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Las familias en proceso de adopción de Lanzarote profundizarán en el reto de ser padres a través de cursos formativos específicos

Informar a los solicitantes sobre cómo deben actuar para afrontar con éxito el reto educativo de adoptar, entre los objetivos de esta iniciativa de formación

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias impartirá durante el mes de octubre un curso de formación dirigido a las personas que hayan presentado solicitud para iniciar el procedimiento de declaración de idoneidad para ser padres adoptivos y a las personas que, aun sin haber presentado solicitud, estén interesadas en iniciar el proceso de adopción.

Igualmente, esta iniciativa está también dirigida a aquellas personas que hayan presentado solicitud para iniciar el procedimiento de declaración de idoneidad para ser padres adoptivos, y que cuentan ya con la resolución de idoneidad para la adopción.

Según ha explicado la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, «el fin de estos cursos es informar y orientar a los solicitantes sobre cómo deben actuar para afrontar con éxito el reto educativo atendiendo a las particularidades de la parentalidad adoptiva y ayudar a los participantes a reflexionar sobre su deseo y capacidad para afrontar el reto que supone ser padres de un hijo adoptivo».

De esta forma, indicó la responsable de Bienestar Social, estos cursos de formación se suman a la labor realizada por el Gobierno canario dirigida a impulsar la adopción, especialmente la nacional, en el Archipiélago. En este sentido, destacó la consolidación de un servicio único de Adopciones mediante el cual se han beneficiado a las familias que desean adoptar un menor al simplificar los trámites administrativos y legales, a la vez que se mejora la calidad de la atención.

«Esto ha permitido a los adoptantes contar con un mayor conocimiento de su situación, además de con el apoyo y el asesoramiento necesario ante las diferentes eventualidades que surjan en el proceso adoptivo, con mayor propuesta de recursos de apoyo», subrayó.

«En los últimos años se han reforzado los servicios de post-adopción, es decir, el seguimiento y control de estos niños y se ha potenciado el apoyo y asesoramiento a las familias adoptantes ante los diferentes problemas y obstáculos que puedan surgir en el proceso adoptivo», puntualizó.

Asimismo, se han consolidado los servicios de pre-adopción (las familias reciben la información necesaria para iniciar su expediente como adoptantes), de adopción y de pos-adopción (seguimiento de las familias y el menor una vez que el menor vive ya con su nueva familia).

En definitiva, el objetivo es velar por el interés del menor como derecho de éste a crecer y educarse en una familia que satisfaga sus necesidades; así como garantizar los diferentes servicios de post-adopción, tanto nacional como internacional, basados en criterios de asesoramiento y apoyo a la familia.

Los cursos abordan, entre otros aspectos, el desamparo y sus consecuencias en los niños, la construcción de la nueva familia y los principales retos de la adopción.

El curso, que se impartirá en la Biblioteca Insular de Arrecife, tendrá comienzo el día 5 de octubre y se desarrollará en cuatro sesiones formativas hasta el día 26 del mismo mes.

Esta iniciativa de formación se está llevando a cabo en las diferentes islas desde el pasado mes de mayo y continuará hasta el próximo mes de noviembre.

Guía para padres y madres en proceso de adopción

Durante este curso de formación, se hará entrega a las familias participantes del texto ‘101 preguntas sobre el proceso de adopción en la Comunidad Canaria’, un documento que pretende ofrecer una información lo más amplia posible sobre todo lo que supone el proceso de adopción, tanto nacional como internacional.

Según manifestó Rojas, «el objetivo que hemos buscado con la edición de esta guía es dotar a las familias que están en proceso de adopción de la más amplia información posible sobre los distintos aspectos tanto previos como posteriores a la llegada a un niño o una niña a su nueva familia».

De esta forma, en este libro se encuentra toda la información necesaria sobre el proceso de adopción, desde la primera información que recibe una persona o pareja que decide adoptar un menor hasta el trámite de inicio del expediente y la resolución de idoneidad como adoptantes y su posterior remisión a los países de adopción, en caso de adopción internacional, pasando por todo el proceso de seguimiento posterior.

«Este documento constituye una herramienta a través de la cual se mejoran los canales de atención a las familias que desean adoptar a un niño o una niña, agilizando su capacidad de gestión, simplificando considerablemente los trámites legales y ofreciendo formación a los futuros padres, entre otras acciones, con el fin de que el proceso adoptivo sea lo más sencillo y agradable posible», concluyó.

El 57 por ciento de los menores en amparo están acogidos por una familia

La consejera de Bienestar Social respondió hoy en sede parlamentaria sobre las políticas de infancia y familia que desarrolla su departamento

«El 57% de los niños con una medida de amparo estén en acogimiento familiar y no en centros institucionalizados», aseguró hoy la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en sede parlamentaria.

