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La vicepresidenta garantiza un nuevo Plan de Emergencia Social para 2016 en colaboración con los municipios

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La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias ultima en estas fechas la redacción de un nuevo Plan de Emergencia Social con los municipios con el objetivo de evitar duplicidades y complementar la aportación de 12 millones que la Consejería ya estableció, a comienzos del mes de febrero con la Fecam, para cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía canaria a través de los ayuntamientos.

El documento que se está elaborando complementará las acciones del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, que contempla más de 12 millones de euros para que los ayuntamientos canarios cubran las necesidades básicas de la ciudadanía

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, confirmó en respuesta parlamentaria que el Plan de Emergencia Social «está en fase de elaboración por los técnicos de mi Consejería y será consensuado con la Federación Canaria de Municipios». En este sentido precisó que la nueva redacción establecerá «criterios claros, evitando acciones puramente asistenciales que al final se convierten en parches así como la duplicidad con el resto de ayudas de emergencia municipales existentes».

Hernández concretó que «la idea es mejorar el plan, tanto en los objetivos del mismo como en el presupuesto; porque el Gobierno de Canarias cree en la participación activa de los ayuntamientos como la administración más cercana a los vecinos y, ante los que, en caso de emergencia, van a acudir en primer lugar los canarios y las canarias para una respuesta inmediata». La vicepresidenta del Gobierno aclaró que «tenemos que pensar y diseñar un plan de emergencias diferente, que cubra, por supuesto, esas necesidades pero que haga, a la vez, algo más, teniendo en cuenta las realidades de cada isla y municipio».

Hernández detalló que bajo estas nuevas premisas están trabajando en la actualidad los profesionales de la Dirección General de Políticas Sociales, que posteriormente se pactarán con los técnicos de la Fecam.

El Gobierno destina 12 millones a los servicios sociales y a la gestión de la PCI en los municipios

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La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández y el presidente de la Fecam, Manual Ramón Plasencia, han firmado hoy un acuerdo por el que el Gobierno de Canarias destinará más de 12 millones de euros al Plan Concertado de Prestaciones Básicas y a la gestión de la PCI, un protocolo que garantiza la atención a las personas con mayores necesidades.

Políticas Sociales firma el convenio que permite a los ayuntamientos prestar servicios como la ayuda domiciliaria, de emergencia o dar una alternativa habitacional y que atendió en un año a 368.000 personas.

Patricia Hernández destacó en declaraciones realizadas tras la firma que «los ayuntamientos son los que ven más de cerca y mejor gestionan las necesidades sociales de sus ciudadanos, son los que miran directamente a los ojos a las personas que pasan necesidad».

La también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda hizo hincapié en que «el Plan Concertado de Prestaciones Básicas es la herramienta que garantiza el desarrollo de los servicios sociales comunitarios a través de los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma». En este sentido, añadió que «es algo fundamental para Canarias y para prestar servicios como la ayuda a domicilio, la ayuda habitacional, para ir al supermercado, para usar la guagua, para mejorar la movilidad, por ejemplo para una silla de ruedas para las personas con poca movilidad y personas mayores». «De esta forma el Gobierno de Canarias y la Consejería mantienen un compromiso con los que no tienen lo básico y ello se gestiona a través de los que están más cerca del problema, que son los ayuntamientos», aclaró.

Hernández detalló que «el último dato cerrado que tenemos, correspondiente a 2014, es que mediante el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, los ayuntamientos de Canarias atendieron necesidades sociales de 368.000 personas y el número de profesionales contratados, según datos también de 2014, fue de 1955 personas». «Políticas Sociales aporta en este acuerdo 13.231170,69, de los que 3 millones son para la gestión municipal de la Prestación Canaria de Inserción», recordó.

Al respecto, incidió en que «gracias a la firma de este convenio los ayuntamientos no tendrán que despedir a nadie, como ha sucedido en otras ocasiones, para la tramitación de la PCI». Además, recordó que «no solo hemos acabado con las listas de espera, ya que si en 2014 se resolvieron 5000 expedientes, en 2015 se han resuelto 10.500, por lo que hemos duplicado los expedientes resueltos».

Hernández resaltó que hoy se firma un convenio que estaba comprometido desde el 28 de diciembre de 2015, por lo que entró en vigor desde el 1 de enero de 2016 y «esto es muy importante porque con ello garantizamos que las necesidades de nuestros ciudadanos estén cubiertas, más allá de las dificultades de intercambio de documentos y de ponernos de acuerdo».

Por su parte, Manual Ramón Plasencia explicó que «con la firma de este documento garantizamos que se sigan prestando los servicios sociales básicos, al tiempo que damos cobertura a la Prestación Canaria de Inserción, para que cada municipio pueda disponer de un técnico para tramitar la PCI». Plasencia precisó que «el alcalde de Tegueste y presidente de la Comisión de Asuntos Sociales de la Fecam, aquí presente, ha estado trabajando conjuntamente con la Consejería para la elaboración de este documento que recoge las mismas cantidades que las del pasado año 2015 para el Plan del 2016». Además, explicó que «paralelamente estamos trabajando para que este año, que es el plazo marcado tanto para la Consejería como para la Federación Canaria de Municipios, podamos tener una nueva Ley de Servicios Sociales y así poder ir definiendo el ámbito competencial de los distintos servicios que estamos ofreciendo».

Por último, expresó su agradecimiento en nombre del municipalismo al Gobierno y a su consejera y apuntó que «la Fecam seguirá aportando su grano de arena para llegar a buen puerto la futura ley que defina las competencias desde el ámbito insular, municipal y de Canarias».

