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Obras Públicas encarga estudios a la AIReF y a las universidades canarias para evaluar las alternativas a Fonsalía

El consejero Sebastián Franquis anuncia en el Parlamento que con estos encargos se da cumplimiento al acuerdo adoptado con el Cabildo de Tenerife para realizar un análisis profundo e independiente de los costes y beneficios ambientales, sociales y económicos de la mejor opción para descongestionar Los Cristianos y para la conexión de esta isla con La Gomera, La Palma y El Hierro

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a la Universidad de La Laguna (ULL), a la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y con recursos propios de la Consejería, cuatro informes imprescindibles para realizar una evaluación completa e independiente de los costes y beneficios sociales, económicos y medioambientales de todas las alternativas que se han puesto sobre la mesa para descongestionar el puerto de Los Cristianos, en Tenerife. El consejero Sebastián Franquis ha hecho este anuncio durante una comisión celebrada en el Parlamento de Canarias, un encargo con el que se da cumplimiento al acuerdo adoptado con el Cabildo de Tenerife el pasado mes de septiembre para evaluar de forma veraz y concluyente las opciones para mejorar las conexiones marítimas de esta isla con La Gomera, La Palma y El Hierro, entre las que se encuentra la construcción de un nuevo puerto en Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora.

Se trata de cuatro estudios de evaluación independientes que deberán estar terminados en el primer trimestre de 2022 y que deberán exponer de forma clara la situación real y las mejores opciones a acometer por las Administraciones implicadas. De esta forma, se encargará un análisis del coste/beneficio de las alternativas ya identificadas al nuevo puerto de Fonsalía (se encargará a la AIReF), informe de alternativas a la movilidad sostenible en Tenerife (ULL), ULPGC y un cuarto informe que realizarán técnicos de la propia Consejería y que consistirá en un anteproyecto de las actuaciones a realizar para para ampliar las instalaciones y mejorar las entradas y salidas del puerto de Los Cristianos, por si finalmente si se optara por esta alternativa.

“Creo que el asunto es de tanta importancia que requiere de estos informes de esta naturaleza, como no se había hecho anteriormente. Hemos acudido a instituciones independientes, públicas, para que nos den la mayoría de datos suficientes para tomar la decisión más conveniente en base al interés general, que no es otro que el interés general de Tenerife y de las islas verdes”, afirmó el consejero Franquis en el Parlamento.

El consejero regional ha subrayado en la Cámara regional que la alternativa final deberá mejorar la movilidad y el aumento de la capacidad con respecto a la situación actual, permitiendo un mayor volumen de tráfico de personas y de mercancías, como la mejora de la calidad en la movilidad entre islas con menores tiempos de trayecto y espera, todo ello de forma inteligente y sostenible.

El consejero Franquis y el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, acordaron en septiembre mantener una línea de acción común y consensuada para impulsar todas las actuaciones necesarias para mejorar la conectividad marítima de esta isla respetando los valores ambientales del territorio insular costero y marítimo, armonizando su desarrollo de forma inteligente y sostenible. Para lograrlo, Gobierno y Cabildo identificaron una serie de alternativas sobre las que se van a encargar ahora estos estudios, priorizando las inversiones en función de su utilidad social, su mayor valor medioambiental y su contribución a la consecución de los objetivos climáticos.

Las alternativas acordadas entre ambas Administraciones implicadas son:

• Alternativa 1. Proyecto Actual: se evaluarían las consecuencias en el medio (medio natural y medio socioeconómico) de la construcción del nuevo puerto-isla planificado en Guía e Isora.
• Alternativa 2.A: Se evaluaría la ampliación del actual Puerto de Los Cristianos y adecuación de las vías de acceso y el entorno puerto-ciudad.
• Alternativa 2.B: Se evaluaría la adecuación del Puerto de Granadilla para recepción del tráfico comercial de personas y mercancías que actualmente se realiza desde el Puerto de Los Cristianos, reservando para el Puerto de Los Cristianos un uso turístico-deportivo.
• Alternativa 2.C: Se evaluaría la adecuación del Puerto de Santa Cruz de Tenerife para recepción del tráfico comercial de personas y mercancías que actualmente se realiza desde el Puerto de Los Cristianos, reservando para el Puerto de Los Cristianos un uso turístico-deportivo.
A estas cuatro alternativas se suma una ‘Alternativa cero’ que es no realizar intervención alguna y mantener la situación actual.

“El objetivo del Gobierno y del Cabildo de Tenerife no es otro que dar la mejor respuesta a las deficiencias del Puerto de Los Cristianos, mejorando las necesidades de conectividad, actuales y futuras”, aseguró Sebastián Franquis, “pero si queremos favorecer el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía, hay que dilucidar si los beneficios sociales que generaría la construcción de un nuevo puerto en Guía de Isora, son los suficientes como para compensar el coste de los recursos públicos que se van a utilizar y los costes medidos en valores ambientales, del territorio insular costero y marítimo; se trata, además, de evaluar si no hay mejores alternativas al nuevo puerto con una mayor rentabilidad social y mejor sostenibilidad medioambiental”.

De esta forma, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda va a encargar a la AIReF el análisis del coste/beneficio social de cada una de las alternativas antes señaladas. La inversión prevista para el proyecto del Puerto de Fonsalía alcanza los 200 millones de euros, por lo que es fundamental contar con un análisis sólido para garantizar que solo se lleve finalmente a cabo la alternativa que mayor bienestar social genere, sin que por una condicionalidad preestablecida se sobreestimen los beneficios y se subestimen los costes. La AIReF es un organismo público que actúa con plena independencia orgánica y funcional en el desarrollo de su actividad y entre sus fines se contempla el de la evaluación del gasto y de las inversiones públicas.

