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Obras Públicas ha completado esta mañana el calado de los dos túneles que atraviesan el macizo de Faneque

Ya se han calado al completo tres de los ocho túneles de este tramo, incluyendo las dos bocas de la galería que atraviesa el macizo de Faneque, donde se van a agilizar los trabajos de acondicionamiento para poner este túnel en servicio en 2022 y evitar el tramo más peligroso de la actual GC-200

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ha completado esta mañana el calado de los dos túneles que atraviesan el macizo de Faneque, los más largos, con más de 2.100 metros por cada tubo, de los ocho proyectados en las obras de la segunda fase de la Carretera de La Aldea. Con esta maniobra, se sigue impulsando una obra trascendental para las comunicaciones del noroeste de la isla de Gran Canaria ya que la Consejería ha calado ya tres de los ocho túneles previstos en esta obra.

El calado que se ha culminado hoy permitirá agilizar los trabajos de acondicionamiento y finalización de la doble galería que atraviesa el macizo de Faneque con el objetivo de poner en servicio y abrir al tráfico este paso subterráneo durante el año 2022. Se quiere evitar de esta forma, el tramo más peligroso de la actual GC-200, una vía que rodea el macizo y que sufre desprendimientos de tierra y piedras con cierta frecuencia, lo que obliga a cerrar la carretera de La Aldea y obliga a sus habitantes a usar la carretera del sur para desplazarse al resto de la isla.

Los dos tubos de Faneque, denominados en la obra como túnel 4, tienen una longitud de 2.020 metros el del lado mar (que se caló hace 20 días) y acogerá la vía que en el futuro tendrá sentido Agaete-La Aldea, y 2.100 metros el del lado tierra, que se caló hoy, y albergará en el futuro la vía con sentido La Aldea-Agaete.

Como ha ocurrido en todos los calados anteriores, comienza ahora una fase de excavación en mina en esta boca del túnel de Faneque que se prolongará varios días y que conllevará trabajos de sostenimiento del terreno a base de gunitado, es decir, la proyección de hormigón sobre las paredes de roca para conseguir una superficie uniforme y resistente sobre la que poder operar posteriormente. Finalizadas estas tareas, se procederá a ampliar la excavación del suelo del túnel hasta alcanzar los 8 metros de alto que tendrá definitivamente cuando entre en servicio.

Actualmente la UTE formada por las empresas Ferrovial-Agromán-Acciona Construcción-Lopesan y Bitumex, mantiene en esta obra un despliegue de trabajadores y maquinaria que trabaja las 24 horas del día en diferentes turnos y que en estos momentos se encuentran realizando, en su mayoría, tareas de perforación en los túneles 6 y 9. Al cale hoy de las dos bocas del túnel de Faneque le han precedido el túnel 3, llamado de Guguillo con 604 metros, que fue el primero que se caló en mayo de este mismo año; la galería del lado mar de faneque hace 20 días; y el 7, junto al barranco de Guayedra que se terminó de calar hace 10 días. Para perforar estos túneles la UTE está empleando voladuras con un novedoso explosivo a base de emulsión y medios mecánicos.

Las obras de esta II Fase de la Carretera de La Aldea se adjudicaron con un presupuesto de 152.361.708 euros y un plazo de ejecución de 65 meses. El nuevo tramo que sustituirá a la actual GC-200 tiene un trazado de 8,5 kilómetros, una nueva vía rápida con velocidad específica de 80 kilómetros por hora y que será una sucesión de túneles y viaductos hasta llegar a conectar con la I fase de la carretera, el tramo El Risco-La Aldea, ya terminado y en uso desde 2017. Debido a la accidentada orografía de esta zona de la isla de Gran Canaria, la obra es de una gran complejidad ya que implica la construcción de ocho túneles, dos viaductos y tres enlaces. La necesidad de estos túneles hace que el 70% del recorrido de este nuevo tramo de la carretera de La aldea sea subterráneo, minimizando por tanto el impacto medioambiental en el entorno que atraviesa.

Vivienda comienza en Los Llanos el montaje de las primeras viviendas modulares para atender la emergencia

Los operarios de la empresa suministradora empiezan a colocar los cimientos sobre los que se montarán las cinco primeras viviendas modulares de las 30 que la Consejería dispone ya en La Palma

La Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, ha comenzado hoy el montaje de las primeras viviendas modulares adquiridas para paliar la emergencia habitacional provocada en la isla de La Palma por la erupción del volcán en Cumbre Vieja. El montaje ha comenzado con un lote inicial de cinco viviendas de madera de las 30 que fueron adquiridas por la Consejería hace algo más de un mes. Estas casas se están instalando en una parcela urbanizada cedida por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y cuyo suelo se ha nivelado en las últimas semanas para cumplir con las condiciones necesarias para este tipo de construcciones.

En estos momentos los operarios de la empresa suministradora centran sus trabajos en la preparación de la base sobre las que se montarán las casas de madera consistente en tiras de bloque seco, fabricadas con hormigón estándar, que servirán de cimientos para las viviendas. Estas tiras, que para su colocación no necesitan argamasa, se instalarán en línea sobre el terreno creando una base para los rastreles – piezas alargadas de madera- que serán fijados y atornillados para crear una base plana de tableros resistentes a la humedad.

