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El Gobierno remite al Parlamento el Proyecto de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos

La elaboración del nuevo texto normativo se justifica en la necesidad de adaptar la Ley vigente a la Directiva 2006/123/CE (Directiva Bolkestein), así como agilizar y promover la actividad económica

El Gobierno de Canarias acordó, en su reunión de hoy, remitir al Parlamento el Proyecto de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, cuya finalidad es regular, en aplicación de la Directiva 2006/123/CE, el régimen jurídico y los instrumentos de intervención administrativa aplicables a la instalación y apertura de las citadas actividades, así como a la realización de espectáculos públicos.

Con este acuerdo, el Gobierno continúa el proceso iniciado meses atrás para la aprobación de un nuevo marco normativo que sustituirá a la vigente Ley 1/98, de 8 de enero, y con el que, además de su adaptación a la normativa europea (Directiva de Servicios o Directiva Bolkestein), se pretende agilizar y promover la actividad económica en la Comunidad Autónoma.

La nueva normativa incluye una serie de novedades con respecto a la Ley vigente, y se concretan en aspectos tales como la incorporación a la misma de una pluralidad de procedimientos, en atención específica al tipo de actividad y su grado de incidencia, frente a la existencia de un único procedimiento para todo tipo de actividades clasificadas de la Ley actual. Con esta pluralidad, se garantiza que la rigidez del procedimiento sea directamente proporcional a la relevancia de la actividad.

La nueva Ley distingue, además, dos instrumentos de intervención previa: el de la comunicación previa y el de la autorización administrativa. El primero se aplicará con carácter general y, a diferencia del anterior, no requerirá que se dicte resolución alguna por parte de la Administración competente, por lo que tendrá efectos inmediatos desde el día de su presentación; mientras que el segundo operará de forma excepcional con respecto a aquellas actividades clasificadas que así se establezcan, expresa y motivadamente, por Decreto del Gobierno de Canarias, debido a que las mismas pueden presentar una incidencia grave o muy grave sobre las condiciones de salubridad, el medio ambiente o ser susceptibles de producir riesgo para las personas o las cosas.

Con este sistema se consigue liberar de carga de trabajo a las corporaciones locales; agilizar la instalación y puesta en marcha de actividades económicas -con el efecto dinamizador que ello supone en tiempos de crisis-, y se reconduce la responsabilidad al autor del proyecto o certificante de la ejecución de la obra.

Esta modificación permitirá, por otro lado, que la competencia para calificar actividades sea en la inmensa mayoría de los casos municipal, por lo que no que existe una fase intermedia de calificación, sino un trámite de informe de calificación que emitirán los ayuntamientos. Los Cabildos retienen únicamente esta competencia con respecto a aquellas actividades que el Gobierno considere -por su relevancia-, mantener una calificación por un órgano insular, así como -con carácter general-, con relación a los ayuntamientos que por su escasa organización carezcan de medios propios para asumir dicho cometido o por ser un proyecto supramunicipal.

Hay que destacar, además, que el nuevo texto apuesta claramente por un régimen de plazos cortos para la tramitación del procedimiento (3 meses con carácter general, y 5 meses cuando deba intervenir el Cabildo) y un régimen generalizado de silencio positivo automático.

Finalmente, se propone la regulación expresa de situaciones especiales carentes de regulación normativa o desfasadas por la jurisprudencia, así como la coordinación procedimental con otras intervenciones sectoriales o locales, excluyendo la necesidad de una licencia municipal en las actividades sujetas a autorización ambiental integrada y respecto a aquellas otras autorizaciones de carácter sectorial que conlleven un régimen de control medioambiental específico.

El nuevo proyecto de Ley, elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y consensuado con el sector y las corporaciones locales, ya ha obtenido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Canarias.

Esta nueva regulación normativa marca las pautas para un ulterior desarrollo reglamentario, y su adaptación -de la vigente legislación autonómica a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo-, supondrá la eliminación de los obstáculos legales y administrativos que dificultan la prestación de servicios en el mercado interior de la Unión Europea.