El Gobierno de Canarias también quiere implicar a las universidades canarias en estudio previo y por eso encargará a la Universidad de La Laguna (ULL) una evaluación de alternativas ya que cuenta con un grupo de investigación especializado en economía del transporte y en evaluar políticas públicas de fomento de movilidad sostenible. La Universidad es garante de su independencia investigadora y dispone de medios suficientes y una reputación técnica incuestionable, para evaluar todas las alternativas y asignar las correspondientes prioridades, en términos de mejora de la movilidad sostenible. En este sentido se encargará a la ULL la evaluación de las alternativas en términos de mejora de la movilidad y de los impactos ambientales, sociales y económicos generados en cada alternativa.

Un tercer informe recogerá la evaluación previa del impacto ambiental en el entorno marino y costero de las alternativas del proyecto del puerto de Fonsalía a realizar por el Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC. Dado que no se ha elegido la alternativa a ejecutar, no estaríamos hablando de una evaluación ambiental propiamente dicha, pero sí resulta conveniente realizar un análisis previo del impacto ambiental de cada alternativa en el entorno marítimo y costero. El IOCAG cuenta con un sólido y experimentado equipo de científicos y profesores que trabajan en el ámbito de las ciencias del mar que realizarán la evaluación teniendo en cuenta los aspectos o componentes contemplados en la legislación ambiental.

Un cuarto informe lo constituirá un anteproyecto básico de ampliación del Puerto de Los Cristianos y la mejora de sus accesos, como recoge la alternativa 2.A de las que se han de evaluar. Este informe es prioritario ya que es imprescindible para poder realizar la comparación con el resto de alternativas propuestas. De esta forma, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda encargará a su propio equipo técnico que realice un anteproyecto básico de forma que en el plazo de dos meses se disponga de los aspectos fundamentales de la obra que se podría realizar. Se va a dar preferencia a este anteproyecto para poder entregarlo y ponerlo a disposición de la AIReF y de las dos universidades canarias en el plazo más breve posible.

Finalmente, el consejero Franquis también informó que se va a constituir un grupo de trabajo que incluya al Gobierno canario y al Cabildo de Tenerife junto con las navieras y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para abordar las actuaciones a realizar para mejorar los accesos y los servicios portuarios que se ofrecen en el puerto de Los Cristianos.

“Creo que hemos encauzado el problema, y lo hemos hecho con el acuerdo del Cabildo de Tenerife, no solo en establecer las cuatro alternativas sino además a la hora de encargar estos informes para que, en torno al mes de marzo, estén terminados y a partir de ahí tomar la decisión más adecuada desde el punto de vista económico y social, de movilidad, medioambiental, en definitiva, desde el punto de vista del interés general, y de resolver de forma definitiva los problemas de movilidad y de tráfico que hoy tiene el Puerto de Los Cristianos y la isla de Tenerife con el resto de islas de esta provincia”, concluyó el consejero Sebastián Franquis.

Obras Públicas licita por 300.000 euros la redacción del proyecto para la remodelación del puerto de Gran Tarajal

Las obras a acometer por la Consejería permitirán el atraque de embarcaciones de gran porte, aumentarán los puestos de amarre y mejorarán las instalaciones de la zona para facilitar el acceso a los usuarios

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, ha sacado a licitación la redacción del proyecto técnico, con estudio de impacto ambiental, para la remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura. La actuación tiene como objetivo mejorar las condiciones de abrigo de este puerto, de tal manera que permita el atraque con seguridad de embarcaciones de gran porte, y aumentar los puestos de amarre para las embarcaciones de la zona. El contrato contará con una inversión de 300.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Este proyecto permitirá, por una parte, ofrecer una solución a la demanda actual de puestos de amarre para embarcaciones de recreo de la zona optimizando y ampliando el espacio disponible en la actualidad. Este puerto, que forma parte de la red portuaria de los Puertos de Interés General de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuenta con un gran potencial de crecimiento, en una zona abrigada de la isla majorera cuyas características lo configuran como un emplazamiento idóneo y demandado para la navegación.

Por otro lado, las instalaciones disponibles no permiten en la actualidad el atraque de embarcaciones de gran porte, tipo cruceros, por lo que este proyecto estudiará la redacción de diversas alternativas que posibiliten el amarre con seguridad de estos barcos y, al mismo tiempo, se garanticen los atraques en la dársena interior con mayor seguridad. Dentro de las obras a acometer se contempla el equipamiento de una terminal de viajeros, la creación de zonas de aparcamiento, la mejora de los servicios al sector pesquero y la dotación de equipamiento para fomentar los deportes acuáticos y recreativos.

Tras las incidencias producidas en el puerto de Gran Tarajal por el paso de la borrasca Emma en 2018, se puso de manifiesto la necesidad de realizar una intervención que amplíe y remodele la zona para dotarla de mayor seguridad. Este proyecto, que ha sido coordinado con la administración local de Tuineje y la cofradía de pescadores de la zona, dotará una definición a las obras que se acometerán en el puerto y contará con el soporte a la tramitación ambiental de estos trabajos, incluyendo la solicitud al Estado del consecuente informe favorable para su tramitación.