Una vez finalizado este proceso, se procederá a la instalación de las casas que en su mayoría son de tres dormitorios, fabricadas en madera de abeto nórdico, con una superficie de 74 metros cuadrados construidos, y cuentan, además de con las tres habitaciones ya señaladas, con salón cocina, baño y aseo. Interiormente todas ellas están terminadas con aislamiento térmico y pladur y un parquet laminado. Desde la Consejería se prevé que los trabajos se den por finalizados en un plazo de un mes.

Este primer lote de cinco viviendas pertenece a las 30 viviendas modulares adquiridas por la Consejería, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), para hacer frente a la emergencia habitacional de la isla. A medida que los ayuntamientos afectados vayan cediendo suelo urbanizado y preparado para albergar estas casas al Gobierno de Canarias, se procederá a la valoración y adecuación de las parcelas para la correcta instalación de estas viviendas. Se estima que el próximo lote de estas viviendas se instale en una parcela que está urbanizando en estos momentos el municipio de El Paso.

La adquisición e instalación de estas casas modulares se integran en lo que el consejero Franquis ha denominado como “fase de transición” de atención a los afectados por la emergencia volcánica. Se trata de dar una vivienda provisional a todas aquellas familias que perdieron su único hogar en la erupción ya sea a través de las viviendas modulares o con la adquisición de varios lotes de casas ya construidas que está llevando a cabo la empresa pública Visocan, que ya ha comprado 63 viviendas a las que se sumarán próximamente otras 29. También colaboran en esta fase el Instituto Canario de Vivienda con otras 30 viviendas que se están habilitando en la actualidad.

La Consejería también ha puesto en marcha esta misma semana la creación de una línea de ayuda al alquiler extraordinaria para ayudar a pagar el alquiler a aquellas familias que han perdido sus hogares y que viven de alquiler desde que fueron desalojados, una ayuda que se prolongará durante 36 meses y que cuenta con una dotación inicial de 3,2 millones de euros.

El Gobierno de Canarias compromete ya más de 110 millones de euros en ayudas para afectados del volcán de La Palma

El consejero Sebastián Franquis informa en el Parlamento de las actuaciones que ya se han puesto en marcha por parte del Ejecutivo para ayudar a la población afectada, como la compra de más de cien viviendas, el pago de indemnizaciones al sector primario o el pago de ayudas a autónomos o trabajadores en ERTE

“Es hora de reconstruir, de avanzar para recuperar a La Palma”, aseguró Franquis, “somos conscientes que los retos a los que nos enfrentamos son reales, serios y complicados. Pero tenemos confianza en el futuro. Nunca, hubiéramos podido impedir la erupción del volcán, pero sí sabremos reconstruir La Palma”

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha comparecido hoy en el Parlamento de Canarias para informar de las actuaciones que el Gobierno de Canarias está realizando de manera global para atender las necesidades de la población afectada por la erupción del volcán de La Palma, unas acciones de atención a la ciudadanía para las que el Ejecutivo regional ha comprometido ya más de 110 millones de euros que se suman a otros 240 millones que el Gobierno de España aportará antes de finales de año. Sebastián Franquis apostó, además, a seguir sumando desde todas las fuerzas políticas con el Gobierno para impulsar la reconstrucción de La Palma una vez finalice la emergencia volcánica.

“Por tanto, es hora de pensar, escucharnos, mirarnos y avanzar todos juntos. Es hora de reconstruir, de avanzar para recuperar a La Palma”, manifestó Franquis, “lo que pido hoy, a esta Cámara, es que crean, que crean de verdad. No en la capacidad de este Gobierno, sino en la capacidad de recuperación sociedad palmera. Somos consciente que los retos a los que nos enfrentamos son reales. Son serios y complicados. Pero tenemos confianza en el futuro. Aunque la confianza no significa que no tengamos dificultades en el camino. Nunca, hubiéramos podido impedir la erupción del volcán, pero si sabremos reconstruir La Palma”.

El consejero regional realizó durante su intervención un breve repaso a los perjuicios que hasta la fecha ha provocado la erupción del volcán tanto a bienes privados como públicos, con cerca de 1.200 hectáreas afectadas, más de 1.300 viviendas dañadas o destruidas, 360 hectáreas de cultivo perdidas, además de explotaciones ganaderas, bodegas, almacenes, centros de salud y colegios.

“La evaluación de los daños provocados por la erupción del volcán de La Palma a bienes públicos y privados, además de los costes de intervención de la Administración autonómica, y del Cabildo y los ayuntamientos palmeros, se sitúa hasta el momento en 842 millones de euros”, aseguró Sebastián Franquis, “pero este volcán también ha arrasado con el trabajo, la memoria, el esfuerzo y la ilusión de miles de palmeros y palmeras que han visto desparecer su proyecto vida”.