La vicepresidenta del Gobierno anuncia que la PCI se empezará a pagar esta misma semana

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La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, anunció que la Prestación Canaria de Inserción «empezará a pagarse esta misma semana» ya que el  Parlamento de Canarias aprobó en la sesión de hoy el proyecto de Ley de Crédito Extraordinario por el cual se destinan 7,5 millones de euros a dotar la ayuda económica de la Prestación Canaria de Inserción y que fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 9 de noviembre.

Está previsto que primero se ingrese a las personas que más tiempo llevan esperando y que la nómina se complete en un plazo de dos semanas

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, anunció esta mañana que la Prestación Canaria de Inserción «empezará a pagarse esta misma semana». «Primero cobrarán las personas que más tiempo llevan esperando» -explicó Hernández- «y en un plazo máximo de dos semanas, en cuanto tesoro público vaya ingresando el dinero, podremos pagar a las alrededor de 6.000 personas que, teniendo derecho, llevan esperando durante meses».

El Parlamento de Canarias aprobó hoy el proyecto de Ley de Crédito Extraordinario por el cual se destinan 7,5 millones de euros a dotar la ayuda económica de la Prestación Canaria de Inserción y que fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 9 de noviembre.

Hernández pidió disculpas por la tardanza en el pago y matizó que «aunque nosotros acabamos de llegar, no se entiende tantas semanas e incluso meses de sufrimiento, pero lo importante es que lo hemos solucionado y en dos semanas todas las nóminas pendientes estarán pagadas».

A día de hoy hay 6.222 nóminas, entre nuevas altas y renovaciones pendientes de pago, mientras que otras 3.336 ya la están cobrando.

Cabe señalar que en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2016 de la Comunidad Canaria se contemplan 45 millones de euros solo para la ayuda económica de la Prestación Canaria de Inserción. Según declaró la vicepresidenta del Gobierno en la Comisión de Presupuestos «se trata de un incrementó histórico con 17 millones de euros más que en 2015» .

Perfil de las personas perceptoras de la PCI

En relación con el perfil de los beneficiarios de la PCI, la mayoría son mujeres, con un 55,6% del total. Por edades, destaca el hecho de que un 35% son menores de edad, mientras que los mayores de 55 años representan el 15% de los beneficiarios. En cuanto al tipo de hogares en los que se percibe la Prestación, un 41,4% están integrados por una sola persona y un 38,5% son familias monoparentales. Por último, más de la mitad de los beneficiarios tiene únicamente estudios primarios o carece de formación.

Políticas Sociales aumenta en un 21,74 % el presupuesto para la Prestación Canaria de Inserción

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* El presupuesto del departamento crece en 21.341.978 euros para aumentar la cobertura en la Prestación Canaria de Inserción, consolidar las acciones frente a la pobreza, como el Plan de Emergencia social, acometer los convenios de rehabilitación e incorporar a 5000 personas en el Sistema de la Dependencia

* El índice de pobreza bajo en Canarias en cinco puntos mientras que en el Estado solo lo hizo en dos, Rojas reclama una «renta mínima estatal»

* Las partidas vinculadas a la Estrategia frente a la Pobreza y la Exclusión Social crecen en su conjunto en un 18,48 %

* Las políticas activas de vivienda se incrementan en un 38,33 % para afrontar la rehabilitación y reposición de barrios y las acciones pendientes de Planes anteriores

* Cultura y Deportes mantienen sus presupuestos, pese a que el Estado deja sus partidas a cero, en materia de desplazamientos y movilidad cultural

El presupuesto consolidado para 2015 de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda crece un 6,73 %, lo que significa en números absolutos 21.341.978 euros. Concretamente, en las políticas del área social el incremento es del 7,79 %.

Para Rojas se trata de «un presupuesto que crece y lo hace coherentemente con las directrices del Gobierno, aumentando en las partidas destinadas a Servicios Públicos esenciales, esto es, a los servicios de atención directa a la ciudadanía».

«En este sentido, aumentan las políticas sociales, en un 7,79 %; la prestación canaria de inserción en un 21,74%; la Estrategia frente a la pobreza, en un 18,48 %, las políticas sociales de vivienda en un 38,33%, las de atención a la dependencia en 8 millones de euros y se mantienen las políticas de cultura y deportes»

Unos presupuestos en materia social que aumentan porque el «Gobierno está empeñado en garantizar los servicios públicos esenciales, a pesar del injusto sistema de financiación que nos discrimina. Esta discriminación significa que Canarias recibirá solamente 173 euros por persona para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, mientras que Castilla-Leon recibirá 699 euros, Galicia 514 euros o Cantabria 445 euros» prosiguió la consejera.

«Y este condicionante, esa discriminación, es el determinante de todo nuestro presupuesto» concretó Rojas.

«A pesar de este hándicap» continuó Rojas «Canarias ha descendido en cinco puntos sus índices de pobreza, mientras que en el Estado solo lo ha hecho en dos, «por lo que estamos en un camino correcto al no recortar, sino todo lo contrario, incrementando las partidas destinas a estas políticas».

Rojas incorporó en su intervención la necesidad de plantear una renta mínima por parte del Estado ya que » la mayor parte de las familias que solicitan la Prestación Canaria de Inserción no se encuentran en exclusión sino que vienen derivadas directamente del Inem, cuando se les acaba la prestación por desempleo que ha sufrido grandes recortes en los últimos años».

