La línea de ayuda aprobada en Consejo de Gobierno está destinada a paliar el impacto de la crisis en Oriente Medio sobre los costes energéticos de las empresas industriales de las islas
Está previsto que la subvención beneficie a unas 750 empresas industriales de todo tipo, aunque se prevé en un aumento de la financiación en el caso de que haya un aumento de demanda

El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido este lunes 31 de agosto, ha aprobado una línea de ayuda de 3,6 millones para compensar el sobrecoste de combustibles soportado por los establecimientos industriales radicados en Canarias como consecuencia de la crisis en Oriente Medio.

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, a través de la Dirección General de Industria, publicará en los próximos 15 días las bases de esta convocatoria cuyo objetivo es contribuir al mantenimiento de la actividad productiva industrial en las islas, reducir parcialmente el impacto del incremento extraordinario de los costes energéticos y preservar la competitividad de las empresas afectadas.

La iniciativa se enmarca en las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para hacer frente al aumento de los precios de los productos energéticos, el transporte, las materias primas y otros insumos que están afectando a la producción industrial y dificultando la viabilidad de determinados negocios.

En Canarias la lejanía y la insularidad multiplican los sobrecostes. La obligación del Gobierno es actuar para que esos costes extraordinarios y agravados por la guerra no se traduzcan en pérdida de actividad y competitividad.

Entre las medidas, este mes de agosto se siguió aplicando el tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a los combustibles, así como la bonificación del combustible al sector agrícola o la que se sigue manteniendo para La Palma, La Gomera, El Hierro, aplicada desde febrero de 2025.

Esta previsto que, con esta línea de ayuda, se atienda a unas 750 empresas industriales de todo tipo y en el caso de que haya un aumento de demanda, se prevé un aumento de la financiación.

Gastos que podrán acogerse

Las ayudas se dirigirán a compensar parcialmente los gastos derivados de la adquisición de combustibles líquidos, gaseosos o sólidos de uso energético que hayan sido efectivamente suministrados, facturados y pagados, y que se hayan destinado de forma directa y verificable al proceso productivo del establecimiento industrial.

Podrán incluirse, entre otros, los combustibles utilizados en:

Hornos, calderas, secaderos y quemadores.
Equipos térmicos y líneas de proceso.
Instalaciones técnicas de fabricación o transformación.
Sistemas de cogeneración, trigeneración y grupos electrógenos.
Otros equipos directamente integrados en la actividad industrial.

También se considerarán subvencionables los combustibles utilizados en sistemas de cogeneración, trigeneración, grupos electrógenos u otros sistemas de generación energética propios del establecimiento, siempre que la energía térmica, mecánica o eléctrica resultante se destine de forma directa y mayoritaria al autoconsumo de los procesos de fabricación o transformación del propio establecimiento industrial y no al vertido, venta o suministro mayoritario a terceros o a la red.

Solo se considerará subvencionable el precio neto del combustible. Quedarán excluidos el IGIC y otros tributos, recargos, penalizaciones, intereses, servicios accesorios y demás conceptos que no constituyan el precio del combustible consumido o destinado al proceso productivo.

Empresas beneficiarias

Podrán acogerse a esta línea las empresas que desarrollen una actividad industrial, tanto personas físicas como jurídicas, con independencia de la ubicación de su domicilio social dentro de la Unión Europea, siempre que el establecimiento para el que se solicita la ayuda esté radicado en Canarias y cumpla los requisitos previstos en las bases.

A estos efectos, se considerarán actividades industriales las relacionadas con la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, así como el envasado y embalaje y el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, de acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, las empresas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria. La presentación de solicitudes y los restantes trámites se realizarán por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se trata del mayor proceso de estabilización realizado por una administración pública en Canarias con alrededor de 12.000 plazas, de las que 9.000 se estabilizan por concurso de méritos y el resto en la fase de concurso oposición

La consejera de sanidad del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, informó este lunes en la sesión del Consejo de Gobierno que el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha culminado el proceso de estabilización de las plantillas de profesionales por concurso de méritos que ha permitido que 9.000 plazas queden estabilizadas por esta vía contemplada en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para reducción de la temporalidad en el empleo público.