El consejero canario explicó que el Gobierno ha puesto en marcha numerosas medidas con la finalidad de cumplir cinco grandes objetivos: la prevención; la seguridad; afrontar la emergencia habitacional, que las familias más vulnerables no sufran situaciones de desamparo; medidas de apoyo para la reparación de los daños ocasionados; y la protección del tejido productivo y del empleo.

En ese sentido, Franquis enumeró varias de las medidas que ya se han puesto en marcha como la compra de cien viviendas para alojar de forma provisional a los que han perdido a su vivienda, pisos a los que se unirán próximamente la adquisición de viviendas prefabricadas, el pago de ayudas de 10.000 euros a las familias para la compra de enseres, la inversión de más de siete millones de euros en la compra de tres desaladoras de emergencia o el pago de 13 millones de euros en indemnizaciones a los afectados del sector primario.

“Señorías, ayudar a las trabajadoras y trabajadores, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, en definitiva a nuestro tejido productivo, ha sido otras de nuestras prioridades”, señaló Franquis, “por ello, se estableció una línea de ayudas a los trabajadores a través de los ERTES, donde ya se han resuelto 356 solitudes, beneficiando a 1.774 trabajadores y se han publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las bases para que las pequeñas y medianas empresas afectadas aspiren a prestaciones compensatorias por un total de 10 millones de euros. En estos momentos, más de 500 trabajadores autónomos perciben la prestación por cese de actividad y además, se va poner en marcha un Plan Extraordinario de Empleo y Formación La Palma por un importe de 63 millones de euros”.

Sebastián Franquis hizo un llamamiento a la unidad y la cooperación entre todas las fuerzas políticas para trabajar por la reconstrucción de la isla de La Palma una vez pase la emergencia volcánica.

“El volcán ha transformado las vidas, sociedades y economías de los palmeros. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el éxito de la recuperación. Es el momento de trazar un camino hacia un futuro más inclusivo, sostenible y resiliente. Y que debe significar ese camino hacia ese futuro?, Esperanza y Oportunidad. En eso debe consistir El Plan de reconstrucción de La Palma: En Esperanza y Oportunidad”, concluyó Franquis.

Obras Públicas planifica proyectos por valor de 1.000 millones de euros en los próximos dos años

El consejero Sebastián Franquis recuerda en el Parlamento de Canarias que su departamento ha adjudicado obras y servicios por valor de 586 millones de euros desde julio de 2019 tanto en carreteras como en viviendas y en puertos autonómicos

El volumen de licitación de obras públicas se ha visto reflejado en la generación de empleo en el sector de la construcción con 55.642 empleados contratados en el tercer trimestre de este año, 3.328 empleados más que en 2020 y 1.720 más que en 2019

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado hoy en el Parlamento de Canarias que su departamento está elaborando 26 proyectos de ejecución de obra pública tanto de carreteras como de vivienda y puertos en todas las islas tendrá capacidad para licitar en los próximos dos años más de 1.000 millones de euros. Se trata de proyectos como el del tercer carril de la TF-5, el nuevo tramo de la LP-1 entre Las Tricias y Llano Negro, la nueva GC-5 entre la Circunvalación y Telde, el soterramiento de la rotonda de Belén maría en Gran Canaria, la duplicación de la LZ-40, el condicionamiento de la GM-2 hasta Degollada de Peraza, el tramo del Anillo Insular entre San Juan de La Rambla e Icod, o las ampliaciones de puertos como el de Corralejo, Gran Tarajal, Agaete o Playa Santiago.

“Tenemos capacidad para los próximos dos años en Canarias de estar adjudicando más de mil millones de obras, que es el objetivo de planificación que tiene este Gobierno”, afirmó el consejero regional, “Ahora estamos redactando 26 proyectos que verán luz dentro de los dos próximos años. Estamos convencidos que tanto el año que viene, como el siguiente, Canarias alcanzará este volumen de adjudicación y estaremos afrontando las principales obras de infraestructura viaria de la Comunidad, especialmente en la isla de Tenerife”.

En este sentido, el consejero Franquis también destacó que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ha adjudicado obras y servicios por valor de 586 millones de euros en los dos primeros años de Legislatura.

“No solo en carreteras, también en Vivienda y en Puertos, hemos invertido esos 586 millones en dos años y ahora mismo, con el presupuesto actual de 2021, alcanzamos un nivel de ejecución en torno al 81% de la inversión prevista en nuestra Consejería”, añadió Sebastián Franquis, “la realidad no tiene nada que ver con lo que dicen algunos datos que hablan de baja licitación, la realidad es que estamos contribuyendo a que, precisamente el sector de la construcción, que es el sector que más crece en empleo en nuestra Comunidad crezca con 3.300 empleados más que el año pasado y 1.700 más que el año 2019, que es el año de referencia a la hora de comparar. Por tanto, con el nivel de inversión que estamos manejando algo estaremos aportando para que el nivel de empleo en el sector de construcción en Canarias siga mejorando y nos sitúe como una de las principales comunidades de nuestro país en creación de empleo en este sector”.

