Esta nueva norma constituye uno de los instrumentos que dará cobertura a la Red Transcanaria
Regulará el transporte de pasajeros y mercancías, para el que hay concedidas más de 35.000 licencias en Las Islas
El Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez, aprueba hoy el proyecto de Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y lo remite al Parlamento de Canarias para su tramitación por el procedimiento de urgencia.
Este carácter de urgencia viene dado por tratarse de una norma imprescindible que urge aprobar para la ordenación del transporte por carretera y de las actividades relacionadas con el mismo en todas sus modalidades, públicas y privadas. Constituye además, uno de los instrumentos jurídicos necesarios para dar cobertura a la Red Transcanaria de Transportes.
Esta norma diseña un conjunto de instrumentos que sirven para lograr además otro objetivo: el engarce de este modo de transporte con otras modalidades, aun cuando éstas cuenten con su propia regulación, como es el caso del transporte marítimo. Este es el sentido de los preceptos dedicados a los Planes Territoriales y Estratégicos de Transportes. Más aún, esta ley establece las bases para una regulación del transporte bajo criterios de movilidad, que anticipen las necesidades y las respuestas a las demandas de las empresas y los ciudadanos; y lo hace imponiendo esa clase de estudios a todos los instrumentos de planeamiento y a las nuevas infraestructuras.
La aprobación de esta Ley es fundamental para un sector conformado por más de 35.000 autorizaciones de transporte. En Canarias perviven 4.100 empresas públicas de transporte de mercancías y 6.200 empresas de transporte público de pasajeros. En ambas se supera la media del Estado dada la importancia del sector turístico.
El 90% de las empresas de transporte de mercancías están formadas por trabajadores autónomos y son unipersonales. Es un sector fuertemente marcado por la doble insularidad y por la lejanía. Hay además un sector privado muy amplio y atomizado.
En Canarias los vehículos destinados al transporte son sustancialmente más pequeños que en La Península por tener que desempeñar su labor en recorridos cortos.
En Las Islas se transportan más de 20 millones de toneladas al año, de las que más de 14 millones las transporta el servicio público y seis millones el servicio privado.
Los vehículos canarios desplazan en cada trayecto un menor número de toneladas y en menor distancia como consecuencia de la insularidad.
En el sector de transporte de pasajeros hay un mayor número de vehículos por empresa que en la media nacional y realizan más kilómetros por vehículo que en el resto de España excepto Baleares debido a la gran incidencia del sector turístico.
En toda Canarias hay unas 7.000 licencias de taxis. Entre las dos capitales se concentran la mitad de las mismas.
Tras la exposición de estos datos relativos al sector del Transporte cabe destacar que en la nueva Ley se regulan las siguientes materias:
a) La regulación de los transportes por carretera y el establecimiento de los principios y criterios que han de observar los poderes públicos en la planificación, dirección y desarrollo de esta actividad económica.
b) Las competencias de las administraciones públicas de Canarias sobre esta modalidad de transporte, así como los mecanismos de interrelación, colaboración, coordinación y cooperación interadministrativa.
c) La actividad profesional y empresarial, las formas y requisitos de acceso a la profesión, derechos y deberes, la participación en la formación de la política de los transportes por carretera.
d) Los derechos y deberes de los usuarios.
e) La actividad y servicios de transporte por carretera, así como las actividades relacionadas con él.
f) La inspección de los transportes por carretera y régimen sancionador.
De esta manera, se regirán por esta ley:
a) Los transportes de viajeros y mercancías que se desarrollen en Canarias, realizados en vehículos automóviles por vías terrestres públicas, urbanas e interurbanas, tanto de carácter público, como privado. Se entienden incluidos los transportes públicos efectuados en recintos cerrados portuarios y aeroportuarios y cualesquiera otros propios de obras públicas o privadas.
b) Las actividades relacionadas con los transportes regulados en esta ley y, en concreto, las desarrolladas por:
– Las empresas cuyo objeto sea la mediación, la información y contratación, la tramitación de documentación de tránsito, la distribución de cargas, la agrupación, almacenaje, o logística de cargas.
– Las empresas cuyo objeto sea la mediación, la información, o la contratación de transporte de viajeros.
– Cualquier otra cuyo objeto tenga como causa o finalidad el transporte de mercancías o de viajeros y sea calificada como actividad de transporte por el Gobierno de Canarias.
– Las empresas que se dediquen al arrendamiento de vehículos.
c) Las estaciones de transporte por carretera y los intercambiadores modales así como cualesquiera otras instalaciones o infraestructuras de apoyo a los transportes.
d) El transporte sanitario, el escolar y de menores, y el transporte funerario se regirán por la presente ley, sin perjuicio de la aprobación y aplicación de normas específicas en función de la singularidad de su actividad, estando en todo caso sujeto su ejercicio a la previa obtención de una autorización administrativa.
