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La Comisión de Memoria Histórica inicia la declaración del salón de plenos del Parlamento como monumento de memoria

En la reunión, presidida por la consejera de Presidencia, se dio trámite a la solicitud realizada por la Mesa del Parlamento de Canarias

Nieves Lady Barreto anunció la celebración este sábado 30 de agosto de un acto conmemorativo en Memoria de los Menores Robados

La Comisión Técnica de Memoria Histórica, presidida por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha acordado hoy iniciar la tramitación para la declaración del salón de plenos del Parlamento de Canarias como monumento a la memoria histórica y como lugar de memoria democrática, en respuesta a la solicitud trasladada por la Mesa de la Cámara.

En la reunión se acordó designar en calidad de ponentes a las dos representantes de las dos universidades canarias que conforman la Comisión para que emitan el informe que, posteriormente, será aprobado por la Comisión Técnica de Memoria Histórica.

Una vez se cuente con el informe favorable de la Comisión, la tramitación seguirá su curso a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación para su declaración y comunicación al Parlamento y al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la incorporación del salón de plenos al Inventario Estatal de Lugares de Memoria Histórica.

En la Comisión también se han visto nuevos proyectos de exhumación en las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria que contemplan sondeos y localización de parcelas donde han podido ser enterradas personas asesinadas durante la dictadura franquista y que se definirán próximamente.

La consejera aprovechó esta reunión para invitar a los miembros de la Comisión a la apertura este jueves de la obra realizada en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente, como lugar de memoria democrática. Además, anunció que este sábado 30 de agosto, a las 11:30 horas, se conmemorará en Usos Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, el Día en Memoria de los Menores Robados.

A la reunión asistieron el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez Santos; el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpierrez Sánchez; la presidenta de la asociación por la Memoria Histórica de Arucas, Doña María del Pino Sosa y Manuel Ortega; la presidenta Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife  Mercedes Pérez Schwartz; el presidente Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma Félix Andrés González Lorenzo; el presidente de la Asociación Colectivo sin Identidad, Jorge Raúl Rodríguez Carrillo; la profesora Candelaria González Rodríguez por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el director del Archivo Histórico Provincial de Tenerife, Francisco Javier Macías.

 

 

 

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La Consejería de Presidencia saca a información pública el proyecto de decreto que regula el facilitador judicial

La iniciativa legislativa establece los requisitos de la figura que prestará apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a las personas mayores de 75 años en las actuaciones procesales

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha sacado hoy a información pública el proyecto de decreto por el que se regula la figura del personal experto facilitador que presta apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a las personas mayores de 75 años, en las sedes judiciales y fiscales. Se abre ahora un periodo de consulta que finaliza el 2 de septiembre y que permitirá presentar alegaciones a dicha iniciativa.

Nieves Lady Barreto manifestó que su departamento apuesta por la “humanización de la Justicia” y que la puesta en marcha del facilitador judicial en Canarias, “garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva para que estas personas puedan entender y hacerse entender en un juzgado”.

Iniciada la tramitación del proyecto de decreto por la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, la iniciativa fue sometida a consulta pública previa y durante meses se completó con reuniones en varias islas con los colectivos afectados, organizaciones y asociaciones del tercer sector, a las que acudió la consejera, con el objetivo de recabar propuestas sobre el perfil profesional y enriquecer el proyecto de decreto que ahora se somete a información pública, a través del portal de Transparencia.

El reglamento propuesto regula los requisitos, principios de actuación y procedimientos para la designación de facilitadores expertos, así como la creación de un registro administrativo que garantice su disponibilidad y capacitación. Este proyecto tiene como objetivo principal establecer un sistema estructura de apoyos y ajustes procesales que asegure la tutela judicial efectiva promoviendo la igualdad y humanizando la justicia en las sedes judiciales de las islas.

Para poder ser designados como personas facilitadoras judiciales, los profesionales deben ser licenciados/as, graduados/as en educación social, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, psicopedagogía, licenciado en derecho no ejerciente como abogado y contar con la cualificación profesional específica necesaria, obtenida por alguna de las siguientes vías: estar en posesión de alguna acreditación o de un certificado de haber cursado una formación específica en donde se acredite un mínimo de 200 horas específicas en atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Además, deben de estar en posesión de un título acreditativo de personal facilitador para apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en procesos judiciales;  acreditar una experiencia laboral mínima de un año en centros o entidades dedicadas a la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o de y las personas mayores y, por último, carecer de antecedentes penales, aportando certificado de Delitos de Naturaleza Sexual o bien permitiendo a la administración pública a comprobar el contenido del registro de Delitos de Naturaleza Sexual.

