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Justicia reitera su disposición para que La Palma cuente con dos edificios judiciales nuevos y modernos

Justicia | La Palma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad acompaña a la ministra Pilar Llop durante su visita este lunes a La Palma

Julio Pérez pone en valor la rapidez de la respuesta legal ante la emergencia provocada por el volcán de Cumbre Vieja y destaca el papel de notarios y registradores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha reiterado este lunes la disposición de su departamento para sustituir los actuales edificios judiciales de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane por unos nuevos y modernos, adecuados a la organización de la justicia y a las reformas estructurales que están en curso.

Así lo ha manifestado después de acompañar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su visita a las instalaciones judiciales del Valle de Aridane, a la que han asistido también el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García.

En el caso de Los Llanos de Aridane, donde el proceso está más avanzado, el nuevo edificio, según ha apuntado Julio Pérez, estaría ubicado en una parcela que ya se ha propuesto a la Comunidad Autónoma por el Ayuntamiento, cuyo expediente se ha comprometido a impulsar, con el propósito de que la permuta del actual edificio por el solar que albergará el futuro inmueble se lleve a cabo cuanto antes.

No obstante, Julio Pérez ha explicado que, mientras esto ocurre, se continúa dotando a ambas instalaciones de equipamiento con el grado de modernización necesario. Por ejemplo, desde el punto de vista informático y telemático, igual que a otros partidos judiciales, lo cual ha permitido que el impacto de la erupción en el funcionamiento de la justicia fuese menor del que pudo temerse.

Durante un acto posterior con el Colegio Notarial de Canarias, celebrado en El Paso, y en el que estaba presente su decano, Alfonso Cavallé, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho mención especial al funcionamiento del sistema de seguridad jurídica preventiva, que durante la emergencia generada por el volcán se ha puesto a prueba, “probablemente como no lo había sido nunca antes de ahora”, ha subrayado.

En opinión de Julio Pérez, “hay un conjunto de circunstancias que nos hacen pensar que el tipo de desafío al que se han enfrentado notarios, registradores, Ministerio y también la Consejería, no tiene precedentes en la historia reciente”.

En este sentido, ha puesto en valor, “sin ánimo de hacer propaganda, la rapidez de la respuesta legal”, y se ha referido al primer decreto ley que habilitó unos mecanismos especiales para que el sistema notarial y registral pudiera hacer frente a esas necesidades.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha tenido palabras de agradecimiento para notarios y registradores, porque “no se han limitado solo a prestar un servicio, sino que han prestado ayuda, asistencia y cercanía, con cariño y proximidad, que se necesitaban tanto como la ayuda material”, ha recalcado.

Ha dado la enhorabuena al Colegio Notarial de Canarias y al de Registradores, por “haber despertado la solidaridad generosa y desprendida de cientos de profesionales de toda España que han atendido la emergencia jurídica provocada por el volcán”.

Julio Pérez, que ha hecho suyo el lema “juntos somos más”, citado por el delegado del Gobierno en Canarias a lo largo de su intervención, ha destacado la cooperación y lealtad institucional vivida durante la erupción del volcán y ha abogado por que se mantenga durante la reconstrucción, que requiere también el esfuerzo de la actuación conjunta.

El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda el aumento registrado, a lo largo de esta legislatura, en la dotación presupuestaria que garantiza este servicio

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados prevé poner en marcha un proyecto piloto en Canarias para facilitar a las personas migrantes el acceso a sus derechos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha trasladado este miércoles a la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, la voluntad del Ejecutivo canario de dar continuidad y mayor calidad a la asistencia letrada que reciben las personas migrantes que llegan a las islas.

Julio Pérez y Sophie Muller, que han participado, de forma telemática, en una reunión de trabajo celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, entre la Consejería y el organismo internacional, a la que también han asistido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, las oficiales de protección del ACNUR Carolina Mateos y María Vallés, y la oficial sobre el terreno en Canarias Claudia Pérez, además de la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, igualmente por vía telemática, han destacado la sintonía y coincidencia que existe entre los objetivos del ACNUR y la responsabilidades del departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

En este sentido, Julio Pérez ha hecho hincapié en que desde el inicio de la presente legislatura se han perfeccionado los mecanismos de asistencia jurídica gratuita a migrantes y, para ello, ha recordado el aumento de la dotación presupuestaria destinada a la prestación de este servicio y la ampliación de crédito aprobada con este fin, además de la reducción del número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno, con el objetivo de prestar una atención jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.