Cabe señalar que Canarias es la tercera Comunidad Autónoma de todo el Estado en cuanto a cuantías de la prestación por rentas mínimas o Prestación Canaria de Inserción, que asciende a 472,16 para la mínima y hasta 658,58 para la máxima, cuantías solo superadas por comunidades mucho más ricas que la nuestra, como el País Vasco o Navarra.

«También en cuanto a viviendas en alquiler social, Canarias ocupa el segundo puesto tras el País Vasco por lo que entendemos esta política también como servicio público esencial, con este presupuesto que sube en un 38,33 % podremos acometer los convenios de rehabilitación y reposición de barrios degradados una vez hemos firmado ya, después de un año y medio de retraso, el Plan Estatal de Vivienda con el Ministerio de Fomento «, declaró la consejera.

Mantenimiento de las políticas de cultura y deportes

Si nos centramos en las políticas de gestión cultural, separando las de Capítulo I de personal infraestructuras y el Plan de Viabilidad, se mantienen las políticas culturales e incluso se incrementan en lo que entendemos que es servicio público como son los circuitos de música, teatro y danza y cine que se rigen por los principios de equidad territorial y que han contado en los tres trimestres de 2014 con más de 30.000 espectadores, contratándose a mas de 80 compañías, con 630 participantes, 320 actividades ejecutadas.
También se incrementa Canarias Crea Canarias como programa de movilidad de nuestros artistas para que puedan mostrar su obra en igualdad de condiciones que el resto de los españoles. Canarias y la Cultura sube un 14,2% y se mantienen los servicios bibliotecarios y archivísticos que el pasado año se incrementaron en un 11,54 %

Otro año consecutivo, el Gobierno del Estado deja a 0 el presupuesto destinado a Cultura y se consolida la discriminación negativa a nuestros artistas y también a nuestros deportistas en sus desplazamientos a la península.
El presupuesto de Deportes mantiene su incremento del pasado año y aumenta en el ámbito del deporte autóctono en un 12,44 %.

El Gobierno de Canarias amplía con 3 millones de euros más a la PCI para atender nuevas altas

Con este incremento presupuestario, el Gobierno pasa de los 23 millones de euros presupuestados a comienzos de 2014, a un total de 26 millones

El Gobierno de Canarias, en el marco de la Estrategia frente a la Pobreza, Exclusión Social y el Desarrollo Humano, ha dotado con 3 millones de euros más el presupuesto actual para la Prestación Canaria de Inserción, por lo que se incrementa de 23 a 26 millones de euros la ayuda para este año.

«El objetivo es ir facilitando la incorporación de nuevas altas de personas que tengan reconocida esta ayuda, calculando una incorporación mensual de entre 250 y 300 familias al mes», afirma la directora general de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Ángeles Nieves Fernández.

Este incremento se suma al aumento del 25% que ya ejecutó el Gobierno de Canarias en el presupuesto de la PCI para 2014 con respecto al presupuesto inicial de 2013, que fue de 18 millones de euros, cifra que amplió en 2,4 millones de euros adicionales para el último trimestre de 2013, «con el fin de dar cobertura cada vez a un mayor número de familias que pueden estar pasando un momento muy complicado», aclara la directora.

Según explica Fernández, en el marco de la Estrategia frente a la Pobreza, el Gobierno de Canarias incrementó la dotación económica de la PCI para 2014 en 5 millones más que el presupuesto inicial del año 2013, «llegando a un global de 23 millones de euros, a los que ya se han incorporado otros 3 millones».

En la actualidad, un total de 3.853 familias reciben esta ayuda, llegando a un global de 7.858 las personas beneficiaras.

Mayor protección a las familias más vulnerables, especialmente las que tienen hijos

La ampliación del crédito presupuestario se suma al esfuerzo que el Gobierno de Canarias lleva a cabo en la atención a la población en situación de una mayor vulnerabilidad social, especialmente aquellas con menores a cargo.

Precisamente, el Gobierno presentó esta semana ante el Pleno del Parlamento el Proyecto de Ley de modificación de la Prestación Canaria de Inserción que incorpora a un nuevo colectivo social, el las familias sin ingresos, priorizando a las familias con infancia a cargo.

«Esta iniciativa que se sitúa en el marco de la Estrategia frente a la Pobreza y la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano 2013-2015, y tiene como fin replantear el perfil de las personas amparadas y protegidas por esta prestación al encontramos con solicitantes que, si bien no se pueden incluir dentro del colectivo de exclusión social, por disponer de herramientas sociales, culturales y formativas, sin embargo no pueden cubrir las necesidades básicas, alimentación y vivienda, dado que no perciben ningún recurso y han agotado el resto de prestaciones económicas del sistema público», aclara Fernández.

Según explica la directora, la modificación de la Ley responde a objetivos fundamentales: por un lado, ampliar el colectivo destinatario de la misma a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos, especialmente, a las familias con menores a su cargo, y, por otro, garantizar el acceso rápido y efectivo a la ayuda que supone la Prestación Canaria de Inserción a las personas que lo solicitan, simplificando procedimientos y acortando tiempos de respuesta, mediante la mejora de la aplicación informática empleada para su tramitación y gestión.

«De esta forma, la modificación de la Ley garantiza una mayor protección a las familias más vulnerables y reduce en un tercio los tiempos de resolución de los expedientes de ayuda, pasando de los nueve meses actuales para resolución de los expedientes a un máximo de seis, rebajándose en un tercio el periodo actual», aclara.