Vivienda destina 2,9 millones en ayudas para incorporar al sector privado a la construcción de viviendas protegidas

Esta actuación, que forma parte del Plan de Vivienda 2020-2025 y fue acordada con las patronales del sector, concederá ayudas a los promotores privados para edificar o terminar construcciones que se quedaron a medias con la finalidad de ampliar el mercado de viviendas en alquiler a precios asequibles

Sebastián Franquis: “Esta iniciativa responde a la política que se ha puesto en marcha desde el Gobierno canario para incrementar el parque de viviendas de las islas como mejor medida para abaratar los precios del alquiler, y para eso es esencial que la iniciativa privada se incorpore y participe de forma activa en la ejecución del Plan de Vivienda”

 

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de subvenciones dirigidas al sector privado con la finalidad de estimular a las empresas del sector de la construcción a edificar vivienda protegida en régimen de alquiler destinadas a las familias más vulnerables. Se destinan a esta línea de subvenciones 2,9 millones de euros en uno de los programas incluidos dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 que implica al sector privado en el desarrollo del mismo y con el que se da cumplimiento a los acuerdos alcanzados por el consejero Sebastián Franquis con las patronales del sector de la construcción en el Archipiélago.

“Esta subvención que ponemos en marcha desde la Consejería se enmarca en los ejes estratégicos del Plan de Vivienda y responde a la política que se ha puesto en marcha desde este Gobierno para incrementar el parque de viviendas de las islas como mejor medida para abaratar los precios del alquiler”, señaló Franquis, “es fundamental que la iniciativa privada se incorpore y participe de forma activa en la ejecución del Plan para, junto a la iniciativa puramente pública, alcanzar el objetivo de combatir la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago por la falta de vivienda pública desde hace años”.

Con estas subvenciones la Consejería continúa con el desarrollo de los programas del Plan de Vivienda aprobado en diciembre pasado, en este caso el Programa 5, destinado al fomento de la promoción de viviendas protegidas de promoción privada en régimen de arrendamiento.

“El Plan de Vivienda tiene actuaciones concretas para desarrollar esa colaboración público-privada y ponerla en práctica, entre otras la construcción de vivienda protegida por parte de las empresas del sector.”, señaló el consejero Franquis, “para nosotros es fundamental la cogobernanza en la gestión del Plan, en colaboración con los cabildos y los ayuntamientos, y el otro elemento imprescindible es la colaboración con la iniciativa privada. Es fundamental que la iniciativa privada se incorpore y participe de forma activa en la ejecución del mismo, fundamentalmente para ampliar el parque de viviendas en alquiler, pero también para generar más empleo en el sector”, señaló el consejero.

Esta línea de subvenciones que lanza la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda está dirigida a fomentar la promoción privada de construcción de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento con el fin de incentivar la incorporación al mercado inmobiliario de viviendas a precios de renta asequible. La Consejería busca, a través de la iniciativa privada, ampliar el parque de viviendas de alquiler para que puedan ser habitadas por aquellas personas que no pueden afrontar los precios de una vivienda en el mercado libre. Esta acción responde al Eje 2 del Plan de Vivienda 2020-2025 que recoge el fomento de la colaboración con el sector privado para poner el mayor número de viviendas posibles en el mercado a precios asequibles.

Las viviendas que serán edificadas gracias a esta iniciativa serán calificadas como viviendas protegidas en régimen de alquiler. Únicamente se subvencionará la promoción de viviendas en régimen de arrendamiento con duraciones que van de los 10 a los 25 años.

Con esta partida se subvencionará la promoción de viviendas protegidas, ya sea de nueva construcción, así como procedentes de la rehabilitación de viviendas o edificios. También serán subvencionables las promociones de viviendas con obras empezadas y que se quedaron paralizadas y que reanuden las mismas hasta su completa finalización como viviendas protegidas. En todos los casos, las viviendas terminadas deberán destinarse al arrendamiento, para su uso como residencia habitual y permanente de sus ocupantes.

Las subvenciones se otorgarán por metro cuadrado construido con un límite de 22.500 euros por vivienda construida en aquellas promociones que se acojan al arrendamiento en régimen especial, es decir, para aquellas familias cuyos ingresos anuales no superan los 18.600 euros anuales. Para los que se acojan al régimen general de arrendamiento, familias con ingresos sobre los 33.500 euros, se otorgará un máximo de 18.000 euros por vivienda construida.

Obras Públicas destina un millón de euros para la redacción y ejecución de los Planes de Movilidad Sostenibles

El departamento que dirige consejero Sebastián Franquis, consigna por primera vez 600.000 euros para que los ayuntamientos pongan en marcha las actuaciones de los PMUS ya elaborados en años anteriores, como la instalación de puntos de recarga o la implementación de carriles bicis

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, destina un millón de euros para la redacción y, por primera vez, la ejecución de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) por parte de los municipios canarios de menos de 100.000 habitantes. De esta forma se quiere dar cumplimiento a uno de los ejes del Ejecutivo regional como es el de impulsar la movilidad sostenible en el Archipiélago que implique a todos los sectores sociales, institucionales y económicos relacionados con la movilidad.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado hoy la convocatoria de subvenciones para que los municipios canarios que estén interesados soliciten esta ayuda del Gobierno que se distribuirá en dos líneas distintas. La primera de esas líneas está dotada con 400.000 euros y se destinar, para la redacción de proyectos de movilidad sostenible en aquellos municipios que aún no disponen de uno de estos planes. La segunda línea, la novedad este año, está dotada con 600.000 euros y se va a destinar a financiar la ejecución práctica de las actuaciones de los PMUS que ya fueron redactados por los ayuntamientos en años anteriores. Ese dinero se destinará fundamentalmente a financiar a la instalación de puntos de recarga, así como a proyectar obras para instalar carriles bici o zonas peatonales en los municipios.