Rojas resaltó, en respuesta a los resultados en políticas de infancia y familia que gestiona el Gobierno canario, la sustancial implantación de los equipos y programas de riesgo municipales en el Archipiélago e indicó «que han superado en un 250 % las previsiones del Plan Integral del Menor».

La consejera señaló que mientras en algunos casos los resultados han sido significativamente buenos, «en otros no los que hubiéramos deseado, pero creo sinceramente que se ha trabajado razonablemente bien, con criterios comunes y con objetivos claros entre todos los agentes implicados».

En este sentido, aclaró que, en la actualidad, el Plan Integral del Menor está en proceso de evaluación, una labor que «se está haciendo de forma seria, en el marco de la Comisión Interadministrativa y con la participación de los equipos técnicos de todas las administraciones y agentes implicados en la atención a la infancia».

«De esta forma, se está llevando a cabo una labor de análisis y estudio de aquellos programas planificados que han ido bien y de aquellos que tenían unas expectativas que no se han cumplido, con el fin de mejorarlos o, en su caso, eliminarlos, todo ello bajo un criterio estrictamente técnico», concluyó.

Un total de 3.973 personas, 3.834 de ellas menores, utilizaron el servicio telefónico de atención para la infancia en el primer semestre de 2010

El Teléfono, puesto en marcha por la Consejería de Bienestar Social en colaboración con la Fundación ANAR, ofrece al menor un servicio de asesoramiento gratuito y confidencial
El 96,5% de las llamadas recibidas en el primer semestre de 2010 se realizaron a la línea de Ayuda a Niños y Adolescentes

Un total de 3.973 personas, 3.834 de ellas menores de edad, hicieron uso del Teléfono para Ayuda a Niños y Adolescentes que el Gobierno de Canarias, en colaboración con la Fundación ANAR, pone a disposición de los menores y familias que necesiten pedir, de forma anónima y confidencial, ayuda o consejo en diferente situaciones.

Según los datos correspondientes a los seis primeros meses de 2010, el 96,5% de las llamadas realizadas en el Archipiélago fueron recogidas por la Línea de atención a Niños y Adolescentes ¿ 900 20 20 10-, mientras que el 3,4% fueron recogidas por la Línea del Adulto y la Familia ¿ 600 50 51 52-.

La gran mayoría de las llamadas atendidas en el Teléfono ANAR, constituyen primeras aproximaciones de los menores al servicio. De esta forma, un total de 3.695 llamadas eran Llamadas de Orientación, es decir, aquellas en las que ha sido preciso realizar una labor de contención emocional, o resolver alguna duda ó información sobre el servicio; información puntual sobre algún recurso y/o tema en particular; tanteos ó aproximaciones al teléfono y silencios.

A estas llamadas, se suman las de Orientación Especial, centradas en la búsqueda de solución de problemas. Estas llamadas exigen una valoración psicológica en su orientación y, siempre que es pertinente, contemplan posibles intervenciones y/o derivaciones, por el equipo multidisciplinar (psicológico, social y jurídico). En los primeros seis meses de 2010, se recibieron en las Islas un total de 139 llamadas de Orientación Especial.

Asimismo, hay que indicar que la orientación que más se ha requerido por la Línea del Niño y del Adolescente es la de carácter psicológico, jurídico y social con un porcentaje de un 50 %. Por la Línea del Adulto y la Familia, la orientación que más se ha solicitado también es la psicológica, jurídica y social en un 58,78% de las ocasiones.

Entre los problemas que más se plantean en estas consultas telefónicas de Orientación Especial, destaca la Violencia contra niños y adolescentes, considerando de forma unificada las situaciones de maltrato físico, maltrato psicológico, abandono, abuso sexual, agresiones extrafamiliares y el ciberacoso.

A estas consultas, se suman las relativas a las Dificultades en las Relaciones, es decir, abordan situaciones conflictivas de comunicación entre el menor y las personas de su entorno, así como asuntos relacionados con la sexualidad.

Teléfono de atención para la Infancia canaria

El Teléfono fue presentado en enero de 2010 por la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, quien indicó que este servicio tiene como fin «ofrecer orientación y asesoramiento, de forma totalmente gratuita y confidencial, tanto a los menores y adolescentes que se encuentren ante una situación que les resulte preocupante o que no puedan resolver».

Para ello, «al otro lado de la línea estará un profesional que intentará dar respuesta a las problemas que se presenten o, simplemente, escuchar al menor o al adulto que necesite ser escuchados», manifestó.

De esta forma, «se ofrece a la infancia una vía segura, gratuita y confidencial a través de la cual pueda encontrar asesoramiento y, sobre todo, orientación para resolver un problema o, simplemente, para obtener el calor y la comprensión de ser escuchados y atendidos ante una situación que les pueda resultar preocupante».