Por otro lado, según esta norma, la intervención pública sobre los transportes por carreteras deberá orientarse a la consecución de los siguientes objetivos:
– La satisfacción de la demanda de movilidad de la población en general, garantizando su derecho a un transporte público regular, de calidad, y sostenible, con especial atención a los estratos sociales menos favorecidos económicamente y a aquellos colectivos que presenten algún tipo de movilidad reducida o demanden un transporte adaptado.
– La integración y vertebración en el sistema intermodal de transportes de Canarias, en el marco del Eje Transinsular de Infraestructuras de Transportes y de las Directrices de Ordenación de Infraestructuras.
– La creación mediante el impulso de la Red Transcanaria de Transportes de un espacio autonómico de los transportes y la movilidad que permita superar la fragmentación territorial mediante la combinación de los distintos modos de transporte y la ausencia de restricciones a la movilidad de pasajeros y mercancías.
– La existencia en cada una de las islas de un servicio de transporte público regular de viajeros, sostenible y de calidad, en coordinación con los transportes urbanos que existan, o que puedan existir.
– La promoción y, en su caso, la priorización del transporte público regular de viajeros frente a los modos privados de transporte.
– La equiparación de los costes de la movilidad a la media que soportan los usuarios de esta clase de transporte en territorios continuos, como condición necesaria para garantizar la igualdad con aquellos, teniendo en cuenta la condición insular y ultraperiférica del archipiélago.
Por último y desde el punto de vista económico y social, esta disposición legal supondrá para Canarias los siguientes logros:
1º.- La consagración del transporte por carretera como servicio público esencial, lo que permitirá exigir la implicación económica del Estado y de la Unión Europea en su cofinanciación.
2º.- La potenciación de las actividades de control e inspección del cumplimiento de la regulación sectorial.
4º.- La promoción y fomento del transporte público regular como salida a los actuales problemas de congestión de las carreteras y de impacto en el medioambiente.
5º.- La racionalización en la utilización de los recursos públicos destinados a la creación y mejora de infraestructuras y la financiación o apoyo económico de servicios que no sean prestados por la iniciativa privada y que sean esenciales para garantizar la movilidad en términos equiparables al territorio continental y respondiendo a exigencias de integración en el mercado único europeo.
6º.- La potenciación de la modernización del sector y en su relación con el resto de modos de transporte.
Regulará el transporte de pasajeros y mercancías, para el que hay concedidas más de 35.000 licencias en Las Islas
Esta nueva norma constituye uno de los instrumentos que dará cobertura a la Red Transcanaria
El Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio Castro Cordobez, aprueba hoy el proyecto de Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y lo remite al Parlamento de Canarias para su tramitación por el procedimiento de urgencia.
Este carácter de urgencia viene dado por tratarse de una norma imprescindible que urge aprobar para la ordenación del transporte por carretera y de las actividades relacionadas con el mismo en todas sus modalidades, públicas y privadas. Constituye además, uno de los instrumentos jurídicos necesarios para dar cobertura a la Red Transcanaria de Transportes.
Esta norma diseña un conjunto de instrumentos que sirven para lograr además otro objetivo: el engarce de este modo de transporte con otras modalidades, aun cuando éstas cuenten con su propia regulación, como es el caso del transporte marítimo. Este es el sentido de los preceptos dedicados a los Planes Territoriales y Estratégicos de Transportes. Más aún, esta ley establece las bases para una regulación del transporte bajo criterios de movilidad, que anticipen las necesidades y las respuestas a las demandas de las empresas y los ciudadanos; y lo hace imponiendo esa clase de estudios a todos los instrumentos de planeamiento y a las nuevas infraestructuras.
La aprobación de esta Ley es fundamental para un sector conformado por más de 35.000 autorizaciones de transporte. En Canarias perviven 4.100 empresas públicas de transporte de mercancías y 6.200 empresas de transporte público de pasajeros. En ambas se supera la media del Estado dada la importancia del sector turístico.
El 90% de las empresas de transporte de mercancías están formadas por trabajadores autónomos y son unipersonales. Es un sector fuertemente marcado por la doble insularidad y por la lejanía. Hay además un sector privado muy amplio y atomizado.
En Canarias los vehículos destinados al transporte son sustancialmente más pequeños que en La Península por tener que desempeñar su labor en recorridos cortos.
En Las Islas se transportan más de 20 millones de toneladas al año, de las que más de 14 millones las transporta el servicio público y seis millones el servicio privado.
Los vehículos canarios desplazan en cada trayecto un menor número de toneladas y en menor distancia como consecuencia de la insularidad.
En el sector de transporte de pasajeros hay un mayor número de vehículos por empresa que en la media nacional y realizan más kilómetros por vehículo que en el resto de España excepto Baleares debido a la gran incidencia del sector turístico.