Además, se facilita el acceso al mercado laboral de las personas perceptoras de esta ayuda, ya que al establecer una duración de 12 meses más 12 meses de renovaciones, si el perceptor de la ayuda consigue un empleo de corto tiempo de duración, puede optar a ese puesto de trabajo y sigue teniendo esa bolsa de mensualidades sin tener que presentar otra vez la solicitud de la prestación.

«En definitiva, se trata de un conjunto de medidas contempladas en el proyecto de modificación de la actual Ley, y que sumadas al incremento del presupuesto son muestra de la voluntad del Gobierno de Canarias de atender a las personas con mayores dificultades en el marco de las actuales posibilidades económicas», concluye Fernández.

Rojas: "La nueva ley de la PCI garantiza mayor protección a las familias con infancia a cargo"

Se reduce en un tercio los tiempos de resolución de los expedientes de ayuda y se amplía el colectivo de población que puede acceder a esta prestación

El Gobierno presentó hoy ante el Pleno del Parlamento el Proyecto de Ley de modificación de la Prestación Canaria de Inserción que, según su Exposición de Motivos, incorpora a un nuevo colectivo: las familias sin ingresos. Se prioriza así a las familias con infancia a cargo en el marco de la Estrategia frente a la Pobreza y la Exclusión Social presentada en comunicación «hace apenas un año» según explicó la consejera de Política Social, Inés Rojas.

«El Gobierno con esta propuesta ha sido realista y tiene como objetivo ayudar a todas aquellas familias que no pueden salir adelante sin la ayuda de las administraciones públicas; una ley que forma parte destacada de la Estrategia frente a la pobreza y la Exclusión social y que prioriza como toda ella a las familias con hijos e hijas; una ley que es consciente de que está paliando una regulación que concierne al Estado puesto que no se trata de apoyar a las personas en exclusión sino a aquellas que no tiene ingresos por causa de la lacra del desempleo que asola a España y muy particularmente a los territorios con mayores dificultades», afirmó hoy la consejera de Políticas Sociales del gobierno de Canarias, Inés Rojas, en la presentación en sede parlamentaria de la modificación de la ley.

En su exposición, Rojas aclaró que la modificación de este Ley, responde al compromiso del Gobierno canario de modificar una ley «que significó un salto cualitativo en la atención a las personas y colectivos más vulnerables de la sociedad aportando no solo una ayuda económica para quienes no tenían cubiertas las necesidades básicas, sino también posibilitando y favoreciendo su integración social, más allá del marco económico, a través de programas específicos de actividades de inserción adecuados a las características y capacidades de las personas beneficiarias de la prestación económica».

«Pero el escenario ha cambiado considerablemente, mientras que en 2007 el enfoque de la pobreza se vinculaba al concepto de exclusión social, hoy se vincula al concepto de escasez de recursos económicos. Se estimaba que había un sector de la población que no podía acceder al sistema de bienestar social debido a una serie de componentes multidisciplinares. Era cierto que podían de carecer de fórmulas para acceder al mercado laboral y por tanto a los bienes económicos pero era debido a connotaciones sociales, educativas y culturales».

«Ese escenario hoy es otro. A este grupo de personas se le ha añadido familias que por motivos de la crisis han perdido su puesto de trabajo hace mucho tiempo y ya no acceden a las prestaciones por desempleo. Son personas cualificadas, perfectamente integradas, con un nivel educativo adecuado pero que no encuentran trabajo. Y este es el motivo por el que pueden entrar en riesgo de exclusión. No por otro», enfatizó Rojas.

«Por lo tanto, estamos hablando de falta de trabajo exclusivamente, de falta de ingresos. Cabría pensar que si no se trata de exclusión, si no se trata de falta de habilidades sino puramente de falta de trabajo debería ser el Estado quien regulase una renta mínima para una población abatida por el desempleo. Pero en vista de que este problema, el gran problema de la sociedad española, que no se ha resuelto por parte del Estado, en Canarias hemos tomado la iniciativa para incorporar a las familias sin ingresos por falta de empleo a una ley que no se concibió para esto. Y de ahí su modificación», explicó.

Llegar a más personas y dotar de mayor protección a las familias con hijos, objetivo principal de la modificación de la Ley

«El objetivo principal para modificar esta ley es llegar a más familias, sobre todo a las familias con niños y niñas a cargo y hacerlo de una forma ágil y eficaz», indicó Rojas.

«Para ello se introducen cambios sustanciales como es ampliar el colectivo destinatario de la misma a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en riesgo de exclusión social; priorizar a las familias con hijos e hijas a cargo; garantizar el acceso rápido y efectivo a la ayuda económica que supone la Prestación a las personas que lo solicitan, estableciendo por ley un plazo de cuatro meses para resolver las solicitudes desde su recepción por parte del departamento del Gobierno y simplificar procedimientos y acortar tiempos de respuesta, mejorando la aplicación informática empleada para su tramitación y gestión», enumeró.

El Anteproyecto de Ley retoca la Ley del año 2007, mediante una modificación parcial, pero sustancial, que afectará a 18 artículos a lo que se les dará nueva redacción, total o parcialmente; a 3 artículos que quedarán sin contenido, y al Título V referido al régimen de infracciones y sanciones que comprende los artículos 31 a 37 de la Ley, que igualmente quedará suprimido y sin contenido.

Según explicó Rojas, en términos generales, la presente modificación se centra en los siguientes aspectos esenciales:

En primer lugar, se amplia el ámbito de cobertura de la Ley al modificar las condiciones de acceso en relación al tiempo de residencia que pasa de tres años a un año, así como el periodo que se computa como ausencia de renta, que se reduce de un año a tres meses.