“En el Gobierno estamos comprometidos en promover un cambio de modelo y más concretamente en el transporte terrestre, por eso impulsamos una serie de actuaciones como la convocatoria de ayudas para los PMUS”, aseguró el consejero Franquis, “se trata de animar y acompañar a los ayuntamientos, sobre todo aquellos de menor población, cofinanciando los PMUS, ayudándoles en un camino que es obligatorio recorrer en estos momentos como es el de la movilidad sostenible, una movilidad responsable y respetuosa con el medio ambiente”.

Con los 600.000 de la nueva línea para ejecutar los PMUS se van a financiar dos ejes de estos planes de movilidad: el referido al fomento del vehículo eléctrico, y el eje referido a infraestructuras públicas que favorezcan una movilidad sostenible. Referido a los vehículos eléctricos, la Consejería subvencionará la implantación de puntos de recarga en las vías públicas y en aparcamientos públicos municipales. Con respecto al segundo eje, se darán ayudas elaborar los proyectos necesarios para la implementación en cada municipio de infraestructuras que promuevan desplazamientos más sostenibles, como son la creación de carriles bici o la peatonalización de vías públicas.

Con esta medida se continúa impulsando el que los ayuntamientos de Canarias cuenten con una herramienta esencial para la planificación de la movilidad en sus términos municipales, y a su vez, y por primera vez, se financia el que se lleven a cabo actuaciones contempladas en los PMUS ya existentes. Con este objetivo, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ya ha abonado en los tres últimos años un total de 508.150 euros a 39 ayuntamientos canarios con la finalidad de ayudarles a redactar sus PMUS.

 

Vivienda firma con el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos el protocolo para establecer el registro de afectados

Una comisión técnica formada por técnicos de todas las administraciones firmantes elaborará el baremo con el que se atenderá a las familias afectadas en base a criterios objetivos y de justicia social

Sebastián Franquis: “lo que vamos a hacer ahora de manera urgente es atender a la emergencia habitacional que afecta a muchas familias de la isla, para que cada uno tenga una vivienda provisional con la vista puesta en que, en un futuro no muy lejano, cada uno sepa ya dónde va a tener su vivienda definitiva y pueda reconstruir su proyecto de vida”

 

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha firmado hoy el protocolo general de actuación junto con el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y los alcaldes de El Paso, Sergio Rodríguez, Los Llanos de Aridane, Noelia García y Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez, para gestionar la intervención social ocasionada por la erupción del volcán en esta isla y crear un registro único de familias afectadas. Con este protocolo, que será de aplicación solo en los tres municipios afectados por la erupción, se pretende homogeneizar las necesidades de los afectados para ofrecer una respuesta más rápida y eficiente desde las administraciones públicas.

El Protocolo suscrito hoy establece también la creación de una comisión técnica de emergencia social integrada por técnicos del Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos. Esta comisión se encargará de elaborar el baremo con el que se atenderá a los afectados en base a criterios objetivos, trasladar cualquier necesidad que surja durante este trabajo social y servirá de coordinación entre las distintas instituciones.

“Este acuerdo de hoy simboliza, en primer lugar, la unidad de todas las administraciones públicas, y segundo, poner sobre la mesa los recursos de los que disponemos todas las administraciones para favorecer,  agilizar y buscar las mejores soluciones posibles a esta tragedia”, señaló Sebastián Franquis, “por eso  creo que hoy es un día importante – de todos los que hemos vivido hasta la fecha- porque a través de esta firma certificamos que las administraciones públicas están colaborando para que esta situación tan grave se pueda llevar lo mejor posible. Lo que vamos a hacer ahora de manera urgente es atender a la emergencia habitacional que afecta a muchas familias de la isla, que cada uno tenga una vivienda provisional con la vista puesta en que un futuro no muy lejano, cada uno sepa ya dónde va a tener su vivienda definitiva, dónde va a vivir a partir de ese momento para volver a reconstruir su proyecto de vida que es lo que todos esperamos. En ese sentido, garantizo que no va a haber dificultad por parte de las administraciones, y especialmente del Gobierno canario, para aportar todos los recursos y todos los medios que sean necesarios”.

La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, recordó que, desde el inicio del mandato, la prioridad del grupo de gobierno insular han sido y siguen siendo las personas y su bienestar e incidió en que, desde el domingo, día 19 de septiembre, cuando se produjo la erupción, la Corporación Insular se ha centrado en un doble objetivo, que ha sido, “por un lado, y como no podía ser de otra manera, evitar que se produjeran daños personales, algo que se logró gracias a la planificación, al trabajo incansable de los operativos de seguridad y al civismo de la ciudadanía, y, por otro lado, el segundo objetivo, al que nos enfrentaremos próximamente, que es el de responder a la emergencia habitacional de las personas que se habían quedado sin vivienda”.

“En este momento todas las personas tienen un alojamiento digno y quienes tienen algún tipo de dependencia están bien atendidas, algo que era prioritario, y en lo que ahora seguiremos trabajando de la mano de los ayuntamientos y del Gobierno de Canarias para poder dar una pronta respuesta a esta necesidad de nuestras vecinas y nuestros vecinos”, añadió Nieves Hernández.

