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Rojas: "En un momento como el actual, la labor voluntaria se hace aún más necesaria"

«La labor desinteresada que realizan las personas voluntarias se hace aún más necesaria en momentos de crisis económica como el actual, en los que el trabajo desinteresado por los demás, es aún más necesario», afirmó hoy la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en la inauguración de las IX Jornadas de Voluntariado de Canarias, que lleva como lema ‘El Voluntariado Corporativo y la responsabilidad social de las empresas’.

El Gobierno de Canarias lleva a las empresas los beneficios del voluntariado corporativo El voluntario corporativo y la responsabilidad social de las empresas, centran las IX Jornadas de Voluntariado de Canarias, que se celebran los días 25 y 26 de abril en Las Palmas de Gran Canaria

Acercar los beneficios del voluntariado corporativo a las empresas es el objetivo de las IX Jornadas de Voluntariado en Canarias, tienen lugar durante los días de hoy, 25, y 26 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la participación de unas 300 personas inscritas.
Según explicó Rojas, «en Canarias, hay unas 32.000 personas voluntarias y existen casi 7.000 asociaciones que tienen como fin el voluntariado en todos sus aspectos, lo que constituye un indicador de predisposición de los canarios para integrarse socialmente y realizar actividades de voluntariado en nuestra Comunidad».

El Gobierno de Canarias, a través de la Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, en el marco de la celebración del Año Europeo de la Ciudadanía, organiza estas Jornadas, «siguiendo lo establecido en las Estrategias Canarias de Voluntariado 2013-2016 en relación a la formación y mejora de competencias en las Entidades No Lucrativas y la responsabilidad social corporativa y el voluntariado corporativo.

«De esta forma, estas Jornadas surgen como respuesta a la demanda expresada desde la Comisión Intersectorial de Voluntariado, las Entidades no Lucrativas y las propias empresas con presencia en nuestra Comunidad Autónoma, para llevar a cabo un proceso de análisis, reflexión y colaboración en torno a estos temas con el fin de impulsar el Voluntariado Corporativo en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa en Canarias», aclara la consejera.

«El sector empresarial es cada vez más consciente de que puede aprovechar su estructura para la generación de beneficios sociales y medioambientales. Una vía para ello es el desarrollo de una estrategia de voluntariado corporativo. En muchos casos, estas estrategias combinan elementos de acción social con la gestión de recursos humanos y suelen estar alineadas con la cultura y los valores de la organización», aclara la responsable de Políticas Sociales.
En este sentido, aclara que «si bien las políticas de voluntariado corporativo comienzan a ser una línea fundamental dentro de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, es cierto que la organización y estructuración de las mismas y el desarrollo de las acciones que conllevan tienen una complejidad elevada, por lo que se hace necesario el desarrollo de herramientas que sirvan para tomar decisiones adecuadas en este ámbito, ya que influye en el prestigio de la empresa, la satisfacción de los/as empleados/as y la ayuda eficaz a colectivos necesitados por medio de las entidades no lucrativas».

De ahí el contenido de estas IX Jornadas de Voluntariado, en las que se pondrán en común diversos estudios, experiencias, informes y actividades de promoción y formación, relativos a la responsabilidad social corporativa y al voluntariado corporativo realizado por las empresas, con el objetivo de ayudar a las corporaciones a tomar decisiones adecuadas en este ámbito y a las propias entidades no lucrativas a entender y facilitar estos procesos que se abren en el campo de la solidaridad y la corresponsabilidad ciudadana y empresarial.

Del I Plan Canario de Voluntariado a las Estrategias de Voluntariado 2013-2016

Canarias ha desarrollado un esfuerzo constante en la promoción del voluntariado y por el desarrollo de una clara política de concienciación ciudadana en los valores de la solidaridad y de la participación cívica, tanto en lo que respecta a las propias Entidades Ciudadanas como a las diferentes Administraciones Públicas, un esfuerzo que se ha visto materializado en la reciente aprobación de Estrategias Canarias de Voluntariado 2013-2016.

En este sentido, recordó Rojas que «el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Políticas Sociales, puso en marcha el proceso de trabajo del primer Plan Canario de Voluntariado con la elaboración de la propuesta Final en el año 2009, mediante una metodología activa y participativa de los agentes implicados en el voluntariado: Entidades no lucrativas, Universidades, Técnicos y Técnicas, Asesores, Administraciones Publicas y Expertos».

«Su objetivo era promover, apoyar, consolidar, supervisar y coordinar las acciones de voluntariado que se desarrollen o promuevan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de poder contar con un documento que recogiera las diferentes propuestas planteadas en torno al voluntariado, desde el consenso y la participación de todos aquellos agentes implicados en la acción voluntaria, para la implantación e implementación de políticas coordinadas y corresponsables de bienestar social y solidarias, en nuestra tierra», indicó.