Se trata del mayor proceso de estabilización realizado por una administración pública en Canarias, que afecta a alrededor de 12.000 plazas, de las que más de 9.000 se han podido estabilizar mediante el procedimiento de méritos y el resto en la fase de concurso oposición. Este procedimiento culmina ahora tras publicar las dos últimas categorías que quedaban pendientes: la de Auxiliar de Enfermería y la del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, ambas muy numerosas.

Este proceso selectivo ha permitido estabilizar sólo por concurso de méritos las plazas de 122 categorías profesionales entre las que se encuentran 1.046 plazas de facultativos, 675 de médicos de Familia, 123 Pediatras de Atención Primaria , 2.059 enfermeros, 2.204 auxiliares de Enfermería, 1.123 plazas de Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, 702 de Celador, 161 de Técnico Especialista en Laboratorio y 124 de Técnico Especialista en Radiodiagnóscito, entre otras categorías.

Asimismo, se ha reconocido el esfuerzo realizado por los miembros de los 112 tribunales, el personal de la Dirección General de Recursos Humanos del SCS y los colaboradores para la realización de los exámenes de esta macro-oferta de empleo público sin precedentes en los treinta años de historia del SCS.

1.585 plazas para la fase de concurso oposición

El proceso selectivo de estabilización del empleo temporal mediante concurso-oposición constituye el segundo de los procedimientos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, desarrollados por el Servicio Canario de la Salud y consta de 1.585 plazas pertenecientes a 110 categorías, de las que 308 corresponden a facultativos y las restantes se distribuyen entre las demás categorías sanitarias y de gestión y servicios.

Actualmente ya se ha realizado el 69 % de los exámenes previstos y se han publicado los resultados de todas las categorías y especialidades del Grupo A/A1 Sanitario, entre las que se encuentran las de médicos y facultativos, y las del Grupo A/A1 de Gestión y Servicios.

Paralelamente, los procedimientos en los que ya se ha celebrado la oposición continúan avanzando en las sucesivas fases previstas en las bases: baremación de méritos, publicación de resultados provisionales y definitivos del concurso-oposición, petición de plazas, propuesta de nombramiento, nombramiento y toma de posesión.

Actualmente, 27 categorías profesionales/procesos selectivos se encuentran ya en fase de adjudicación de plazas, una vez superadas las fases previas correspondientes.

El avance de estos procedimientos se produce de forma simultánea con las publicaciones de nombramientos y tomas de posesión de los procesos culminados, mientras se está preparando la logística para la celebración de los otros 35 exámenes con los finaliza todo el proceso.

En total entre los procesos de estabilización temporal de larga duración por concurso de méritos y el de concurso oposición se estabilizan las casi 12.000 plazas convocadas, 1.855 se corresponden con facultativos, 831 médicos de familia, 142 de médicos de Urgencias, 176 de pediatría, 2.136 de enfermería, 2.592 de Auxiliar de Enfermería, 940 de celadores y 1.320 de auxiliares administrativos, entre otras.

El Consejo aprueba un plan temporal de empleo que permitirá la contratación de personal especializado para atender el incremento de actuaciones e inversiones en regadíos en el Archipiélago, que suman 28,2 millones de euros de fondos propios

El Consejo de Gobierno ha declarado hoy lunes, 31 de agosto, el carácter excepcional de la situación que justifica la aprobación y ejecución de un programa temporal de empleo para el control, dirección facultativa y seguimiento de obras desarrolladas en infraestructuras de riego en Canarias. Este medida permitirá el nombramiento de personal interino con las titulaciones de ingeniería agrónoma o ingeniería de caminos, canales y puertos para atender el incremento de inversiones en regadíos en Canarias, que suman 28,2 millones de euros de presupuestos del Ejecutivo canario.

