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Autorizada la revisión de precios en obras ejecutadas del cierre del anillo insular de Tenerife

Las revisiones se han conseguido pagar en tiempo y forma, evitando las reclamaciones millonarias por intereses de demora que ocurrían en legislaturas anteriores

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, el gasto de 3.762.771 euros por la revisión de precios de las obras ejecutadas entre noviembre de 2021 y abril de 2022 por la UTE en el proyecto del Cierre del Anillo Insular de Tenerife. Tramo El Tanque-Santiago del Teide, adaptando los pagos a los precios actuales de los materiales de construcción, cuyo valor se ha visto incrementado en el último año y medio debido al alza que ha experimentado la inflación en todo el mundo en los últimos meses por la crisis de precios del combustible y la guerra en Ucrania. Esta obra es la de mayor envergadura de todas las que ejecuta en la actualidad el Gobierno de Canarias, ya que se adjudicó en 2019 por más de 252 millones de euros.

Esa revisión de precios es habitual en el seguimiento que la Consejería realiza a la ejecución de las obras que están en marcha, una norma que persigue adaptar los precios que la administración pública paga a las empresas que ejecutan sus proyectos a los precios reales de los materiales de construcción y a los posibles modificados de los proyectos. En este sentido, las administraciones públicas también se ven obligadas a hacer frente a las consecuencias económicas que genera la inflación provocada por la guerra en Ucrania y el precio de los combustibles, en este caso en los materiales de construcción.

La Consejería informo de que en la actual legislatura se ha conseguido al fin agilizar estos pagos y evitar así que las empresas constructoras interpongan demandas por intereses de demora con reclamaciones millonarias, como sucedía habitualmente en anteriores legislaturas.

Como ejemplo, se recordó que el propio Consejo de Gobierno autorizó hace casi un año un pago de 7,1 millones para hacer frente a las reclamaciones de dos UTE que habían pedido a la Consejería una actualización de precios en el año 2014 y no se les atendió. Una de esas UTE, la que ejecutó las obras de la nueva carretera entre Adeje y Santiago del Teide, decidió acudir a la Justicia ante la demora de los responsables de la Consejería en 2014 para hacer frente a sus reclamaciones por revisión de precios y al pago de certificaciones de obras. Finalmente una sentencia les dio la razón en 2019 condenando al Gobierno a pagar una reclamación millonaria en concepto de intereses devengados por el retraso en los pagos de las revisiones de precios, principalmente entre los años 2010 y 2014.

Además, la Consejería recordó que estas revisiones de precios llevan implantadas desde hace años en la gestión de las obras de carreteras, por lo que cumple también con los preceptos del Real Decreto Ley 3/2022, que establece que las administraciones públicas de toda España deben adaptar los precios que se pagan a las constructoras a la realidad actual del mercado de los materiales de construcción.