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Atención Primaria de Gran Canaria celebra una jornada sobre discapacidad e incapacidad

Un momento del encuentro

El objetivo de esta sesión dirigida a trabajadoras y trabajdores sociales es mejorar la coordinación entre los sistemas de valoración de la discapacidad y la incapacidad laboral para ofrecer una mejor atención a los pacientes

El encuentro ha abordado el funcionamiento de los centros base de valoración de la discapacidad, el papel del Trabajo Social en estos procesos y las diferencias entre ambos reconocimientos, así como sus repercusiones en el acceso a prestaciones y derechos

La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, adscrita a la Consejería de Sanidad, celebró la semana pasada una jornada formativa dirigida a trabajadoras y trabajadores sociales de los centros de salud, centrada en la discapacidad y la incapacidad, sus diferencias, los procedimientos de valoración y las prestaciones asociadas. La iniciativa tiene como objetivo favorecer la coordinación entre ambos sistemas de reconocimiento, proporcionar información adecuada a los pacientes y mejorar la atención, especialmente en los procesos más urgentes y en las situaciones de mayor vulnerabilidad.

La actividad, desarrollada en el Aula Magna de la Gerencia, permitió actualizar conocimientos sobre ambos reconocimientos, especialmente relevantes para la orientación y el acompañamiento de pacientes y familias desde Atención Primaria.

Aunque están relacionados, discapacidad e incapacidad responden a criterios y finalidades diferentes. La primera se refiere a las limitaciones en la actividad y participación social derivadas de condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y se reconoce mediante un grado de discapacidad. La incapacidad laboral, por su parte, está vinculada a las limitaciones que una enfermedad o lesión ocasiona para el desempeño de una actividad profesional y puede dar lugar al reconocimiento de una incapacidad temporal o permanente. Ambos procedimientos tienen requisitos, efectos jurídicos y prestaciones diferentes.

La jornada contó con la participación de Marina González, directora del Centro de Valoración de la Discapacidad, y María Sonia Guedes, trabajadora social de este organismo, dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Ambas abordaron las funciones, competencias, organización de los equipos profesionales y procedimientos de valoración.

Uno de los aspectos de especial interés fue la actualización del marco normativo de la discapacidad. El nuevo modelo estatal de valoración, establecido por el Real Decreto 888/2022, incorpora un enfoque biopsicosocial que tiene en cuenta no solo las condiciones de salud, sino también las limitaciones en las actividades cotidianas, la participación social y las barreras del entorno. En Canarias, este marco se ha desarrollado mediante el Decreto ley 4/2025, que adapta los procedimientos a las particularidades del archipiélago y contempla medidas para agilizar la tramitación y valoración de los expedientes.

En una segunda parte, Patricia Herrero, trabajadora social sanitaria de Atención Primaria de Gran Canaria, desarrolló una ponencia centrada en las diferencias entre discapacidad e incapacidad, haciendo especial referencia a sus características, prestaciones y marco normativo.

El encuentro incluyó también un espacio de coordinación de Trabajo Social, una rueda informativa y un turno de ruegos y preguntas, favoreciendo el intercambio de experiencias y la puesta en común de cuestiones de interés para la práctica profesional.

El Trabajo Social Sanitario, clave en la atención integral

Las y los trabajadoras/es sociales sanitarios desarrollan su labor en los distintos dispositivos de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, incluida la salud mental, así como en los ámbitos de gestión, planificación y evaluación del sistema sanitario público canario.

Su intervención incorpora los determinantes sociales a los procesos de salud y enfermedad, permite detectar situaciones de vulnerabilidad y contribuye a mejorar la continuidad asistencial, la autonomía personal y la integración social. Asimismo, desempeñan un papel fundamental en la coordinación entre el sistema sanitario, los recursos comunitarios y los servicios de protección social, especialmente en la atención a personas y familias en situaciones de especial vulnerabilidad.

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Bienestar Social aborda los derechos afectivo-sexuales y la prevención de violencias en jóvenes con discapacidad

Momento de la inauguración de las jornadas con autoridades en el escenario

Las jornadas, enmarcadas dentro de los ejes de actuación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, han sido organizadas en colaboración entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Gobierno de España y la Universidad de La Laguna ha realizado la jornada «Cuida tu sexualidad: mujeres jóvenes, discapacidades y prevención de violencias sexuales», un encuentro científico y divulgativo destinado a analizar los factores de vulnerabilidad, los derechos sexuales y las herramientas de acompañamiento para mujeres y jóvenes con discapacidad que se enmarca en el eje de actuación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La inauguración contó con la participación de la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce Gutiérrez; el director general de Juventud, Daniel Morales; la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la ULL, María Inmaculada González; y la directora académica de las jornadas, Itahisa Pérez.

