objeto de esta Ley el establecimiento de los principios y criterios que han de observar los poderes públicos en la planificación, dirección y gestión de los transportes por carretera, posibilitando de esta manera la concreción de una política en esta materia que responda a planteamientos unitarios, consensuados y coordinados, entre las administraciones canarias.

La orientación de la intervención pública sobre los transportes por carreteras deberá orientarse a la consecución de los siguientes objetivos:

La satisfacción de la demanda de movilidad de la población, garantizando su derecho a un transporte público regular, de calidad, y sostenible, con especial atención a las personas menos favorecidas yo con movilidad reducida que requieran un transporte especial. Regula en cada una de las islas la creación de un transporte público regular de pasajeros, sostenible y de calidad.

El transporte público colectivo de pasajeros se reconoce como servicio público esencial de carácter insular y su integración con otros modos de transportes. Se establecen de obligaciones de servicio público para el transporte de guaguas que de cobertura a las necesidades básicas de movilidad intrainsular, así como la financiación de la obligación de servicio público por las distintas administraciones.

La integración y vertebración en un sistema intermodal de transportes en Canarias, que conforme el Eje de Transinsular de Transportes, con horarios y frecuencias entre los distintos modos que permitan la consecución de un espacio único canario.

Fomento de la competencia y la competitividad del sector, luchando contra situaciones de monopolio y dotando al sector de una estructura empresarial que le permita espacios de negociación con cargadores más satisfactorios que los actuales.

A garantizar la financiación por parte de las administraciones públicas, de forma que se equiparen los costes de movilidad a la media que soportan los usuarios de estos modos de transportes en territorios continuos.

En concreto en esta Ley aparecen nuevas figuras y definiciones que responden a la consecución de los principios anteriormente enumerados como son:

Se crea una tarjeta única de empresa y no por vehículos – como en la actualidad -, estableciendo el parámetro de la edad media de la flota por empresa. Es una apuesta por la liberalización en el sector, por la creación de empresas, por la dinamización y la profesionalización de un sector que necesita adecuarse a los nuevos tiempos con nuevas estrategias para la competencia y la competitividad. Por otro lado, hay una apuesta por la concentración a través de la creación de empresas y cooperativas, apoyando la conveniencia de la agrupación y redimensionamiento de empresas en orden a garantizar su competitividad.

La creación de un transporte turístico que dé un servicio de adecuado a las necesidades actuales del sector turístico en las islas. Un transporte turístico que contemple varias modalidades y que aporte calidad y competencia al sector. Aparece como novedad el transporte privado complementario para servicios turísticos, de recreo y de ocio.

Se establece la figura del transporte a la demanda, como un elemento más flexible para dar respuesta a las demandas de movilidad de la población, liberando a las carreteras canarias de la intensidad de tráfico con vehículos privados.

Se crea a su vez el denominado transporte integral, que es aquel que consiste en el ofrecimiento de un servicio de transporte, tanto de viajeros como de mercancías, que permita atender las necesidades completas de transportes de los usuarios y que responde al principio del servicio ¿puerta a puerta¿ y se podrá realizar con la adquisición de una única tarjeta de autorización administrativa.

Será preceptiva la instalación y utilización del tacógrafo como medida de control y de seguridad para los vehículos de transporte público de viajeros y mercancías.

En cuanto al sector del taxi, aparece por Ley las zonas de prestación conjunta e incluso se posibilita la prestación insular, así como el régimen especial de prestación en áreas sensibles como son puertos, aeropuertos, intercambiadores con el objeto de garantizar este servicio público a los usuarios de estas infraestructuras de transporte.

En definitiva, esta Ley nos dota de un instrumento de regulación de las distintas modalidades de los transportes por carretera así como las actividades relacionadas con los mismos, desde la perspectiva de las necesidades concretas de la sociedad y economía canaria.

En cualquier caso, este marco legal debe hacer posible la conciliación de las peculiaridades que confiere la situación geográfica, social y económica del Archipiélago con su pertenencia a la Unión Europea.