Este servicio se complementa, a su vez, con una página web – www. anar.org.- a través de cuyo email los adolescentes o/y adultos que lo necesiten podrán ponerse en contacto con los profesionales del servicio.

El Gobierno compensa económicamente a las familias que acojan a niños y niñas en protección

La Dirección General de Protección del Menor y la Familia modifica la orden para que, en vez de que cada familia reciba una dieta niño/día de 12 euros diarios, se escalone por tramos de 6, 12 o 18 euros, según los ingresos familiares

La Dirección General de Protección del Menor y la Familia ha modificado la orden por la que se regula la compensación económica a las familias acogentes de menores en protección en el sentido de establecer nuevos criterios que se ajusten a la nueva realidad social.

Según la directora general de Protección del Menor y la Familia, Carmen Steinert, «con la publicación de la Orden se ha buscado, no sólo regular la compensación económica que se destina a las familias que acojan a un menor sino, además, establecer unos criterios lo más justos posibles para facilitar que las familias que decidan acoger a un menor puedan contar con unos ingresos que ayuden a su manutención».

«Con esta Orden se recoge, por un lado, una modificación de la Orden anterior estableciendo los criterios que han de seguirse para la remuneración y compensación económica de los acogimientos, fijando su cuantía y los beneficiarios de éstas, así como se regula el acogimiento profesionalizado, que por definición requiere una remuneración adecuada a las características y número de menores de acoger», explicó.

Esta Orden está pensada en beneficio de los menores y su presupuesto se regulará mediante la ley de presupuesto que se debatirá en el Parlamento de Canarias.

Steinert recordó que «el fin de la Orden es velar porque estas cantidades lleguen a quien más necesitado estén y en más cantidad, según el mayor o menor grado de necesidad. De esta forma, frente a un criterio vigente de 12 euros por niño día, parece más justo escalonar el criterio en 6, 12 o 18 euros según la necesidad de las familias, y no dotando las ayudas de las mismas cuantías para todas las familias, sin tener en cuenta a las familias que menos recursos económicos tienen».

«Asimismo, que la cantidad remunerada por un menor se tenga en cuenta para el siguiente responde a la lógica de la economía de escala. Tengo que decir que se pensó bastante y se consideró que no hacerlo así perjudicaría el acceso a la remuneración de otros acogimientos», aclaró.

«Sobre por qué se remunera más a la familia ajena que la extensa, pues muy sencillo: La familia ajena realiza una labor de acogimiento alternativa a los centros, requiere una dedicación voluntaria que va más allá de un vínculo familiar, es altruista por naturaleza. Por su parte, la familia extensa requiere apoyos, ya que el acogimiento es la formalización de lo que ya han venido haciendo», indicó.

«El objetivo es, en definitiva, potenciar el acogimiento de menores que viven en centros para que pasen a crecer y a vivir en senos familiares, porque, tengo que recordar, las políticas de actuación en materia de acogimiento de este Gobierno están dirigidas a impulsar el acogimiento familiar».

«De hecho, – recordó la directora general-, el Gobierno canario ya ha puesto en marcha diferentes programas que tienen como fin captar a familias, primero a la propia familia extensa, después a la familia ajena y a la familia profesionalizada para aquellos casos que presenten una mayor dificultad».

Hay que recordar que, en la actualidad, en Canarias, un total de 2.416 menores cuentan con una medida de amparo, de los cuales 1.359 están acogidos en familias y el resto, 1.057, viven en hogares y centros, «es decir, el 57% de los niños y niñas están acogidos por una familia, y sólo el 43% vive en un centro u hogar institucionalizado, y en esta línea queremos seguir trabajando».

Por último, Steinert manifestó que «durante los dos últimos años se ha trabajado intensamente en la elaboración de esta Orden, siempre bajo el criterio de establecer una regulación de este procedimiento de la forma más justa posible y, desde luego, siempre en beneficio del niño».

Canarias rebaja en más de un 50 % las declaraciones de desamparo tras la aplicación del Plan Integral del Menor

Rojas destaca la potenciación de los equipos de riesgo comarcales, de los que el Archipiélago cuenta con 43, cuando el Plan preveía 25

La Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias destacó hoy en la comisión parlamentaria la mejora en la detección de las situaciones de desprotección por parte de los menores y el trabajo con las familias gracias, entre otras medidas, a la potenciación de los equipos de riesgo comarcales, en el marco del Plan Integral de Protección del Menor, lo que ha dado como resultado que en los últimos años hayamos podido rebajar en más de un 50 % las medidas de desamparo en el Archipiélago.