Dulce Gutiérrez indicó que el abordaje de la discapacidad debe realizarse siempre desde el marco de los derechos humanos y la plena ciudadanía: «Hablar de discapacidad es hablar de dignidad y de derechos en todas las facetas de la vida. La esfera afectivo-sexual y el derecho a vivir sin miedo ni violencias han sido históricamente temas silenciados o sobreprotegidos. Las mujeres jóvenes con discapacidad sufren una doble vulnerabilidad estructural -por razón de género y de capacidad- a la que las administraciones debemos dar respuesta firme con prevención, recursos y, sobre todo, escuchando su voz en primera persona».

Por su parte, Daniel Morales, remarcó el compromiso desde la Dirección General de Juventud en la concienciación y formación afectivo-sexual entre la población joven como pilar clave contra las violencias sexuales: «La sexualidad es un derecho, no un privilegio. Y las personas jóvenes con discapacidad también tienen derecho a disfrutarla de forma libre, segura y saludable. Por eso, desde Juventud apostamos por una educación afectivo-sexual inclusiva y accesible que llegue a todas las personas jóvenes y que sea una herramienta fundamental para prevenir las violencias sexuales, sin dejar a nadie atrás. Esta jornada nos permite conocer realidades, compartir herramientas y, sobre todo, escuchar a las protagonistas para mejorar la prevención de las violencias sexuales desde la educación”.

Ponencias y mesas de debate

El programa de la jornada se desarrolló a lo largo de la mañana combinando el rigor académico y la experiencia técnica.

Vulnerabilidades estructurales y autismo. Ana Laura Suárez Sánchez (Plena Inclusión) ha impartido la ponencia sobre derechos sexuales y estrategias de prevención en mujeres con discapacidad intelectual, mientras que María del Sol Fortea Sevilla (ULPGC) abordó la «vulnerabilidad invisible» en el espectro autista.

Buenas prácticas y proyectos de intervención. Se expusieron herramientas y proyectos como el Proyecto MAPA, presentado por Yaiza Afonso Higuera, y el Proyecto Cuida tu sexualidad, presentado por Noelia Hernández González). Ambos fueron moderados por Mónica Dios Rodríguez, del Laboratorio de Innovación Social ULL.

Mesa en primera persona. El encuentro concluyó con un espacio de debate en el que representantes de entidades como la ONCE, Atelsam y la Asociación Diversidad Funcional La Gomera compartieron el impacto directo de la educación sexual en su autonomía y en la prevención de violencias.

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Canarias, única autonomía con el 100% de cobertura de la ayuda de Grado III+ frente al 49% de media nacional

parte de abajo de una silla de ruedas con una persona y pies de otra que está empujando la silla

El esfuerzo realizado por el Archipiélago para mejorar la cobertura de dependencia también se ve reflejado en la reducción de los tiempos de espera, que oficialmente se sitúan a 31 de octubre en 184 días, frente a los 782 del comienzo de la legislatura

Canarias es la única comunidad autónoma de España que alcanza el 100 % de cobertura de prestaciones de asistencia personal o prestación económica vinculada al servicio para las personas reconocidas con Grado III+, según los datos del informe correspondiente al 31 de octubre de 2026.

En concreto, las 17 personas con Grado III+ contabilizadas en Canarias disponen de una de estas prestaciones, lo que sitúa al Archipiélago a la cabeza del conjunto de comunidades autónomas en este indicador. Además, 16 de estas 17 personas perciben una prestación efectiva con una cuantía igual o superior a 3.200 euros, lo que representa el 94,12 % del total.

Los datos contrastan con los del conjunto del país, donde existen 807 personas con Grado III+. De ellas, 401 cuentan con una prestación de asistencia personal o prestación económica vinculada al servicio, lo que representa una cobertura del 49,69 %. Asimismo, 307 personas reciben una prestación efectiva de al menos 3.200 euros, un 38,04 % del total.

Canarias alcanza una cobertura del 100 % en el indicador de prestaciones de asistencia personal o vinculadas al servicio, frente a la media estatal del 49,69 %, y se convierte en la única comunidad autónoma que garantiza esta cobertura para todas las personas contabilizadas con Grado III+.

Estos resultados reflejan el esfuerzo realizado para adaptar el sistema canario de dependencia a las nuevas necesidades de atención y avanzar hacia un modelo de cuidados que garantice los apoyos intensivos que precisan las personas con situaciones de dependencia extrema. Esfuerzo que también se ve reflejado en los datos del Imserso que revelan que los tiempos de espera para la concesión de una ayuda a la dependencia se sitúan, a 31 de octubre, en los 184 días oficiales, frente a los 782 días que figuraban en las estadísticas del Imserso al inicio de la legislatura.

