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Entra en funcionamiento en la capital tinerfeña el Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife

Entra en funcionamiento en la capital tinerfeña el Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife

Se crea a plantilla completa en coherencia con el compromiso adquirido por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con las organizaciones sindicales

Se trata del tercer juzgado de nueva creación puesto en marcha en las Islas a petición del Gobierno de Canarias para dar una respuesta al aumento de litigiosidad en las jurisdicciones social y mercantil

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto hoy en funcionamiento el Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife, que está ubicado en el Edificio El Cabo de la capital tinerfeña. Este es el tercer juzgado de nueva creación en Canarias, tras la solicitud cursada en 2020 por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias al Ministerio de Justicia para la implantación de tres nuevos juzgados en Canarias con el objetivo de dar una respuesta al incremento de la litigiosidad generada por la pandemia.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, explica que finales de 2020 se abrió el Juzgado de lo Social número 11 de Las Palmas, mientras que el pasado 30 de junio de 2021 se inauguró el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas. Bonnet explica que la petición de creación de nuevos juzgados y su puesta en marcha buscan dar una respuesta al aumento de litigiosidad en las jurisdicciones social y mercantil.

El nuevo Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife cuenta con dos nuevas plazas del Cuerpo de Gestión Procesal, seis del Cuerpo de Tramitación Procesal y dos del Cuerpo de Auxilio Judicial. Por tanto, el juzgado se crea a plantilla completa en coherencia con el compromiso adquirido por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con las organizaciones sindicales, contando con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial del pasado 21 de octubre.

Este juzgado se sitúa en el Edificio El Cabo de la capital tinerfeña donde hasta ahora se encontraba el Juzgado de lo Mercantil número 1, que se traslada a la Avenida 3 de Mayo.

 

La formación y participación activa de empleados públicos, “claves” para extender la digitalización de la Justicia

El consejero Julio Pérez participó en la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada este viernes en el Palacio del Senado en Madrid

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, intervino este viernes en la Conferencia Sectorial de Justicia, organizada por el Ministerio de Justicia, con la presencia de la ministra Pilar Llop, y con la representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia —entre ellas Canarias, que también estuvo representada por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet—, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. El encuentro tuvo lugar de forma presencial en el Palacio del Senado en Madrid y en él Pérez se refirió en su intervención inicial al anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, que el Gobierno central impulsa en estos momentos.

El consejero resaltó que tanto con los equipos, como los programas y los sistemas, serán necesarias poner en marcha actuaciones muy intensas de formación de la ley para los distintos operadores y personas usuarias, así como obtener, tras la necesaria negociación sindical, la participación y la complicidad de los empleados y empleadas públicas de la Administración de Justicia.

Julio Pérez también se refirió a la necesidad de reflexionar colectivamente sobre la incidencia o efectos que tendrá el nuevo modelo de justicia, basado tanto en la digitalización como en la reorganización territorial, en la arquitectura y en los espacios físicos dedicados a los servicios judiciales.

En ello también influirá la posibilidad de que, además, en el ámbito de la Justicia pueda haber “trabajo deslocalizado y teletrabajo”, reflexionó el consejero de Justicia de Canarias.

La Conferencia Sectorial trató también el Programa de implantación del nuevo modelo organizativo del Servicio Público de Justicia y el desarrollo del nuevo modelo del Registro Civil.

La Conferencia aprobó los criterios de distribución de fondos europeos para Justicia, de los que Canarias ha recibido ya 1.492.000 euros y espera recibir otros cuatro millones de euros en la próxima distribución correspondiente al año 2022.

Comisión Nacional de Estadística Judicial y en el pleno del CTEAJE

Aparte de la Conferencia Sectorial de este viernes, Canarias estuvo presente el jueves en la Comisión Nacional de Estadística Judicial y en el pleno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), actos a los que acudieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet.