Con la firma hoy de este protocolo, al que también asistió la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado, se faculta al Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) a organizar el equipo de trabajo necesario para atender a las familias que han perdido sus hogares por la colada volcánica. El equipo, que ya cuenta con los primeros efectivos en La Palma, está integrado por una coordinadora y 14 trabajadoras sociales que ha contratado la Consejería exclusivamente para este fin. Estas trabajadoras sociales empezarán hoy mismo a recopilar toda la información obtenida por los servicios sociales de los ayuntamientos para en pocos días empezar a entrevistar personalmente a los afectados tanto en la nueva Oficina de Atención a La Ciudadanía Afectada por el volcán que se ha abierto en la Casa Massieu de Los Llanos, como en los distintos alojamientos en los que están viviendo provisionalmente estas familias.

El consejero Franquis se reunió hoy mismo con las primeras trabajadoras sociales de este equipo que ya se han instalado en las dependencias de la Casa Massieu, a las que transmitió la voluntad del Gobierno de Canarias de prestar toda la ayuda necesaria a aquellas familias afectadas por la erupción sin dejar a nadie atrás, y al mismo tiempo les pidió a estas profesionales que extremen la atención que se va a prestar a los perjudicados teniendo en cuenta la grave situación social, económica y hasta psicológica que atraviesan muchos de ellos.

El protocolo firmado hoy establece que este equipo de trabajo social será el encargado de clarificar, organizar y ordenar todos los datos que ya han recogido los ayuntamientos y el Cabildo por distintas vías de las familias afectadas y crear de esta forma un registro único de perjudicados. El equipo de trabajadores sociales también realizará entrevistas personales a los evacuados para crear una ficha social con datos cuantificables que permitan establecer una tipología de las necesidades de estas familias. Tras esta ficha se realizará un informe social con una valoración diagnóstica completa que permita gestionar de forma eficaz los recursos disponibles. Por último, se realizará un baremo para evaluar las necesidades de cada familia y establecer el orden de prioridad para ser atendido en base a criterios objetivos y de justicia social.

El consejero también anunció tras la firma del protocolo que el consejo de administración de la empresa pública Visocan se reunirá mañana con carácter extraordinario para aprobar la compra de las primeras 18 viviendas en el municipio de Tazacorte que se destinarán a alojar a las familias que se han quedado sin hogar según el orden de prioridad que decida la comisión técnica de emergencia social. A esta primera compra seguirá la semana que viene la compra de otras 46 y así de forma sucesiva varias adquisiciones más hasta llegar al centenar de viviendas de las que se quiere disponer a finales de este mes de octubre. Sebastián Franquis añadió que esta compra de viviendas se complementará, en caso de ser necesario, con la adquisición e instalación de casa prefabricadas, para lo que ya se está gestionando con los ayuntamientos la cesión de suelo urbanizado para las mismas.

Vivienda recibe 52,8 millones de los Fondos Next Generation para la rehabilitación de inmuebles en Canarias

El consejo de ministros ha aprobado hoy el Real Decreto con el que se regulan los programas de ayuda para la rehabilitación residencial dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia que supondrá una inversión de más de 180 millones de euros solo en materia de vivienda en la Comunidad Autónoma en los próximos dos años

 

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado hoy la dotación de 52,8 millones de euros para este año 2021 que recibirá la Consejería Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, con la finalidad de invertirlo en los programas de rehabilitación de viviendas y de edificios públicos, y de construcción de viviendas energéticamente eficientes que se financian con de los fondos europeos Next Generation, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

El Estado transferirá próximamente estos fondos a la Consejería tras haber acordado en julio pasado el consejero regional, Sebastián Franquis, con los responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la partida que corresponde en esta primera anualidad a la Comunidad Autónoma de Canarias de los fondos europeos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Plan incluye fondos que se repartirán entre 2021 y 2023 para dos programas relacionados con la vivienda: el programa de rehabilitación de entornos residenciales; y el programa para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente suficientes. Este último programa comenzará a tener financiación a partir de 2022.

La partida aprobada hoy por el Consejo de Ministros de 52,8 millones de euros se corresponde con la primera anualidad del programa de rehabilitación residencial en entornos urbanos. Esta partida se destinará, en su mayor parte, a financiar obras de rehabilitación de conjuntos de viviendas degradadas por la antigüedad o la mala calidad de los materiales de construcción en barrios donde predominan las familias más vulnerables económicamente. Estas nuevas obras de rehabilitación tendrán que incorporar, además, medidas que permitan reducir en al menos un 30% el consumo energético de las viviendas. El reparto a las comunidades autónomas de los fondos destinados a este programa se ha hecho en base al número de hogares que recoge la Encuesta Continua de Hogares que realizó el INE en 2020.

En la Conferencia Sectorial del pasado verano se acordó también que la Comunidad Autónoma podrá recibir otros 130 millones de euros en las anualidades previstas para 2022 y 2023 en los dos programas antes mencionados, el de rehabilitación de barrios (están previstos 84 millones más), y el de construcción de nuevas viviendas (45 millones). Por tanto, si se cumplen todos los parámetros previstos, la Comunidad Autónoma podría recibir más de 180 millones de euros en los próximos dos años sólo en materia de vivienda de los fondos Next Generation.