El Plan Estatal de Voluntariado se ha reconvertido en «Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-2014», explicó Rojas, quien dijo que «dicha Estrategia hace referencia a la necesidad de profundizar en el conocimiento de la realidad del voluntariado, reflexionando sobre el mismo, lo que permitiría planificar actuaciones en torno a este tema, colaborando estrechamente las Administraciones y las Entidades no lucrativas».

Las Estrategias de Voluntariado 2013-2016 se estructuran en tres grandes Áreas, de Gestión y Organización; de Valores y Relaciones Humanas, y de Instituciones y Presencia Pública, que se subdividen a su vez en 9 Líneas Estratégicas las cuales contienen: 19 Directrices; 49 Objetivos; 86 Medidas y 205 Acciones.

«El fin es hacer visible la figura del voluntario, a la vez que se les ofrece las herramientas para llevar a cabo su labor y se le asesora y orienta», aclara Rojas. Para ello, el Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de las entidades un Mapa de Recursos del Voluntariado en Canarias, y del Portal Web correspondiente así como la realización de diversos Encuentros, seminarios y jornadas, además de varias campañas de sensibilización, como La Mar de Voluntades, dirigidos a captar a personas interesadas en ayudar de forma altruista.

Traslado de ubicación del Servicio de Atención a las personas inmigrantes en Tenerife

La documentación para los informes previos a la solicitud de residencia, reagrupación familiar o escolarización de menores se traslada a la 1ª planta del Edificio Mabell, en Santa Cruz de Tenerife

Las personas inmigrantes residentes en la isla de Tenerife, deben de dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias con el fin de presentar la documentación relativa a solicitudes efectuadas por este sector de población en su proceso de obtención de la tarjeta de residencia, (1º vez o renovación), reagrupación familiar o escolarización de menores.

Hay que recordar que la emisión de estos informes y la gestión de las solicitudes se llevan a cabo en virtud de la aplicación del articulo 124 del Real Decreto 557/2011, por el que se regula los requisitos para la Autorización de Residencia Temporal, es decir, los requisitos con los que tiene que contar la persona inmigrante que aspire a su residencia en España, en virtud de la aplicación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

De esta forma, este Servicio, que anteriormente estaba ubicado en la sede de la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias (ya no existente), pasa a ubicarse en la C/ Carlos J.R. Hamilton, 14, Residencial Anaga, Edificio Mabell, 1ª planta, en Santa Cruz de Tenerife.

Fernández: "La ayuda de la Prestación Canaria de Inserción se da dentro del tiempo y forma establecido en la Ley"

En los últimos años, la partida presupuestaria para la Prestación Canaria de Inserción se ha incrementado considerablemente, alcanzando los 20 millones de euros para 2012

En la actualidad, casi 6.500 personas se benefician de esta prestación en Canarias

«La media de recepción de la Prestación Canaria de Inserción desde que se registra la solicitud de ayuda en la Dirección General de Políticas Sociales hasta que se resuelve la misma fue en 2011 de 145 días, es decir, dentro del plazo que establece la Ley», afirmó hoy la directora general de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Angeles Fernández.

«Hay que tener en cuenta que el expediente requiere de un conjunto de actuaciones por parte del departamento de Servicios sociales municipal que es desde donde se tramita esta ayuda, que incluye el objetivo de la PCI de dar con la fórmula que haga a la familia encauzar un proyecto de futuro que le permita salir de la situación de exclusión social en la que se encuentra. Para ello, se confecciona un programa específico de actividades dirigido a la unidad de convivencia, que son elaborados por los profesionales vinculados al área de trabajo social del centro municipal de servicios sociales, en coordinación con los agentes de empleo de desarrollo local y con profesionales vinculados a las áreas locales de sanidad, educación y vivienda, para facilitar la integración de estas personas a través de proyectos de integración social o actividades de formación», aclaró la directora general, quien recordó que, «en la actualidad, un total de 3.404 personas son receptoras de la lo que significa que casi 6.500 personas se benefician de esta prestación»,

«Para el Gobierno canario, esta ayuda es una herramienta fundamental para facilitar la inclusión social de aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión social, es decir, que no tienen habilidades para incorporarse al mercado de trabajo, a los servicios de salud o a los educativos y, por tanto, necesitan que las administraciones les acompañen para que puedan tener las mismas oportunidades», aclara Fernández.

«Por ello, el presupuesto destinado a garantizar la financiación de esta Prestación se ha multiplicado por más de cinco en los últimos cuatro años, con un presupuesto que alcanza los 20 millones de euros este año», indicó.

Según la directora general, «esta ayuda nunca ha dejado de darse por falta de presupuesto, lo que sí ha pasado en momentos puntuales, ha sido el retraso en la incorporación de nuevas nóminas, que luego que se han abonado de forma retroactiva, pero las nóminas que ya estaban incorporadas se han seguido abonando de forma mensual».

La Ley Canaria de Prestación fue aprobada en el Parlamento canario en 2007, bajo una premisa fundamental: rescatar a las personas que se han apartado o han sido apartados del sistema de igualdad de oportunidades.