Ante una interpelación de la oposición sobre el estado de las licitaciones de la obra pública, el consejero Franquis recordó que su departamento, que gestiona exclusivamente las obras de carreteras de interés general, viviendas y puertos de titularidad autonómica, aglutina el 37,5% de la inversión prevista en los presupuestos de toda la Comunidad Autónoma para 2022.

De esta forma, relató el consejero regional, se encuentran en tramitación la redacción de proyectos de obras de carreteras que se empezarían a licitar en el periodo 2022-2023, que suman una inversión global de 908 millones de euros. A estos hay que sumar los cuatro proyectos que desde la Consejería se están elaborando para actuar con ampliaciones y mejoras de entidad en cuatro puertos de la red autonómica de Puertos Canarios que suman otros 97 millones de euros.

La contratación pública realizada por la Consejería en estos dos primeros años de Legislatura contempla los contratos de obras licitados, así como de la contratación de los servicios asociados de control y vigilancia durante la ejecución de las obras, y la elaboración previa de los de proyectos. A esto hay que añadir la licitación realizada por los entes vinculados con la consejería (Instituto Canario de la Vivienda, Puertos Canarios y Visocan) teniendo en cuenta no solo los grandes contratos de obra sino también los contratos menores y los de elaboración de proyectos y control y vigilancia de las obras, y en el caso concreto de Visocan, los contratos patrimoniales de adquisición de viviendas semiterminadas para el programa ‘Llave en mano’, se puede afirmar que el volumen de obra pública y servicios asociados en el ámbito de la Consejería es de 586,4 millones de euros desde julio 2019.

Este volumen de licitación se ha reflejado también en la generación de empleo, como adelantó el consejero y como demuestran las cifras del tercer trimestre de 2021 en referencia al sector de la construcción, con un número de 55.462 trabajadores empleados, 3.328 más que en el mismo periodo de 2020. Pero es que, incluso, estas cifras de 2021 son superiores en 1.720 empleados a las registrados en este sector en el año 2019, que no se vio afectado por la pandemia de COVID-19. También se muestra esa tendencia favorable entre los afiliados a la Seguridad Social, con 55.359 trabajadores en el sector de la construcción, 3.346 empleados más que en el año anterior.

Vivienda pone en marcha una línea extraordinaria de ayudas al alquiler para afectados por la erupción en La Palma

El consejero Sebastián Franquis firma la orden por la que se establece esta línea de ayudas que tendrá una dotación inicial de 3,2 millones de euros y se abonará durante 36 meses a los inscritos en el registro único de afectados que lo soliciten y cumplan los requisitos

Con la creación de esta ayuda la Consejería quiere dar respuesta a la demanda de numerosas familias desalojadas que ya viven de alquiler y que prefieran esta opción hasta que reconstruyan sus casas

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha iniciado hoy la tramitación de la Orden por la que se pone en marcha la creación de una ayuda extraordinaria de emergencia para ayudar a pagar el alquiler a las decenas de familias afectadas por el volcán de La Palma que han perdido sus hogares para garantizarles un hogar de manera temporal en tanto se reconstruyen sus casas. Con la creación de esta ayuda, que ya fue anunciada por el presidente Ángel Víctor Torres durante la celebración de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a La Palma celebrada el pasado miércoles, se da respuesta, principalmente, a la demanda de numerosas familias que perdieron su vivienda habitual durante la erupción y viven de alquiler desde hace semanas, para que se les ayude a hacer frente a estos gastos.

“Se trata de abrir una línea de ayudas de alquiler que se complemente con las otras ayudas que ya se están implementando, como la compra de casas o la instalación de casas prefabricadas para atender las necesidades de vivienda de las familias afectadas por la erupción”, señaló el consejero Franquis, “de las entrevistas realizadas por el equipo técnico de trabajadoras sociales a los desalojados hemos extraído la conclusión de que hay numerosas familias que han perdido su hogar, que ya viven en una casa alquilada y que prefieren que se les pague el alquiler durante un periodo de tiempo más o menos largo en un lugar en el que se encuentren más adaptados y más cómodos, a que se le entregue una vivienda provisional en las zonas previstas para la compra de esas nuevas casas”.

Esta nueva línea de ayudas al alquiler específica para los afectados por el volcán será gestionada a través del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) y forma parte del paquete de medidas que el Gobierno de Canarias está poniendo en marcha para atender la emergencia habitacional que sufren muchas familias del Valle de Aridane que se han quedado sin casa por la erupción. Para poner en marcha esta ayuda la Consejería dotará al ICAVI con una aportación inicial de 3,2 millones de euros repartidos en los próximos tres años.

Los alquileres se pagarán a los afectados que ya estén apuntados en el registro único de damnificados puesto en marcha por el Gobierno de Canarias y que así lo manifiesten en su inscripción, por tanto, no tendrán que realizar ningún trámite nuevo para solicitarlas. Tendrán derecho a recibir estas ayudas, durante un período máximo de 36 meses, todas las familias inscritas en el registro único que justifiquen haber perdido su vivienda habitual por la erupción y aporten los justificantes del pago del alquiler.