En Canarias, hay 2. 416 niños con una medida de amparo que puede ser de tutela, de guarda o de acogimiento familiar de una población infantil que asciende a 378.577, lo que significa un 0,6 % de los niños y niñas del archipiélago.

De estos 2.416 menores, 1.057 viven en hogares y centros y 1.359 en acogimiento familiar.

Desde la puesta en marcha tanto de la Ley como del Plan Integral del Menor, Canarias se ha ido dotando de una red de protección y de prevención que arranca desde los servicios sociales comunitarios, con los equipos municipales de riesgo que son los más cercanos a la familia y que son los encargados de detectar las situaciones de desprotección en base al artículo 12 de la ley del menor, correspondiendo a la Comunidad autónoma de Canarias la tutela y la coordinación general de las actuaciones, y a los Cabildos Insulares la guardia y custodia de aquellos niños que viven en los centros y hogares.

Rojas afirmó que «la medida de desamparo es consecuencia de un, a veces, largo procedimiento, en el que primero se trabaja con la familia en la que concurren una o varias causas, como puede ser el abandono escolar de forma reiterada, falta de asistencia sanitaria, moral o asistencial, el consumo de alcohol o estupefacientes por parte de los progenitores, o los trastornos psíquicos. En definitiva, cuando el niño o la niña no puedan ejercer sus derechos fundamentales en el entorno familiar».

«Los equipos de riesgo trabajan con programas de familia y puede ocurrir que el riesgo persista o incluso se agrave, con lo cual se pasa a tomar la medida de amparo; o que la familia vaya adoptando las medidas impuestas y que se vaya normalizando la situación y los niños y niñas puedan recuperar la normalidad familiar. Este último caso es obviamente el idóneo, pero desde luego hay que reconocer que el más difícil»- aseguró la consejera.

De una población infanto juvenil de 378.577 menores, a 31 de diciembre de 2009, en Canarias había 3.514 niños y niñas con una medida de riesgo. En el mismo año se iniciaron 929 expedientes de riesgo de los que se firmaron resolución en 204 casos.

Pero también hay casos en los que no existe este procedimiento sino que se pasa a tomar una medida de desamparo provisional con una tutela urgente por parte de la entidad pública, y es cuando el menor puede ser víctima de malos tratos o abusos sexuales en el entorno familiar; cuando es utilizado para ejercer la prostitución o la mendicidad, o el trabajo infantil.

Para detectar estas situaciones de desprotección, apuntó Rojas «contamos con una estructura en red liderada por el Protocolo de Valoración que tiene como base la COORDINACIÓN entre los diferentes actores administrativos que rodean a los menores, como es el entorno educativo, los centros sanitarios, los servicios sociales y la policía, de forma que la detección de un caso desde cualquiera de ellos sea derivado a los servicios sociales municipales para su correcta valoración, mediante la hoja de notificación como instrumento unificado de comunicación y, en caso de constatación de la situación de desprotección, emitan la correspondiente propuesta y la deriven a la Entidad Pública, que en este caso es la Dirección General de Protección del menor y la familia. »

El contar con un documento único de detección válido para todos los agentes implicados: Servicios Sociales Municipales que son los que investigan y valoran, Dirección General de Protección del Menor y la Familia, que es quien por un lado registra, analiza y programa actuaciones de prevención en situaciones de desprotección infantil y, por otro asume las medidas de amparo y, Juzgados, que son los que tendrían que resolver los asuntos que deriven en expedientes judiciales; es de enorme importancia, pues con una actuación coordinada se garantiza el bienestar del menor y se minimiza el riesgo social.

La consejera también hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando en tres líneas principales «la potenciación de las Hojas de Notificación, Coordinación con los distintos ámbitos para fortalecer el protocolo de valoración en los supuestos de desprotección, y formación dirigida a los Técnicos de los Equipos especializados en Riesgo».

Las familias en proceso de adopción de La Palma profundizarán en el reto de ser padres a través de cursos formativos específicos

Informar a los solicitantes sobre cómo deben actuar para afrontar con éxito el reto educativo de adoptar, entre los objetivos de esta iniciativa de formación

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias impartirá durante el mes de septiembre un curso de formación dirigido a las personas que hayan presentado solicitud para iniciar el procedimiento de declaración de idoneidad para ser padres adoptivos y a las personas que, aun sin haber presentado solicitud, estén interesadas en iniciar el proceso de adopción.

Igualmente, esta iniciativa está también dirigida a aquellas personas que hayan presentado solicitud para iniciar el procedimiento de declaración de idoneidad para ser padres adoptivos, y que cuentan ya con la resolución de idoneidad para la adopción.