Otro de los requisitos que recoge el proyecto de decreto es estar inscritos en el Registro administrativo canario de personal experto facilitador.

Se trata de ofrecer a estos colectivos un nuevo servicio que dé respuesta a una mayor humanización de la justicia apostando por la accesibilidad del sistema judicial, avanzando en la eliminación de todo tipo de barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión. En esta línea de actuaciones la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad puso en marcha un proyecto piloto en el partido judicial de Arrecife que permite solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderlo.

En la idea de humanizar la justicia también se ha implantado un proyecto de acompañamiento de animales de compañía a las menores víctimas que acuden al denominado juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.

Este decreto se aplicará en todas las actuaciones procesales en las que la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y la persona mayor con una edad de setenta y cinco años o más, participe en las dependencias de los juzgados, Tribunales de Instancia adscritos a alguno de los partidos judiciales de la Comunidad de Autónoma de Canarias, Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia de Canarias todos los órdenes jurisdiccionales, así como las fiscalías de Canarias.

El documento completo puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/IP-Proyecto-de-decreto-por-el-que-se-regula-la-figura-del-personal-experto-facilitador-para-prestar-apoyo-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo-y-a-las-personas-mayores-en-las-sedes-judiciales-y-fiscales/

 

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Nieves Lady Barreto pide la creación de la Comisión autonómica para la Calidad del servicio público de Justicia

El Ministerio y el Gobierno de Canarias firman un convenio para reforzar la digitalización de la Justicia en las islas que regula la cesión de soluciones tecnológicas ya desarrollada por el Ministerio

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha solicitado hoy al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, la creación de la Comisión autonómica para la Calidad del servicio público de Justicia, recogida en la Ley estatal de Eficiencia, “con el fin de contar lo antes posible con un órgano en Canarias donde analizar conjuntamente el funcionamiento de los órganos judiciales y resolver los problemas, tanto los que competen al Gobierno de Canarias, como los que competen a los operadores judiciales, para dar una respuesta más ágil”. En este sentido, Olmedo se comprometió a estudiar la puesta en marcha de esta Comisión, una de las herramientas que contempla la Ley Orgánica 1/2025, tanto a nivel estatal como autonómico.

Nieves Lady Barreto hizo estas declaraciones durante la firma de un convenio, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Gobierno de Canarias para reforzar la colaboración tecnológica.

Este convenio permite actualizar los servicios que el Ministerio presta a la comunidad autónoma, al tiempo que facilita la adopción de nuevas herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado en el marco del proyecto de transformación digital del servicio público de Justicia.

El acto contó con la asistencia del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana y la directora del Gabinete del secretario de Estado, Ainhoa Alday.

Con esta firma, Canarias se suma al modelo de utilización tecnológica que impulsa el Ministerio con las comunidades autónomas con competencias transferidas, como ya se hizo en febrero con el Principado de Asturias. Está previsto que próximamente se incorporen otros gobiernos regionales.

Durante el acto, el secretario de Estado de Justicia ha subrayado que estos acuerdos son esenciales para garantizar que el proceso de modernización de la Justicia llegue de forma efectiva y equilibrada a todos los territorios. Asimismo, ha reiterado la voluntad del Ministerio de seguir colaborando con todas las comunidades autónomas con competencias transferidas, no solo ofreciendo soluciones tecnológicas, sino también fortaleciendo los mecanismos de coordinación institucional necesarios para consolidar un modelo de Justicia conectado, eficiente y orientado a la ciudadanía.

Una arquitectura común para una Justicia más ágil y digital

La iniciativa se enmarca en la implantación progresiva del Nuevo Modelo de Oficina Judicial y Tribunal de Instancia recogido en la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y en la nueva gobernanza digital del sistema judicial. El objetivo es garantizar una justicia más ágil, interoperable y centrada en el dato, a través de una arquitectura tecnológica común que permita aprovechar recursos públicos ya existentes.

Entre los servicios y desarrollos que podrán utilizarse en Canarias se encuentran la Carpeta Justicia como canal único de relación digital con la ciudadanía, el Sistema de Información del Registro Civil (DICIREG), el Escritorio Virtual de Interacción Digital (EVID), el servicio de Cita Previa, LexNet (herramienta de comunicación entre órganos judiciales y operadores jurídicos), o el Hub de Interoperabilidad de Justicia.

También se incluirán soluciones avanzadas de tramitación automatizada integradas con otras administraciones públicas y otras aplicaciones novedosas relacionadas con la robotización de procesos, la textualización o la IA. Todas estas herramientas se transferirán con soporte técnico, garantías de seguridad y documentación funcional completa.