Esta iniciativa, que supondrá una inversión de 556.939,80 euros y contará con un plazo de desarrollo de tres años, desde octubre de 2026 a septiembre de 2029, responde al crecimiento de las actuaciones impulsadas en los últimos años para mejorar y modernizar las infraestructuras hidráulicas y de regadío del Archipiélago. Así, entre 2024 y 2026, el Gobierno de Canarias ha incrementado en un 46% el presupuesto destinado a inversiones hidráulicas. Este esfuerzo se desarrolla en un contexto marcado por una situación hídrica especialmente compleja, derivada de la prolongada sequía meteorológica, la disminución progresiva de las precipitaciones medias anuales y la reiteración de episodios de calor fuera de la época estival, circunstancias asociadas a los efectos del cambio climático.

En consecuencia, la medida nace de la necesidad de dar respuesta al elevado volumen de obras y trabajos en materia de regadíos desarrollados actualmente en Canarias, que ha generado una sobrecarga técnica en la Dirección General de Agricultura y, más concretamente, en el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural, al que corresponden las funciones de planificación, dirección y ejecución de obras. Además, los medios personales de carácter técnico disponibles en este servicio resultan insuficientes para atender con las debidas garantías las labores de dirección, coordinación, supervisión y seguimiento de los proyectos financiados con fondos propios de la Comunidad Autónoma y cuya aprobación y ejecución están previstas para el presente ejercicio y 2027.

Este programa resulta necesario para completar los proyectos de las obras accesorias a las actuaciones declaradas de Interés General del Estado que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), en el marco del Programa de Mejora de la Eficiencia y Sostenibilidad de Regadíos incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con fondos Next Generation EU. Estas actuaciones, que promueve la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, suponen una inversión total de 12,6 millones de euros del Ejecutivo canario.

A estas acciones se suman otras obras que ejecuta directamente la Consejería, también con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, por un importe de 15,65 millones de euros. De esta forma, el presupuesto comprometido por el Gobierno de Canarias para actuaciones dirigidas a la mejora y modernización de las infraestructuras de regadío asciende actualmente a 28,26 millones de euros. Además, durante los ejercicios 2026 y 2027 está previsto iniciar nuevas actuaciones por un importe estimado de 24,41 millones de euros, lo que incrementará el volumen de proyectos que deberá gestionar y supervisar la Administración autonómica.

La inversión se destinará a ejecutar obras de mejora de estos recursos, como la instalación de ascensores, mejora de las instalaciones de protección contra incendios y la modernización de las instalaciones eléctricas

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la modificación presupuestaria por un montante de 500.000 euros al objeto contar con los créditos necesarios para acometer un conjunto de inversiones que permitirán la mejora, adecuación y acondicionamiento de la red de centros de día para personas mayores de titularidad pública, gestionada por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

La Dirección general de Mayores y Participación Activa tiene previsto ejecutar diversas actuaciones de acondicionamiento, reforma y adecuación de los centros de titularidad pública de Icod de los Vinos, Puerto de la Cruz, Santa Cruz II, Santa Cruz de la Palma, San Miguel de Abona y Los Realejos. Para ello, ha solicitado una modificación de créditos con cargo a los Fondos FEDER 2021-2017 para proyectos de inversión dirigidos a financiar obras, reformas y equipamientos de centros de atención a mayores, así como para la adaptación, mejora, ampliación de centros de día y ocupacionales de la red pública, con el fin de otorgar cobertura financiera a las obras de mejoras previstas.

Entre las actuaciones a ejecutar en estos centros se incluyen la instalación y adecuación de ascensores, la mejora de las instalaciones de protección contra incendios, la modernización y adaptación de las instalaciones eléctricas de baja tensión y las obras de reforma y acondicionamiento necesarias para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los centros, todo ello como medidas de mejoras incluidas dentro del Plan Director de Infraestructuras de la Dirección general de Mayores y Participación Activa.