El Grado III+ de dependencia extrema se incorporó al sistema estatal mediante el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, en desarrollo de las obligaciones establecidas por la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

La nueva regulación establece una respuesta específica para las personas con necesidades de apoyo especialmente intensas, que requieren atención continuada y supervisión especializada durante las 24 horas. Para ello, contempla el acceso a una prestación económica de asistencia personal o a una prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, con el objetivo de garantizar los cuidados necesarios en el entorno habitual.

La implantación de este nuevo grado supuso un importante esfuerzo de adaptación para las comunidades autónomas, responsables de gestionar el sistema de dependencia. Los gobiernos autonómicos debían adecuar sus procedimientos de reconocimiento, articular los recursos asistenciales necesarios y garantizar el acceso efectivo a las nuevas prestaciones, además de asumir parte de su financiación.

El modelo de financiación establecido inicialmente fijó una cuantía máxima de 9.859 euros mensuales para estas prestaciones. De esta cantidad, la Administración General del Estado asumiría el 50 %, mediante el nivel mínimo de protección garantizado, mientras que el 50 % restante correspondería a las comunidades autónomas.

En Canarias, la adaptación normativa se materializó mediante el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, que incorporó el Grado III+ al sistema autonómico y reguló las prestaciones correspondientes. La norma fue convalidada por el Parlamento de Canarias el 24 de marzo y las solicitudes para acceder a esta nueva categoría pudieron presentarse desde el 11 de mayo de 2026.

La regulación autonómica permite optar entre la prestación económica de asistencia personal y la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, de acuerdo con las necesidades de cada persona y los requisitos establecidos en su Programa Individual de Atención.

Los resultados del informe de octubre muestran que Canarias ha conseguido garantizar la cobertura de todas las personas reconocidas con Grado III+ a través de alguna de estas dos modalidades.

 

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Bienestar Social aprueba un sistema de incentivos para agilizar la valoración de la discapacidad

Imagen de teléfono con la tarjeta identificativa de discapacidad movil

La medida busca impulsar la dedicación en la tramitación de los expedientes, lo que conllevará la reducción de tiempos de espera y reconocerá el esfuerzo adicional del personal que participa en los procedimientos

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha aprobado el Instrumento de Planificación y Gestión de la Productividad del personal de los Centros de Valoración de la Discapacidad, una herramienta destinada a mejorar la capacidad de respuesta del servicio, agilizar la resolución de expedientes y avanzar en la reducción de las listas de espera.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Discapacidad, establece un sistema de incentivos económicos vinculado al cumplimiento de objetivos de actividad, calidad técnica y eficiencia en la tramitación. Su finalidad es reconocer y compensar el esfuerzo adicional de los profesionales que intervienen en los procedimientos de reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la atención que reciben las personas usuarias.

El instrumento contempla la participación del personal médico y sanitario, psicológico y de trabajo social que realiza las valoraciones, así como del personal auxiliar y administrativo vinculado a la gestión de los expedientes.

Entre los criterios establecidos figura un estándar orientativo de ocho valoraciones diarias para el personal técnico valorador, que podrá alcanzar hasta seis valoraciones adicionales al día dentro del sistema de productividad. En los periodos de verano y Navidad, estos estándares se adaptarán a las circunstancias específicas de la jornada y la disponibilidad de personal.

En el caso del personal administrativo, la productividad se medirá mediante bloques de tareas, cuya definición y cuantificación se concretarán en el correspondiente Plan Anual de Productividad.

El sistema no se limita al volumen de actividad, sino que incorpora criterios de calidad técnica, cumplimiento de los plazos de tramitación, correcta utilización de las herramientas corporativas y adecuada atención a las personas usuarias. Así, las valoraciones deberán quedar registradas y finalizadas en las aplicaciones correspondientes, garantizando la trazabilidad de los expedientes y la calidad de los informes emitidos.

La actividad adicional tendrá carácter voluntario y podrá desarrollarse dentro o fuera de la jornada ordinaria, con las garantías establecidas en materia de jornada laboral, descansos, desconexión digital y prevención de riesgos laborales. El instrumento contempla, asimismo, mecanismos de seguimiento y evaluación, así como ajustes para las jornadas parciales y las ausencias justificadas.

La aprobación de este instrumento constituye un paso en la estrategia de la Consejería para reforzar la capacidad operativa de los Centros de Valoración de la Discapacidad y dar respuesta al volumen de expedientes pendientes, mediante una herramienta que vincula el reconocimiento del desempeño profesional con la mejora de la eficacia y la calidad del servicio público.