Según ha explicado la directora general de Protección del Menor y la Familia del Gobierno canario, Carmen Steinert, «el objetivo de estos cursos es informar y orientar a los solicitantes sobre cómo deben actuar para afrontar con éxito el reto educativo atendiendo a las particularidades de la parentalidad adoptiva y ayudar a los participantes a reflexionar sobre su deseo y capacidad para afrontar el reto que supone ser padres de un hijo adoptivo».

Los cursos, que se están desarrollando con éxito en las islas de Tenerife y Gran Canaria, abordan, entre otros aspectos, el desamparo y sus consecuencias en los niños, la construcción de la nueva familia y los principales retos de la adopción.

El curso, que se impartirá en Santa Cruz, en el Hogar del Pensionista (espacio cedido por el Cabildo), tendrá comienzo el día 6 de septiembre, y se impartirá en cuatro sesiones hasta el 27 de septiembre.

Esta iniciativa de formación se está llevando a cabo en las diferentes islas desde el pasado mes de mayo y continuará hasta el próximo mes de noviembre.

Guía para padres y madres en proceso de adopción

Durante este curso de formación, se hará entrega a las familias participantes del texto ‘101 preguntas sobre el proceso de adopción en la Comunidad Canaria’, un documento que pretende ofrecer una información lo más amplia posible sobre todo lo que supone el proceso de adopción, tanto nacional como internacional.

Según explicó Steinert, «el objetivo que hemos buscado con la edición de esta guía es dotar a las familias que están en proceso de adopción de la más amplia información posible sobre los distintos aspectos tanto previos como posteriores a la llegada a un niño o una niña a su nueva familia».

De esta forma, en este libro se encuentra toda la información necesaria sobre el proceso de adopción, desde la primera información que recibe una persona o pareja que decide adoptar un menor hasta el trámite de inicio del expediente y la resolución de idoneidad como adoptantes y su posterior remisión a los países de adopción, en caso de adopción internacional, pasando por todo el proceso de seguimiento posterior.

«Este documento constituye una herramienta a través de la cual se mejoran los canales de atención a las familias que desean adoptar a un niño o una niña, agilizando su capacidad de gestión, simplificando considerablemente los trámites legales y ofreciendo formación a los futuros padres, entre otras acciones, con el fin de que el proceso adoptivo sea lo más sencillo y agradable posible», concluyó.

Steinert: "Canarias no ha trasladado nunca a menores extranjeros a Andalucía"

La responsable del área niega estas acusaciones e indica que, en ningún momento, el Gobierno andaluz se ha puesto en contacto con el Ejecutivo canario para confirmar o desmentir este asunto, «a pesar de que ví a la directora del Menor de Andalucía hace apenas 20 días en Madrid»

La directora general de Protección del Menor se muestra sorprendida ante las acusaciones vertidas por el Gobierno andaluz sobre el traslado irregular de menores inmigrantes desde Canarias

«La comunidad autónoma de Canarias no ha trasladado nunca a ningún menor extranjero no acompañado a Andalucía. Es más, en los últimos dos meses, no se ha efectuado ningún traslado de menores inmigrantes a la Península, ni siquiera dentro de los acuerdos establecidos entre la Comunidad autónoma de Canarias y diversas entidades sin ánimo de lucro ubicadas en diferentes puntos del territorio peninsular para la acogida y atención de estos chicos, entre los que nunca ha estado la comunidad andaluza», ha asegurado hoy la directora general de Protección del Menor y la Familia del Gobierno canario, Carmen Steinert, ante las acusaciones realizadas por la máxima responsable del área del Gobierno andaluz a través de Europa Press.

«Estoy sorprendida por estas declaraciones, cuya primera noticia tengo a través de los medios de comunicación, puesto que, en ningún momento, se han puesto en contacto desde el Gobierno andaluz con Canarias para preguntar sobre estos supuestos traslados», aclaró Steinert, quien indicó que, por su parte, una vez conocida esta información, ha realizado todas las gestiones necesarias para poder hablar personalmente con su homóloga andaluza sobre este asunto.

En este sentido, recordó que hace menos de 20 días, se celebró una reunión de seguimiento del convenio en materia de menores inmigrantes en Madrid, donde Canarias dio cuenta ante el Estado y las comunidades autónomas de las actuaciones que en materia de menores inmigrantes lleva a cabo, mientras que en junio, se celebró también en la capital española, un Monográfico sobre Menores Extranjeros, en la que pudo hablar con su homóloga en Andalucía y no se le preguntó sobre este asunto «ni para confirmar ni para desmentir».

Igualmente, hay que indicar que desde la tarde del día de ayer miércoles, 4 de agosto, la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, ha intentado contactar de forma insistente con su homónima en Andalucía, sin obtener respuesta aún.