Por parte de los representantes del ACNUR, se ha insistido en la importancia de contar con suficientes intérpretes para ayudar a mejorar la atención de migrantes una vez que llegan a las islas y, de ese modo, facilitarles el acceso a sus derechos. El organismo internacional prevé dar solución al déficit existente actualmente, sobre todo de especialistas en lenguas minoritarias africanas, con la puesta en marcha en Canarias de un proyecto piloto de apoyo a los colegios de abogacía, que incluye formación en esta materia y un catálogo de buenas prácticas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la preocupación que existe en el Gobierno canario por hacer ver y convencer a la Unión Europea de que la gestión de las fronteras es una responsabilidad del conjunto de la UE, no solo del país o territorio por el que llegan las personas migrantes.

Del mismo modo ha mostrado su confianza en que, ante la situación que se ha generado en Ucrania, el ACNUR pueda cumplir sus cometidos con la eficacia que ha demostrado en otras ocasiones y que es ampliamente conocida.

Justicia pone en marcha un sistema de videointerpretación en lengua de signos en seis juzgados de guardia canarios

La herramienta permite la comunicación fluida en tiempo real y asegura que las personas con discapacidad auditiva tengan el mismo acceso a la información que el resto de la ciudadanía

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el sistema de videointerpretación en lengua de signos española SVIsual en el ámbito de la Administración de Justicia en Canarias, lo que asegura que las personas con discapacidad auditiva tengan el mismo acceso a la información que el resto de la ciudadanía.

Dicha herramienta está operativa para su uso desde el pasado martes, 15 de febrero, en seis juzgados de guardia que cuentan con dependencias específicas. Concretamente en los juzgados de guardia de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana.

El sistema SVIsual permite la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y oyentes en tiempo real, a través de un videointérprete que realiza las labores de interpretación solicitada por cada persona usuaria. Se establece así una comunicación fluida entre ambas partes, gracias a una plataforma tecnológica que funciona como un centro de llamadas, capaz de integrar simultáneamente audio y vídeo, lo que permitirá que las personas con esta discapacidad puedan ser entendidas por el trabajador o trabajadora y viceversa.

A estos efectos, el puesto de trabajo dispuesto para tal fin cuenta con micrófono, cámara, altavoz y doble pantalla, de manera que una de ellas pueda utilizarse para el uso habitual de trabajo y la otra para mostrar la herramienta de vídeo que posibilitará la comunicación.

El sistema resulta accesible a través de la dirección web justiciaencanarias.svisual.org, que carga un entorno gráfico e incorpora un componente de vídeo (para facilitar la visualización entre la persona discapacitada y el o la agente videointérprete) y un componente de chat, que facilita la comunicación escrita.

Con la puesta en funcionamiento del sistema SVIsual, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad comienza a dar cumplimiento a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que señala que en los procesos en los que participen personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Este sistema de videointerpretación se irá incorporando progresivamente al resto de los juzgados de las islas en la medida que sus instalaciones lo permitan.

En concreto, la Ley señala que se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente, y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas con discapacidad auditiva y visual. Dicha medida se implementaba con la presencia física de intérpretes de signos, a pesar de las dificultades que existen muchas veces para contar con ellos dada su escasez.

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ejecutó el 93,78 % de su presupuesto en 2021

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ejecutó el 93,78 % de su presupuesto en 2021

El presupuesto inicial de este departamento se vio incrementado en 5,7 millones de euros procedentes del Gobierno estatal y la Unión Europea

Durante 2021 se efectuaron importantes gastos e inversiones en digitalización y nuevas tecnología

Las actuaciones de emergencia y los servicios de atención telefónica suman algunas de las partidas de gasto más relevantes

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, logró ejecutar el 93,78% de su presupuesto en 2021, según refleja el avance del cierre del ejercicio. El año pasado, la ejecución presupuestaria alcanzó los 294.429.805,61 euros, de un total de 313.968.299,42, lo que significa 10,70 millones más que en 2020. El crédito no ejecutado se situó en 19,5 millones de euros, cantidad que se podrá incorporar como remanente en el presente ejercicio.