Las cuantías económicas y las condiciones concretas de aplicación del complemento se determinarán en el Plan Anual de Productividad, en el marco de la negociación colectiva y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

 

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Bienestar Social mantiene en 2026 el mayor ritmo de resoluciones de discapacidad de toda la serie histórica

IMAGEN DISCAPACIDAD

Hasta julio, se han dictado 15.921 resoluciones, una cifra que ya representa el 94% de todas las emitidas durante 2025, certificando, de nuevo, el ritmo ascendente en el reconocimiento de derechos a la ciudadanía

La Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias continúa consolidando la mejora en la tramitación de expedientes durante 2026. Canarias ha dictado más de 50.000 resoluciones de discapacidad durante la legislatura, lo que significa que ha duplicado la capacidad de resolución del sistema y sitúa 2026 en camino de registrar un nuevo máximo histórico.

Entre enero y julio se han dictado 15.921 resoluciones en el conjunto de Canarias, resultado de las 6.918 emitidas en Las Palmas de Gran Canaria y las 9.003 en Santa Cruz de Tenerife, lo que supone mantener el mayor ritmo de resolución de toda la serie analizada.

La evolución refleja una mejora sostenida respecto a los ejercicios anteriores y un incremento muy significativo de la capacidad de respuesta de la Administración, lo que demuestra lo que ya se viene señalando desde el pasado año, el interés en poner la atención a la ciudadanía en el centro, y mejorar la respuesta para el reconocimiento de sus derechos.

En Las Palmas de Gran Canaria, las resoluciones han pasado de 3.696 en todo 2023 a 5.594 en 2024 y 8.124 en 2025. Solo en los siete primeros meses de 2026 ya se han alcanzado 6.918 resoluciones, el 85,2 % de todas las emitidas durante el pasado año.

La comparación mensual evidencia igualmente este avance. Frente a las 745 resoluciones de julio de 2025, este año se han resuelto 993 expedientes, un incremento de 248 resoluciones, equivalente a un 33,3 % más. También destacan los meses de abril y mayo, con 1.177 y 1.325 resoluciones, respectivamente, los registros mensuales más elevados de toda la serie en esta provincia.

La evolución es todavía más intensa en Santa Cruz de Tenerife, donde en apenas siete meses de 2026 ya se han dictado 9.003 resoluciones, superando las 8.821 registradas durante todo 2025.

La comparación interanual de julio confirma esta tendencia: se ha pasado de 1.067 resoluciones en julio de 2025 a 1.953 en julio de 2026, lo que supone 886 resoluciones más y un incremento del 83 %.

Asimismo, los meses de mayo (1.461 resoluciones) y junio (2.008) constituyen los mejores registros mensuales de toda la serie histórica, reflejando una aceleración constante en la capacidad de tramitación.

En conjunto, la evolución muestra un crecimiento continuado desde 2023. Mientras ambos servicios provinciales incrementaron progresivamente su actividad durante 2024 y consolidaron esa mejora en 2025, los datos de 2026 apuntan a un nuevo salto cuantitativo, con cifras mensuales que superan ampliamente las registradas en ejercicios anteriores.

La tendencia confirma el esfuerzo realizado para agilizar la resolución de expedientes y reducir los tiempos de respuesta a la ciudadanía, manteniendo durante 2026 el mayor volumen de resoluciones de discapacidad registrado hasta la fecha.

 

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Monzón informa de que casi 40.000 personas cuentan con tarjeta sanitaria AA para facilitar la accesibilidad

La consejera de Sanidad intervino hoy en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias, donde desgranó las medidas puestas en marcha por el SCS para la atención a las personas con discapacidad en los centros sanitarios públicos del archipiélago

Los llamados códigos AA facilitan la accesibilidad y el acompañamiento de aquellos pacientes que por su patología deben tener un trato diferenciado Esta prestación está destinada a los usuarios con demencia, discapacidad intelectual grave y profunda, trastorno del espectro autista, trastorno mental crónico, sordoceguera o parálisis cerebral

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, informó este miércoles, día 15 de julio, en la Comisión de Discapacidad del Parlamento regional que el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha entregado un total de 39.970 tarjetas sanitarias con los llamados códigos AA (accesibilidad y acompañamiento), que permiten identificar a aquellos pacientes con diferentes situaciones de mayor vulnerabilidad respecto a su diagnóstico de discapacidad para mejorar su asistencia sanitaria. “Se trata especialmente de aquellos pacientes que presenten discapacidad grave con deficiencias para la comunicación e interacción social”, explicó Monzón.

Según dijo, “esta cifra supone un aumento del 90,4 por ciento con respecto a febrero de 2024, cuando se produjo mi anterior comparecencia en esta Comisión, fecha en la que se había entregado 20.983 tarjetas AA”.

Además, recordó que esta prestación identifica a este colectivo de pacientes para que se puedan tomar las medidas necesarias dentro del sistema sanitario público encaminadas a facilitar la accesibilidad y acompañamiento necesarios para recibir una asistencia sanitaria de calidad”.