En Canarias, la ayuda contempla una prestación por 12 meses, renovable por periodos sucesivos de seis meses, que, además, «son las más altas del Estado», estableciéndose entre 472,16 y 658,54 euros al mes, siendo la Prestación media de 472,16 euros/mes.

Mujer sola con hijos y en paro, perfil de la persona solicitante de la PCI

Mujer con edad media de 36 años, perteneciente al hogar monoparental, y por tanto, con hijos/as menores a cargo, sin ningún tipo de discapacidad ni enfermedad diagnosticada; con un nivel de estudios primarios y, laboralmente, en situación de desempleo, por tanto, con problemas graves como la falta de medios de subsistencia y que, además, cuenta con una vivienda en la que no existen enseres prioritarios del hogar o la vivienda cuenta con problemas estructurales. Este es el perfil de la persona solicitante de la PCI, según el estudio ‘Evaluación de las medidas de integración con especial incidencia en las metodologías, técnicas y recursos empleados para la integración sociolaboral de los perceptores de la Prestación Canaria de Inserción. 2010-2011’.

Este perfil, elaborado a partir del análisis de un conjunto de datos relativos a las condiciones sociales y convivenciales de los demandantes de esta ayuda, contempla que en términos generales, los solicitantes de esta ayuda pertenecen a dos tipos de hogar, principalmente, por un lado, unipersonales, es decir, hogar de una personas sola, y monoparentales, es decir, hogares con un solo progenitor.

Itinerarios de Inserción

La Prestación Canaria de Inserción contempla la elaboración de un itinerario de inserción para el beneficiario de esta ayuda, como fórmula para encauzar un proyecto de futuro que le permita salir de la situación de exclusión social en la que se encuentra. De esta forma, se confecciona un programa específico de actividades dirigido a la unidad de convivencia, que son elaborados por los profesionales vinculados al área de trabajo social del centro municipal de servicios sociales, en coordinación con los agentes de empleo de desarrollo local y con profesionales vinculados a las áreas locales de sanidad, educación y vivienda, para facilitar la integración de estas personas a través de proyectos de integración social o actividades de formación.

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas ha dado cobertura a casi 500.000 personas que han acudido a los servicios sociales municipales

La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, informó hoy en sesión parlamentaria sobre los servicios que se prestan a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas

«Las corporaciones locales atendieron a un total de 481.147 personas que solicitaron los diferentes servicios que se desarrollan desde los Centros de Servicios Sociales municipales», informó hoy la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en sede parlamentaria para informar sobre el Plan Concertado de Prestaciones Básicas.

Según recalcó Rojas, «el Plan Concertado constituye un plan que desde el Gobierno entendemos que, no solo se trata de un servicio público esencia sino que es el núcleo en el que se vertebran los servicios sociales comunitarios y la puerta de entrada a todo el Sistema».

En este sentido, la consejera aportó un conjunto de datos sobre las personas que han sido atendidas a través de este Plan. Así indicó que, del global de personas atendidas, «más de 156.000 eran familias, mientras que 95.229 eran personas mayores y 56.050 mujeres, también acudieron colectivos en dificultad social como pueden ser las personas con discapacidad, personas con problemas de drogadicción o personas inmigrantes»

«Estos colectivos fueron atendidos a través de los 174 centros sociales y unidades de Trabajo Social distribuidos por las Islas, de los cuales 72 están ubicados en Tenerife, 44 en Gran Canaria, 20 en La Palma, 15 en Lanzarote, 10 en La Gomera, 8 en Fuerteventura, y 5 en El Hierro», aclaró.

«En cuanto a las diversas actuaciones que se llevan a cabo con estas personas, hay que indicar que, a través de estos recursos sociales básicos, se han atendió a un total de 178.938 personas a las que se les proporcionó acciones específicas de prevención e inserción, entendiendo dentro de este tipo de actividades las actuaciones destinadas a prevenir procesos de marginación, así como las acciones dirigidas a promover las condiciones necesarias para favorecer la participación y la integración social de colectivos desfavorecidos», matizó Rojas.

«Asimismo, se atendió a un total de 3.282 personas a las que se les procuró un alojamiento alternativo, entendido como todo recurso físico o funcional a través del cual se satisfizo las necesidades básicas de alojamiento de estas personas, permitiendo el desarrollo de los aspectos más elementales de la convivenvia social».

«En definitiva, a través de este Plan, se ha ayudado, no sólo a los ayuntamientos canarios a cumplir con la ley reguladora de bases de régimen local y así poder mantener recursos tan importantes para la ciudadanía como la red de centros de atención de servicios sociales municipales, sino lo que es más importante, se ha garantizado la atención social de alrededor de 500.000 personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, personas que, por diferentes circunstancias vitales, se han visto apartadas del Estado de Bienestar Social», manifestó Rojas.