Dichas medidas de mejora comprenden tanto proyectos incluidos en la planificación de la Dirección General de Mayores y Participación Activa como intervenciones necesarias por imperativo legal en materia de protección contra incendios, instalaciones de baja tensión y accesibilidad (ascensores), garantizando la seguridad, adecuación normativa y correcto funcionamiento de los centros.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias tiene entre sus competencias las de la gestión de la red propia de centros de día y de servicios de ocio y de atención a las personas mayores autónomas. Esta gestión se lleva a cabo desde la Dirección General de Mayores y Participación Activa, encargada de mantener los centros de día de mayores en las adecuadas condiciones para su uso y cumpliendo con las distintas normas sectoriales, como las relativas a la accesibilidad (instalación de ascensores), adecuación a la protección frente a incendios o de la infraestructura eléctrica.

Esta es la cifra con la que la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea parte para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, fijar en 12.912.662,81 miles de euros el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2027.

Esta cifra supone 769 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2026 y es la cantidad con la que cuenta el Gobierno de Canarias para dar respuesta a las necesidades de los canarios, principalmente para cubrir los servicios básicos de sanidad, dependencia, educación y acceso a la vivienda, a los que se destina de manera prioritaria la mayor parte del presupuesto.

Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. A partir de aquí, el Gobierno de Canarias inicia la elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.

Este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2027 en concepto de financiación afectada. Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

Contexto de elevada incertidumbre

El pasado 7 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores para el período 2027–2029 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2027. La propuesta contemplaba un déficit del -0,1 % del PIB para las comunidades autónomas y una deuda pública del conjunto de administraciones del 97,6 % del PIB en 2027, bajando hasta el 95,3 % en 2029. Sin embargo, el Congreso de los Diputados rechazó en dos ocasiones dichos objetivos, la última el pasado 23 de julio.

Por tanto, al no haberse aprobado la senda de estabilidad, el único marco de referencia disponible es el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) del Reino de España 2025-2028, validado por las instituciones europeas, que establece para el conjunto de las Administraciones Públicas un objetivo de déficit del 1,8% del PIB en 2027.

Sin embargo, dicho plan no distribuye la capacidad necesidad de financiación entre los distintos subsectores de las Administraciones Pública. En consecuencia, la elaboración del límite de gasto no financiero se realiza en un contexto de elevada incertidumbre respecto del marco presupuestario y fiscal nacional aplicable.

Por otra parte, corresponde al Ministerio de Economía calcular la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española a tener en cuenta por la cada una de las comunidades autónomas en la elaboración de sus respectivos presupuestos. El Informe de Situación de la Economía Española 2026 prevé una tasa de referencia del 4,0% en 2027, el 3,8% en 2028 y el 3,6% en 2029.

Para la elaboración del presupuesto de la CAC se ha considerado el escenario central de los analizados por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias como el más plausible, que fija en un 2,9 % el PIB nominal de la comunidad autónoma para 2027. En este caso, se prevé un incremento del PIB real de Canarias en 2026 del 2,0%, equivalente a un aumento en términos nominales de 3.344 millones de euros. Para 2027, se prevé una moderación del crecimiento hasta una tasa del 1,0% para crecer un 0,9% en 2028.

Regla de gasto y del límite de gasto no financiero

Al no haberse efectuado aún la trasposición del nuevo marco fiscal europeo al ordenamiento jurídico español, cuyo plazo finalizó el 31 de diciembre de 2025, sigue en vigor la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Esta ley señala que la variación del gasto computable de la administración central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

El informe de situación de la Economía Española de 2026, elaborado por el Ministerio de Economía, incluye la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el período 2027-2029, y la sitúa en el 4,0% para 2027. Por lo tanto, resulta obvia la diferencia entre la previsión de ingresos del 8% y el 4%, que la comunidad autónoma podrá destinar a cubrir las necesidades de todos los canarios.