AA: accesibilidad y acompañamiento

Estos caracteres incluidos en las tarjetas sanitarias individuales hacen referencia a determinadas situaciones especiales de pacientes con dificultades en la comunicación e interacción social; dificultad para identificar el estado físico o emocional y poder comunicarlo a la familia o profesionales; hipersensibilidad a las situaciones extrañas o a determinados estímulos sensoriales; frecuentes episodios de ansiedad y cambios conductuales en situaciones nuevas y extrañas; poca o mala tolerancia a situaciones de espera; ansiedad y temores a someterse a determinadas pruebas o exploraciones; dificultad para entender y seguir las instrucciones de los profesionales o para entender la intervención médica y la finalidad curativa, o algún grado de déficit cognitivo.

Con el código AA se implantan una serie de medidas facilitadoras en la espera y en el acompañamiento de los pacientes con necesidades especiales, lo que contribuye a reducir las repercusiones negativas en el estado emocional y de conducta que pueden provocar en el paciente las circunstancias del entorno del sistema sanitario.

Así, ante un paciente con la identificación AA en su tarjeta sanitaria, los profesionales de las unidades asistenciales que lo reciban (consultas, urgencias, pruebas diagnósticas o terapéuticas) minimizan el tiempo de espera para que permanezca el menor tiempo posible en el centro sanitario; garantizan su acompañamiento por su cuidados en las consultas; realizan las pruebas diagnósticas cuando la situación clínica lo permita, y proporcionan de forma coordinada las diferentes citas para reducir, en la medida de lo posible, las consultas y las estancias en el centro sanitario.

En el caso de los servicios de Urgencias, ante un paciente con estas características, se procura, siempre que las condiciones lo permitan, no hacerles esperar y que puedan estar acompañados en todo momento.

Beneficiarios de esta nueva herramienta

Se benefician de este código AA aquellas personas que presenten patologías como demencia, discapacidad intelectual o trastorno de conducta, trastorno del espectro autista, trastorno mental crónico, discapacidad con trastorno de comunicación, sordoceguera, parálisis cerebral o trastorno mental crónico con grave déficit del funcionamiento psicosocial.

Identificación del paciente

El profesional médico de Atención Primaria puede introducir los datos necesarios para crear el correspondiente informe que dé luz verde a la creación del código AA en cada una de las tarjetas sanitarias que así lo requieran. Una vez dada de alta en el sistema informático, el paciente actualizará su tarjeta sanitaria en el área administrativa de su centro de salud donde imprimirán la nueva tarjeta con el código AA que lo identifica como beneficiario de esta prestación.

Otras acciones

La consejera también recordó otras acciones puestas en marcha por el SCS para reforzar la comunicación con personas con discapacidad en los centros sanitarios públicos del archipiélago. Así, explicó que se han diseñado y distribuido entre las once gerencias sanitarias de Canarias un total de 350 libretos de pictogramas para facilitar la comunicación con personas que no puede hacerlo con su propia voz, mediante Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC). “Durante 2025 se impartieron once cursos y se formó a 130 profesionales de equipos de Pediatría en el uso de estos sistemas SAAC. Y en lo que llevamos de 2026, se han realizado nueve ediciones más de este curso”, matizó.

También hizo hincapié en que, para facilitar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva, en lo que va de legislatura se han instalado 49 bucles de inducción magnética en centros de salud. “Hemos pasado de cero dispositivos a tener casi medio centenar en tres años, ubicados en puntos en los que hay más ruido ambiental, como los mostradores de administración. Su distribución por islas es la siguiente: 17 en Gran Canaria, 16 en Tenerife, diez en Fuerteventura, dos en Lanzarote, dos en La Palma, uno en La Gomera y uno en El Hierro”, apuntó Monzón.

Otra de las medidas que la consejera destacó durante su intervención es la publicación de la Carta de derechos y deberes de los pacientes y usuarios del Sistema Canario de la Salud en nueve idiomas, en Braille y lengua de signos, y distribuido cartelería específica, con código QR, para facilitar el acceso a este documento.

Estrategia de enfermedades raras de Canarias

El SCS cuenta con una serie de programas asistenciales para mejorar y protocolizar la atención a personas con discapacidad, entre ellas el programa de cribado neonatal para el diagnóstico temprano de enfermedades raras, el Protocolo de Distrofias Hereditarias de Retina (DRH) en Canarias, la Estrategia de Enfermedades neurodegenerativas y la de Enfermedades Raras de Canarias 2023-2026.