El presupuesto inicial de este departamento para 2021 era de 308.284.352 euros y se vio incrementado en 5.683.947,42 debido a transferencias procedentes del Gobierno de España y de la Unión Europea, lo que permitió superar los 313,9 millones de euros.

Hay que destacar que la emergencia volcánica en la isla de La Palma, decretada en septiembre de 2021, generó un gasto de unos 4,3 millones de euros aproximadamente y que el capítulo 1 representó el 49,38% del gasto total ejecutado, a la espera del cierre definitivo del ejercicio.

Julio Pérez, responsable del área, ha valorado positivamente estos datos y ha felicitado al equipo directivo y al personal de su Consejería por el esfuerzo realizado para conseguir estas cifras tan importantes en materia económica y que se han plasmado, por ejemplo, en el proceso continuo de modernización y transformación digital de la Administración Pública Canaria, según ha expuesto el titular del departamento.

Un proceso que tiene, entre otros exponentes, la puesta en marcha de la estrategia de transformación digital del servicio público de la administración de justicia en Canarias o la implantación y desarrollo de las herramientas tecnológicas para la gestión digital de los procesos judiciales y la celebración de juicios telemáticos.

A estas actuaciones hay que sumar la implantación del expediente electrónico en los procedimientos de emisión de informes y bastanteos de poderes, avales y otras garantías de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos, así como la dirección por objetivos en la mayoría de los departamentos del Gobierno canario o el importante despliegue del 012, que además de asumir la totalidad de los servicios (previos a la situación de pandemia) ha sumado campañas masivas como la vacunación, siendo un importante valor para llevarla a cabo en el menor tiempo posible.

A lo largo de 2021, también se llevó a cabo, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia, la implementación de los nuevos portales de participación ciudadana y de datos abiertos de Canarias, el desarrollo de la Red Canaria de Gobierno Abierto y la renovación del portal de transparencia del Gobierno de Canarias.

La Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, referente de instalación judicial para Croacia

La Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, referente de instalación judicial para Croacia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad participa junto al ministro de Justicia de Croacia en un seminario web sobre el diseño de la organización judicial para una mejor prestación de servicios

Pérez destaca las capacidades, funcionalidades y posibilidades de crecimiento de la infraestructura judicial de la capital grancanaria, así como sus valores urbanísticos y su modo de insertarse en la ciudad

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha participado hoy, junto al ministro de Administraciones Públicas y Justicia de Croacia, Ivan Malenica, en un seminario web sobre el diseño de la organización judicial para una mejor prestación de servicios. Esta actividad para el intercambio de conocimientos se enmarca en el proyecto Justicia para las empresas en Croacia del Banco Mundial y ha tenido como objeto central el análisis de los estándares de diseño de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Un seminario en el que se ha explorado la importancia del diseño de la organización judicial para mejorar la prestación de servicios de justicia a la ciudadanía y las soluciones que ofrece la jurisprudencia para afrontar reformas de organización, cumplir con los requisitos del debido proceso y permitir condiciones de trabajo sinérgicas y de colaboración.

Durante su intervención, Pérez ha destacado tanto las capacidades, funcionalidades y posibilidades de crecimiento de dicha infraestructura judicial y su facilidad para incorporar nuevas tecnologías e instalaciones y servicios, como sus valores urbanísticos y su modo de insertarse en la ciudad. El inmueble vanguardista, que ha favorecido la concentración y funcionalidad de las unidades y órganos judiciales de capital grancanaria, ocupa más de 12.800 metros cuadrados con una superficie total construida de casi 90.000 metros cuadrados, así como con casi 11.000 metros cuadrados de espacios libres y plazas exteriores, y su estructura de funcionamiento es más la de una ciudad que la de una pieza única.