Podrán solicitar estas ayudas tanto los propietarios de viviendas destruidas o declaradas inhabitables, como los arrendatarios que vivían en una casa que fuera su vivienda habitual y también resultara destruida o declarada en ruinas a causa de la erupción. En este caso, en el de los que vivían de alquiler antes de la erupción, la ayuda consistirá en el abono de la diferencia entre las rentas del alquiler anterior y de la nueva vivienda, también por un periodo máximo de 36 meses.

La Consejería estima que estas ayudas de emergencia al alquiler comiencen a tramitarse a finales de este mes y se pagarán de manera cuatrimestral previa presentación de los justificantes de pago. La cuantía máxima que pueden alcanzar estas ayudas no podrá superar el importe de 6,6 euros por metro cuadrado útil y mes por vivienda, de acuerdo a los precios que el Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda establece para los municipios afectados por la erupción. De esta forma, queda establecida que la ayuda máxima a pagar a cada familia será hasta un máximo de 594 euros al mes.

Obras Públicas impulsa las obras de la Carretera de La Aldea con el calado de uno de los túneles de Guayedra

La nueva galería mide 350 metros y es el tercero de los ocho túneles previstos en el proyecto que ya cuenta con sus dos bocas unidas

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, continúa impulsando las obras de la segunda fase de la Carretera de La Aldea con el calado esta misma mañana del túnel número 7 del proyecto de ejecución, uno de los dos túneles, junto con el número 6, que atraviesan el entorno del barranco de Guayedra. Con este ya son tres los túneles que están calados (unidas ambas bocas) en este complejo proyecto que contempla la construcción de ocho túneles en un trazado de algo más de 8,5 kilómetros, uno de ellos doble.

El túnel número 7 mide 350 metros de longitud y, a diferencia de los otros dos que ya se han calado, se ha ejecutado por una sola boca hasta salir al exterior de la montaña perforada, que es lo que ha ocurrido hoy con los últimos trabajos de perforación y el cale. Este túnel, como también le ocurre al número 6 que se está perforando, se tiene que hacer por una sola boca ejecutando desde el interior un paraguas de micropilotes bastante complicado que permite el cale en la otra boca con seguridad, pues por las condiciones orográficas y medioambientales de la zona no se puede acceder desde fuera a la otra boca.

Este túnel se ha ‘atacado’ desde el Barranco de Guayedra y en dirección Norte (Agaete), por lo que ya están excavados y sostenidos sus 350 metros de longitud. Ahora comenzarán las labores de excavación en mina y que conllevará trabajos de sostenimiento del terreno a base de gunitado, es decir, la proyección de hormigón sobre las paredes de roca para conseguir una superficie uniforme y resistente sobre la que poder operar posteriormente. También, previamente a iniciar las labores de perforación de este túnel, se ejecutó una amplia obra de drenaje para garantizar el cauce del barranco de Guayedra hasta el mar.

El túnel 3, el de Guguillo con 604 metros, fue el primero que se caló de esta obra en mayo de este mismo año. A este le siguió el túnel del lado mar de los dos que componen el paso subterráneo bajo el macizo de Faneque, y ahora se les une el túnel 7 en Guayedra. Para perforar estos túneles la UTE formada por las empresas Ferrovial-Agromán-Acciona Construcción-Lopesan y Bitumex, está empleando voladuras con un novedoso explosivo a base de emulsión y también con medios mecánicos.

La necesidad de estos túneles hace que el 70% del recorrido de este nuevo tramo de la carretera de La aldea sea subterráneo, minimizando por tanto el impacto medioambiental en el entorno que atraviesa.

Debido a la importancia de esta obra, la Consejería mantiene un despliegue de trabajadores y maquinaria que trabaja las 24 horas del día en diferentes turnos y que en estos momentos se encuentran realizando, en su mayoría, tareas de perforación en cuatro túneles, un semienlace y en obras de muros y movimientos de tierras de los futuros enlaces.

Las obras de esta II Fase de la Carretera de La Aldea se adjudicaron con un presupuesto de 152.361.708 euros y un plazo de ejecución de 65 meses. El nuevo tramo que sustituirá a la actual GC-200 tiene un trazado de 8,5 kilómetros, una nueva vía rápida con velocidad específica de 80 kilómetros por hora y que será una sucesión de túneles y viaductos hasta llegar a conectar con la I fase de la carretera, el tramo El Risco-La Aldea, ya terminado y en uso desde 2017. Debido a la accidentada orografía de esta zona de la isla de Gran Canaria, la obra es de una gran complejidad ya que implica la construcción de ocho túneles, dos viaductos y tres enlaces.

Vivienda destina 300.000 euros a subvencionar la accesibilidad y modernización de las viviendas de 68 familias

El ICAVI, que ejecuta el 100% del presupuesto destinado a esta convocatoria de 2021, financiará una parte de las obras que permitan a estas familias mejorar la movilidad en el interior de sus hogares y el consumo energético o solventar deficiencias en la red de fontanería

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), publica la resolución provisional de la ayuda para mejorar la accesibilidad y modernización de las instalaciones de casas particulares destinando 300.000 euros a 68 solicitantes físicos de la subvención. Para esta ayuda el ICAVI ha ejecutado, por primera vez en varios años, el 100% del presupuesto de 300.000 euros destinado a esta convocatoria en 2021, a diferencia de 2019 cuando solo se logró el 41% o en 2018, fecha en la que no se llegó a alcanzar el 30% de ejecución de la partida destinada inicialmente a esta ayuda.