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Fritsch Company llega al Teatro Guiniguada con ‘On time’, un espectáculo referente de danza inclusiva

On Time

La compañía profesional de la Fundación Psico Ballet Maite León explora la percepción del tiempo a través de tres piezas coreográficas

Además del espectáculo, que tendrá lugar el 27 de junio, se ofrecerá un taller de danza inclusiva impartido por Maite Gámez en la ULPGC

El Teatro Guiniguada recibe el próximo sábado 27 de junio, a las 20:00, el aclamado espectáculo de danza inclusiva ‘On Time’, de la Frisch Company, la compañía profesional de la Fundación Psico Ballet Maite León. Como parte del proyecto europeo ON STAGE, la propuesta escénica aterriza en Gran Canaria con el objetivo de reivindicar la calidad y el alto potencial de la escena desarrollada por personas con discapacidad. 

‘On time’ es un espectáculo de tres coreografías independientes desarrolladas en colaboración con las creadoras Amaya Galeote, María Cabeza de Vaca y Maite Gámez. Con una larga y reconocida trayectoria en el ámbito de la danza contemporánea, las bailarinas se han aventurado en este proyecto con el fin de explorar nuevos retos artísticos y trabajar junto a artistas con diversidad. 

El resultado son tres piezas que, a lo largo de los 70 minutos que dura la función,  exploran conceptos como el paso del tiempo desde prismas diferentes. El primer trabajo es ‘Cookies on time’, de Amaya Galeote, usa escenas tan cotidianas como tomar un batido de galletas en la cama o descansar mirando las estrellas para demostrar que el tiempo puede ser elástico. El segundo, ‘Tras tiempo’, de Maite Gámez, reflexiona sobre cómo las personas afrontan el valor de los instantes y lo fugaz que puede ser la vida. Cerrará la velada ‘Fiesta’, de María Cabeza de Vaca, que se inspira en las comedias de situación de los años 70 para celebrar la vida y el tiempo compartido con amigos, a veces charlando sobre sueños, pero también compartiendo miedos. 

Integración a través del movimiento

‘On time’, es una propuesta escénica impulsada por la Fritsch Company, una formación que persigue la integración laboral de intérpretes con diversidad física, psíquica, intelectual y sensorial a través del trabajo como compañía profesional. La agrupación forma parte de la Fundación Psico Ballet Maite León, una organización no gubernamental de carácter privado constituida en 1986 en Madrid, y actualmente cuenta con un elenco formado por 16 integrantes de alto potencial artístico.

Sus montajes han cruzado fronteras en torno al concepto de la diversidad, pero también en el sentido literal, con representaciones en múltiples países de Europa, Estados Unidos, Canadá y otros rincones de Latinoamérica, alcanzando más de un millón de espectadores.

Las entradas de ‘On time’ se encuentran  a la venta en la web y la taquilla del Teatro Guiniguada a un precio general de 12 euros, sujeto a diversos descuentos. 

Taller de danza inclusiva

Como actividad paralela a la representación, la coreógrafa Maite Gámez impartirá un taller de danza inclusiva vinculado al espectáculo en las instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La sesión formativa tendrá lugar el viernes 26 de junio, de 17:00 a 19:00, y estará dirigida a todos los públicos, tengan o no experiencia previa en la materia. 

La sesión permitirá a los asistentes explorar el movimiento desde una perspectiva accesible y acercarse a los métodos de la Fundación. La inscripción para el taller se puede hacer en el portal de entradas de la ULPGC (con enlace directo desde la web del Teatro Guiniguada). 

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Fuerteventura multiplica por nueve la resolución de expedientes de discapacidad y consolida la atención en plazo

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca el avance gracias a la creación de la Dirección General de Discapacidad y los decretos-leyes aprobados el pasado año

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha destacado hoy (miércoles 17) la mejora en la valoración y resolución de expedientes de discapacidad en Fuerteventura gracias a las reformas impulsadas por el Gobierno de Canarias para modernizar y agilizar un sistema que durante años acumuló importantes retrasos.

Así lo expuso Delgado durante la comisión de Derechos Sociales celebrada en el Parlamento, donde destacó que en Fuerteventura “se ha pasado de resolver 93 expedientes en el segundo semestre de 2023 a 839 expedientes en el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 792,5 % y multiplica por casi nueve la capacidad de resolución administrativa. Además, en apenas los primeros meses de 2026 ya se han superado ampliamente las cifras registradas durante todo el año 2025, evidenciando una mejora tangible y medible del sistema”. En relación con los tiempos de tramitación, los datos reflejan que el plazo transcurrido entre la última cita registrada y la resolución del expediente se sitúa en 33 días para los primeros reconocimientos, 38 días para las revisiones de reconocimiento y 20 días para las revisiones por fecha de validez.