Este modelo de cooperación permite también que la comunidad autónoma pueda adaptar y enriquecer estos servicios con sus propias aportaciones, fomentando así un ecosistema compartido de innovación pública en el ámbito judicial.

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El Gobierno de Canarias entrega la Medalla al Mérito de la Justicia al Colegio de Abogados de S/C de La Palma

El acto tuvo lugar en el Palacio de Salazar, en la capital de la isla

El Gobierno de Canarias ha hecho entrega de la Medalla al Mérito de la Justicia con distintivo de oro al Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma por la creación de un servicio de orientación jurídica durante la erupción volcánica, en un acto celebrado en el Palacio de Salazar en la capital de la isla.

La propuesta de Medalla fue elevada a la Presidencia del Gobierno de Canarias por la Comisión de Valoración en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2023, recogida por Decreto 180/2023 de 18 de diciembre, del Presidente, por el que se otorgan las condecoraciones de Justicia en Canarias en el año 2023, conforme al Decreto 55/2002, de 6 de mayo, por el que se crean las Condecoraciones de Justicia en Canarias.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, entregó la Medalla al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, que recogió su decano, Juan Antonio Rodríguez Rodríguez.

En la entrega de este reconocimiento a los profesionales de la abogacía colegiadas participaron el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragados; la fiscal Superior de Canarias, María Farnés, el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León.

En el acto tomaron la palabra Dulce María García Cabeza, como represente de los premiados, y el decano Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, agradeciendo tal distinción.

La Comisión de Valoración cuenta con representantes del Consejo General del Poder Judicial; el Tribunal Superior de Justicia de Canarias; la Fiscalía Superior de Canarias; el Consejo  Canario de Colegios de Abogados; el Consejo de Colegios de Procuradores de Canarias; el Consejo Canario de Graduados Sociales y Diplomados en Relaciones Laborales, y las Universidades canarias.

 

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La Consejería de Presidencia hace seguimiento de la transformación de los juzgados en tribunales de instancia

El encuentro con el TSJC permitió analizar las incidencias detectadas por la emergencia digital que afectan al gestor procesal Atlante

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha celebrado una reunión de seguimiento para analizar la implantación en Canarias de la primera fase de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia judicial, que se ha puesto en marcha el 1 de julio y que transforma los juzgados en tribunales de instancia.

En el encuentro de trabajo participaron el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado; además de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León; el secretario de Gobierno del TSJC, Carlos Rubio; el secretario coordinador provincial de Santa Cruz de Tenerife y las secretarias coordinadoras provinciales de Las Palmas, Lanzarote y La Palma.

La reunión permitió hacer una valoración de las incidencias detectadas en el sistema de gestión procesal Atlante en los partidos judiciales de los nueve tribunales de instancia que forman parte de esta fase: San Sebastián de La Gomera, Valverde de El Hierro, Los Llanos de Aridane, Icod de los Vinos, Arucas, Güímar, Puerto de la Cruz, La Orotava y Granadilla de Abona.

En este sentido, se abordó la situación generada por la emergencia digital que afecta a servidores de toda la comunidad autónoma y también a los módulos de los tribunales de instancia del programa Atlante que, como consecuencia de esta situación informática, no han podido entrar en producción. Con el fin de minimizar la incidencia en estos partidos judiciales, se acordó establecer las medidas necesarias para que puedan sigan operando con el gestor existente.

En la reunión también se trataron otras cuestiones relativas a medios materiales, edificios y personal, con el objetivo de ir solventando los problemas detectados y planteados por los asistentes.

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Nieves Lady Barreto informa al CGPJ de la situación de la Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife

La consejera de Presidencia se reunió con los vocales delegados para Canarias

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha informado hoy a los vocales del Consejo General del Poder Judicial delegados para Canarias, Inés Herreros y José Antonio Montero, de la situación urbanística de Cabo Llanos y la suspensión del planeamiento, en lo que afecta a la construcción de la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

A la reunión asistieron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado; el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de Léon.

El encuentro también permitió que la Consejería comunicara los plazos de adecuación del edificio Auditorio, que se compró en diciembre de 2023 y cuyo proyecto se encuentra en licitación, y que permitirá ubicar diversos juzgados de la capital tinerfeña.