Además, en las declaraciones hechas públicas por agencia, desde la comunidad autónoma andaluza se señala que se ha tenido conocimiento de estos supuestos traslados desde hace dos meses, «cuando desde Canarias no hemos realizado ningún traslado de menores tutelados a la Península desde hace dos meses».

Steinert mostró su preocupación ante este tipo de acusaciones, máxime cuando, recordó, «Canarias se ha caracterizado siempre por estar en primera línea en cuanto a la labor de atención de los niños que llegan a las costas de las Islas a bordo de una patera o cayuco».

«Desde un primer momento hemos hecho público la situación de los centros de acogida del Archipiélago, e incluso, de los traslados de menores extranjeros a la Península, una vez que se comenzaron a establecer acuerdos entre el Gobierno canario y diferentes entidades sin ánimo de lucro ubicadas en distintas comunidades autónomas del territorio peninsular, entre los que no está Andalucía, con el fin de ir derivando a los niños que van llegando a nuestras costas en pateras o cayucos», aclaró.

«Hay que recordar que estos traslados siempre se han realizado con total conocimiento y acuerdo de las Comunidades autónomas donde están ubicados estos pisos y centros y, por supuesto, mantenimiento la tutela de estos chicos», manifestó la directora general.

Canarias llevó a Europa la situación de los niños africanos

Steinert recordó que, cuando en verano de 2006 se produjo la importante llegada de menores extranjeros- en apenas tres meses, de julio a octubre de 2006, la Comunidad pasó de acoger a 300 chicos a acoger más de 800-, el Gobierno canario actuó no sólo de forma corresponsable con los Cabildos poniendo en marcha diversos dispositivos de emergencia para la atención de estos chicos, sino también iniciando una serie de actuaciones con el fin de dar a conocer la situación de estos niños a Europa y a España.

«Además, el Gobierno canario estableció una serie de contactos, de forma directa, con diferentes entidades sin ánimo de lucro ubicadas en distintas comunidades autónomas del territorio peninsular, con el fin de ir derivando a los niños que van llegando a las costas canarias en pateras o cayucos, manteniendo la tutela de estos chicos y asumiendo el coste del mantenimiento de estos centros de forma solitaria», matizó.

Precisamente, ha sido la constante presión ejercida por Canarias la que ha permitido que, por vez primera, la Unión Europea reconociera un nuevo fenómeno migratorio, la inmigración infantil, a la que considera como tráfico de niños, a través del Plan de Acción sobre Menores inmigrantes para mejorar la protección de los menores no acompañados en la Unión Europea., que establece una política migratoria común en la que se incluye la problemática de estos niños.

«Esto resulta fundamental porque sólo reconociendo este tipo de tráfico humano, algo en lo que Canarias ha sido tremendamente activa, seremos capaces de buscar otras alternativas a la inmigración clandestina», aclaró Steinert.

«Además, la aprobación de este Plan supone que Europa ha reconocido las tesis de Canarias cuando hablábamos de que era necesario afrontar con responsabilidad, seriedad y rigurosidad, no sólo desde España sino desde las instituciones europeas, la situación de estos niños que se han venido jugando la vida durante más de una década para lograr un futuro mejor para ellos y sus familias», concluyó.

Un total de 220 personas, trabajadoras y trabajadores de las Escuelas Infantiles reciclan conocimientos en unas jornadas especializadas

La Directora General de Protección del Menor y la Familia, Carmen Steinert, asistió hoy en Tenerife a la celebración de las X Jornadas de Formación de Escuelas Infantiles

Un total de 220 educadores, personal de servicios generales, directores de centros y técnicos que trabajan en la red de 13 escuelas infantiles gestionadas directamente por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través de Dirección General de Protección del Menor y la Familia, participan durante estos días, 28, 29 y 30 de julio, en las X Jornadas de Formación de Escuelas Infantiles, que se desarrolla bajo el lema ‘Las Escuelas Infantiles como Servicio Público: una tarea de Todos y para Todos’.

Según explicó la Directora General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, Carmen Steinert, durante su asistencia hoy a la celebración de estas jornadas en Tenerife, con esta iniciativa «lo que se busca es reciclar los conocimientos del personal que trabaja en estos recursos así como potenciar diversos aspectos relacionados con la motivación personal y el trabajo en equipo».

En este sentido, aseguró Steinert, «durante estas jornadas se profundiza en diferentes aspectos directamente relacionados con la función educativa y social que tienen las Escuelas Infantiles centrando la atención en torno a tres ejes: la tarea socioeducativa en sí; el crecimiento personal unido a la motivación vocacional, y la importancia del trabajo en equipo»

En esta ocasión, tal como se expresa en el lema de las Jornadas, el análisis y debate estarán centrados de la escuela infantil como servicio público y se impartirá una ponencia sobre aspectos relevantes del currículo profesional y laboral. Además, el personal participará en talleres relacionados con la necesidad de educar la voz, con técnicas y conocimientos para mejorar la conversación, así como varios talleres de narración oral y de artesterapias.