Delgado recordó que al inicio de la legislatura, la gestión de la discapacidad en Canarias presentaba demoras graves, importantes desigualdades territoriales y una estructura administrativa insuficiente para responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía. En algunos casos, las personas solicitantes debían esperar varios años para obtener el reconocimiento de su grado de discapacidad, requisito imprescindible para acceder a derechos, prestaciones, recursos, ayudas, empleo o medidas de protección.

“Para revertir esta situación, Fernando Clavijo adoptó decisiones de carácter estructural como ha sido la creación de la Dirección General de Discapacidad que dirige Dulce Gutiérrez e impulsó una reforma normativa mediante los decretos-leyes aprobados en 2025, orientada a agilizar los procedimientos, ampliar los supuestos de prioridad, facilitar las valoraciones documentales cuando proceda y reducir cargas administrativas innecesarias”, señaló Delgado.

Colaboración con el Cabildo de Fuerteventura y el Servicio Canario de la Salud

Fuerteventura forma parte también de la mejora general registrada en las islas no capitalinas, donde el sistema se encuentra ya dentro del plazo legal de 180 días, evitando la generación de listas de espera y corrigiendo una desigualdad territorial que históricamente afectaba a quienes residían fuera de las islas capitalinas.

Con el objetivo de consolidar estos avances durante 2026, se mantienen y refuerzan diversas líneas de actuación. Entre ellas destaca la consolidación del nuevo modelo organizativo de la Dirección General de Discapacidad, la aplicación del nuevo marco normativo para agilizar valoraciones y la colaboración con el Servicio Canario de la Salud mediante un convenio financiado por la Consejería de Bienestar Social con una dotación aproximada de 2,5 millones de euros. Este acuerdo permite incorporar profesionales específicamente formados en el nuevo baremo de valoración y aprovechar mejor la información clínica disponible, reduciendo duplicidades, carga administrativa y tiempos de resolución.

Asimismo, se mantiene la cooperación institucional con el Cabildo de Fuerteventura a través del convenio suscrito para financiar la incorporación de personal técnico encargado de la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirven de base para la valoración del grado de discapacidad.

La Dirección General de Discapacidad mantiene además en la isla medios personales propios, entre ellos una facultativa médica responsable de la valoración sanitaria y una jefa de negociado encargada de la gestión administrativa de los expedientes, garantizando un equipo estable para la tramitación de procedimientos de reconocimiento, revisión y reclamaciones previas.

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Canarias multiplica las resoluciones de discapacidad y elimina las listas de espera en las islas no capitalinas

Candelaria Delgado destaca que el sistema ha pasado “de una fase de reforma a una fase de despliegue y resultados visibles”

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, aseguró hoy (viernes 22) en comisión parlamentaria que el sistema de discapacidad del Archipiélago ha iniciado una transformación estructural que ya comienza a reflejarse en datos concretos, reducción de listas de espera y una mayor coordinación territorial y administrativa.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Discapacidad del Parlamento, Delgado defendió que las medidas impulsadas desde el inicio de la legislatura han permitido dejar atrás el modelo anterior, marcado por retrasos de hasta cinco años para obtener una valoración de discapacidad. “La ciudadanía no podía seguir pagando con años de espera la inercia de la Administración, por eso hemos pasado de explicar problemas a poder explicar también resultados”, indicó Delgado.

La consejera de Bienestar Social fue contundente a la hora de afirmar que “Canarias ha pasado de una fase de diseño y reforma a una fase de despliegue y primeros resultados visibles, con un sistema más cercano, más coordinado, más accesible y menos resignado a la espera”.

Entre las principales decisiones adoptadas figura el desdoblamiento entre dependencia y discapacidad, otorgando a esta última una dirección general propia con capacidad de gestión y planificación específica. Asimismo, el Ejecutivo destacó la reforma normativa impulsada mediante los Decretos-ley 4/2025 y 5/2025, que introducen procedimientos más ágiles, amplían la prioridad a todos los menores de 18 años y permiten valoraciones no presenciales o documentales en determinados supuestos.

Candelaria Delgado incidió en que “la política de discapacidad debe ir más allá de la tramitación administrativa y avanzar hacia una participación social plena”. En este sentido, el Gobierno anunció nuevas líneas de colaboración con Inserta, de la Fundación ONCE y con el Centro Especial de Empleo Desarrollo Social Canarias para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad.

Además, destacó el trabajo conjunto con CERMI Canarias y el Instituto Canario de Igualdad en ámbitos como la accesibilidad, la participación activa y la atención específica a mujeres con discapacidad y víctimas de violencia de género.

Más de 7.100 resoluciones en 2026

Según los datos aportados en la comisión, entre enero y mediados de mayo de 2026 se han emitido ya 7.141 resoluciones de discapacidad con derecho reconocido, frente a las 2.729 registradas entre julio y diciembre de 2023.