A partir de ahora se abre el plazo para que las familias beneficiarias presenten, antes del 21 de diciembre, el documento de Alta a Terceros y la aceptación expresa para poder ingresar esta ayuda que cubrirá el 50% del coste subvencionable de las obras de instalaciones interiores en viviendas unifamiliares, ya sean urbanas o rurales y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva, con un límite de 6.000 euros.

El Gobierno de Canarias impulsa así el cuarto eje del Plan de Vivienda de Canarias 2020-25, el centrado en la rehabilitación y mejora del parque de viviendas como elemento clave para mejorar las condiciones de las viviendas en Canarias con criterios de ahorro energético y cuidado del medio ambiente. Dentro de las diferentes líneas de ayuda a la rehabilitación que contempla el Plan, esta es la destinada a personas físicas, pero también hay otra línea destinada a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y la nueva línea que se va a abrir con los fondos Next Generation de la UE para pagar la rehabilitación a comunidades de propietarios.

Esta ayuda a la rehabilitación para personas físicas que se ha dado a conocer hoy, contempla la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad sensorial, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial correspondiente, necesarios para el acceso a la vivienda desde el exterior.

En este mismo punto, también se incluye la instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre la vivienda y el exterior, tales como videoporteros y análogos, así como la instalación de domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía personal de personas mayores o con discapacidad, y cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en el interior de la vivienda, entre las que se encuentran la ampliación de espacios de circulación dentro de la vivienda, la adaptación de baños y cocinas, y otras que cumplan las condiciones del Código Técnico de la Edificación en lo referido a vivienda accesible.

En materia de modernización de las instalaciones, como novedad en esta convocatoria, se incluyen las actuaciones destinadas a la reducción del consumo energético, a través de instalaciones fotovoltaicas, aislamientos térmicos o acústicos, sustitución de cerramientos y carpintería, entre otros.

Asimismo, se contempla la adaptación a la normativa vigente de las instalaciones de electricidad; las destinadas a la subsanación de deficiencias en la red de fontanería, garantizando el cumplimiento de las condiciones legalmente establecidas, y las destinadas a la mejora de la red de saneamiento, tanto interior de la vivienda como la conexión a la red general de alcantarillado, en el caso de viviendas unifamiliares, y aquellas acciones tendientes a favorecer el ahorro de agua.

Esta ayuda a la accesibilidad y modernización de viviendas se retomó el pasado verano tras un año de paralización ya que la crisis sanitaria provocó la priorización de los recursos del ICAVI para hacer frente a las ayudas activadas para atender a las familias afectadas con motivo del COVID-19.

Franquis: “Con este Simposio hemos contribuido a que el transporte aéreo sea más seguro»

El consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Vivienda clausura el I Simposio de la OACI que se celebra en España y se dedica a la atención a las familias de víctimas de accidentes aéreos

Durante tres días en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, más de un centenar de expertos de todo el mundo han debatido y ofrecido sus experiencias en seguridad, legislación, investigación de accidentes y atención a los medios dentro de la aviación civil

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda clausuró hoy, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, junto con la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera -que intervino de forma telemática-, la tercera y última jornada del primer Simposio mundial de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dedicado de forma monográfica a la atención de los familiares de víctimas de accidentes aéreos. Este encuentro, celebrado por primera vez en España, ha contado con la presencia de expertos y expertas de más de un centenar de países con el objetivo de identificar las mejores prácticas en el ámbito internacional para su implementación en la asistencia a víctimas de accidentes aéreos.

“Estoy convencido que las propuestas, recomendaciones y conclusiones que se obtengan de este encuentro redundarán en beneficio de la aviación civil internacional lo que también nos brindará la ocasión de haber contribuido a que el transporte aéreo sea más seguro y que las personas que sufran un accidente de este tipo, tengan la asistencia adecuada y necesaria en esos casos”, aseguró el consejero Franquis durante la clausura.

Durante este Simposio, celebrado en el Auditorio Alfredo Krauss, se ha contado con la participación de más de un centenar de especialistas internacionales, representantes de gobiernos, de víctimas, de aviación civil, y de la comunidad aeronáutica mundial que han puesto en común su experiencia para mejorar las investigaciones en accidentes aéreos, incluyendo la participación de las diferentes partes interesadas y los derechos de las víctimas y familiares.

Durante la clausura el consejero Sebastián Franquis recordó la importancia que tiene la conectividad aérea para un territorio insular como el canario, tanto para los viajes interiores como para el turismo que llega de todo el mundo a las islas por vía aérea (“45 Millones de pasajeros utilizaron los aeropuertos canarios en 2019 y se realizaron más 410.000 operaciones en nuestros aeropuertos”), y de ahí la importancia de contar con una aviación civil más segura y más eficaz. Además, el consejero tuvo un recuerdo especial para las víctimas y familiares del accidente de Spanair que tuvo lugar en Barajas en 2008 y en el que murieron más de 80 residentes en Gran Canaria.