Por otro lado, se aumenta el nivel de protección de las familias con miembros beneficiarios de prestaciones económicas del sistema de dependencia, al exonerar las mismas del cómputo de rentas y, en consecuencia, del cálculo del importe de la prestación económica.

Otro aspecto esencial que se aborda es la búsqueda de la simplificación administrativa. Se aclara el carácter subsidiario y complementario de la prestación económica respecto de otras prestaciones públicas.

«En este sentido, – argumentó- las novedades se centran en la nueva redacción del apartado 6 del artículo 12 y 3 del artículo 13, donde el plazo de los ayuntamientos para remitir el expediente completo al Gobierno de Canarias pasa de los tres meses actuales a dos en la reforma. Y el plazo de tramitación en el Centro Directivo competente pasa de los seis meses actuales a tres en la reforma. Se pretende con ello, acortar los plazos de instrucción de los expedientes, tanto en la fase municipal como en la fase autonómica».

«Además, como mejora en la gestión, y para evitar burocracia innecesaria, se suprime el requisito de la aceptación previa de la ayuda así como la caducidad del procedimiento ante la Administración municipal correspondiente, si los interesados no se hubiesen personado ante la misma en el plazo de los diez días siguientes contados a partir de la recepción de la resolución de concesión de la ayuda, aspecto éste que iba en perjuicio de los derechos e intereses de la persona beneficiaria de la misma».

«Por último, se propone un nuevo cálculo para las cuantías de la ayuda económica básica amparado en el hecho de ofrecer una mayor protección a aquellas familias con hijos menores a su cargo, al tiempo que se modifica el periodo de cobro de la prestación económica, estableciéndose un máximo de 12 meses permitiendo que se pueda solicitar una nueva prestación pasado otros 12 meses».

«La cuantía de la prestación canaria de inserción antes de la modificación era la tercera más alta de todo el Estado tras las dos comunidades más ricas de España: País Vasco y Navarra, y después de la modificación sigue siendo la tercera más alta de todo el Estado, por encima de comunidades ricas como pueden ser Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, todas ellas mejor financiadas que Canarias», afirmó la consejera.

En cuanto a la duración, es de 12 meses más 12 meses de renovaciones si se mantienen las mismas condiciones que al comienzo de la concesión. «Es decir, -aclaró la consejera-, una vez cumplidos los doce meses se podrá volver a solicitar nuevamente la ayuda económica básica una vez transcurridos un mínimo de doce meses desde el último mes de percepción de la misma. En la actualidad el cobro es de 12 meses más 12 meses y luego la persona sale del sistema. La nueva propuesta es que ese cobro de 24 mensualidades conlleve un año de carencia de manera que el reparto de recursos sea más equitativo. Sin duda es una de las principales novedades de la reforma y la que más controversia pueda plantear, dado el cambio sustancial con respecto a la regulación actual».

«La finalidad es facilitar el acceso al mercado de trabajo ya que las personas tienen como una bolsa de 12 meses de prestación. Si consiguen un trabajo de dos meses, de cuatro meses o incluso una sustitución de una semana o dos o tres días por una baja de alguien, se puede optar a ese puesto de trabajo y se sigue teniendo esa bolsa de mensualidades sin tener que presentar otra vez la solicitud de la prestación pudiendo alargarla durante un periodo mucho más largo en el tiempo», matizó.

«Esto significa, – afirmó Rojas- según la experiencia de nuestros técnicos y una vez evaluada la ley en estos siete años, que las personas siguen en tensión a la hora de buscar su empleabilidad. Como dije, ahora la Prestación no solo va dirigida a personas en exclusión sino a aquellas que han perdido el empleo y ya no tiene subsidio por esta cuestión. Si no las motivamos, si no permanecen alertas y atentas a un puesto de trabajo aunque sea por un tiempo mínimo, o a mejorar su formación, perderán su capacidad de empleabilidad, perderán su motivación y entonces si que caerán en la exclusión».

«Para las personas en exclusión, seguirá siendo de vital importancia para su proyecto de vida la realización de los itinerarios de inserción que no son solo laborales sino principalmente de consecución de habilidades sociales. Por tanto, estamos presentando una ley, que en el marco de nuestras posibilidades y nuestra competencia, se adapta a los nuevos tiempos y a los nuevos perfiles de pobreza», concluyó Rojas.

La emergencia social contará este año con 3,8 millones de euros

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La dotación se enmarca dentro de la Estrategia frente a la Pobreza, la Exclusión Social y en favor del Desarrollo Humano

«Aunque hay indicios de recuperación económica, en Canarias muchas familias necesitan del apoyo de administración pública para hacer frente a su vida diaria. Para ello es la firma de este acuerdo de colaboración que permitirá dotar de financiación a las acciones de Emergencia social con el fin de llegar a aquellas familias que peor lo están pasando en el momento de crisis actual», afirmó hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante la firma del convenio de colaboración con la FECAM para el desarrollo de Acciones de Emergencia Social para el año 2014.

«Este Acuerdo, establecido en el marco de la Estrategia frente a la Pobreza, Exclusión Social y el Desarrollo Humano, garantiza la financiación de las acciones de emergencia social que gestionan los ayuntamientos como puede ser bolsas de alimentos o las necesidades de alojamiento», explicó Rivero, quien recordó que «todas las Administraciones deben de trabajar de forma conjunta para paliar los efectos de la crisis a las personas y familias más azotadas por la actual situación».