Tras considerar un honor y una satisfacción que la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria pueda ser objeto de estudio y pueda servir de modelo para otras ciudades del mundo, Pérez ha expuesto que es un modelo y un objeto de estudio también para el propio Gobierno de Canarias, como referencia básica en el avanzado proceso de diseño y posterior construcción de un equipamiento judicial en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Visión de futuro

Sobre la futura infraestructura judicial en la capital tinerfeña, ha detallado que, una vez decidido su emplazamiento, está en curso la elaboración de la normativa urbanística necesaria y que en cuanto sea posible se abordará el proceso de definición de la arquitectura que será muy probablemente, ha manifestado, a imagen y semejanza de la que se llevó a cabo, hace casi dos décadas, en Las Palmas de Gran Canaria, con la esperanza de lograr un resultado similar.

Además de destacar las calidades, cualidades y características, ha indicado que la experiencia del uso de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria- inaugurada en enero de 2014- es altamente satisfactoria, y ha resaltado que se forjó con una visión de futuro y con una franca posibilidad de crecimiento y facilidad para incorporar nuevas tecnologías, instalaciones y servicios.

Respecto al impacto de la infraestructura en el área urbana circundante, el consejero ha ensalzado asimismo sus valores urbanísticos y ha explicado que el edificio se inserta en la ciudad y contribuye a mejorarla, a hacerla más vivible y bella, y hace que sea más fácil que sea sentido como propio por todos los habitantes de la ciudad, no solo por las personas usuarias de la infraestructura judicial.

El consejero ha reconocido a las personas que contribuyeron en la ejecución del proyecto judicial de Las Palmas de Gran Canaria, entre las que ha nombrado al equipo de arquitectos, en la persona de José Antonio Sosa, y al funcionario de larga experiencia Joaquín García Gómez, quienes han participado en el seminario web.

Seminario Web

Durante el mismo, se ha descrito la Ciudad de la justicia de Las Palmas desde las perspectivas del poder judicial, el arquitecto y la empresa constructora. Respecto a la perspectiva judicial, se ha centrado en el vínculo entre la modernización de los tribunales y sus beneficios para la prestación de servicios de justicia, mientras que el arquitecto ha presentado los conceptos impulsores del diseño para la materialización de la Ciudad de la Justicia y los impactos del proyecto en el área urbana circundante.

En cuanto a perspectiva de la construcción, se ha ofrecido una visión general del proceso de construcción y su gestión sobre el funcionamiento de los juzgados durante la construcción, así como los retos y lecciones aprendidas y extraídas del proceso.

 

 

Gobierno y TSJC impulsan su cooperación y coordinación

Gobierno y TSJC impulsan su cooperación y coordinación

La sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife ha acogido, este lunes, la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), un encuentro que ha estado encabezado por el titular de este departamento, Julio Pérez, y el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo.

En el mismo, han participado, además, por parte del Gobierno canario, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamirano, y la jefa de servicio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Socorro Robador.

Por parte del TSJC han estado presentes también el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Hernández Cordobés, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, y el magistrado del Consejo del Poder Judicial en Las Palmas, José Antonio Morales. Durante la reunión se han analizado asuntos comunes que afectan a ambas instituciones. En la imagen, todos los participantes en el encuentro.

 

Canarias contará con 8,6 millones para proyectos de innovación tecnológica en Justicia

Canarias contará con 8,6 millones para proyectos de innovación tecnológica en Justicia

Se deberán invertir en actuaciones para la transformación del servicio público en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Canarias recibirá este mes de diciembre del Ministerio de Justicia 8,6 millones de euros para proyectos de innovación tecnológica de un total de 63,3 millones que se distribuirán territorialmente entre las Comunidades Autónomas con competencias de Justicia transferidas para el desarrollo proyectos de inversión considerados prioritarios para la transformación del servicio público de justicia dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se persigue con dichas partidas avanzar en el objetivo de modernización de las Administraciones Públicas y continuar acometiendo los proyectos prioritarios de Justicia 2030 en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Este reparto se suma a los 21 millones que fueron transferidos a las Comunidades Autónomas el pasado mes de abril, según detalla el Ministerio, que concreta que, en total, Justicia recibirá para transformación digital 410 millones euros, en los ejercicios del 2021 al 2023, procedentes de los fondos europeos del MRR, para abordar un programa conjunto de reformas estructurales del servicio público de Justicia.