El límite del gasto no financiero de 2027 lo determina la regla de gasto, conllevando su aplicación a la obtención de un déficit o necesidad de financiación estimado en 65,74 millones de euros para 2027 que representa un -0,1% del PIB.

Ingresos

Respecto a los ingresos procedentes del sistema de financiación, el ministerio de Hacienda indicó que incrementarían más de un 8%, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de 2025. En este contexto, hemos considerado un total de 8.881,83 millones de euros, a la espera de que nos comuniquen las cifras concretas.

Sobre el Bloque de Financiación Canario (BFC), la Agencia Tributaria Canaria realiza una proyección lineal de la recaudación y derechos reconocidos a junio de 2026. Para estimar el ejercicio 2027 aplica las variables macroeconómicas calculadas por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización en su escenario central.

En relación a los fondos europeos, se contemplan las certificaciones necesarias para cumplir con la ficha financiera del programa operativo correspondiente al periodo 2021-2027.

Y respecto a la financiación estatal afectada, se mantienen constantes los importes incluidos en el presupuesto de 2026. Además, en el convenio de carreteras se han tenido en cuenta las anualidades previstas en la última adenda que asciende para el ejercicio 2027 a una cantidad de 215.000.000 euros. Asimismo, se incluye la anualidad correspondiente al nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030, en el que se incluye para el año 2027 una cantidad de 45.050.000 euros

El Ejecutivo tramitará por urgencia esta norma, dado que el nuevo texto parte de trabajos previos ya avanzados, incorpora mejoras sustanciales y refuerza la seguridad jurídica tras las observaciones del Consejo Consultivo

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía encabezada por Mariano H. Zapata, ha acordado reiniciar los trámites del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, una norma destinada a establecer un marco jurídico integral para la protección, conservación, restauración y gestión sostenible del patrimonio natural del archipiélago.

La tramitación del anteproyecto se realizará por la vía de urgencia, ante la necesidad de dotar a la comunidad autónoma de un instrumento normativo propio, sistemático y actualizado que desarrolle en el ámbito canario la legislación estatal en materia de biodiversidad y recursos naturales.

El reinicio del procedimiento permite retomar un proceso ya avanzado, aprovechando el trabajo técnico y jurídico realizado en fases anteriores, así como el conocimiento acumulado durante su tramitación. No obstante, el nuevo texto incorpora modificaciones de alcance suficiente como para justificar el inicio de un nuevo procedimiento, con el objetivo de garantizar su solidez jurídica y su adecuación al marco competencial vigente.

El anteproyecto toma en consideración las observaciones formuladas por el Consejo Consultivo, que señalaban deficiencias en la técnica normativa, posibles solapamientos con la legislación básica estatal y riesgos de inseguridad jurídica. A partir de ese análisis, se ha elaborado un texto revisado que refuerza su coherencia, mejora su estructura y evita duplicidades normativas.

La futura ley permitirá a Canarias contar por primera vez con una norma propia que integre y ordene el conjunto de instrumentos de planificación, conservación y gestión de la biodiversidad, actualmente dispersos en diferentes disposiciones. Asimismo, adaptará la regulación a las singularidades del territorio insular, caracterizado por su elevada biodiversidad, alto grado de endemicidad y fragilidad de los ecosistemas.

Entre sus contenidos, el anteproyecto incorpora la protección del medio marino y de los ecosistemas costeros, en línea con las competencias asumidas por la comunidad autónoma, e integra los distintos sistemas de conocimiento científico y seguimiento ambiental existentes en Canarias. También establece un marco común para la planificación, la conservación de especies y hábitats, y la gestión sostenible de los recursos naturales.

El texto regula, además, los mecanismos de coordinación entre administraciones públicas, ordena los instrumentos de intervención y refuerza las herramientas para la conservación, restauración y uso sostenible del patrimonio natural.

Con este acuerdo, el anteproyecto inicia nuevamente su tramitación administrativa, que incluirá los correspondientes informes, consultas y fases de participación pública antes de su aprobación como proyecto de ley.

