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El Tribunal Supremo ratifica el decreto que establece las sedes de las consejerías del Gobierno

El Consejo de Gobierno de Canarias quedó informado hoy acerca de la sentencia de 24 de mayo de 2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ratifica el Decreto 254/1997, de 16 de octubre, de adaptación de las sedes de las Consejerías, organismos autónomos y entes públicos a los principios y criterios de la Ley 4/1997, de 6 de junio.

La consejera de Presidencia y Justicia, María Australia Navarro de Paz, informó al Consejo de Gobierno de que el Tribunal Supremo ha fallado ¿anular y dejar sin valor ni efecto alguno la sentencia recurrida en casación¿ (sentencia de 28 de enero de 2000 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias), resultando que ¿el Decreto 254/1997, de 16 de octubre, es plenamente conforme a Derecho¿

El Decreto 254/1997, de 16 de octubre, siguiendo el mandato de la Ley 4/1997, de 6 de junio, determina las sedes de las consejerías, repartidas entre las dos ciudades que comparten la capitalidad y recoge la sede de los organismos autónomos de conformidad con lo previsto en la Ley.

Por lo tanto, las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias permanecen repartidas entre las dos ciudades que comparten la capitalidad en la forma siguiente:

En Santa Cruz de Tenerife:

– Consejería de Presidencia y Justicia

– Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

– Consejería de Educación, Cultura y Deportes

– Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

– Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

Las Palmas de Gran Canaria:

– Consejería de Turismo

– Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

– Consejería de Economía y Hacienda

– Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

– Consejería de Sanidad

Dicho Decreto, ratificado por el Tribunal Supremo, que fue firmado por el entonces consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, Lorenzo Suárez Alonso, parte del principio estatutario de capitalidad compartida y establece el necesario equilibrio de distribución de sedes entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que deberá realizarse manteniendo la seguridad jurídica y sin olvidar la máxima proximidad de la Administración al ciudadano, aplicando los servicios de eficacia y economía y evitando duplicidades innecesarias.