Los criterios de distribución de los fondos, así como el reparto resultante para las Comunidades Autónomas del crédito asignado en el año 2021 por el mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia fueron acordados la semana pasada en la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia a la que asistieron la viceconsejera de Justicia y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet, respectivamente, en las que delegó el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, al encontrarse en La Palma debido a la emergencia volcánica en la Isla.

Dichas partidas deberán utilizarse en proyectos de innovación tecnológica. En concreto, y de acuerdo con el programa aprobado entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de justicia, se tendrán que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas; a Servicios Homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada Comunidad Autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de Ciberseguridad. Cada proyecto tiene una ficha de financiación determinada y su cumplimiento se determina en base a hitos y objetivos, tal y como exigen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Así, para el proyecto 0, adquisición de infraestructuras tecnológicas, Canarias recibirá 316.997 euros, mientras que para el proyecto Ciberseguridad, la Comunidad Autónoma obtendrá 2.000.000 de euros. El resto se destinará a los servicios homogéneos, con los que se financiarán las necesidades de los sistemas de gestión procesal para alcanzar un nivel de prestación de servicios homogéneos en todo el territorio estatal.

Los fondos para Servicios Homogéneos se distribuyen en distintos proyectos, y para los mismos Canarias recibirá las siguientes cantidades:

Proyecto 1A. Interoperatividad: 3.900.000 euros

Proyecto 2.Justicia orientada y basada en datos: 1.200.000 euros.

Proyecto 5. Carpeta Justicia: 150.000 euros.

Proyecto 6: Inmediación digital: 300.000 euros.

Poryecto 7. Textualización: 300.000 euros.

Proyecto 8A. MASC ( Expediente y Registro de terceros neutrales):450.000 euros.

Su plazo de ejecución exige tener comprometido el gasto a 31 de diciembre de 2022 y su completa ejecución en noviembre y diciembre de 2023, y los fondos se harán efectivos principalmente a través de licitaciones públicas para mejoras tecnológicas y de programas.

La Consejería de Justicia rinde tributo a 14 mujeres por su contribución para lograr un sistema jurídico más justo

La Consejería de Justicia rinde tributo a 14 mujeres por su contribución para lograr un sistema jurídico más justo

Referentes de la justicia, estas mujeres lucharon por sus derechos de ciudadanía y accedieron a espacios hasta entonces reservados para hombres

Julio Pérez resalta el importante papel de la Justicia en los avances hacia la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha ejecutado el proyecto ‘Mujeres de Justicia’, una publicación con la que se rinde homenaje y reconoce el trabajo incansable de mujeres que, dentro del ámbito de la Justicia, han contribuido a configurar una sociedad y un sistema jurídico más justos para las mujeres. El proyecto, financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recoge la figura de 14 mujeres referentes de la Justicia que lucharon por sus derechos de ciudadanía y que accedieron a espacios hasta entonces reservados para hombres.

Pérez destaca que ‘Mujeres de Justicia’ persigue visibilizar, reconocer y divulgar el trabajo de mujeres con cuyo esfuerzo se lograron derechos tan básicos para las mujeres como el poder decidir por ellas mismas sin ser tuteladas por un hombre, el derecho al voto o las leyes como la que eliminaba la obediencia al marido. El papel de estas mujeres permitió, entre otros avances, abrir las puertas de la abogacía a las mujeres, romper el techo de cristal que discrimina a las mujeres respecto a los hombres o reforzar la protección de las trabajadoras embarazadas, resalta.

El consejero señala el importante papel de la Justicia en los avances hacia la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y remarca que este es el común denominador de las 14 mujeres que integran la publicación: su ejemplo e infatigable lucha por la igualdad.

En la publicación se reconoce la contribución de estas mujeres, ponerles nombre y apellidos, caras y contexto para no dar por supuesto que fueron hombres los que hicieron posible importantes avances en favor de la igualdad, según afirman la viceconsejera de Justicia y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet, respectivamente, quienes señalan que, sin ellas, leyes como las que conocemos hoy serían una utopía.