En toda Canarias hay unas 7.000 licencias de taxis. Entre las dos capitales se concentran la mitad de las mismas.
Tras la exposición de estos datos relativos al sector del Transporte cabe destacar que en la nueva Ley se regulan las siguientes materias:
a) La regulación de los transportes por carretera y el establecimiento de los principios y criterios que han de observar los poderes públicos en la planificación, dirección y desarrollo de esta actividad económica.
b) Las competencias de las administraciones públicas de Canarias sobre esta modalidad de transporte, así como los mecanismos de interrelación, colaboración, coordinación y cooperación interadministrativa.
c) La actividad profesional y empresarial, las formas y requisitos de acceso a la profesión, derechos y deberes, la participación en la formación de la política de los transportes por carretera.
d) Los derechos y deberes de los usuarios.
e) La actividad y servicios de transporte por carretera, así como las actividades relacionadas con él.
f) La inspección de los transportes por carretera y régimen sancionador.
De esta manera, se regirán por esta ley:
a) Los transportes de viajeros y mercancías que se desarrollen en Canarias, realizados en vehículos automóviles por vías terrestres públicas, urbanas e interurbanas, tanto de carácter público, como privado. Se entienden incluidos los transportes públicos efectuados en recintos cerrados portuarios y aeroportuarios y cualesquiera otros propios de obras públicas o privadas.
b) Las actividades relacionadas con los transportes regulados en esta ley y, en concreto, las desarrolladas por:
– Las empresas cuyo objeto sea la mediación, la información y contratación, la tramitación de documentación de tránsito, la distribución de cargas, la agrupación, almacenaje, o logística de cargas.
– Las empresas cuyo objeto sea la mediación, la información, o la contratación de transporte de viajeros.
– Cualquier otra cuyo objeto tenga como causa o finalidad el transporte de mercancías o de viajeros y sea calificada como actividad de transporte por el Gobierno de Canarias.
– Las empresas que se dediquen al arrendamiento de vehículos.
c) Las estaciones de transporte por carretera y los intercambiadores modales así como cualesquiera otras instalaciones o infraestructuras de apoyo a los transportes.
d) El transporte sanitario, el escolar y de menores, y el transporte funerario se regirán por la presente ley, sin perjuicio de la aprobación y aplicación de normas específicas en función de la singularidad de su actividad, estando en todo caso sujeto su ejercicio a la previa obtención de una autorización administrativa.
Por otro lado, según esta norma, la intervención pública sobre los transportes por carreteras deberá orientarse a la consecución de los siguientes objetivos:
– La satisfacción de la demanda de movilidad de la población en general, garantizando su derecho a un transporte público regular, de calidad, y sostenible, con especial atención a los estratos sociales menos favorecidos económicamente y a aquellos colectivos que presenten algún tipo de movilidad reducida o demanden un transporte adaptado.
– La integración y vertebración en el sistema intermodal de transportes de Canarias, en el marco del Eje Transinsular de Infraestructuras de Transportes y de las Directrices de Ordenación de Infraestructuras.
– La creación mediante el impulso de la Red Transcanaria de Transportes de un espacio autonómico de los transportes y la movilidad que permita superar la fragmentación territorial mediante la combinación de los distintos modos de transporte y la ausencia de restricciones a la movilidad de pasajeros y mercancías.
– La existencia en cada una de las islas de un servicio de transporte público regular de viajeros, sostenible y de calidad, en coordinación con los transportes urbanos que existan, o que puedan existir.
– La promoción y, en su caso, la priorización del transporte público regular de viajeros frente a los modos privados de transporte.
– La equiparación de los costes de la movilidad a la media que soportan los usuarios de esta clase de transporte en territorios continuos, como condición necesaria para garantizar la igualdad con aquellos, teniendo en cuenta la condición insular y ultraperiférica del archipiélago.
Por último y desde el punto de vista económico y social, esta disposición legal supondrá para Canarias los siguientes logros:
1º.- La consagración del transporte por carretera como servicio público esencial, lo que permitirá exigir la implicación económica del Estado y de la Unión Europea en su cofinanciación.
2º.- La potenciación de las actividades de control e inspección del cumplimiento de la regulación sectorial.
4º.- La promoción y fomento del transporte público regular como salida a los actuales problemas de congestión de las carreteras y de impacto en el medioambiente.
5º.- La racionalización en la utilización de los recursos públicos destinados a la creación y mejora de infraestructuras y la financiación o apoyo económico de servicios que no sean prestados por la iniciativa privada y que sean esenciales para garantizar la movilidad en términos equiparables al territorio continental y respondiendo a exigencias de integración en el mercado único europeo.
6º.- La potenciación de la modernización del sector y en su relación con el resto de modos de transporte.