Incluye la obligación de que las RPT contengan un apartado relativo a si el puesto es susceptible o no de ser desempeñado en la modalidad de trabajo en remoto

Se considerará negativo el silencio administrativo en los procedimientos de autorización para la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha aprobado el decreto que modifica la regulación de la autorización del teletrabajo del personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes.

La nueva norma actualiza el Decreto 74/2023, de 11 de mayo, y adopta nuevas medidas que facilitan la adecuada implantación del teletrabajo, garantizando la mejora de su eficacia y el avance en la cultura de la dirección por objetivos.

Para la modificación, el Gobierno se basa en la experiencia adquirida en los dos últimos años de aplicación de esta norma, así como en las disfuncionalidades advertidas por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos en sus informes anuales de evaluación del despliegue de esta modalidad de prestación de los servicios. También, se adapta a la Ley 2/2025, de 26 de junio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las dos principales afectaciones que realiza la Ley 2/2025 se refieren a la obligación de que las relaciones de puestos de trabajo (RPT) contengan un apartado relativo a si el puesto de trabajo es susceptible o no de ser desempeñado en la modalidad de trabajo en remoto, así como al sentido del silencio administrativo en los procedimientos de autorización para la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo.

La persona responsable de la unidad elaborará el plan personal de trabajo de las personas cuyas solicitudes vayan a ser informadas favorablemente. En este sentido, se regula que, en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud, la persona titular del centro directivo al que se encuentre adscrita la persona solicitante resolverá expresamente, autorizando o denegando, de manera motivada, y que, a falta de resolución expresa, el sentido del silencio será negativo.

Se exige también tener los conocimientos teóricos y prácticos suficientes en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación vinculados con el uso diario de las plataformas y aplicaciones corporativas para el desempeño de su actividad profesional.

También, disponer de un lugar desde donde teletrabajar, con conexión a internet, adaptado a las medidas necesarias en materia de prevención de riesgos laborales y tener autorizada e instalada la correspondiente licencia de alguna de las aplicaciones de telefonía y conectividad corporativas, o, en su caso, aprobada por el órgano competente, o disponer de teléfono móvil corporativo publicado en la intranet del Gobierno de Canarias.

Por otro lado, se contempla haber prestado, de manera ininterrumpida, servicios en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias por un periodo mínimo de un año, y haber ocupado el puesto de trabajo, u otro con funciones equivalentes, desempeñadas con las mismas herramientas y funcionalidades, en el mismo centro directivo, por el periodo mínimo de tres meses, de manera consecutiva, inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de las consejerías de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias incluir a través del instrumento jurídico de decreto ley una serie de modificaciones para subsanar situaciones concretas y actualizar o unificar la redacción de la anterior normativa en relación con la tributación de los biocarburantes, las sociedades de garantía recíproca, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), los fondos Next Generation y la operatividad de los centros de servicios sociales.

En materia tributaria, se introducen modificaciones para incluir los biocarburantes en la normativa y dar coherencia a la regulación de la tributación de la entrega o importación de combustibles derivados del refino del petróleo mezclado con biocarburante. Se garantiza así un tratamiento homogéneo en la normativa del Impuesto General Indirecto Canario, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, el Impuesto sobre Combustibles y la Exacción Fiscal sobre la gasolina y el gasóleo de automoción.

Por otro lado, y con el objeto de adaptar a la doctrina del Tribunal Constitucional la regulación del tipo reducido de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aplicable a determinadas operaciones efectuadas por las sociedades de garantía recíproca, se suprime el criterio de la territorialidad como elemento determinante para su aplicación.

También se establece, por motivos operativos, un régimen de tributación excepcional y temporal del tipo cero en el AIEM para la importación de dióxido de carbono hasta el día 31 de marzo de 2027.