«Sabedores de la importancia de este Plan, el Gobierno de Canarias firmó el pasado 4 de enero de 2012, o sea nada más empezar el año un convenio con la Federación Canaria de Municipios, en el que estuvo presente el Presidente del Gobierno por el cual se establecían los criterios y la forma en que se distribuirán los créditos entre los Ayuntamientos canarios con el fin de dar continuidad a los programas que cofinancian con el Gobierno de Canarias en el ámbito de los servicios sociales comunitarios como las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, la Prestación Canaria de Inserción y el Plan Integral de Menores en Canarias», argumentó la consejera quien indicó que «esto lo hacíamos a principios de años, consciente del necesario compromiso de un Gobierno con las familias más necesitadas pero también nuestro compromiso con los propios Ayuntamientos que no pueden esperar a junio para gestionar y que indudablemente son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y la que soportan una gran presión en esta crisis».

«El Gobierno también cumplía así con el Pacto de Gobierno, priorizando los servicios públicos esenciales y lo más importante, la cohesión social, así como el mantenimiento de más de de 2.000 puestos de trabajo de profesionales del área de lo social», sentenció.

Rojas: "La prestación por inserción y por desempleo, son conceptos muy diferentes"

La consejera de Políticas Sociales explicó hoy en sede Parlamentaria la Integración social de los perceptores de la PCI

«La prestación por inserción y la prestación por desempleo son conceptos muy diferentes», afirmó la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en sede parlamentaria para explicar la Integración social de las personas beneficiarias de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Rojas comenzó su exposición aclarando que la Ley que regula la Prestación, «implica un giro en las políticas sociales, que contempla que mientras las familias en exclusión social realizan programas de inclusión o de integración social o laboral, pueden recibir, durante este periodo, una ayuda económica».

«Por tanto, el protagonismo de la ecuación se encuentra precisamente en los itinerarios de inserción, es decir, en las actividades de inserción dirigidas a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con dificultades sociales, laborales, de índole escolar, ligadas a razones de desestructuración familiar, educativa o desajustes personales, y, por tanto, no en la ayuda económica», aclaró la consejera de Políticas Sociales.

«Sin embargo, se ha pretendido que esta ley, que fue aprobada en 2007, justo un año antes de que Europa entrase en recesión, fuese un sustituto de la prestación por desempleo, pero son conceptos completamente diferentes», manifestó.

«Mientras que la prestación por inserción pretende enseñar las capacidades para la búsqueda de empleo, la prestación por desempleo implica que la persona ha trabajado y cotizado a la Seguridad Social que es quién recauda y después habilita la prestación», aclaró Rojas.

«Además, -señaló-, mientras que la prestación por inserción es una competencia en materia de Servicios Sociales de las Comunidades autónomas, la de desempleo es una competencia de la Seguridad Social y del Estado».

«Es decir, la prestación canaria de inserción es una prestación para personas en exclusión social, aquellas que no tienen o han perdido las habilidades para insertarse en la sociedad».

Itinerarios de Inserción

En este contexto, Rojas explicó que la Prestación Canaria de Inserción contempla «la realización de itinerario de inserción sin ayuda económica, pero no al revés, ayuda económica sin itinerario de inserción, salvo en contadas excepciones que recoge explícitamente la ley».

Hay que recordar que los itinerarios pueden obedecer a diferentes fórmulas según la necesidad familiar y nosotros los dividimos en tres grandes grupos:

El primer grupo se encuentra en el ámbito de la normalización social y personal. Los programas se encaminan a través de acciones contra la desestructuración personal, así como hacia la adquisición de hábitos saludables de vida, o bien hacia la información y organización para acceder a los recursos públicos o reclamar derechos económicos; acciones contra la desestructuración familiar, actividades sociales o comunitarias, o la adaptación de personas que provienen de sectores con problemáticas específicas, como exreclusos o inmigrantes con necesidades de adaptación sociocultural; y actuaciones vinculadas a la intervención social para dificultades relacionadas con la vivienda

El segundo eje se encuentra en el ámbito de la formación profesional ocupacional y la escolarización, a través de acciones dirigidas a la educación de personas adultas y escolarización en niveles educativos obligatorios; acciones dirigidas a la formación para el ocio y la cultura; y acciones de formación básica y ocupacional; formación e inserción a través de talleres de empleo, casas de oficio y escuelas taller.

Y por último, en el ámbito de la inserción laboral, a través de acciones dirigidas a la orientación profesional y de autoempleo, y actuaciones dirigidas a la consecución de empleo a través de acciones integrales y experimentales de empleo; realización de obras y servicios de interés general y social; inserción sociolaboral en empresas de inserción; o participación en programas de políticas activas de empleo.

«En este punto, – recordó Rojas-, el Gobierno puso en marcha un plan de choque por el que se pudo contratar a 320 perceptores de prestación canaria de inserción. Además contamos con un convenio con el Servicio Canario de Empleo para que dé prioridad a las personas perceptoras de Prestación, en el marco del Pacto Canario por el empleo, tanto en los contratos con corporaciones locales, como a los programas de políticas activas de empleo».