La firma del convenio responde a la iniciativa del Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Municipios, la Fundación CajaCanarias y La Caixa de adoptar acciones excepcionales y urgentes, con una financiación extraordinaria a través de un Plan Canario para el Desarrollo de Emergencia Social para 2014, recogidas en el marco de la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión social y a favor del Desarrollo Humano 2013-2015.

«En el marco de este convenio el Gobierno de Canarias aportará 750.000 euros, -250.000 euros más que en 2013-, mientras que La Caja de Canarias y la Caixa lo harán con 400.000 euros, respectivamente», aclaró el presidente del Gobierno canario.

Por su parte, el presidente de la FECAM, Manuel Ramón Plasencia, destacó que «para la FECAM, la emergencia social es una prioridad, por lo que destinará este año 1.032.664,52 euros en el marco de este acuerdo, por lo que el global del convenio asciende a 2.582.664,52 euros».

Plasencia explicó que la distribución de este crédito se realizará «a través de los mismos criterios de reparto del Fondo Canario de Financiación Municipal».

«El acuerdo permitirá a los municipios afrontar de forma eficaz e inmediata las ayudas de emergencia social solicitadas por sus vecinos», aclaró la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas.

Por su parte, el, director territorial de «la Caixa» en Canarias, Andrés Orozco, destacó la implicación de su entidad «como la empresa privada que más dinero destina en Canarias a proyectos de carácter social», mientras que el presidente de la Fundación Canaria Obra Social Caja General de Ahorros de Canarias, Alberto Delgado, subrayó que con «la participación en este acuerdo responde a una sensibilidad social creciente de la Fundación».

«El Gobierno continuará colaborando en el mantenimiento y ampliación de la red de centros y servicios de atención social básica, priorizando particularmente los proyectos destinados a la cobertura de necesidades esenciales de alojamiento y alimentación, por eso, en el marco de la Estrategia Frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano se contemplan un conjunto de medidas y acciones para garantizar el mantenimiento de la actual cobertura social», aseguró la consejera de Políticas Sociales.

El Gobierno destina 1,2 me para entidades sin ánimo de lucro para Emergencia social

Según Rojas, «en la coyuntura a la que nos enfrentamos resulta indispensable el apoyo, refuerzo y la colaboración de las entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollan una labor imprescindible en la lucha contra la exclusión social».

Para el presente año, la consejera de Políticas Sociales aclaró que el Gobierno destina, además de los 750.000 euros del convenio establecido con la Fecam, una partida de 1.250.000 euros para garantizar la financiación de los programas desarrollados por entidades sin ánimos de lucro (Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, entre otras) cuyos objetivos sean la atención a las personas más necesitadas, garantizando la cobertura de las necesidades básicas, en la lucha contra la exclusión social.

La cercanía de estas entidades con la realidad social y su capacidad para proporcionar una respuesta inmediata las convierte en uno de los instrumentos fundamentales de respuesta a las situaciones de emergencia social de la población que más la necesita.

«A estos 2 millones de euros hay que sumar la aportación de la Fecam, de la Caja de Canarias y de La Caixa a través del presente convenio, por lo que el montante global para 2014 para la atención a Emergencia Social, en el marco de la Estrategia frente a la Pobreza, asciende este año a 3.832.664,52 euros», concluyó la consejera de Políticas Sociales.

El Gobierno incrementará en 3 millones de euros la PCI para atender nuevas altas y renovaciones

En la actualidad, un total de 4.555 familias son perceptoras directas de esta ayuda, llegando a un total de 9.293 personas beneficiarias

El Gobierno de Canarias, en el marco de la Estrategia frente a la Pobreza, Exclusión Social y el Desarrollo Humano, tiene previsto una modificación de crédito para ampliar en 3 millones de euros más la actual dotación presupuestaria de la Prestación Canaria de Inserción», anunció hoy la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas.

«El objetivo es ir facilitando la incorporación de nuevas altas y renovaciones de personas que tengan reconocida esta ayuda, ya que el presupuesto actual garantiza las prestaciones que ya están recibiendo los beneficiarios de las mismas», puntualiza.

En la actualidad, un total de 4.555 familias reciben esta ayuda, llegando a un global de 9.293 personas beneficiaras, dado que la ayuda se amplía a la unidad convivencial.

Según explica Rojas, en el marco de la Estrategia frente a la Pobreza, el Gobierno de Canarias incrementó la ayuda económica de la PCI para 2014 en 5 millones más que el presupuesto inicial del año 2013, «llegando a un global de 23 millones de euros, a los que en breve se destinará otros 3 millones».

«El pasado año, el Gobierno de Canarias amplió las ayudas para la PCI con 2,4 millones de euros adicionales para el último trimestre de 2013, precisamente para poder dar cobertura a familias que pueden estar pasando un momento muy complicado», afirma la consejera.

«En un marco de crisis económica y tras seis años de vigencia, el Gobierno de Canarias entendió necesario revisar la normativa que regula la PCI con el fin de ajustarla a la nueva realidad social que vivimos», aclara Rojas, quien reconoce que «la situación económica ha hecho necesario replantear el perfil de las personas amparadas y protegidas por esta prestación, ya que existían solicitantes que, si bien no se podían incluir dentro del colectivo de exclusión social, por disponer de herramientas sociales, culturales y formativas, sin embargo no podían cubrir las necesidades básicas, alimentación y vivienda, dado que no perciben ningún recurso y han agotado el resto de prestaciones económicas del sistema público».