En la Comisión Nacional de Estadística Judicial se aprobó, con la conformidad por parte de las representantes del Gobierno de Canarias, la modificación de los boletines estadísticos que garantizarán una mejor calidad de los datos recopilados con el fin de incorporarlos en el futuro Portal de Datos de la Administración de Justicia. Así mismo, se ha profundizado en la estructura de trabajo en cogobernanza, acordándose instar las modificaciones normativas necesarias para que todas las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia estén representadas en este orden.

Mientras, en el pleno del CTEAJE se acordaron los servicios mínimos que deberán ofrecerse a la ciudadanía de forma telemática a través de la llamada Carpeta Justicia y se han validado los datos y la presentación que deberá tener el Portal de Datos de la Administración de Justicia. Igualmente, se han puesto en común las ideas para la determinación de los proyectos prioritarios de cara a 2023 con el fin de alinearlos con la estrategia Justicia 2030 y las posibilidades de financiación que ofrecen los fondos europeos.

Todo ello son actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y eficacia del Servicio Público de Justicia que pasan necesariamente por su transformación digital y una mayor transparencia de los procesos internos así como de cara a la ciudadanía.

Comienza el uso del gestor procesal de Justicia Atlante Web, accesible desde cualquier puesto de trabajo

Comienza el uso del gestor procesal de Justicia Atlante Web,

Desde hoy se da inicio, de forma paulatina, al proceso de desconexión de Atlante Escritorio en las primeras oficinas judiciales

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha iniciado hoy, de forma paulatina y en las primeras oficinas judiciales, el proceso de desconexión del Atlante Escritorio, sistema de gestión procesal de la Administración de Justicia de Canarias, para dar paso al uso de Atlante Web, una aplicación multidispositivo que permite a la persona usuaria trabajar en movilidad desde cualquier lugar de una manera más flexible.

Para ello, se ha llevado a cabo la formación individual a personas usuarias, hasta alcanzar ya a un 87 por ciento de todas las oficinas de la Administración de Justicia de Canarias, mientras se sigue progresando semanalmente hasta alcanzar el 100% de oficinas judiciales antes del mes de diciembre.

En concreto, durante las últimas semanas se ha formado individualmente y de manera online a 647 personas usuarias de 76 oficinas judiciales y se han conseguido unos índices de satisfacción de las y los usuarios con la formación del 95%, y un 91% de dichas personas se consideran preparadas para usar de forma eficiente y segura Atlante Web.

Dada la necesidad de gestionar el cambio de la mejor manera posible, durante estas semanas la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia también ha reforzado la estrategia de comunicación diferenciada por perfil a toda la organización, trasladando las ventajas del nuevo Atlante Web, para acercar esta herramienta en el día a día de las oficinas.

Así lo indica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, quien expone que desde que el comienzo de legislatura, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad está comprometida con el impulso de un proceso de transformación en las oficinas fiscales y judiciales con el objetivo de trabajar de una manera más eficiente y conseguir el ‘papel cero’, gracias al sistema de gestión procesal Atlante Web.

Justicia digital, abierta e innovadora

Bonnet explica que Atlante web es una solución de gestión procesal que integra los elementos sobre los que se organizan las respuestas a los principales retos que la sociedad demanda de la justicia, es decir, una justicia digital, abierta e innovadora que incorpora en el nuevo sistema tecnologías de inteligencia artificial, robotización de procesos y aprendizaje automático.

Una Justicia digital, precisa, con el objetivo de alcanzar con Atlante Web el papel cero en los juzgados, tribunales y fiscalías de Canarias e implementar a plenitud el Expediente Judicial Electrónico que facilite desplegar nuevos servicios digitales a través de la sede judicial para mejorar la relación entre funcionariado, profesionales y ciudadanía.

Además, se pretende lograr una justicia abierta persiguiendo entablar una relación más sencilla y efectiva con el ciudadano y con los operadores jurídico, remarca la directora general. También, apunta, se persigue lograr una justicia innovadora que permita la transformación digital al incorporar tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la robotización de procesos y el aprendizaje automático, de forma que ayude al personal funcionario de justicia a la hora de tomar una decisión o realizar una tarea, reduciendo el tiempo de tramitación de los procedimientos.