“La actividad que viene realizando la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, como la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y Familias, Presidida por Pilar Vera, no sólo ha sido intensa, sino que ha logrado grandes avances en la asistencia a las víctimas y también en los derechos de los pasajeros”, señaló Franquis, “estos condicionantes nos han motivado a poner todos nuestros esfuerzos en que este simposio se celebrara precisamente aquí, en Gran Canaria, por lo que significará de cara a mejorar la aviación civil en todo lo que sea posible.

La secretaria de Estado, Pardo de Vera, por su parte, destacó el compromiso del Gobierno central con la seguridad aérea y la atención a las víctimas. “Desde el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, seguiremos trabajando para mejorar y reforzar el sistema de asistencia a las victimas tanto a nivel nacional como internacional de la mano de la OACI, y más en estos momentos en los que el sector aéreo se enfrenta a enormes desafíos. Cerramos hoy este simposio, pero abrimos una nueva etapa con nuevas lecciones aprendidas durante estos tres días y que empezaremos a aplicar desde hoy mismo”.

El director interino de la Oficina Regional para Europa y Atlántico Norte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Denis Guindon, también participó en la clausura de este Simposio en el que expertos de numerosos países han debatido y ofrecido sus experiencias en seguridad, legislación, investigación de accidentes y atención a los medios dentro de la aviación civil.

Durante estos tres días se ha debatido en diversos bloques sobre la implementación de los requisitos y auditorías recomendados por la OACI, de las que se han extraído 34 conclusiones que atienden, principalmente, al tratamiento que se da a las víctimas y sus familiares tras un accidente aéreo con la finalidad de mejorar la comunicación a los afectados, el tratamiento de la información que se suministra a los medios o los protocolos que deberían seguir de las compañías de seguros ante una catástrofe de este tipo. Estas conclusiones se elevarán próximamente al consejo de dirección de la OACI para su toma en consideración.

El Gobierno de España se ofreció en 2019 a acoger este Simposio animado, entre otras cosas, por la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y Familias (FIVAAF) que preside también Pilar Vera y cuya sede está en España. En coordinación con el Estado, y tras reunirse con Vera y otros miembros de la asociación, el Gobierno de Canarias solicitó formalmente al Ministerio que esta Comunidad Autónoma fuese la sede del citado Simposio en reconocimiento también a las víctimas del accidente de Spanair de 2008, un siniestro en el que fallecieron 154 personas que se dirigían desde Madrid a Gran Canaria. Tanto el presidente Torres como el consejero Sebastián Franquis han mostrado en reiteradas ocasiones su compromiso a la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 para acoger este Simposio que permitirá divulgar y mejorar la asistencia a las víctimas de siniestros aéreos.

Vivienda destina cerca de tres millones de euros a ayudar a 369 jóvenes canarios a adquirir su primera casa

Vivienda

El Instituto Canario de Vivienda publica hoy la lista de beneficiarios que, gracias al incremento de la partida destinada a esta subvención, ha permitido aumentar un 57% el número de beneficiarios con respecto a 2020 y casi el triple que en 2019

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado hoy la resolución definitiva de la ayuda para la adquisición de la primera vivienda destinada a jóvenes canarios, una subvención dotada con 2.928.500,00€ euros que se repartirán entre las 369 personas que han resultado beneficiarias. Con la subvención del Gobierno canario se bonifica hasta el 20% del valor del inmueble adquirido por los jóvenes que han resultado beneficiarios, una ayuda que se enmarca en las actuaciones recogidas en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 para fomentar el acceso a una vivienda digna a los sectores de la población con menos recursos.

Quienes se han visto beneficiados por esta ayuda obtendrán una subvención de hasta 11.000 euros, con un límite del 20% del precio de la adquisición, sin gastos y tributos inherentes, siempre que esta sea adquirida entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021. Entre los requisitos que se encuentran estipulados por el ICAVI es que la vivienda se destine a residencia habitual y permanente por un plazo mínimo de cinco años y el precio de compra debe ser igual o inferior a 120.000 euros.

Los 369 jóvenes canarios que se han visto beneficiados este año por la ayuda a la adquisición de su primera vivienda suponen un 57% más de beneficiarios de los que se registraron en la convocatoria del año 2020 cuando fueron 234. La diferencia se acentúa si se compara con respecto a 2019, cuando fueron 142 los jóvenes beneficiados, es decir, en 2021 han sido casi el triple de beneficiarios con respecto a hace dos años. Este aumento significativo de los jóvenes que han recibido la ayuda se debe al incremento que la Consejería que dirige Sebastián Franquis aplicó desde 2020 a esta partida de subvenciones, pasando de 1,5 millones de euros en 2019 a 2,9 millones en 2020 y 2021.