«De hecho, -continua- la actual crisis económica ha dejado en el paro a personas perfectamente formadas, personas con habilidades sociales suficientes, y tremendamente cualificadas que no eran el perfil de personas a las ampara esta Ley, sin embargo, el Gobierno consciente de la difícil coyuntura social y económica actual impulsó la modificación de la actual normativa, con el fin de ampliar el colectivo destinatario de la misma a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos, a la vez que simplificaba el procedimiento administrativo e incrementaba la protección de las familias con menores a cargo».

Mayor protección a las familias más vulnerables, especialmente las que tienen hijos

A principios de mayo, el Gobierno de Canarias aprobó en Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, que se encuentra actualmente en el Parlamento para su debate.

«La modificación de la citada normativa se plantea en el marco de la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano 2013-2015, y tiene como fin replantear el perfil de las personas amparadas y protegidas por esta prestación al encontramos con solicitantes que, si bien no se pueden incluir dentro del colectivo de exclusión social, por disponer de herramientas sociales, culturales y formativas, sin embargo no pueden cubrir las necesidades básicas, alimentación y vivienda, dado que no perciben ningún recurso y han agotado el resto de prestaciones económicas del sistema público», aclara Rojas.

La modificación de la Ley responde a objetivos fundamentales: por un lado, ampliar el colectivo destinatario de la misma a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en riesgo de exclusión social, especialmente, a las familias con menores a su cargo, y, por otro, garantizar el acceso rápido y efectivo a la ayuda que supone la Prestación Canaria de Inserción a las personas que lo solicitan, simplificando procedimientos y acortando tiempos de respuesta, mediante la mejora de la aplicación informática empleada para su tramitación y gestión.

«De esta forma, la modificación de la Ley garantiza una mayor protección a las familias más vulnerables y reduce en un tercio los tiempos de resolución de los expedientes de ayuda, pasando de los nueve meses actuales para resolución de los expedientes a un máximo de seis, rebajándose en un tercio el periodo actual», aclara.

«El incremento del presupuesto y la modificación de la Ley son muestra de la voluntad del Gobierno de Canarias de atender a las personas con mayores dificultades en el marco de las actuales posibilidades económicas», concluye Rojas.

Gobierno y Cabildo ratifican el convenio para la atención a la Dependencia en Tenerife

«El Gobierno de Canarias ha apostado por mantener y garantizar los servicios públicos esenciales, porque necesitamos avanzar como una sociedad cohesionada», afirmó hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, durante la firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno canario y el Cabildo Insular de Tenerife para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.

El presidente del Gobierno canario recordó que «Canarias recibe alrededor de 1.000 millones de euros menos de los que debería para financiar los servicios públicos» * Firmado hoy el convenio para la prestación de servicios de atención a la Dependencia en la isla, con una dotación de 38.005.411 euros, 1.052.503 euros más que en 2013 * Para 2014, la atención a la Dependencia contará con más de 101 millones de euros para el mantenimiento de 8.339 plazas en Canarias, 110 más que en 2013

Rivero recordó que «Canarias recibe alrededor de 1.000 millones de euros menos que los debería para financiar las servicios públicos esenciales, por lo que no estamos en igualdad de derechos que el resto de los ciudadanos españoles», de hecho indicó que «si la comunidad autónoma contara con al menos 1.000 millones de euros más, tal y como ha prometido el Estado, el 10% de los mismos irían destinados a las políticas sociales, con lo que duplicaríamos los recursos de atención social en nuestra Comunidad».

Asimismo, el presidente del Gobierno canario manifestó que «Canarias es la comunidad autónoma con rentas más bajas, lo que significa que si comunidades como Madrid o el País Vasco, con rentas mucho más altas, pueden decidir entre los servicios públicos y privados, en Canarias apostamos por mantener y garantizar los servicios esenciales desde lo público».

En relación a la firma del convenio, Rivero «pone en valor las políticas que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo en apoyo de las personas más vulnerables».

Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Enrique Alonso, manifestó su agradecimiento al la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, por «apostar por lo público». Quiso, en este sentido, dar un mensaje positivo afirmando que «ahora toca crecer, seguir dedicando más recursos a las políticas sociales. Es el compromiso del Cabildo de Tenerife y también el del Gobierno de Canarias».

De igual modo, recordó la aportación por parte del Cabildo de un millón de euros, que lleva aparejado, entre otras cosas, la puesta en marcha, progresivamente, de cincuenta camas de enfermos crónicos y su inclusión en el convenio de Dependencia para el próximo año 2015.

El vicepresidente primero, Aurelio Abreu, quiso poner en valor este convenio, que presta atención a las personas que más lo necesitan. Así, recordó que desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitario, IASS, del Cabildo se dedican 200.000 euros diarios a la dependencia en Tenerife.

Por su parte, la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, afirmó que, «con este convenio se garantiza la financiación de un total de 3.230 plazas en la isla para atender a personas en situación de Dependencia, de las cuales 1.536 son residenciales y el resto, 1.694, de estancia diurna».
Además, manifestó «se trata de un convenio con un presupuesto importante ya que asciende a 38.005.411 euros, de los que el Gobierno aporta 24.520.686 euros y el Cabildo de Tenerife, un total de 13.444.725 euros, con lo que se aumenta en 1.052.503 euros con respecto a 2013».

«El incremento en el número de plazas y en la aportación financiera, en coordinación con la Administración insular, son reflejo del esfuerzo que el Gobierno de Canarias ha venido haciendo con el fin de dotar de prestaciones y recursos a la atención de las personas mayores y con discapacidad en situación de Dependencia de las Islas, una evidencia que choca frontalmente con la actuación del Estado en materia de atención a la Dependencia, que ha dejado la atención a las personas dependientes exclusivamente en manos de las Comunidades Autónomas», afirmó la consejera del área, Inés Rojas.