A las primeras oficinas judiciales en las que se inicia el proceso de desconexión de Atlante Escritorio se les ha enviado una comunicación ocho días antes del apagado, avisando de este cambio y el día anterior al apagado, recordando la forma de acceso y principales ventajas de uso de Atlante Web.

 

 

Ángel Víctor Torres y Juan Luis Lorenzo Bragado mantienen un encuentro oficial previo al inicio del año judicial

Ángel Víctor Torres y Juan Luis Lorenzo Bragado mantienen un encuentro oficial previo al inicio del año judicial

El presidente de Canarias traslada al presidente del Tribunal Superior de Justicia que a finales de septiembre se iniciará el proceso que permitirá construir el nuevo edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife

Han puesto en valor la actuación de los poderes del Estado en una situación inédita como la vivida con la COVID-19

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recibido este jueves de forma oficial al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha compartido con el presidente del TSJC información sobre cuestiones como la próxima puesta en marcha del Juzgado de lo Social nº9 en Santa Cruz de Tenerife con el que, junto al Juzgado de lo Social nº11 y Juzgado de lo Mercantil n33 de Las Palmas, se culminará la creación extraordinaria de unidades judiciales como consecuencia de la crisis sanitaria.

También, el presidente ha trasladado que la semana del 20 de septiembre “se iniciará previsiblemente el procedimiento que permita la construcción del edificio Judicial de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Cabo Llanos”, puesto que se habrán iniciado los trámites de adaptación de la ordenación urbanística vigente en esa zona de la capital tinerfeña para adecuarla a los nuevos requerimientos funcionales y de superficie necesarios para desarrollar el Palacio de Justicia.

El presidente también informó al presidente del TSJC de los proyectos compartidos para la transformación digital o la cooperación institucional en una reunión que ha calificado como “muy fructífera”, coincidiendo en esa valoración con Lorenzo Bragado, que ha agradecido “la predisposición del presidente del Gobierno su colaboración y la comunicación fluida”.

En cuanto al ámbito sanitario y a las medidas para la contención de la pandemia por COVID-19, Ángel Víctor Torres destacó que, si bien, en los últimos meses ha habido medidas que no han sido ratificadas por los tribunales, “otras si lo fueron, como por ejemplo el número máximo de personas por grupo”. El presidente considera que se puede estar en mayor o menor acuerdo, pero que su voluntad “siempre será acatar las decisiones judiciales, porque en eso consiste la separación de poderes”, remarcó.

Torres destacó también que el decreto-ley que entró en vigor el 6 de septiembre y que irá al Parlamento para convertirse en ley, mantiene la ratificación de medidas por parte de la Justicia.

En la misma línea se manifestó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que puso en valor que “en esta situación realmente inédita ha funcionado el ordenamiento jurídico y los tribunales se han limitado a realizar la labor que constitucionalmente tienen asignada. Debemos felicitarnos por vivir en un Estado de derecho y que cada administración actúe con arreglo a los principios legales y constitucionales”.

El Gobierno desarrolla un plan funcional para adaptar los espacios judiciales a las necesidades de las víctimas

El proyecto comenzará con la Casa de la Infancia, que se construirá en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, dando cumplimiento a la recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, está desarrollando un plan funcional sobre el espacio, mobiliario y dependencias de uso de las víctimas dentro de los órganos judiciales con el fin de adaptar estos espacios judiciales a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos. El primero de estos espacios adaptados será el de la Casa de la Infancia, que comenzará en breve su construcción en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto de edificios judiciales irá adaptándose entre 2022 y 2023.

Con el planteamiento de estas nuevas salas de espera, atención y declaración específicas para las víctimas se busca evitar situaciones en las que estas puedan verse expuestas públicamente, lo que provoca su doble victimización, así como dotar el proceso de declaración y toma de pruebas de una mayor seguridad, lo que permitirá prevenir el aumento del estrés de estas personas.

Esta mejora en la atención está impulsada desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que ha encargado el análisis de las instalaciones judiciales en las Islas y el diseño del proyecto.