Además, la consejera trasladó a los vocales del CGPJ las posibles soluciones en las que se está trabajando ante el problema de falta de espacio en el juzgado de Violencia en la Ciudad de la Justicia, generado por la ausencia de planificación en la anterior legislatura a la hora de llevar a cabo la comarcalización de los juzgados de Güímar y La Laguna en Santa Cruz de Tenerife, sin contar previamente con un lugar adecuado.

Otro de los asuntos tratados fue la implantación en Canarias de la Ley orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuya primera fase se pone en marcha el 1 de julio.

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Justicia organiza una jornada formativa sobre autocuidado y atención a una sociedad diversa

El encuentro se celebra en Lanzarote y forma parte del convenio firmado con el Consejo General de Poder Judicial para los miembros de la Carrera Judicial

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha puesto en marcha hoy en Lanzarote las jornadas formativas ‘Justicia bajo otras miradas. Autocuidado y atención a una sociedad diversa’, que fueron inauguradas por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez.

Rodríguez valoró la oportunidad de abrir un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro de la Administración de Justicia y manifestó que la Consejería “está plenamente implicada con la asistencia a las personas más vulnerables”. Además, consideró muy acertado que se traten estas materias transversales en jornadas como esta, porque dan respuestas a las necesidades de la sociedad a través de acciones como la creación de la figura del facilitador que acompañe a las personas con discapacidad o mayores, así como el trato especializado en la asistencia a los menores víctimas de violencia”.

Este encuentro forma parte del programa de formación continuada previsto para este año 2025, en el marco del convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Presidencia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y refleja el compromiso de ambas instituciones por fortalecer la formación de la Carrera Judicial, con especial atención a los desafíos y realidades del entorno canario.

En estas jornadas se debaten cuestiones tan relevantes como la atención a las personas con discapacidad en el ámbito judicial, la aplicación real y efectiva de la justicia restaurativa en la jurisdicción de menores o la incorporación de la perspectiva de derechos humanos y de género en las resoluciones judiciales.

El Gobierno de Canarias ha impulsado, en este sentido, el proyecto piloto impulsado por el Juzgado de Primera Instancia no 2 de Arrecife en colaboración con Plena Inclusión y ADEPSI, centrado en la atención accesible y adaptada a personas con discapacidad intelectual. Un programa pionero que promueve ajustes razonables en el procedimiento y refuerza la función social de la Justicia.

También destacan las iniciativas de intervención con menores, como el uso de terapias asistidas con animales, especialmente perros, para facilitar la comunicación y reducir el trauma en situaciones de especial vulnerabilidad impulsado por el Juzgado especializado de violencia contra la infancia y la adolescencia de Las Palmas. Una línea de trabajo innovadora que demuestra cómo el respeto a los derechos de la infancia se traduce también en medidas concretas y eficaces.

Asimismo, se ha dado un paso firme en el desarrollo de la Justicia Restaurativa, con la firma, junto con la comunidad foral de Navarra, de una declaración institucional para impulsar este modelo dentro del sistema judicial, especialmente en el ámbito de la justicia juvenil. Una apuesta decidida por la reparación, la mediación y la reintegración, en lugar del castigo meramente retributivo.

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La Viceconsejería de Justicia traslada a las Asociaciones Memorialistas los acuerdos del Consejo Territorial

Cesáreo Rodríguez informó de los criterios para el reparto de fondos del Ministerio y las peticiones realizadas por la consejera Nieves Lady Barreto en el Pleno celebrado esta semana en Zaragoza

El viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez Santos, ha trasladado hoy a los representantes de las Asociaciones de Memoria Histórica de Arucas, La Palma y Tenerife, los acuerdos adoptados en el marco del Pleno del Consejo Territorial de Memoria Democrática celebrado esta semana en Zaragoza, al que asistió la consejera Nieves Lady Barreto.

Cesáreo Rodríguez informo de los criterios de reparto de los fondos destinados a las Comunidades Autónomas en 2025 para la ejecución de proyectos de localización, exhumaciones e identificación de víctimas, así como de los trabajos de divulgación y actividades de dignificación de lugares de enterramiento y promoción de lugares de memoria.

Los representantes de las Asociaciones Memorialistas valoraron la reunión, que servirá como hoja de ruta para la presentación de proyectos. En este sentido, insistieron en la importancia de que la Consejería siga contando con sus aportaciones y pidieron que se mantenga este nivel de comunicación y de colaboración existentes entre ambas partes.

La reunión contó con la participación de la presidenta de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz; el presidente de la Asociación de Memoria Histórica de La Palma, Félix González Lorenzo, y el secretario de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego Sánchez.