Más de 101 millones de euros para el mantenimiento de 8.339 plazas en Canarias

Según explicó la consejera del área, Inés Rojas, para el presente año, «los acuerdos de colaboración establecidos con los Cabildos insulares garantizan la atención a la Dependencia en Canarias con un total de 8.339 plazas. Esto supone una ampliación de la oferta de plazas en 110 plazas con respecto a 2013, que fue de un total de 8.229 plazas».

Por tipo de recursos, del global de plazas, 8.339, 4.126 son residenciales y 4.217 corresponden a centros de Día.

«Además, indicó, para el mantenimiento de estos recursos, se destinarán en 2014 101.630.922,25 euros, 5.190.104 euros más en 2013, año en que se cifró en 96.440.817 euros».

Inés Rojas: "La capacidad de respuesta inmediata hace fundamental la labor de entidades como el Banco de Alimentos"

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La consejera visitó el Banco de Alimentos de Las Palmas para comprobar la aplicación del plan de Choque frente a la Pobreza puesto en marcha por el Gobierno

«La capacidad para proporcionar una respuesta inmediata, convierte a las ONGs en uno de los instrumentos fundamentales de respuesta a las situaciones de emergencia social de la población que más lo necesita», afirmó hoy la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, durante la visita que realizó hoy al Banco de Alimentos de Las Palmas con el fin de comprobar la aplicación de las acciones del plan de Choque frente a la Pobreza puesto en marcha por el Gobierno de Canarias en el marco de la Estrategia frente a la Pobreza, Exclusión Social y el Desarrollo Humano..

Según explicó Rojas en su visita, «en el momento económico y social actual, es indispensable el apoyo, refuerzo y la colaboración de las entidades sociales sin ánimo de lucro como es el Banco de Alimentos, que desarrollan una encomiable labor en el apoyo para evitar la exclusión social».

La consejera de Políticas Sociales recordó que, en el marco de esta Estrategia, el Gobierno canario diseñó un plan con una ficha financiera de 190 millones de euros, que incluyen la modificación de dos leyes fundamentales, la ley Canaria de Vivienda y la ley de Prestación Canaria de Inserción.

Según explicó la consejera, «la Estrategia frente a la Pobreza contempla un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas y familias en situación de vulnerabilidad social. Entre estas actuaciones, se incluyen las de Emergencia Social, desarrolladas a través de los municipios y organizaciones no gubernamentales, que tienen como fin cubrir las necesidades de alimentación y de alojamiento».

«De esta forma y en el marco de la Estrategia, el Gobierno canario incrementó de forma adicional en 2 millones de euros en 2013 la partida inicial para Emergencia Social, con un objetivo muy definido: mejorar las condiciones de vida de las personas y familias que más lo necesitan en estos difíciles momentos», afirmó la responsable de Políticas Sociales.

«De hecho, -aclaró Rojas- a través de este plan de Choque, se atendieron en Canarias en torno a 100.000 personas, cuyo perfil corresponde a familias que tienen todos sus miembros en paro, niños y niñas en riesgo de exclusión social, personas mayores con responsabilidades o cargas familiares o en situación de extrema vulnerabilidad, así como personas paradas en desempleo de larga duración y personas sin hogar».

En el transcurso de la visita, la responsable del departamento de Políticas Sociales destacó la labor que realiza el Banco de Alimentos «que de forma desinteresada y bajo un criterio de voluntariado, ayuda a paliar las necesidades alimenticias de muchas personas mediante la recuperación de alimentos excedentes de las mermas de producción o comercialización, antes de que caduquen».

«La fórmula más habitual de trabajo del Banco de alimentos es que sea la propia organización no gubernamental la que se dirija a las empresas de su entorno, aunque cada vez más, ahora que es más conocida, son las propias empresas las que llaman al Banco ofreciéndoles sus excedentes», subrayó la responsable de Políticas Sociales.

En este sentido, Rojas enfatizó el trabajo de esta entidad social especialmente en un momento social y económico como el actual en el que «muchas personas han visto en la necesidad de recurrir al reparto de alimentos que realizan las organizaciones no gubernamentales y los ayuntamientos, cuando no a acudir directamente a los comedores públicos de instituciones como Cáritas Diocesana o Cruz Roja».

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos, Manuel Pérez, indicó que «el Banco colabora con 208 entidades reconocidas que, durante el pasado año, distribuyeron más de 6 millones de kilos de alimentos llegando a una población que supera los 44.000 beneficiarios».

«Ya no podemos asociar la carencia de alimentos de una persona a los clásicos estados de indigencia o de marginación social. Cada vez es mayor el número de beneficiarios como consecuencia de la actual situación de crisis económica frente a la cual las personas más frágiles son las que carecen de una formación básica que les permita salir de ella, de ahí la importancia de la labor de entidades como el Banco de Alimentos», enfatizó Rojas.

«La actual coyuntura económica nos debe impulsar a cambiar nuestros valores, abandonar el despilfarro al que las sociedades desarrolladas se han visto inmersas y recuperar los sentimientos de compromiso ante la sociedad que nos rodea. Los Servicios de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y las organizaciones voluntarias, aunque desde diferentes prismas, tenemos los mismos objetivos: lograr una comunidad más justa y solidaria, en la que todos tengamos cabida y en la que nadie se sienta excluido», concluyó la responsable regional de Políticas Sociales.