Las jornadas, que se celebran de forma anual, tienen lugar este año durante los días 28, 29 y 30 de julio en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Más de 1.000 plazas gestionadas directamente por el Gobierno de Canarias

Del número de plazas existentes en la actualidad, un total de 6.457, 1.029 son plazas en escuelas infantiles gestionadas directamente por la Dirección General de Protección del Menor y la Familia. El resto, un total de 4.419 plazas están gestionadas por los Ayuntamientos mientras que 1.009 plazas son gestionadas por entidades sin ánimo de lucro.

Las escuelas infantiles se conciben como un recurso para hacer efectivo el apoyo a la familia, especialmente a aquellas que cuentan con menores recursos económicos, así como facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral», aseguró la directora general, quien manifestó que entre sus objetivos específicos, se busca apoyar socialmente a las familias pertenecientes a grupos de riesgo con menores de 0 a 3 años; prevenir y proteger a los menores de 0 a 3 años de situaciones de marginación y lograr la educación y socialización de los menores impulsando la extensión de la educación infantil de menores de 0 a 3 años.

Bienestar Social destinó el pasado año más de 1,2 millones de euros a recursos para mayores y personas con discapacidad de La Palma

En 2009, la Consejería de Bienestar Social destinó casi 400.000 euros a la financiación de 367 plazas en Escuelas Infantiles de la isla

En el marco de la Ley de Dependencia, se han aprobado en la isla un total de 1.156 Programas de Atención Individual

La Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda destinó en 2009 más de 1,2 millones de euros al mantenimiento de un conjunto de recursos sociales dirigido a la atención de personas con algún grado de dependencia. A través de estas infraestructuras, se atienden a un total de 806 personas de la isla, 588 mayores y 218 con discapacidad.

Entre estos recursos, que incluyen tanto los de tipo residencial como los que ofrecen servicios de atención diurna, se encuentran la Residencia de Pensionistas de Santa Cruz de La Palma, la Residencia de Mayores de Breña Alta, la Residencia de Mayores de Tazacorte, el centro de Día de Enfermos Mentales o el Centro de Estancia Diurna de Tijarafe. Precisamente, a este último recurso, que cuenta con 26 plazas de estancia diurna, Bienestar Social destinó en 2009 un total de 58.002 euros.

Por otro lado, Bienestar Social concedió, dentro del programa de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, a los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma, los Llanos de Aridane y El Paso, un total de 24.400, 13.532 y 5.000 euros, respectivamente.

En materia de Integración, se destinó a la asociación Isonorte una subvención que ascendió a más de 42.000 euros.

A estos recursos, hay que sumar los que Bienestar Social financia en las áreas de servicios de ayuda a domicilio, de los que en torno a 1.300 personas son beneficiarias, así como los de prevención y de teleasistencia.

Más de 1.100 personas con dependencia atendidas en la Isla

Por otro lado, en La Palma se han resuelto un total de 1.156 Programas de Atención Individual con resolución aprobatoria, es decir, se han concedido 1.156 ayudas vinculadas al cuidado en el entorno familiar o a la recepción de servicios residenciales o de atención diurna en el marco de la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las Personas.

En concreto, a fecha 31 de mayo de 2010, se habían presentado en La Palma un total de 3.986 solicitudes enmarcadas dentro de la Ley, de las cuales han sido ya valoradas 3.703.

Hay que recordar que no todas las solicitudes corresponden a los grados y niveles que, de acuerdo a la Ley de Dependencia, tienen el derecho subjetivo a recibir un servicio o excepcionalmente una prestación económica, que son los grandes dependientes y los dependientes severos.

Asimismo, hay que incidir en que Ley estatal de Promoción de Autonomía Personal contempla, en su artículo 14, la priorización de la prestación de servicios frente a la ayuda económica en el entorno familiar, que es considerada como excepcional.

Hasta mayo, en la isla de La Palma se habían dictaminado 3.703 resoluciones de las que 108 son grandes dependientes nivel 1; 114 grandes dependientes nivel 2; 376 dependientes severos nivel 1; y 507 dependientes severos nivel 1, mientras que el resto corresponden a dependientes de carácter moderado niveles 1 y 2.

Casi 400.000 euros destinados a la financiación de plazas en Escuelas Infantiles

En cuanto a las inversiones realizadas en materia de atención a menores de 0 a 3 años, Bienestar Social, a través de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, destinó en 2009 un total de 375.825,53 euros al mantenimiento de plazas en Escuelas Infantiles públicas de la isla.