Realizada con la colaboración del Instituto Canario de Igualad, la publicación rinde tributo a Concepción Arenal, Clara Campoamor, Victoria Kent, Ascensión Chirivella, Mercedes Machado, Eulalia Ruiz de Clavijo, María Telo, Gloria Begué, Josefina Triguero, María Milagros Calvo, María Teresa Fernández de la Vega, María Emilia Casas, Victoria Ortega y Ana María Ferrer.

Una sociedad más justa

Promovida por Asunción Bosh Gutiérrez, Myriam Z. Albéniz y Natalia de la Cruz González, la edición recoge una breve semblanza de estas 14 mujeres que apostaron sus vidas, sus carreras y su posición social para construir otra sociedad más justa para las mujeres y para el conjunto de la ciudadanía.

Por orden cronológico de nacimiento, se plasma la contribución de dichas mujeres comenzando por Concepción Arenal (Ferrol, 1820-Vigo, 1893) considerada como una de las pioneras del feminismo en España. Experta en Derecho, pensadora, periodista, poeta y autora encuadrada en el realismo, Arenal denunció durante toda su vida la injusta condición de ser mujer en el siglo XIX.

Clara Campoamor (Madrid, 1888-Lausana, 1972), símbolo de la igualdad, es una de las figuras más relevantes de la historia de España. Jurista, política y pionera de la militancia feminista, contribuyó a lograr una democracia plena al conseguir el logro del derecho de la mujer al voto.

Una de las primeras mujeres en colegiarse como abogadas y en ocupar un cargo político como directora general de prisiones, Victoria Kent (Málaga, 1898- Nueva York 1987) tuvo como objetivo principal dignificar y humanizar las prisiones, así como priorizar la inserción por encima del castigo.

“No traigo a esta tribuna más mérito que el de haber abierto las puertas de la Abogacía a la mujer española”. Se refería así, en un discurso de 1935 titulado ‘La Mujer y la Abogacía’, Ascensión Chirivella (Valencia, 1894- Ciudad de México, 1980) primera licenciada en Derecho colegiada para ejercer como abogada. Su especialidad fue el Derecho Civil y participó activamente en las reivindicaciones de los derechos de las mujeres.

Mujer de amplia formación con dos licenciaturas y el dominio de varios idiomas, la carrera por la que más ha trascendido la figura de la canaria Mercedes Machado (Santa Cruz de Tenerife, 1896-1970) es la de Derecho, al convertirse en la primera graduada de la Universidad de La Laguna.

‘Mujeres de justicia’ también reconoce a Eulalia Ruiz de Clavijo (Huelva, 1904- Madrid, 2000), quien fue doblemente pionera al ser la primera mujer Procuradora de España y también la primera en registrase en el Colegio de Procuradores de Madrid.

Discriminaciones por razón de sexo

La semblanza de María Telo (Cáceres, 1915-Madrid 2014) recoge que fue una gran defensora de los derechos de las mujeres, y su trabajo culminó con las leyes que eliminaban la obediencia al marido, la licencia marital y todas las discriminaciones por razón de sexo.

Gloria Begué (La Bañeza, 1931- Madrid, 2016), catedrática, jurista, economista, senadora y magistrada del Tribunal Constitucional, fue una de las mujeres que rompió el techo de cristal que, en casi todas las disciplinas, también en la Justicia, discrimina a las mujeres respecto a los hombres.

La figura de Josefina Triguero (Madrid, 1946) destaca, entre otros aspectos, por ser la primera mujer en la historia de España en incorporarse a la carrera judicial como jueza, aunque en aquel momento se la denominara ‘Juez’ ya que el término jueza tenía un significado diferente y se refería a la mujer del juez.

María Milagros Calvo (Valladolid, 1947) ha sido la primera mujer en la Magistratura de Trabajo, formando parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid. En el año 2002 y a sus 54 años se convirtió en la primera mujer en España en ocupar plaza en el Tribunal Supremo, desde la existencia de dicho tribunal con 190 años de antigüedad.

“La paridad, cuestión de justicia”

“La paridad no es solo cuestión de calidad democrática, también lo es de justicia”. Estas palabras las pronunció María Teresa Fernández de la Vega (Valencia, 1949) en su toma de posesión como presidenta del Consejo de Estado, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a dicho puesto. Licenciada en Derecho y jurista especializada en Derecho Comunitario, De la Vega ha ejercido el servicio público en los tres estamentos del Estado: jurídico, legislativo y ejecutivo.