Estos fondos tienen un objetivo prioritario que es alcanzar efectivamente a las personas que más lo necesitan y mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad del parque edificado de las ciudades.

Franquis: «Estamos en disposición de entregar a principios de octubre las primeras casas a afectados por el volcán»

El consejero asegura ante el Parlamento que se están ultimando los trámites para contar con un centenar de viviendas para estos afectados antes de mes y medio, y se gestiona la compra de otras 150 para final de año

“El Gobierno de Canarias, en coordinación con el Estado, el Cabildo y los ayuntamientos, está haciendo todos los esfuerzos por recuperar cuánto antes la normalidad en La Palma”, afirmó Franquis

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado hoy en el Parlamento de Canarias que su departamento está ultimando los trámites administrativos para disponer ya de un lote cercano a las cien viviendas para ofrecérselas a las personas que fueron desalojadas por los efectos del volcán de La Palma y que no cuenta con alojamiento propio en estos momentos. “Personal de la Consejería y de la empresa Visocan llevan una semana en La Palma buscando viviendas y ya puedo anunciar que estamos en disposición de entregar las primeras viviendas a estas personas afectadas a principios del próximo mes de octubre”, aseguró el consejero Sebastián Franquis en la Cámara regional.

El consejero especificó que los técnicos de Vivienda han localizado ya varias promociones en los municipios de Tazacorte, Fuencaliente y Los Llanos que sumarían algo más de 75 viviendas que se adquirirían de manera casi inmediata por parte de la Comunidad Autónoma para hacer frente a la emergencia habitacional que viven muchas familias de La Palma que se han quedado sin casa por las coladas volcánicas. A esas casas que se comprarían se sumarían otras que cederá una entidad bancaria y otras que son propiedad del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) hasta sumar el centenar de viviendas que podrían entregarse durante el mes de octubre. El objetivo a medio plazo es comprar unas 150 viviendas más hasta lograr contar con un lote de 267 casas adquiridas por la Comunidad Autónoma y, junto a las cedidas, poder ofrecer cerca de 300 viviendas a los afectados a finales de este mismo año.

“Soy consciente de la necesidad de afrontar la importante emergencia habitacional a la que nos enfrentamos en La Palma, y desde el Gobierno canario, y especialmente yo como titular de esta área, no tiene otra idea en la cabeza que inmediatamente poner a disposición de las familias afectadas una vivienda digna, especialmente de aquellas que no tienen en este momento ningún hogar. Eso es lo que estamos haciendo y estoy convencido que a principios de octubre podemos comenzar a entregar las primeras de esas viviendas”, explicó el consejero Franquis, “eso es lo que hemos planificado, primero hemos atendido la emergencia más inmediata con instalaciones hoteleras, ahora estamos ultimando la compra de vivienda, y si hicieran falta más casas tenemos prevista la posibilidad de comprar e instalar viviendas prefabricadas si la demanda de viviendas es mucho mayor”.

La Comunidad Autónoma afrontará la compra de estas viviendas con recursos propios a los que se sumarán los del Gobierno de España que hoy mismo ha aprobado un Real Decreto por el que se destinan 10,5 millones de euros a Canarias solo para atender la emergencia habitacional que ha provocado el volcán en la comarca oeste de La Palma. El consejero regional anunció, además, que su departamento prepara la firma de un convenio con el Colegio de Trabajadores Sociales de Tenerife para destinar en torno a una quincena de estos profesionales a La Palma para que puedan realizar sobre el terreno un diagnóstico de las necesidades reales de la población afectada por la erupción del volcán.

“Creo que estamos en la buena dirección en el sentido de la rapidez con la que estamos actuando todas las administraciones. Y en este sentido quiero expresar la coordinación que mantenemos tanto dentro del propio Gobierno canario en su conjunto, como el que mantenemos con los ayuntamientos y el Cabildo, y con el Gobierno de España”, añadió Franquis, “hay técnicos de la Consejería en la isla de La Palma localizando viviendas y otros estudiando cada una de las carreteras afectadas para planificar el plan de reconstrucción que hay que desarrollar en los próximos meses con soluciones mucho más estructurales. Por tanto, el Gobierno canario tiene claro cuál debe ser la prioridad política, económica y social en estos momentos que no pasa por otro objetivo que no sea recuperar cuanto antes la normalidad en la isla de La Palma”.

Obras Públicas emprende las últimas obras para poner en servicio el puerto de Playa Blanca a principios de 2022

El consejero Sebastián Franquis, acompañado por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, y el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, visitan las nuevas instalaciones del puerto en la que ya se han invertido 38 de los 40 millones de euros por los que fueron adjudicadas las obras

La recepción parcial de los Atraques 2 y 3 del nuevo puerto permitirá a los ferris que conectan con Corralejo operar esta misma semana desde la zona ampliada

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado hoy que las obras de ampliación del nuevo puerto de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), enfilan su recta final tras ejecutar más del 90% del presupuesto con la finalidad de poder poner a disposición del público y de los usuarios las instalaciones al completo a principios de 2022. El consejero regional acudió hoy a las instalaciones aún en obras para supervisar la firma por parte del ente público Puertos Canarios de la recepción parcial de parte las nuevas infraestructuras, una recepción que permitirá mejorar la operativa de los ferris que operan entre Lanzarote y Fuerteventura.