«El problema es que la mayor parte de las veces los perceptores de la prestación no son empleables y aquí volvemos, no es lo mismo la exclusión que la falta de empleo, porque es que ni siquiera estas personas tienen habilidades para el empleo: estamos hablando de personas con adicciones, con enfermedades psiquiátricas, con desestructuración, o problemáticas específicas».

«Sin embargo, los datos muestran que no se le esta dando toda la cobertura adecuada con acciones de integración a estos problemas, solo se están tratando los que conllevan inserción laboral, con propuestas en colaboración con el Servicio Canario de empleo y los de normalización escolar», manifestó la consejera de Políticas Sociales.

Apoyo a los ayuntamientos

En opinión de Rojas, «entendemos que desde los ayuntamientos es necesario potenciar el informe social, con acciones de inclusión social, no sólo de integración laboral, que no siempre solucionan los problemas, ya que son más profundos».

«De esta forma, en el Plan de Inserción deben registrarse todas las propuestas de acciones de integración sobre las que se pretende trabajar y que estén relacionadas con la situación de necesidad de la personas y su núcleo familiar, además del establecimiento de los objetivos y temporalización de las mismas», indicó.

«Sin embargo, en la realidad, la mayoría de las acciones van dirigidas hacia la formación y el empleo, obviando otras áreas como son los desajustes personales, convivenciales, falta de redes y apoyos, educación, y que son realmente los que motivan la exclusión no sólo de la persona solicitante de esta ayuda, sino de toda la unidad familiar»

«Por ello, -avanzó la consejera-, el equipo de integración de la consejería de Políticas Sociales se está desplazando a todos los ayuntamientos con el objetivo de evaluar esta ley y apoyar a los trabajadores sociales de los municipios a mejorar la aplicación de esta ley, que, hay que recodar es una ley joven en el tiempo, ya que en vigor en abril de 2007, y que, además, le ha tocado vivir una época de crisis, lo que ha podido desvirtuar su objetivo».

Rojas: "La economía solidaria es una vía empresarial especialmente dirigida a los menos favorecidos"

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Firmado hoy un convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias, la ULPGC y Radio ECCA para potenciar los proyectos de Economía solidaria en el Archipiélago

«El apoyo a las empresas de Economía solidaria es una vía para potenciar el empleo en un sector emergente, especialmente dirigido a personas y colectivos que cuentan con mayores dificultades a la hora de acceder a un empleo, como son los centros especiales de empleo y las empresas de inserción», explicó hoy la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en el acto de firma de un convenio de colaboración establecido con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Radio ECCA, para el desarrollo del Proyecto «Sustentabilidad integrada de las empresas y organizaciones de Economía Solidaria», proyecto ECOS.

Según indicó Rojas, «las empresas de Economía Solidaria resultan de estos momentos de crisis económica, una vía de actividad empresarial en alza, que, además, tienen un marcado acento social ya que potencia la creación de empleos especialmente dirigidos a personas en situación de pobreza y/o exclusión social, además de que promueve la igualdad de oportunidades a todos los niveles particularmente en lo que respecta al género, así como promueve el respeto al medio ambiente y pone en énfasis el valor de la diversidad cultural, todo ello en un ámbito de actuación territorial de carácter local».

«A través de este acuerdo, se busca fórmulas empresariales o metodologías innovadoras, se fomenta el respeto por el medio ambiente y se favorece la diversidad cultural y el diálogo», aclaró la consejera de Políticas Sociales quien destacó «la creciente importancia que la economía solidaria tiene y que debe asumir en cualquier política de lucha contra la exclusión social, creando nuevas fórmulas que favorezcan la inserción en el mercado laboral de aquellos colectivos que tienen mayores dificultades para su inserción o reinserción, a la par que se desarrolla un trabajo en red, en el que la coordinación entre distintos agentes sociales, laborales y financieros existentes en el territorio local».

«Uno de los principales objetivos de las organizaciones de economía solidaria es fomentar oportunidades de reinserción profesional y social por la vía del acceso al empleo y a la cualificación profesional de personas poco cualificadas y socialmente desfavorecidas», afirmó Rojas.

Por su parte, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, explicó que el convenio firmado contempla un conjunto de acciones, entre ellas, «la realización de un diagnóstico actualizado de las empresas y organizaciones de Economía solidaria existente en Canarias, así como de elaboración de un estudio y creación de una nueva área de negocio en economía solidaria».

Además, entre las actuaciones de la Universidad, que se llevarán desde el Departamento de Economía Aplicada, se incluye la elaboración de indicadores de sostenibilidad para las empresas y organizaciones de Economía Solidaria y aplicación experimental de los indicadores de sostenibilidad a las empresas y organizaciones de Economía Solidaria.