Casa de la Infancia

La Casa de la Infancia adaptará los espacios judiciales en los que se trata con víctimas menores de edad a nuevos modelos organizativos que promoverán evitar el contacto entre ellas y el procesado en cualquier fase del procedimiento y que tratarán de evitar, siempre que sea posible, que las y los menores de edad deban prestar declaración en el plenario.

Según señala la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el espacio dará cumplimiento a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mes de junio. En ella se remarca la importancia de los espacios como entornos adaptados a las víctimas menores de edad.

En concreto, en esta normativa, en el artículo 10, se apunta sobre el derecho de las víctimas a ser escuchadas y, para ello, se hace hincapié en que para ello se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, metodologías y espacios con el fin de que el testimonio de la víctima se obtenga con rigor, tacto y respeto. Además, el artículo 11 recoge que las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado.

En la actualidad se cuenta con varias salas de espera adaptadas para menores que serán renovadas con este nuevo diseño. En concreto, el proyecto unirá estas en una gran sala de espera en las que las víctimas podrán deambular, aparte de dos salas de espera privadas para casos especiales. Estas serán espacios cálidos que contarán con vegetación interior y mobiliario en tonos cálidos y ergonómicos para mejorar la confianza de las personas.

También se reordenará el espacio dedicado a las salas Gessel, pasando a contar con cuatro salas de este tipo y dos polivalentes para la toma de declaración de menores por videoconferencia, entrevistas a menores o para pruebas constituidas. Así mismo, todos estos espacios contarán con luz y ventilación natural.

Canarias pone en funcionamiento el juzgado Mercantil 3 de Las Palmas y ultima el Social 9 de Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad puso en marcha el pasado 30 de junio el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria

El Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife estará situado en el Edificio El Cabo, donde hoy está el Juzgado de lo Mercantil 1, que se trasladará junto al Mercantil 2, permitiendo agrupar órganos de la misma jurisdicción en edificios comunes

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas, que se inauguró el pasado 30 de junio, y ultima la apertura, para el día 30 de octubre, del Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife.

Según explica la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la creación de estos dos juzgados es una respuesta específica del Gobierno de Canarias ante las consecuencias de la crisis sanitaria, que ha provocado un incremento de la litigiosidad “particularmente notable” en las jurisdicciones social y mercantil. Por ello, el pasado verano se solicitó al Ministerio de Justicia tres juzgados con los que hacer frente a este aumento, poniéndose en marcha el primero de ellos a finales de 2020, cuando se abrió el Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas.

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas está ubicado en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, en la misma planta que están situados los mercantiles 1 y 2, lo que, como recuerda Vallejo, favorecerá en el futuro su reconversión como Tribunal de Instancia.

En cuanto al Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife, estará situado en el Edificio El Cabo de la capital tinerfeña, donde está en la actualidad el Juzgado de lo Mercantil 1 de Santa Cruz de Tenerife, que se trasladará a la calle Álvaro Rodríguez López, número 19, junto al Mercantil 2.

Este incremento y redistribución de espacios permite a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife contar con instalaciones para dos nuevas unidades judiciales, además de resultar una organización más eficiente, por cuanto se agrupa a órganos de una misma jurisdicción y especialidad en edificios comunes.

El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

La actuación de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo

El Gobierno de Canarias ha iniciado los trámites de adaptación de la ordenación urbanística vigente en la zona de Cabo Llanos de la capital tinerfeña para adecuarla a los nuevos requerimientos funcionales y de superficie necesarios para la llevar a cabo el desarrollo del Palacio de Justicia en el municipio capitalino. Para ello, modificará parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, para lo que se han elaborado normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del Plan.

El objetivo es dar cobertura a un uso judicial concentrado territorialmente, pero distribuido diferencialmente según los distintos órganos judiciales y usos complementarios a albergar. La propuesta de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo.