“Entramos en la última etapa de la obra, que consistirá en modernizar y ampliar la marina pesquera y deportiva en la dársena interior, lo que supondrá ganar más de cien atraques. La finalización total de la obra está prevista en el inicio del año 2022 y ha supuesto una inversión de 40 millones de euros”, informó el consejero, “con esta obra se consiguen los tres objetivos que tiene que recoger toda infraestructura portuaria, que es aumentar en capacidad, mejorar en seguridad y calidad de los servicios ofertados”.

El consejero Sebastián Franquis acudió al nuevo puerto de Playa Blanca acompañado por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, y el alcalde del municipio de Yaiza, Óscar Noda, además del viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, el gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega, y de los representantes de las operadoras marítimas Fred. Olsen y Naviera Armas, cuyas embarcaciones son usuarias de estas instalaciones. Durante la visita, las autoridades pudieron comprobar el importante avance de unas obras que comenzaron en diciembre de 2017 y en las que ya se han invertido 38 millones de euros, el 90% del presupuesto por el que fueron adjudicados estos trabajos a la UTE FCC-Mosquera carrasco. La obra cuenta con un presupuesto de 40,3 millones de euros, cofinanciado al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el resto por el propio Gobierno de Canarias.

Hoy se ha firmado la recepción de los Atraques 2 y 3 de la ampliación del puerto lo que permitirá poner en funcionamiento de la nueva dársena comercial, gracias a lo cual las navieras podrán realizar sus operaciones en la nueva línea de atraque de forma conjunta. Las navieras Fred Olsen y Naviera Armas deberán trasladar sus operaciones a esta nueva dársena para poder continuar con las obras pendientes, en la dársena interior.

“En el día de hoy quedará resuelta la recepción parcial de la obra de ampliación que permitirá en los próximos días el traslado de los ferris desde la dársena interior a sus nuevos atraques en la dársena exterior. Estos atraques cuentan con mayor superficie para la carga y descarga de personas y vehículos así como una nueva estación de pasajeros y parking, lo que permitirá ganar mayor fluidez en el tránsito de personas y vehículos”, explicó el consejero Franquis, “el puerto de Playa Blanca, además, será más seguro porque los ferris quedarán físicamente separados de la marina pesquera y deportiva, evitando así cualquier posibilidad de accidente y permitiendo maniobras más rápidas de atraque y desatraque”.

La presidenta del Cabildo de Lanzarote ha subrayado el compromiso del consejero Sebastián Franquis, que se refleja en la ampliación del puerto de Playa Blanca, en materia de vivienda y en la celeridad que está dando a los proyectos de carreteras en la isla de competencia autonómica. Corujo se referido al renovado puerto de Playa Blanca como una de las infraestructuras “más importantes de Canarias en cuanto al movimiento de pasajeros y por la conectividad con nuestra isla vecina de Fuerteventura”. “Lanzarote sólo avanza cuando se llega a grandes acuerdos, y esta es una prueba de ello”, aseguró la presidenta del Cabildo, en referencia al amplio respaldo que tuvo esta ampliación entre las instituciones públicas lanzaroteñas y canarias.

En la actualidad, Playa Blanca, con más de 1.250.000 pasajeros y unos 200.000 vehículos en 2019, es uno de los principales puertos en cuanto a tráfico dentro de la red de Puertos Canarios.

Las obras de ampliación que está ejecutando la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias permitirán alcanzar los siguientes objetivos:

–        La dársena más amplia permitirá las operaciones con barcos de mayores dimensiones, potenciando la recepción del tráfico de pasajeros y facilitando la reorganización de la zona de servicios para los agentes portuarios y los pasajeros de las navieras.

–        La ampliación del puerto cuenta con un paseo marítimo más extenso que se alarga hasta el nuevo dique vertical conectando el pueblo con las nuevas instalaciones del puerto de Playa Blanca.

–        El puerto contará con una nueva estación marítima, que se ha proyectado de acuerdo a criterios de tecnología medioambiental. Un edificio que contará con dos locales comerciales; espacio destinado a las dependencias de las oficinas; espacio para restaurante, aseos públicos y cuartos de instalaciones. Además de una terraza cubierta junto al acceso a la cafetería, con capacidad de albergar mesas del propio restaurante.

–        La ampliación del puerto contará con una explanada de aparcamiento público para vehículos. De esta manera los viajeros y visitantes podrán acceder al puerto con su vehículo facilitando así el acceso a ambas dársenas.

–        El puerto de Playa Blanca será el primer puerto sostenible de Puertos Canarios abriendo una nueva etapa en las infraestructuras portuarias del Archipiélago de toda la red autonómica de Puertos Canarios.

–        El muelle existente se destinará a embarcaciones de pesca, recreo y deportivas, aumentando su capacidad actual de los 162 atraques a unos 210.

Canarias celebrará el simposio internacional dedicado a la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos

El Gobierno de Canarias materializa de esta forma el acuerdo que el presidente Torres y el consejero Franquis cerraron con la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pilar Vera, para organizar un encuentro monográfico de la Organización de Aviación Civil Internacional dedicado a la atención a los familiares de las víctimas de estos siniestros

El Simposio, que reunirá a más de un centenar de expertos en aviación civil de todo el mundo, se celebrará del 1 al 3 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ha ratificado junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Fundación Enaire, la celebración en Canarias del próximo Simposio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que estará dedicado de forma monográfica a la asistencia a los familiares de víctimas de los accidentes aéreos. Con este acuerdo, que confirma la celebración del Simposio Internacional en Las Palmas de Gran Canaria del 1 al 3 de diciembre de este año, se materializa el acuerdo alcanzado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres y el consejero Sebastián Franquis con la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 o de Spanair, Pilar Vera. Fue esta presidenta la que ha estado impulsando en los últimos años la celebración en las islas de un encuentro internacional de este organismo de Naciones Unidas centrado exclusivamente en las víctimas y sus familiares como homenaje también a muchos de los fallecidos en el accidente de Spanair de 2008, siniestro en el que murieron 154 personas que se dirigían desde Madrid a Gran Canaria, que eran residentes en el Archipiélago.