Por su parte, Radio ECCA tendrá entre sus actuaciones, según explicó su director Lucas López, la construcción de un espacio Web del proyecto, así como el diseño, elaboración y gestión de los contenidos de apoyo a la formación e información en el ámbito de la Economía Solidaria, además de la divulgación de las acciones del proyecto, a través de acciones directas, de la radio, en el espacio Web, cartelería y publicaciones para la población en general.

La Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Viceconsejeria de Políticas Sociales e Inmigración, gestiona el proyecto ECOS acogido al programa MAC Cooperación, cuyo objetivo es crear un espacio de cooperación transnacional para fomentar la sustentabilidad integrada de las organizaciones que operan en el ámbito de la Economía Solidaria, estableciendo modelos de diagnóstico, indicadores, herramientas y sistemas innovadores de formación, que permitan la difusión y la transferencia de conocimientos entre las regiones de la Macaronesia.

De esta forma, el programa MAC Cooperación contempla el desarrollo del proyecto ECOS en el ámbito territorial de cada una de las regiones de la Macaronesia, de tal forma que cada uno de los Archipiélagos, es decir, Cabo Verde, Madeira, Azores y Canarias, pongan en marcha esta iniciativa con sus respectivas Universidades y con sus redes locales de Empresas de Economía Solidaria.

El proyecto, que tiene una vigencia de 2011 al 2013, cuenta con fondos de la Unión Europea.

El Foro Canario de la Inmigración pide al Estado que se mantengan las políticas de acogida y atención a la población inmigrante

Los miembros del Foro, reunidos en sesión plenaria, mostraron su buena acogida a la nueva regulación del empleo en el Servicio Doméstico

El Foro Canario de la Inmigración, reunido en Pleno celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, y presidido por el viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Melchor Núñez, subrayó la importancia de continuar con las políticas de atención y acogida a la población inmigrante, y, en este sentido, mostró su confianza en que la toma de posesión del nuevo Gobierno del Estado español, resultante de las urnas el pasado 20 de noviembre, venga acompañado de acciones institucionales y de carácter jurídico que refuercen esta línea de actuación.

Además, el Foro mostró su preocupación por la continuidad del actual convenio de colaboración existente entre el Estado, a través de su Ministerio de Trabajo e Inmigración, y el Gobierno de Canarias para el desarrollo de programas dirigidos a potenciar la integración y acogida de población inmigrante en las Islas.

Se tratan de proyectos impulsados por Corporaciones locales y Entidades sin ánimo de Lucro, enmarcados en el acuerdo suscrito entre el Estado y la Comunidad autónoma de Canarias para el «Desarrollo de Actuaciones de Acogida e Integración de Personas Inmigrantes», que contempla la realización de diversas actuaciones conjuntas dirigidas a promover en el Archipiélago canario programas de acogida, integración y de refuerzo educativo que tengan como destinatario la población inmigrante residente en las Islas.

De esta forma, a través de estos programas se trabaja en diferentes ejes de actuación que incluyen acogida, sensibilización, infancia y juventud, empleo, mujer, participación y servicios sociales.

Entre los proyectos de acogida integral, se incluyen aspectos como la orientación social y laboral y plazas de alojamiento y manutención para inmigrantes en situación de vulnerabilidad así como servicios de información, orientación y acompañamiento, clases de idioma, asesoría jurídica, traducción e interpretación, derivación a servicios de carácter general, formación ocupacional, e inserción social y laboral.

En este ámbito, se incluye los programas de refuerzo de los recursos organizativos y humanos de los servicios sociales de atención primaria, con el fin de atender los factores socio-culturales de la población inmigrante y las situaciones de emergencia social.

Las actividades llevadas a cabo en esta medida son las propias de los servicios de atención primaria en servicios sociales: atención, información, realización de informes, tramitación de ayudas, atención individualizada, favorecer la interculturalidad, prevenir la discriminación, potenciar el asociacionismo, organizar encuentros y jornadas así como de talleres de formación para el empleo.

Buena acogida a la nueva regulación del empleo en el Servicio Doméstico

Asimismo, el Foro Canario de la Inmigración ha dejado constancia en su reunión plenaria de la buena acogida a la entrada en vigor, prevista a partir del próximo 1 de enero, de la nueva regulación que afectará al empleo en el Servicio Doméstico, «por la repercusión que pueda traer en el seno de un amplio colectivo de personas inmigrantes que trabajan en este sector».

Por último, el Foro hizo un llamamiento a las asociaciones y entidades de personas inmigrantes que residen en Canarias para que opten a la representación como miembros de este organismo de carácter consultivo, en el marco del proceso de reelección de miembros en el que se encuentra inmerso el mismo.

Rojas: "Alrededor de 7.000 personas son beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción"

La consejera de Políticas Sociales aseguró hoy en sede parlamentaria que las personas a las que van destinada la PCI «no son aquellas que han perdido su empleo»

«La media mensual de las familias que recibieron en 2011 una prestación económica entre las 2.500 y las 3.500, lo que significa que alrededor de 7.000 personas son beneficiarias de estas ayudas cada mes», explicó hoy en comisión parlamentaria la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas.