Para finalizar el proceso de esta subvención, el ICAVI ha anunciado un plazo de diez días hábiles (hasta el 16 de diciembre) para poder solicitar el abono de la ayuda, el modelo de Alta a Terceros y la documentación acreditativa de la titularidad de la cuenta corriente correspondiente. El Instituto pone a disposición los siguientes números de teléfono, en horario de atención al público de 8:00 a 13:00, para resolver posibles dudas sobre esta línea de subvención: 922474094 – 922922701 – 922922750.

Esta subvención forma parte de los objetivos del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y permitiendo así el acceso a la vivienda a las personas menores de 35 años residentes en Canarias que tienen dificultades para lograr su emancipación. Para lograr este objetivo el Gobierno de Canarias contempla dos líneas específicas de ayuda para jóvenes canarios: la convocatoria para la adquisición de vivienda, y las ayudas al alquiler de vivienda 2020-21, cuya partida de 17.5000.000 euros cuenta con un cupo específico para ayudar a pagar el alquiler a los jóvenes canarios.

Obras Públicas estudia la implementación de mecanismo de revisión de precios de materiales en obras en ejecución

El departamento del consejero Sebastián Franquis traslada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la necesidad de establecer un mecanismo de revisión de precios debido al constante incremento de precios de determinados materiales de obra

El consejero Franquis se reúne con los representantes de FEPECO y la AECP para analizar la situación del sector y manifiesta que, en la actual coyuntura, es necesario compartir los riesgos con arreglo al principio de equilibrio entre la administración y la empresa

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, informa que su departamento, ha trasladado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la necesidad de establecer un mecanismo de revisión de precios en los contratos de obra pública en todas las administraciones debido a la subida de precios que han experimentado los materiales de obra desde principio de 2021. El Ministerio, por su parte, ha informado, que este mecanismo, se aprobará próximamente por real decreto en Consejo de Ministros. La idea es que ese reequilibrio sea tanto al alza como a la baja, según las alteraciones en los precios posteriores a la presentación de los proyectos.

El consejero Franquis se ha reunido hoy con los representantes de las patronales canarias de la construcción, Óscar Izquierdo de la Federación de Empresarios de la Construcción (FEPECO) de Santa Cruz de Tenerife, y María de la Salud Gil por la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores (AECP) de Las Palmas, para analizar la situación del sector y a los que manifestó que, en la actual coyuntura, es necesario compartir los riesgos con arreglo al principio de equilibrio entre las administraciones públicas y las empresas.

Así mismo, Franquis aseguró a los representantes empresariales que en el Gobierno regional son conscientes del “alza constante” de los precios de los materiales de construcción utilizados en las obras y que muchas administraciones públicas canarias han optado por no incluir revisiones de precios en sus contratos de obra pública desde que se publicó la Ley de desindexación de la economía de 2015, lo que puede estar originando quebrantos para las empresas contratistas del Archipiélago. En este sentido, Franquis recordó que la Consejería regional de Obras Públicas que él dirige, sí incorpora en la mayoría de sus contratos la revisión de precios en base a los índices de precios de los materiales de obras que publica el INE periódicamente, por lo que este tipo de contratos sí absorben, mediante esas revisiones, los incrementos desmesurados que se están produciendo en el sector.

Para evitar que las empresas constructoras que trabajan con el resto de administraciones canarias se vean perjudicadas, es por lo que la Consejería traslada al Ministerio la urgencia de adoptar esas medidas para compensar las pérdidas que sufren las constructoras derivadas del incremento extraordinario de los precios de los materiales motivado, principalmente, a la escasez de estos materiales en el mercado por las medidas de restricción a la movilidad que se establecieron en abril de 2020 en todo el mundo a causa de la pandemia de COVID-19.

El consejero Franquis incide en que la colaboración con el Ministerio en este sentido “es plena” pero también reconoció que, si no fuera posible la adopción de esa medida compensatoria de forma general para todo el sector público en España, la Consejería regional propondrá que el Gobierno de Canarias adopte una medida compensatoria a aplicar en el ámbito de las administraciones públicas canarias. Esta medida consistiría en la aplicación de las revisiones de precios a los contratos en ejecución que no la tuvieran, mediante la aplicación de fórmulas que permitan retribuir la diferencia entre el precio de los materiales recogido en el contrato y los actuales de mercado.

Franquis aboga por que la revisión de precios en la obra pública se mantenga en el tiempo. El consejero ha explicado que la ley de indexación de 2015 dejó de revisar los precios, “pero en la coyuntura actual es necesario compartir los riesgos con arreglo a un principio de equilibrio entre administración y empresa”.

“Desde inicios de 2021 se viene registrando un incremento desorbitado, imprevisible e inesperado del precio de las materias primas necesarias para la construcción, afectando con ello al normal desenvolvimiento de la actividad, tanto en edificación como en obra civil”, indicó el consejero.

Los registros de evoluciones de precios nacionales e internacionales confirman estos fuertes incrementos (partiendo del precio mínimo del 2020 con respecto al último dato publicado en 2021) en acero corrugado (+78%), cobre (+102%), aluminio (+56%), petróleo (+106%) y mezclas bituminosas (+85%).