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La elaboración del nuevo texto normativo se justifica en la necesidad de adaptar la Ley vigente a la Directiva 2006/123/CE (Directiva Bolkestein), así como agilizar y promover la actividad económica

El Gobierno de Canarias acordó, en su reunión de hoy, remitir al Parlamento el Proyecto de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, cuya finalidad es regular, en aplicación de la Directiva 2006/123/CE, el régimen jurídico y los instrumentos de intervención administrativa aplicables a la instalación y apertura de las citadas actividades, así como a la realización de espectáculos públicos.

Con este acuerdo, el Gobierno continúa el proceso iniciado meses atrás para la aprobación de un nuevo marco normativo que sustituirá a la vigente Ley 1/98, de 8 de enero, y con el que, además de su adaptación a la normativa europea (Directiva de Servicios o Directiva Bolkestein), se pretende agilizar y promover la actividad económica en la Comunidad Autónoma.

La nueva normativa incluye una serie de novedades con respecto a la Ley vigente, y se concretan en aspectos tales como la incorporación a la misma de una pluralidad de procedimientos, en atención específica al tipo de actividad y su grado de incidencia, frente a la existencia de un único procedimiento para todo tipo de actividades clasificadas de la Ley actual. Con esta pluralidad, se garantiza que la rigidez del procedimiento sea directamente proporcional a la relevancia de la actividad.

La nueva Ley distingue, además, dos instrumentos de intervención previa: el de la comunicación previa y el de la autorización administrativa. El primero se aplicará con carácter general y, a diferencia del anterior, no requerirá que se dicte resolución alguna por parte de la Administración competente, por lo que tendrá efectos inmediatos desde el día de su presentación; mientras que el segundo operará de forma excepcional con respecto a aquellas actividades clasificadas que así se establezcan, expresa y motivadamente, por Decreto del Gobierno de Canarias, debido a que las mismas pueden presentar una incidencia grave o muy grave sobre las condiciones de salubridad, el medio ambiente o ser susceptibles de producir riesgo para las personas o las cosas.

Con este sistema se consigue liberar de carga de trabajo a las corporaciones locales; agilizar la instalación y puesta en marcha de actividades económicas -con el efecto dinamizador que ello supone en tiempos de crisis-, y se reconduce la responsabilidad al autor del proyecto o certificante de la ejecución de la obra.

Esta modificación permitirá, por otro lado, que la competencia para calificar actividades sea en la inmensa mayoría de los casos municipal, por lo que no que existe una fase intermedia de calificación, sino un trámite de informe de calificación que emitirán los ayuntamientos. Los Cabildos retienen únicamente esta competencia con respecto a aquellas actividades que el Gobierno considere -por su relevancia-, mantener una calificación por un órgano insular, así como -con carácter general-, con relación a los ayuntamientos que por su escasa organización carezcan de medios propios para asumir dicho cometido o por ser un proyecto supramunicipal.

Hay que destacar, además, que el nuevo texto apuesta claramente por un régimen de plazos cortos para la tramitación del procedimiento (3 meses con carácter general, y 5 meses cuando deba intervenir el Cabildo) y un régimen generalizado de silencio positivo automático.

Finalmente, se propone la regulación expresa de situaciones especiales carentes de regulación normativa o desfasadas por la jurisprudencia, así como la coordinación procedimental con otras intervenciones sectoriales o locales, excluyendo la necesidad de una licencia municipal en las actividades sujetas a autorización ambiental integrada y respecto a aquellas otras autorizaciones de carácter sectorial que conlleven un régimen de control medioambiental específico.

El nuevo proyecto de Ley, elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y consensuado con el sector y las corporaciones locales, ya ha obtenido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Canarias.

Esta nueva regulación normativa marca las pautas para un ulterior desarrollo reglamentario, y su adaptación -de la vigente legislación autonómica a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo-, supondrá la eliminación de los obstáculos legales y administrativos que dificultan la prestación de servicios en el mercado interior de la Unión Europea.