A través de esta aportación, se garantizó el mantenimiento de un total de 367 plazas en estos centros en la isla.

Europa insta a sus Estados miembros a abordar el tratamiento de la inmigración infantil desde el interés superior del menor

En el documento de Conclusiones relativas a los menores extranjeros no acompañados, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior recomienda unificar actuaciones en la atención de los niños africanos

El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea alerta a sus Estados miembros a abordar el tratamiento de la inmigración infantil desde «el interés superior del niño, que ha de ser una consideración primordial», y recuerda que «todo plan de acción de la UE sobre los menores no acompañados debe abordar cuestiones como la protección, la búsqueda de una solución duradera para cada niño y la cooperación con terceros países en materia de retorno, reintegración y prevención».

En el documento de Conclusiones relativas a los Menores Extranjeros no Acompañados, el Consejo señala que acoge «con satisfacción el Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014) adoptado por la Comisión el 6 de mayo de 2010, que, al proponer un planteamiento común de la UE basado en el principio del interés superior del menor y establecer unas líneas de actuación principales entre las que figuran la prevención, la acogida y la búsqueda de soluciones duraderas, aporta una contribución esencial al debate actual sobre esta cuestión».

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, resaltó la importancia de estas Conclusiones, que parten de los principios del Plan de Acción sobre Menores extranjeros no acompañados, en cuya elaboración participó Canarias de forma directa a través de las aportaciones realizadas relativas al trabajo que en materia de atención de los menores inmigrantes se ha venido llevando a cabo en las Islas, ya que a través de las mismas, «Europa reconoce por primera vez la necesidad de unificar criterios en las políticas de acogida y atención de los niños africanos de los Estados miembros, así como establece las bases para luchar contra el tráfico humano infantil y garantiza el interés superior del menor».

En este sentido, el Consejo reconoce que, aún teniendo en cuenta que los instrumentos legislativos y de financiación de que dispone actualmente la UE en materia de asilo, inmigración y trata de personas abordan ya, directa o indirectamente, la situación específica de ciertos menores no acompañados, «debería contemplarse un planteamiento global y coherente de la situación de los menores no acompañados en su conjunto».

De esta forma, el Consejo insta a los Estados miembros a que cooperen con los organismos y redes de la UE, principalmente la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la UE (FRONTEX), la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA), la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Red Europea de Migración (REM), para mejorar el análisis y el intercambio de información pertinente sobre los menores no acompañados que llegan al territorio de la Unión Europea.

Igualmente, se pide a FRONTEX y a Europol para que mejoren de manera sistemática la recogida de datos y el análisis e intercambio de información pormenorizada sobre los menores no acompañados, utilizando todas las fuentes disponibles, entre ellas la información recogida por las redes de funcionarios de enlace de inmigración y la red de análisis de riesgos de FRONTEX, a fin de proporcionar a los Estados miembros análisis de riesgos adecuados de conformidad con su mandato.

Además, se insta a la organización de actividades relacionadas con la información sobre los países de origen, de conformidad con su mandato, «de modo que los Estados miembros puedan evaluar las necesidades de protección de los menores no acompañados, a fin de apoyar en mayor medida la adopción de decisiones de calidad».

En este sentido, invita a FRONTEX a que «incluya en el programa de formación para guardias de fronteras un módulo específico sobre la detección de situaciones de especial vulnerabilidad en el caso de los menores no acompañados, especialmente de los de que presenten un perfil de elevado riesgo, como las víctimas de trata de menores».

En cuanto a la recepción y las garantías procesales en el marco de la Unión Europea, el Consejo ha acordado invitar a la Comisión a que evalúe si la legislación de la UE sobre menores no acompañados les ofrece suficiente protección, a fin de garantizar unas normas adecuadas en materia de recepción y garantías procesales para todos los menores no acompañados, con independencia de que sean solicitantes de asilo, víctimas de la trata o migrantes ilegales, y de asegurar que los menores sean tratados como tales mientras no se demuestre que no lo son.

«Estas soluciones pueden consistir en el retorno y la reintegración en el país de origen o de retorno, o en la concesión de protección internacional o de otra situación jurídica en función de la legislación nacional de los Estados miembros», señala el Consejo en sus Conclusiones.

Por otra parte, se pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros para que utilicen las redes operativas existentes y establezcan otras, tan pronto como sea posible, para facilitar la localización de las familias en los países de origen y de tránsito, promoviendo un planteamiento común a partir del intercambio de prácticas idóneas.

Igualmente, se invita a los Estados miembros a que evalúen la calidad de la atención a los menores no acompañados para garantizar que, a lo largo de todo el proceso de decisión, se defienda el interés superior del menor.