«La Prestación Canaria de Inserción va destinada a personas en situación de exclusión social, es decir, aquellas que no tienen habilidades para incorporarse al mercado de trabajo, a los servicios de salud o a los educativos y necesitan que las administraciones les acompañen para que puedan tener las mismas oportunidades, puedan ser estas muchas o pocas según el momento económico-laboral por el que se atraviese»,

«Por tanto, es tremendamente peligroso pensar que la Prestación Canaria de Inserción es un sustitutivo de la prestación por desempleo y creo que los servicios de información municipales y de la comunidad autónoma deben de aclarar esta situación a los usuarios y hacerlo con total transparencia», manifestó Rojas.

«La prestación por desempleo es un derecho de los trabajadores. Trabajadores que han cotizado y a los que, durante su vida laboral, la Seguridad Social les ha ido descontando de su sueldo para futuras contingencias. Por tanto, el Estado ha recaudado previamente, sobre una legislación que es de carácter estatal. Estamos hablando pues de circunstancias distintas y soluciones diferentes y no debemos caer en el error de confundirlas en estos tiempos de crisis y crisis de empleo», aclaró.

Según recordó la consejera de Políticas Sociales, «la ley de Prestación Canaria de Inserción incorpora la posibilidad de acceder a un itinerario de inserción sin que por ello se tenga que cobrar la ayuda económica».

Rojas indicó que «en 2012 se mantiene el mismo presupuesto para la ayuda económica de la prestación que en 2011, es decir, 20 millones de euros, casi 3,500 millones de las antiguas pesetas»

Además, explicó que la ayuda económica de la prestación osciló entre 472,16 euros para una familia unipersonal y los 658, 54 para familias más numerosas, «una cantidad que supera el salario mínimo interprofesional y que desde luego son las más altas del Estado».

Por otro lado, informó que «en el proceso de implementación de la PCI se ha observado que muchas veces el diagnóstico no se utiliza como herramienta de detección de situaciones reales de necesidad, sino como forma de justificar la necesidad de obtener una ayuda económica, centrándose, este, fundamentalmente en las carencias que presenta la persona solicitante en el área laboral y económica. Obviando, así, al resto de miembros que componen la unidad de convivencia, además de a otras áreas que puedan estar, también, en situación de exclusión social».

«Para modificar esta situación, hay que otorgar el espacio adecuado y el tiempo suficiente en la elaboración de los diagnósticos de necesidades de la unidad convivencial, para lograr, así, una correcta intervención posterior. Además, de tener en cuenta todas las áreas que influyen en la situación de exclusión social, independientemente de los intereses de los usuarios, que normalmente, están enfocados hacia el área económica», afirmó.

«Para ello, el Gobierno financia a los municipios con 4 millones de euros dispuestos a través del Plan de Prestaciones Básicas, para la contratación de los trabajadores sociales que tiene que elaborar y aplicar ese diagnóstico», dijo.

«Debemos ser honestos y decirle a las personas que han perdido su empleo que por ese hecho no podrán ser beneficiarios de la Prestación. La prestación entra en el concepto de renta mínima de aquellas personas que, por varias circunstancias, que no se centran en lo económico, se han apartado o han sido apartadas del estado de igualdad de oportunidades», concluyó la consejera.

Rojas propone la conveniencia de modificar la ley de Prestación Canaria de Inserción para adaptarla a la nueva situación social

La consejera de Políticas Sociales aseguró hoy en sede parlamentaria que las personas a las que van destinada la PCI «no son aquellas que han perdido su empleo»

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha propuesto hoy en el marco de la comisión parlamentaria la conveniencia de modificar la Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción para «adaptarla a la nueva situación social y laboral».

Rojas, quien hizo esta propuesta en sede parlamentaria, argumentó que responde a «la necesidad de modificar esta normativa ante los nuevos perfiles sociales y las nuevas circunstancias y necesidades que ante la crisis económica actual se han generado en nuestra sociedad»

La consejera de Políticas Sociales recordó que «la Prestación Canaria de Inserción va destinada a personas en situación de exclusión social, es decir, aquellas que no tienen habilidades para incorporarse al mercado de trabajo, a los servicios de salud o a los educativos y necesitan que las administraciones les acompañen para que puedan tener las mismas oportunidades, puedan ser estas muchas o pocas según el momento económico-laboral por el que se atraviese».

En este sentido, opinó «es tremendamente peligroso pensar que la Prestación Canaria de Inserción es un sustitutivo de la prestación por desempleo y creo que los servicios de información municipales y de la comunidad autónoma deben de aclarar esta situación a los usuarios y hacerlo con total transparencia».