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La Consejería de Presidencia acuerda los modelos judiciales de la fase 2 de la Ley de eficiencia

El 1 de octubre se convierten los partidos judiciales de Telde, San Bartolomé de Tirajana, La Laguna y Arona en tribunales de instancia

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha reunido hoy en Santa Cruz de Tenerife a los miembros de la Comisión de Participación y Asesoramiento de Justicia para presentar y debatir los modelos de oficina judicial correspondientes a la fase 2 de implantación de los tribunales de instancia, según lo establecido en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Con fecha de inicio 1 de octubre, los partidos judiciales de Telde, San Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de La Laguna y Arona se convierten en tribunales de instancia. Además, once juzgados de paz pasan a convertirse en oficinas de justicia municipal.

La reunión, dirigida por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, contó con la participación de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari del Carmen de León; la fiscal superior de Canarias, María Farnés; el secretario de Gobierno del TSJC, Carlos Rubio; el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez; la decana del Consejo Canario de Graduados Sociales, Mercedes Leonor Morales y el vocal del Colegio de procuradores de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Salazar de Frías. En representación de las juntas de personal provinciales, intervinieron Luis Suárez y Desirée Guevara.

El orden del día se centró en facilitar la información disponible para consensuar los modelos de oficina judicial de los cuatro partidos judiciales. En base a los datos de población y el número de asuntos y ejecuciones, obtenidos del sistema de gestión procesal Atlante y la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se propone el modelo C1, que dispone del servicio común de tramitación (SCT), el servicio común general (SCG) y el servicio común de ejecución (SCEJ). Dado su especialización y diversificación de servicios para atender la complejidad y volumen de trabajo, este modelo cuenta con un equipo integrado por un número determinado de letrados de la Administración de Justicia (LAJ); gestores, tramitadores y auxilios judicial.

Por otra parte, se contemplan servicios transversales a las diferentes unidades de la oficina judicial, tales como servicio de guardia; coordinación con la oficina fiscal; coordinación con las oficinas de justicia en los municipios; coordinación con equipos de medios adecuados de solución de controversias provinciales; centros penitenciarios y Registro Civil.

En cuanto a los juzgados de paz que pasan a ser Oficinas de Justicia Municipal, las 11 se plantea que sean modelo A. Todos ellos tienen asignado gestor/es procesal/es y auxilio/s judicial/es y, en función de la población, disponen también de tramitador/es.

 

 

 

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La Consejería de Presidencia y el CGPJ firman un convenio de formación continuada para la carrera judicial

Este acuerdo permitirá el desarrollo de actividades formativas de perfeccionamiento para el personal judicial destinado en Canarias

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, han firmado un convenio de cooperación en materia de formación continuada de la Carrera Judicial para el año 2025. Este acuerdo tiene por objeto articular las diferentes actividades de formación y perfeccionamiento para jueces y magistrados con destino en Canarias, tanto aquellas que consistan en organización de congresos, seminarios, coloquios, jornadas y cursos, como las que impliquen la realización de investigaciones, publicaciones y estudios que puedan contribuir a su mejora.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en la financiación, organización y gestión de los programas dirigidos al conjunto de los jueces y magistrados que prestan sus servicios en Canarias.

El Consejo General del Poder Judicial aportará hasta un máximo de 19.000 euros y el Gobierno de Canarias 10.000 euros para la realización de las actividades que se desarrollen durante este año.

La Consejería de Presidencia, a través de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial asumirán conjuntamente la organización y gestión material de todas las actividades de formación y perfeccionamiento que se desarrollen en el ámbito de la comunidad. Además, la asistencia y participación en actividades de formación y perfeccionamiento se acreditará por medio de diplomas o certificaciones, tanto de asistencia como de aprovechamiento, que expedirán conjuntamente ambas instituciones organizadoras.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales. Su presidencia corresponderá alternativamente, por períodos semestrales, a cada una de las dos partes intervinientes.

Entre las actividades, se proponen diferentes encuentros de jueces y juezas canarios o una jornada sobre la atención a las personas con discapacidad en la administración de justicia: Incidencias y posibles soluciones, entre otras temáticas.

El primer encuentro de jueces y juezas canarios del orden social tuvo lugar a final de mayo en La Gomera. El próximo, que se celebrará los días 19 y 20 de junio en Lanzarote, analizará la Justicia bajo otras miradas: Autocuidados y atención a una sociedad diversa. En este sentido se tratará la atención a las personas con discapacidad en la administración de justicia y la Justicia Restaurativa.

La formación continuará en el mes de octubre con encuentros de jueces y juezas canario de los órdenes civil y penal en Gran Canaria y del orden contencioso administrativo, en El Hierro.

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