Esta actuación se ha llevado a cabo de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas que acogerán el Palacio de Justicia (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo anunciaron hoy los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Julio Pérez y José Manuel Valbuena, respectivamente, junto al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante la presentación de las normas aplicables de manera transitoria.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte del Palacio de Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento, ampliando las zonas verdes en el espacio de Cabo Llanos.

Julio Pérez detalló que se ha terminado la elaboración de las normas urbanísticas, que posibilitarán edificar un nuevo edificio que permitirá concentrar todos los órganos judiciales y servicios complementarios, aunque en varios edificios. Normas que, apuntó, sustituyen a las vigentes para el espacio de Cabo Llanos y que deben estar en armonía con aquellas que regulan las actividades públicas y privadas en la zona.

Emplazamiento, dotaciones y equipaciones  

Para la composición de dichas normas, llevada a cabo por la empresa pública Gestur, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad estableció varios criterios y directrices, como el emplazamiento de manera definitiva en la zona de Cabo Llanos y el mantenimiento de las dotaciones y equipaciones básicas (educativas, sanitarias y plaza pública, entre otros), y se decidió que los nuevos edificios se proyectaran manteniendo la ocupación y el aprovechamiento del actual Palacio de Justicia. “Todo ello con la mayor delicadeza, respeto y coordinación con las demás administraciones y sobre todo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tiene la potestad de la planificación de la ciudad”, remarcó Pérez.

Valbuena indicó que el objetivo perseguido en Santa Cruz de Tenerife es lograr una centralidad administrativa que optimice y mejore la relación de la ciudadanía con las administraciones, aportando un principio de economía y agilidad al sistema administrativo judicial. Manifestó que el hecho de contar con una bolsa de suelo de titularidad pública en Cabo Llanos aporta al proyecto viabilidad económica, además de una importante ganancia de aprovechamiento ciudadano de más de 50.000 metros cuadrados y un frente marítimo envidiable en Santa Cruz de Tenerife.

Detalló que la siguiente fase será la evaluación ambiental de la propuesta y la publicación del informe del impacto ambiental estratégico para, después, tramitar la propuesta de suspensión, que irá acompañada de las Normas Sustantivas Transitorias. Posteriormente, agregó, se podrá pasar a una tramitación final, donde tendrá que someterse a un proceso de audiencia por parte de las administraciones públicas y de consulta pública que terminarían con la futura aprobación, si todo sale bien, en el Consejo de Gobierno. Es un proceso que se prevé que esté disponible a lo largo de 2022.

“Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es un día importante” afirmó Bermúdez, quien señaló que con la propuesta se resuelve el anhelo de todo el sector jurídico y judicial y de la ciudadanía al concentrar en un mismo espacio las sedes judiciales en la capital tinerfeña y también permite una mejor ordenación de la zona, que contará, dijo, con mayores espacios de equipamiento público y zonas verdes.

Se trata también de una propuesta de mejora para los vecinos y vecinas de la zona y para toda la ciudadanía que transiten por ella, remarcó Bermúdez, quien destacó el trabajo realizado por la Concejalía de Urbanismo y por el consejero Julio Pérez.

Cambios urbanísticos

Para llevar a cabo los cambios urbanísticos se han elaborado unas Normas Sustantivas Transitorias de aplicación en el ámbito de la suspensión que viabilizan, planifican y regulan la adaptación de la ordenación vigente a los nuevos requerimientos funcionales y necesarios para la implantación del Palacio de Justicia en tanto el instrumento correspondiente asume la nueva ordenación.

Los objetivos territoriales se basan en la centralidad administrativa, la economía y agilidad del sistema administrativo judicial, la cobertura del programa de necesidades de la Administración de Justicia, la accesibilidad intermodal (aeropuerto, puerto, tranvía y coche), la repercusión en la zona y la disponibilidad del suelo, así como en la viabilidad económica.

Desde el punto de vista urbanístico, contempla la cobertura urbanística e inserción en el sistema de planeamiento, un espacio de calidad para la ciudadanía (Plaza de la Justicia), movilidad óptima, dotación y equipamientos locales y agilidad y armonía del planeamiento.

