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El Gobierno canario mejora las retribuciones de abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita

El Gobierno canario mejora las retribuciones de abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita

Aprobada una resolución en la que se dictan nuevas instrucciones y criterios de certificación para la aplicación homogénea de los módulos y bases de compensación económica que rigen este servicio

Clarifica la aplicación del Turno Especial de Extranjería y determina los conceptos por los que se deben retribuir las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales, y las incompatibilidades con el letrado de guardia

La partida presupuestaria destinada a esta prestación en el ejercicio de 2023 asciende a 23 millones de euros

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha aprobado, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, una resolución orientada a mejorar las retribuciones que reciben los abogados y procuradores por sus actuaciones profesionales en la asistencia jurídica gratuita, cuya partida presupuestaria en el ejercicio de 2023 asciende a 23 millones de euros.

En concreto, ha dictado nuevas instrucciones y criterios de certificación para la aplicación homogénea de los módulos y bases de compensación económica para la retribución por este servicio de los colegios de abogados y procuradores.

Según ha explicado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, dicha resolución determina cómo se deben retribuir las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales por los juzgados de instrucción, que, a partir de ahora, se hará por el concepto de “procedimiento abreviado con conformidad en instrucción”, del apartado I. Jurisdicción Penal, de los módulos y bases de compensación económica de los profesionales de la abogacía.

También define el criterio por el que se deben retribuir las incompatibilidades con el letrado de guardia, que se llevará a cabo por el concepto “asistencia ordinaria”, del apartado IX. 1. Guardias, de los citados módulos y bases de compensación económica.

Para acreditar la existencia de dicha incompatibilidad, deberá motivarse tal circunstancia en la certificación, acreditándose suficientemente que dicho servicio no pudo prestarse por ninguno de los letrados/as que estaban de guardia el día en cuestión en el partido judicial afectado y aportarse comunicación judicial o policial que justifique la incompatibilidad.

Igualmente, clarifica la anterior instrucción sobre la aplicación del Turno Especial de Extranjería, que incluye la asistencia en comisaría o brigada de extranjería, juzgado, centro de internamiento de extranjeros o similar, solicitud de protección internacional/asilo, así como los recursos de reforma y apelación contra la orden de internamiento, si fuese necesario, y recurso de alzada y contencioso administrativo contra la orden de expulsión.

Para evitar computar doblemente los servicios prestados por los profesionales de la abogacía, al aplicar conjuntamente el módulo y los importes relativos al Turno Especial de Extranjería y los importes relativos al recurso contencioso administrativo incluida vía administrativa, previa preceptiva contra la orden de expulsión para los mismos sujetos, la compensación económica que corresponde a estos servicios es la del Turno Especial de Extranjería.

Además, también se establece que cada profesional designado por el Colegio de Abogados atenderá como máximo a 6 personas, salvo casos excepcionales que se deberán justificar debidamente.

Esta resolución tendrá plenos efectos jurídicos y será aplicada a partir de la certificación correspondiente al segundo trimestre de 2023 que presenta cada uno de los cuatro colegios de abogados del archipiélago.

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El Gobierno multiplica por ocho la retribución de los abogados de los migrantes en un trimestre hasta 563.944 euros

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La partida inicial era de 68.138 euros y el incremento se llevó a cabo entre el tercer y el cuarto trimestre de 2020 para los cuatro colegios profesionales de la abogacía en las Islas

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, multiplicó por más de ocho la partida destinada a subvencionar la asistencia jurídica gratuita que prestan las y los profesionales del Derecho en las Islas a las personas migrantes que entran en el territorio nacional a través del Archipiélago de forma irregular. Este incremento, que supuso aumentar los fondos desde 68.138 euros hasta 563.944 euros, tuvo lugar entre el tercer y cuarto trimestre de 2020.

La directora general, Marta Bonnet, recuerda que la orden que regula esta materia es la del 17 de mayo de 2019, por la que se aprobaron los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría.

No obstante, la emergencia humanitaria que está viviendo Canarias desde 2020, causada por un repunte en la entrada de personas extranjeras puso de manifiesto la necesidad de establecer los criterios a seguir en la aplicación del turno especial de extranjería contenido en esa orden para garantizar el derecho a la asistencia jurídica a estas personas en especial situación de vulnerabilidad.

Por ello, Bonnet dictó una instrucción el 21 de octubre del año pasado que estableció los criterios a seguir en la aplicación del módulo referido al turno especial de extranjería contenido en la orden del 17 de mayo de 2019.

La instrucción establece que, con el fin de garantizar que los y las profesionales de la abogacía de Canarias presten una adecuada atención a cada una de las personas extranjeras que entren de forma irregular en territorio nacional por las costas del Archipiélago, los colegios de la abogacía de Canarias tendrán derecho a percibir unas cuantías diarias que se fijan por grupos de personas asistidas según los tramos contenidos en la Orden de 17 de mayo de 2019.

Asimismo, señala que la compensación económica a cada colegio será distribuida por estos entre los letrados y letradas que hayan prestado asistencia en el Turno Especial de Extranjería por el día en que se haya hecho efectiva la entrada irregular.

Indica, además, que el importe máximo diario a percibir por un letrado o letrada será de 942 euros siempre y cuando haya asistido, al menos, a 13 personas, ya que se pretende garantizar que se designe el número de profesionales que sean necesarios para prestar una atención adecuada.