María Emilia Casas (León, 1950) fue nombrada en 1998 magistrada del Tribunal Constitucional, siendo la más joven en acceder al mismo. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, durante su presidencia el Tribunal Constitucional consolidó la tutela antidiscriminatoria por razón de género en sus múltiples vertientes y reforzó la protección de las trabajadoras embarazadas.

En el año 2000, Victoria Ortega (Palencia, 1958) se convirtió en la primera mujer decana del Colegio de Abogados de Cantabria, una institución que llevaba en marcha 164 años. 16 años después fue elegida presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Por su labor y dedicación, en 2009 recibió la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, máximo galardón que otorga el Ministerio de Justicia.

La publicación se cierra con la semblanza de Ana María Ferrer (Madrid, 1959), la primera jueza nombrada por el Consejo General del Poder Judicial como magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en sus 200 años de existencia. Su nombramiento, en 2014, fue muy importante porque ninguna mujer había podido llegar a ese puesto hasta entonces, y, en sus propias palabras, “el paso atrás siempre se puede dar”.

Pérez destaca la transformación digital de la justicia en Canarias para atender las necesidades de las personas

Pérez destaca la transformación digital de la justicia en Canarias para atender las necesidades de las personas

Las actuaciones del Gobierno de Canarias están alineadas con el Plan Justicia 2030 que presentó hoy en Tenerife la ministra de Justicia, Pilar Llop

El consejero Julio Pérez, responsable del Plan PEVOLCA, no pudo estar en la presentación al encontrarse en La Palma, isla a la que se ha desplazado de nuevo hoy el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para conocer in situ la evolución de la erupción volcánica

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias destaca la Estrategia para la Transformación Digital del Servicio Público de la Administración de Justicia en Canarias para el período 2021-2023 desarrollada por el departamento que dirige Julio Pérez, quien afirma que se está trabajando por una justicia que responda a las necesidades de las personas, con la meta de que la tecnología sea una de las principales herramientas para mejorar la vida de las personas y hacer más eficiente el funcionamiento de los servicios públicos de justicia.

La Consejería remarca que dicha Estrategia, aprobada en marzo de 2021, es pionera en el territorio nacional al alinearse con el Plan Justicia 2030 que presentó hoy en Tenerife la ministra del área Pilar Llop. Dicho Plan tiene como objetivos esenciales consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, garantizando su accesibilidad al servicio público de justicia; promover una mayor eficiencia del servicio público; garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio e incidir en una mayor eficiencia, articulando instrumentos de cooperación y coordinación entre instituciones y eliminando solapamientos.

En la presentación del Plan estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, ante la ausencia del consejero Julio Pérez, al encontrase en La Palma como responsable del Plan del Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA) del Gobierno de Canarias. Pérez informó sobre la evolución de la erupción volcánica al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se desplazó hoy a la Isla, en lo que representa su sexta visita a La Palma.

Ante la referida ausencia del consejero, Vallejo y Bonnet celebraron una reunión técnica con miembros del Ministerio de Justicia para abordar los retos de la transformación digital de la Justicia y la alineación con el Plan Justicia 2030. Posteriormente, Vallejo, en sustitución del consejero, mantuvo un encuentro con la ministra en el que también participaron el Fiscal Superior de Canarias, Luis del Río, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad califica la Estrategia canaria como un proyecto ambicioso, enmarcado en el esquema de cogobernanza y destinado a garantizar que Canarias ofrezca un servicio público de justicia moderno, de calidad, ágil, accesible y transparente. Un servicio público, agregó, con una gestión eficaz y eficiente y que contribuya a la mejora del Estado de Derecho, garantizando la seguridad jurídica, el respeto de los derechos y libertades, el cumplimiento de las obligaciones y el desarrollo económico sostenible.