El incremento se refleja en todas las islas: Tenerife pasó de 1.280 resoluciones a 2.663; Gran Canaria, de 1.020 a 2.370; Lanzarote, de 253 a 558; Fuerteventura, de 93 a 620; La Palma, de 56 a 593; La Gomera, de 15 a 268; y El Hierro, de 8 a 66.

Además, Delgado reiteró que las islas no capitalinas ya se sitúan en el entorno del plazo legal de 180 días para las valoraciones, al igual que los expedientes de menores de edad.

Descentralización y coordinación sanitaria

Uno de los ejes destacados de la comparecencia fue el proyecto ITINERA, financiado con el Fondo Social Europeo Plus, que ha permitido desplegar equipos descentralizados de valoración en Garachico, Santa Úrsula y San Miguel de Abona, en Tenerife, y en Gáldar y Agüimes, en Gran Canaria. Son equipos que atienden a esas poblaciones y las comarcas en las que están situadas, atendiendo de forma reforzada a la ciudadanía de esas zonas llevando la administración a la ciudadanía y no al contrario.

Según explicó la consejera de Bienestar Social, esta iniciativa está contribuyendo a descongestionar las zonas con mayor presión asistencial y a acercar la Administración a la ciudadanía. También se puso en valor el acuerdo suscrito con el Servicio Canario de la Salud, financiado con 2,5 millones de euros, que ha permitido formar a 250 profesionales y mejorar la coordinación mediante el acceso a la historia clínica electrónica, reduciendo trámites y duplicidades.

 

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Bienestar Social presenta en Fuerteventura sus innovaciones en materia de Servicios Sociales

La jornada de trabajo también ha permitido dar a conocer a los agentes sociales de la Isla el Diagnóstico aprobado en Consejo de Gobierno, que ha contado con la participación de técnicas y usuarias de los servicios

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha participado hoy en Fuerteventura en la jornada sobre los Servicios Sociales en Canarias. Situación actual y perspectivas de futuro, a la que han acudido medio centenar de personas relacionadas con los servicios sociales en la Isla. Delgado ha querido destacar que Fuerteventura, al igual que el resto de islas no capitalinas, “ya no tiene listas de espera en Discapacidad o Dependencia, gracias a las diversas acciones llevadas a cabo para modernizar y adaptar los servicios a las necesidades de la ciudadanía en pleno siglo XXI”. Asimismo, recordó que el primer Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias, paso previo al Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Canarias, que se presentó también esta mañana y fue aprobado recientemente en Consejo de Gobierno, fue realizado a través de un convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna y que contó con las valoraciones y percepciones de casi 1000 personas, entre usuarias, profesionales y personas expertas.

«Se trata de la primera vez que Canarias cuenta con una herramienta como esta, un hito que nos permitirá  acercarnos a la realidad del Sistema Público de Servicios Sociales en el conjunto del territorio autonómico, ya que nos permite contar con información sobre la percepción y valoración del sistema de servicios sociales, que nos han otorgado más de un seis y medio, las demandas y los grados de satisfacción de las personas usuarias, los servicios y coordinación técnica de los servicios y el clima laboral técnico», explicó la consejera del área, Candelaria Delgado.

El consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, agradeció a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias por traer ese debate a Fuerteventura, y reconoció el trabajo de todas las personas, profesionales, entidades y colectivos que trabajan durante todo el año en el ámbito social.

La consejera acudió a Fuerteventura acompañada por el viceconsejero de Igualdad y Diversidad, Juan Martínez Doreste, a quien dio paso para explicar “los retos a los que nos enfrentamos en un contexto en el que la Sanidad u otras áreas han ido modernizándose, mientras que los servicios sociales están desanclados de la realidad”.

Doreste aseguró que “el objetivo tiene que ser mejorar la atención a la ciudadanía y, para ello, hemos de mejorar el sistema y hacerlo más integrado y global”. En este sentido, el viceconsejero explicó que la Consejería ha usado todas las herramientas a su disposición, tanto los fondos propios como los fondos europeos, para poder aplicar la IA y la robótica, entre otras cosas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, lo que, junto a otras herramientas, como los nuevos ha derivado en una reducción de burocracia y tiempos de respuesta”.

Precisamente, entre las propuestas de trabajo para la mejora del Sistema de Servicios Sociales en Canarias, este primer Diagnóstico propone mejorar la coordinación con otros sistemas de protección social para reducir las barreras de acceso, y la necesidad de modernizar la organización interna y los procesos de gestión. “Nuestro trabajo está precisamente centrado en hacer realidad el sistema canario de servicios sociales, un sistema más integrado, que permita observar a cualquier ciudadano o ciudadana desde una perspectiva 360, con su historia previa y reciente, que facilite a la administración la toma de decisiones más personalizadas y efectivas”.

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