Ámbito de suspensión

El ámbito de la suspensión en Cabo Llanos se desarrolla como dos espacios rectangulares, ortogonales entre sí. La primera de ella se extiende de Este a Oeste entre las calles Álvaro Rodríguez López, Adán Martín Menis, una peatonal, que discurre junto a la sede de la compañía petrolífera canaria Disa y un edificio residencial, y la avenida La Constitución o autopista de conexión TF-4, incluida en el ámbito. Esta parte crece irregularmente al suroeste para incluir los suelos situados entre el Espacio Cultural El Tanque y las dos torres.

Es segundo espacio, Norte-Sur, se delimita entre la rotonda de entrada a la avenida Tres de Mayo, el trazado de las avenidas La Constitución y Víctor Zurita Soler, y su encuentro al Sur con el primer espacio rectangular. Por último, el ámbito extiende un brazo en dirección Sur incluyendo así parte de la avenida de La Constitución, aproximadamente hasta su encuentro con la avenida Manuel Hermoso Rojas.

El ámbito de la suspensión encierra una gran extensión de suelos vacantes y únicamente dos edificaciones: el actual Palacio de Justicia y un edificio de oficinas cuya ejecución no ha llegado a término. La gran mayoría de los suelos no se destinan a ningún uso en la actualidad, exceptuando el desarrollo de algunos usos temporales, como el depósito municipal de vehículos y un recinto destinado a la hostelería.

Gobierno canario y Generalitat Valenciana abogan por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas

Gobierno canario y Generalitat Valenciana abogan por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, y la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, comparten iniciativas sobre protección a víctimas del delito

El Gobierno de Canarias y la Generalitat Valenciana celebraron hoy en Tenerife una reunión bilateral para compartir iniciativas sobre la protección de las víctimas del delito, como la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y la Oficina Especializada de Denuncias de Violencia de Género, en la comunidad Valenciana, o el Juzgado de Protección y Atención a la Infancia, proyecto piloto en Las Palmas de Gran Canaria. La reunión estuvo encabezada por la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo canario, Carla Vallejo, y consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, quienes abogaron por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas.

En la reunión también participaron la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet; la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, Maria José Meilán, y la jefa de sección de Mediación de la Viceconsejería de Justicia, Elisa Santiago. Por parte delegación valenciana asistieron la directora general de Modernizaciones y Relaciones con la Administración de Justicia, Àngels Bixquert, y el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón. Ambas partes compartieron la preocupación por la formación y especialización en competencias relacionadas con la infancia.

Carla Vallejo explicó que el juzgado de Protección y Atención a la Infancia es un proyecto pionero, que se inicia en Las Palmas, un juzgado especializado cuyo funcionamiento efectivo comenzará el 1 de octubre. Actualmente, dijo, se está diseñando todo el programa de atención integral porque las víctimas menores requieren una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial.

Se trata de un proyecto piloto, precisó Vallejo, quien confió en que tenga éxito y que sirva para que se cree una jurisdicción especializada en atención a menores víctimas, como la hay para mujeres víctimas de violencia de género, ya que los y las menores víctimas requieren de una atención específica y con personal especialmente cualificado para ello.

Al respecto, la consellera de la Generalitat Valenciana destacó que los menores, como víctimas, requieren de una mirada especial y una actuación profesional que evite que el procedimiento judicial se convierta en un problema psicológico para estas víctimas, y abogó también por una jurisdicción especializada para menores víctimas.

Así, Bravo consideró dicho piloto desarrollado en Las Palmas como fundamental porque cualquier menor que se ve en la obligación de pasar por un juzgado soporta una revictimización muy dura, y mostró su interés en ponerlo en marcha también en la Comunidad Valenciana.

Bravo destacó que la Generalitat Valenciana desde hace cinco años se ha centrado en políticas públicas dirigidas fundamentalmente a la protección de las víctimas y habló de la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, única red pública en toda España que ha puesto en marcha centros en cada uno de los partidos judiciales. Se trata de oficinas, indicó, donde un equipo multidisciplinar atiende a las víctimas del delito, colocándola en el centro del proceso.