Respuesta a las personas

El departamento que dirige Julio Pérez destaca el trabajo realizado en Canarias para dar una respuesta a las demandas de las personas se desarrolla por medio de una mayor accesibilidad de la justicia, a través de una mayor claridad en el lenguaje jurídico, en la sede judicial electrónica; de un nuevo plan de adopción digital de la justicia tutorizado para cada uno de los empleados y traccionando una red de cambio dónde están todos los actores clave; así como de un programa de Oficinas de Atención a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer y un programa de bienvenida a las y los nuevos empleados públicos.

También se incide sobre la eficiencia del servicio público de Justicia por medio de la plataforma única de gestión para tribunales, juzgados y fiscalía Atlante Web, con el reto de llegar al cero papel durante 2022, fortaleciendo la interoperabilidad entre las oficinas de mediación y arbitraje con los Juzgados y Tribunales.

Asimismo, se están incorporando tecnologías e inteligencia artificial con el objetivo de hacer más eficiente el trabajo, implantando un sistema de comparecencias judiciales a distancia con identificación biométrica, e implementando tecnologías que han permitido el que trabajo con todas las garantías jurídicas y de seguridad, con nuevas alternativas de firma a través de biometría en las actuaciones judiciales.

Para dar una mayor sostenibilidad y cohesión social en Canarias, se ha implementado un sistema de cita previa, que evita la conglomeración de ciudadanos y profesionales. Además, se han nuevos modelos de medición de calidad en la satisfacción de los usuarios, con sedes judiciales autosostenibles energéticamente que controlan la emisión de CO2 y el confort del personal público; y se ha automatizado los procesos judiciales masivos que impulsan la eficiencia digital para la actividad empresarial, logrando una tramitación soportada por los datos.

Con la meta de que la tecnología sea una de las principales herramientas para mejorar la vida de las personas y hacer más eficiente el funcionamiento de los servicios públicos de justicia, se han incorporado nuevas funcionalidades y tecnologías en la plataforma Atlante Web, como una navegación atractiva funcional y que mejora la experiencia de los usuarios; la textualización de las vistas comparecencias y otras actuaciones orales, o la tramitación inteligente en procesos masivos como los monitorios por demandas de compañías aéreas.

Otras de las actuaciones son el Apud Acta Telemático del sistema de comparecencias judiciales a distancia y con identificación biométrica; la accesibilidad al expediente judicial electrónico completo, a través de la sede; la firma biométrica en las actuaciones judiciales; la digitalización del puesto de trabajo con la implantación del armario digital; y la gestión del dato 360 en los procesos judiciales.

 

El Gobierno pone en marcha en los juzgados canarios la textualización de las grabaciones de vistas judiciales

Gobierno pone en marcha en los juzgados canarios la textualización de las grabaciones de vistas judiciales

Marta Bonnet destaca que esta actuación supone un paso importante en la innovación y en la transformación digital de la Administración de Justicia en las Islas

La Dirección General de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, pondrá en funcionamiento la próxima semana la primera fase de implantación en los juzgados del Archipiélago del sistema que permitirá la textualización de grabaciones de las vistas judiciales, lo que supone un paso importante en la innovación y en la transformación digital de la Administración de Justicia en Canarias.

Así lo explica la directora general del área, Marta Bonnet, quien detalla que el proyecto de textualización de grabaciones de vistas genera de manera automática el texto de los vídeos grabados en las salas de vistas durante las actuaciones orales de los procedimientos judiciales, lo que permite una justicia más eficiente y facilita el trabajo de magistrados, letrados, jueces y demás empleadas y empleados públicos.

En esta primera fase de implantación, precisa Bonnet, la textualización se pondrá en marcha el próximo 10 de noviembre en todos los juzgados de Instrucción y en la parte penal de los de Violencia contra la Mujer y Mixtos, salvo en la Ciudad de la Justicia de las Palmas de Gran Canaria, que no podrá usarse hasta el despliegue del sistema de grabación Arconte Aurea, que está integrado en Atlante Web.

Bonnet informa de que también se está integrando en Atlante Web el sistema de textualización que ofrece el Ministerio de Justicia. La nueva herramienta permite acceder a los vídeos de las vistas desde la pestaña de ‘Visor del Expediente de Atlante Web’ y, una vez la persona interesada acceda a cada grabación, en paralelo a la reproducción del vídeo, se puede seleccionar la textualización de la grabación.