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la Fundación Enaire, dependiente de la Dirección General de Aviación civil, en la que se estipulan los términos y condiciones en los que se celebrará este Simposio de la OACI en la capital grancanaria. Este encuentro será el primero que este organismo de Naciones Unidas dedica a la asistencia a las víctimas de los accidentes aéreos y responde a la propuesta formulada por los Estados asistentes a la 39ª Asamblea de la OACI, celebrada en 2016, de abordar con una visión mundial la asistencia a las víctimas de este tipo de siniestros.

El Gobierno de España se ofreció en 2019 a acoger este Simposio animado, entre otras cosas, por la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y Familias (FIVAAF) que preside también Pilar Vera y cuya sede está en España. En coordinación con el Estado, y tras reunirse con Vera y otros miembros de la asociación, el Gobierno de Canarias solicitó formalmente al Ministerio que esta Comunidad Autónoma fuese la sede del citado Simposio en reconocimiento también a las víctimas del accidente de Spanair que residían en el Archipiélago.

El Simposio a celebrar a principios del próximo mes de diciembre reunirá en Canarias de forma presencial a cerca de 200 expertos aviación civil y gestión de siniestros aéreos de todo el mundo, y a varios centenares más de manera telemática. Entre los objetivos que se plantean para la celebración de este Simposio Internacional se encuentran la divulgación y defensa del actual marco normativo de la OACI en materia de asistencia a víctimas de accidentes; la consecución de una mayor implantación de los planes de asistencia a nivel internacional; la concienciación del tratamiento que dan tanto los medios de comunicación como las aseguradoras a este tipo de siniestros; o la exploración de nuevas vías para mejorar la asistencia que se da a estas víctimas.

La OACI abrirá en breve el periodo de inscripción para este Simposio a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria del 1 al 3 de diciembre, que espera contar con la participación de expertos en la materia de los 193 países miembros de este organismo de Naciones Unidas.

Vivienda y la asociación Provivienda firman un convenio para atender a las personas en riesgo de desahucio

Esta línea de actuación cuenta con una partida de 500.000 euros anuales para desarrollar el Programa Canarias Pro Hogar, destinado a atender situaciones de emergencia habitacional en las familias con menos recursos

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), firma un Convenio de Cooperación con la Asociación Provivienda y la entidad Visocan para el desarrollo del programa ‘Canarias ProHogar’, integrado en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-25, que ofrece una respuesta a la emergencia habitacional para aquellas familias en riesgo de desahucio, y fomenta el acceso a la ciudadanía canaria a una vivienda digna y adecuada. Para su desarrollo, el Instituto Canario de la Vivienda aportará 500.000 euros a la Asociación Provivienda con carácter anual para que el personal de esta ONG facilite a las familias, en casos de urgencia, un alojamiento temporal, recursos, asesoramiento y seguimiento a las personas que se incluyan dentro del Programa Canarias Pro-Hogar.

Para el desarrollo de este programa, el Instituto Canario de la Vivienda ha formalizado un convenio – publicado recientemente en el Boletín Oficial de Canarias- que permite a la Asociación Provivienda realizar una orientación y acompañamiento de quienes se encuentren en riesgo de desahucio y necesiten este recurso habitacional, supervisando que se cumplan con las obligaciones contractuales de los beneficiarios del programa Canarias-ProHogar y ofrecer un asesoramiento que permita su inclusión social. Esta entidad, por tanto, gestionará las viviendas que el ICAVI incorpore al Programa mediante un equipo de personas especializadas que se mantendrá en coordinación permanente con el personal del Instituto y mantendrá un servicio de apoyo a las necesidades de las personas usuarias del Programa Canarias Pro-Hogar.

Por su parte, mediante este convenio se establece que Visocan cederá y continuará incrementando la bolsa de viviendas destinada a este programa, a través de la aportación de una partida presupuestaria de 4,5 millones de euros para la adquisición de forma inmediata de nuevas casas, a través de la compra de promociones de viviendas inacabadas siempre que éstas se encuentren entre el 50% o el 75% de su ejecución. Esto permitirá aumentar la oferta de viviendas sin un consumo adicional de suelo ni afectar al mercado privado y, a su vez, dar una respuesta rápida institucional para quienes se encuentren en una situación de urgencia habitacional.

El Canarias Pro-Hogar, se crea para atender, de una forma global, a las familias que se hallen o estén próximas a hallarse en situación de desahucio o de lanzamiento, pudiendo encontrar soluciones habitacionales para las personas o familias afectadas por una situación de emergencia.  El nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 dota de mayores recursos al programa Canarias Pro-Hogar con el objetivo de mejorar la cohesión social y ofrecer un recurso habitacional a personas que se encuentren en situación vulnerable (víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social, desahucios etc.) a través de la gestión del parque de viviendas disponible y con un asesoramiento, mediación y acompañamiento por los diversos recursos del Instituto Canario de la Vivienda.