En 2011, la media mensual de perceptores de una prestación económica se situó entre las 2.500 y las 3.500, lo que significa que alrededor de 7.000 personas son beneficiarias de estas ayudas.

Según recordó la consejera de Políticas Sociales, «la ley de Prestación Canaria de Inserción incorpora la posibilidad de acceder a un itinerario de inserción sin que por ello se tenga que cobrar la ayuda económica».

Rojas indicó que «en 2012 se mantiene el mismo presupuesto para la ayuda económica de la prestación que en 2011, es decir, 20 millones de euros, casi 3,500 millones de las antiguas pesetas»

Además, explicó que la ayuda económica de la prestación osciló entre 472,16 euros para una familia unipersonal y los 658, 54 para familias más numerosas, «una cantidad que supera el salario mínimo interprofesional y que desde luego son las más altas del Estado».

Por otro lado, informó que «en el proceso de implementación de la PCI se ha observado que muchas veces el diagnóstico no se utiliza como herramienta de detección de situaciones reales de necesidad, sino como forma de justificar la necesidad de obtener una ayuda económica, centrándose, este, fundamentalmente en las carencias que presenta la persona solicitante en el área laboral y económica. Obviando, así, al resto de miembros que componen la unidad de convivencia, además de a otras áreas que puedan estar, también, en situación de exclusión social».

«Para modificar esta situación, hay que otorgar el espacio adecuado y el tiempo suficiente en la elaboración de los diagnósticos de necesidades de la unidad convivencial, para lograr, así, una correcta intervención posterior. Además, de tener en cuenta todas las áreas que influyen en la situación de exclusión social, independientemente de los intereses de los usuarios, que normalmente, están enfocados hacia el área económica», afirmó.

«Para ello, el Gobierno financia a los municipios con 4 millones de euros dispuestos a través del Plan de Prestaciones Básicas, para la contratación de los trabajadores sociales que tiene que elaborar y aplicar ese diagnóstico», dijo.

«Debemos ser honestos y decirle a las personas que han perdido su empleo que por ese hecho no podrán ser beneficiarios de la Prestación. La prestación entra en el concepto de renta mínima de aquellas personas que, por varias circunstancias, que no se centran en lo económico, se han apartado o han sido apartadas del estado de igualdad de oportunidades», concluyó la consejera.

Núñez: "Llevaremos a la Fecam una propuesta de colaboración para la emisión de los informes necesarios para otorgar la residencia a los inmigrantes"

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El viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración, Melchor Núñez, mantuvo una reunión de trabajo con el director general de Inmigración, Markus González

El viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Melchor Núñez, mantuvo hoy en Las Palmas de Gran Canaria una reunión de trabajo con el director general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Markus González.

Según explicó González, esta reunión tenía como principal objetivo tomar contacto con los responsables del área así como profundizar en la aplicación en la Comunidad Autónoma del Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

En este contexto, Núñez manifestó al director general de Inmigración la voluntad del Gobierno de Canarias de trasladar a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) una propuesta de colaboración para la emisión de los informes necesarios para la población inmigrante pueda optar a su permiso de residencia, ya que, argumentó, «son los municipios las entidades más cercanas a la ciudadanía, por lo que resulta fundamental su colaboración».

Hay que recordar que el Decreto 557/2011 recoge, entre los requisitos con los que tiene que contar la persona inmigrante que aspire a su residencia en España, la necesidad de emitir tres informes que acrediten su situación.

De esta forma, es necesario, por un lado, la emisión de un informe de ‘Adecuación de la vivienda del extranjero que desea reagrupar a su familia’, que tiene por objeto acreditar que el solicitante cuenta con una vivienda apropiada para atender sus necesidades y las de su familia.

Asimismo, se tiene que contar con un informe de ‘Arraigo del extranjero que solicita una autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo social’, en el que deberá constar, entre otros elementos, el tiempo de permanencia del interesado en su domicilio habitual, en el que deberá estar empadronado, en la Comunidad Autónoma y en España, los medios económicos con los que cuente, y los vínculos con familiares residentes en España.

«Junto a estos informes, el Decreto recoge como novedad la emisión de un informe denominado de ‘Esfuerzo de integración del extranjero que desea renovar su autorización de residencia o residencia y trabajo'», aclaró Núñez, quien indicó que «mientras en la emisión de este informe sólo es competente la Comunidad autónoma, en los otros dos, la Comunidad autónoma puede acordar con la administración municipal la emisión de estos informes que, por otro lado, son los más importantes en cuanto a su número de solicitudes».

En este sentido, aclaró que el informe de Esfuerzo de integración tiene un carácter complementario a los otros dos y su objetivo es acreditar por parte del inmigrante su participación activa en acciones formativas destinadas al conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia.

«Hay que recordar que el informe de Esfuerzo de Integración es totalmente nuevo, mientras que los informes de Adecuación de la Vivienda y de Arraigo social estaban ya contemplados en el Reglamento anterior», matizó el viceconsejero de Inmigración.