Presentó también la única oficina de denuncias especializada en violencia de género, donde las víctimas pueden ir a presentar su denuncia y a informarse en un espacio amable y seguro, en el que están apoyadas y arropadas por un equipo multidisciplinar.

 

 

 

 

Justicia invertirá 1,5 millones en actos procesales remotos y dotación de puestos de trabajo deslocalizados

Justicia invertirá 1,5 millones en actos procesales remotos y dotación de puestos de trabajo deslocalizados

Se trata de la partida que corresponde a Canarias de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia en la vertiente de justicia

Se destinarán a la adquisición de equipos portátiles, a equipamiento tecnológico para salas de vistas y a la implantación de la plataforma para vistas jurídicas remotas

El Gobierno de Canarias ha generado un crédito para la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de 1.462.509 euros procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y cuya distribución, entre comunidades autónomas con competencias en justicia, fue acordada en la Conferencia Sectorial de Justicia del pasado 30 de abril. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, invertirá dicha partida en equipamientos para la realización de actos procesales por vía telemática (inmediación digital) y para dotar puestos de trabajo deslocalizados.

Los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la vertiente de justicia están orientados a mejorar la capacidad que tiene la justicia española para contribuir a la cohesión social, el dinamismo económico y empresarial, así como a la reducción de sus costes generales de funcionamiento mediante su transformación digital y la transición ecológica.

De la partida que le corresponde a Canarias, 600.000 euros irán destinados a la adquisición de 400 equipos portátiles y sus accesorios para conformar el ‘Puesto único de usuario’, configurado para su utilización como puesto de escritorio y movilidad; otros 462.000 euros se invertirán en equipamientos para Salas de Vistas (cámaras, micrófonos, pantallas y demás material tecnológico), y los 400.509 euros restantes estarán dedicados a la implantación de la plataforma para vistas jurídicas remotas.

El Ministerio de Justicia y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia aprobaron el pasado 30 de abril, por unanimidad, el acuerdo la distribución de un total de 20.604.610 euros del crédito asignado en el año 2021 por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia, en concreto para el ‘Proyecto 0’ de Justicia 2030.

Dicho proyecto tiene como objetivo acometer una implantación coordinada de infraestructuras digitales homogéneas e interoperables (hardware, licencias, servidores, espacio de almacenamiento, bases de datos) en todo el territorio del Estado, para lo que se contempla la puesta en marcha de cuatro medidas: la inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y ciberseguridad.

Un estudio aporta datos de 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en Tenerife

Un estudio aporta datos de 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en Tenerife

El proyecto, financiado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, abre nuevas líneas de investigación en posibles fosas

El trabajo se ha centrado en una labor de indagación histórica y documental, así como en la realización de entrevistas a familiares de las personas desaparecidas y otros informantes

Un estudio financiado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha permitido elaborar una lista contrastada de 182 víctimas mortales relacionadas directamente con la represión generada durante la represión franquista en Tenerife entre personas desaparecidas, fallecidas por ejecuciones extrajudiciales o como consecuencia de las acciones represivas o torturas sufridas en prisión y  aquellas ejecutadas en consejos de guerra. Esta indagación abre nuevas líneas de investigación para localizar posibles fosas de personas desaparecidas.

En relación al perfil de las 182 víctimas, en la mayoría de los casos se trataba de hombres jóvenes, en torno a los 30 años de edad, miembros de organizaciones obreras y/o partidos republicanos, con especial preeminencia del sindicato anarcosindicalista de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), si bien también afectó a integrantes del Parido Socialista, el Partido Comunista y la Izquierda Republicana. Dentro de los mismos había personas trabajadoras y campesinos, pero también integrantes de la pequeña y mediana burguesía.

La mayoría pertenecían a la isla de Tenerife, pero también existe un número importante de personas naturales de otras islas de la provincia occidental y de la Península, lo que señala a Tenerife como punto de centralización de la represión franquista en las islas occidentales. Según los testimonios recuperados y los nuevos recabados, la represión no terminó en el asesinato de estas personas, sino que además se extendió a sus familias, que padecieron procesos de acoso e indefensión y que motivó una parte sustancial de la emigración producida en la posguerra.

