– El texto está consensuado por los diferentes colegios profesionales implicados en el desarrollo de esta actividad
El Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy, ha solicitado al Consejo Consultivo dictamen sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Mediación Familiar.
El texto del reglamento, que desarrolla la Ley 15/2003 de Mediación Familiar, ha sido un documento consensuado gracias a la interlocución y debate promovidos por el Gobierno, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, con todos los profesionales implicados, bien individualmente o a través de sus órganos colegiados.
La mediación familiar, entendida como un mecanismo de solución extrajudicial de los conflictos, está regulada por la Ley 15/2003 y por la Ley 3/2005 que la modifica. Este reglamento, que ha tomado en consideración hoy el Consejo de Gobierno, regula los aspectos fundamentales para la operatividad de la norma general, entre los que destacan los requisitos de la formación específica que debe acreditar el mediador familiar, la creación y régimen de funcionamiento del Registro Público de Mediadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, la designación del mediador familiar y los requisitos y condiciones para la gratuidad en la mediación familiar.
Merece especial atención, además, la inclusión en el ámbito del Registro de Mediadores Familiares de los centros en los que se desarrollan programas de mediación familiar y punto de encuentro familiar, que tan buenos resultados han venido teniendo en aquellos lugares en los que están funcionando.
El objetivo que se persigue al incorporar la información sobre estos centros al contenido del reglamento es propiciar la difusión, creación y consolidación de una red de centros avalados por el Gobierno de Canarias, a los que se les asigna un importante papel en la puesta en marcha del sistema de mediación familiar ya sea por su actividad específica de mediación como por su intervención en la aplicación de medidas judiciales creando las condiciones para que muchas situaciones deriven en mediación. En definitiva, estos centros representan un apoyo crucial para jueces y tribunales en diversas cuestiones relacionadas con los procesos relativos al Derecho de Familia.
Requisitos
Tal y como se recoge en el proyecto de decreto, los mediadores familiares deberán tener titulación universitaria en las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo Social u otras Ciencias Sociales y estar inscrito como ejerciente en su respectivo colegio profesional. Asimismo, debe acreditar una formación específica en mediación impartida por Colegios Profesionales, Universidades o Centros autorizados por el Gobierno de Canarias y haber sido formado acerca de Derecho de Familia, Sociología, Psicología, Pedagogía, modelos y técnicas de resolución de conflictos y principios y metodología de la mediación familiar.
En el caso de las entidades de mediación familiar, éstas deberán tener personalidad jurídica y como único objeto social el conocimiento de asuntos de carácter familiar, además de contar, al menos, con un mediador.