En el proyecto de investigación, realizado entre noviembre de 2020 y abril de 2021 por las investigadoras Nuria Álvarez Rodríguez y María Laura Bencomo Fernández, se indica que si bien el número de personas desaparecidas y los asesinatos tuvo que ser bastante superior, solo se recogen en el estudio los datos contrastados durante el estudio, que se ha centrado en una labor de investigación histórica y documental, así como en la realización de entrevistas a familiares de las personas desaparecidas y otros informantes.

Esta indagación ha permitido actualizar y arrojar luz sobre los efectos de la represión franquista en la isla de Tenerife y abre nuevas líneas de investigación para localizar posibles fosas, ya que se han investigado igualmente las potenciales localizaciones en las que pudieran hallarse parte de las personas desaparecidas avanzado en nuevas líneas de trabajo que pueden llegar a ser productivas, según explica la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Proyecto de interés público

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se trata de un proyecto de interés público pues supone una acción más en el fortalecimiento de los valores democráticos, de libertad y de justicia social para la sociedad española, y supone un acto de materialización de los compromisos que derivan de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Otro de los objetivos fundamentales de esta investigación ha sido el análisis de diferentes puntos señalados por la historiografía y la tradición oral como lugares en donde se localizaban víctimas mortales en fosas, tales como el cementerio de San Juan, en La Laguna, una fosa localizada en torno a Los Rodeos, una sepultura descubierta en el interior de una antigua cárcel en La Laguna, el Pozo en Fuente Cañizares en La Laguna, una cueva en el Tablero, una cueva de Bocacangrejo, el Pozo de los Alemanes en Arona, unas localizaciones en Valle Jiménez y San Andrés y por último, la localización de las fosas existentes en el interior del Cementerio de Santa Lastenia, que se relaciona con las personas fusiladas en la batería del Barranco de El Hierro.

Pese a la ralentización de los trabajos debido a la pandemia motivada por la COVID-19, se ha avanzado en nuevas líneas de investigación y se ha adelantado el trabajo de perfilar la ubicación de dichas localizaciones, para en un futuro proyecto poder sondear algunos de los que parecen tener más probabilidades de poseer restos de víctimas mortales.

Para la ejecución del proyecto, denominado ‘Estudio preliminar para la localización de fosas en la isla de Tenerife’, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad concedió el 14 de noviembre de 2020 una ayuda directa con carácter excepcional de interés público a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife, por importe de 15.900 euros.

Carla Vallejo señala que los datos derivados de dicha investigación abonan la posibilidad de profundizar en las investigaciones iniciadas y justifican en algún caso el inicio de labores de prospección.

En esta línea, indica, el Gobierno de Canarias sigue trabajando en diversos proyectos para localizar a las personas desaparecidas afectadas por la represión de aquel momento histórico y este año emprenderá otros proyectos en el mismo sentido, en el marco de los compromisos en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática constituida el pasado mes de marzo.

En dicha conferencia se aprobó, por unanimidad, el reparto y distribución de tres millones de euros, para actividades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, de los que 71.707,65 de euros corresponden a Canarias.

Así, con cargo a dichos fondos se han propuesto dos proyectos a desarrollar en la isla de La Palma; uno para un estudio con Geo-radar 3D multifrecuencia en una cela situada en Fuencaliente y, el otro, para la realización de sondeos en busca de fosas de personas represaliadas de la Guerra Civil, cada uno de los cuales cuenta con un presupuesto de 15.996 euros.

Se contempla asimismo una partida de 5.889,51 euros para llevar a cabo un estudio sobre posible localización de las víctimas canarias de la Guerra Civil que figuran como desaparecidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como otro proyecto, por importe de 33.826,14 euros, para la revisión y actualización del Mapa Georeferenciado de Fosas de Canarias y del Portal de Memoria Histórica de Canarias.