Por otra parte, el nuevo decreto ley contempla medidas específicas dirigidas a garantizar una gestión más eficiente de los fondos europeos de recuperación Next Generation, incidiendo sobre la agilización administrativa y la planificación de los fondos provenientes de este instrumento. Se da así mayor flexibilidad a la tramitación de los gastos plurianuales y anticipados financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para evitar su pérdida.

Servicios sociales

Por último, el decreto recoge la reforma de la Ley de Servicios Sociales. La modificación normativa adecúa la legislación autonómica para que se adapte al que pretende ser el nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los recursos sociales, diferenciando entre la puesta en marcha de los centros y su vinculación al sistema público.

De esta manera, la ley recogería que la autorización para que la apertura e inicio de actividad de los centros y servicios pueda realizarse mediante declaración responsable, manteniéndose las potestades de comprobación, inspección y control de la Administración. La acreditación administrativa quedará vinculada a la prestación de servicios concertados o financiados con fondos públicos, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de incorporación de nuevos recursos.

La reforma también actualiza el régimen de registro, inspección y control previsto en la Ley de Servicios Sociales para hacerlo plenamente coherente con el nuevo reglamento de acreditación, que se aprobará próximamente, y garantizar así la seguridad jurídica tanto de la Administración como de las entidades prestadoras.

La hoja de ruta contempla cincuenta y siete acciones para reforzar la competitividad de las entidades de economía social, impulsar el emprendimiento y favorecer la cohesión territorial

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, la remisión al Parlamento de Canarias de la Estrategia Canaria de Economía Social (ESCAES) 2026-2029 para su debate en comisión. Este trámite, previsto en la Ley de Economía Social de Canarias, es el paso previo a la aprobación definitiva de la estrategia por el Ejecutivo autonómico.

La estrategia marca el camino para reforzar la economía social en Canarias, un modelo empresarial que agrupa a cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades, cofradías de pescadores y otras entidades que priorizan el impacto social junto a la actividad económica. Su objetivo es impulsar la creación de empleo de calidad, apoyar nuevos proyectos empresariales y contribuir a un desarrollo más sostenible y equilibrado en todas las islas.

«La economía social no solo crea empresas, también crea oportunidades, cohesión y desarrollo para nuestros municipios», señaló la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León. «Esta estrategia nos permite ordenar las acciones del Gobierno para que más proyectos puedan crecer, innovar y generar empleo de calidad en Canarias».

Además, De León destacó que «la economía social es una herramienta clave para afrontar retos como el relevo generacional, la igualdad de oportunidades, la fijación de población en el territorio o la creación de nuevas oportunidades de empleo, especialmente en sectores emergentes».

La hoja de ruta reúne cincuenta y siete acciones organizadas en seis grandes ámbitos de actuación para dar más apoyo a las entidades de economía social, impulsar el emprendimiento, mejorar su competitividad, promover la igualdad de oportunidades, favorecer la sostenibilidad territorial y reforzar la formación.

La Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029 contará con un marco financiero previsto de 4.475.832,06 euros para el desarrollo de las actuaciones contempladas durante su periodo de vigencia.

La estrategia se ha elaborado con la participación de universidades, cabildos, ayuntamientos, organizaciones empresariales y sindicales, entidades de economía social y distintas Consejerías del Gobierno de Canarias, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades reales de este ámbito de actividad.

«La participación de todos los agentes implicados nos permite contar con una estrategia útil, consensuada y adaptada a la realidad de las entidades que forman parte de la economía social en Canarias», añadió la consejera.

Capital Española de la Economía Social 2027

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife ostentarán conjuntamente la Capital Española de la Economía Social 2027, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que, por primera vez, comparten dos ciudades.

En Canarias, la economía social está integrada por 3.516 entidades, entre cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades, cofradías de pescadores y entidades del tercer sector, que generan alrededor de 17.000 empleos.

El Consejo de Gobierno autoriza una inversión de hasta 10,4 millones de euros que permitirá implantar un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), con una vigencia de hasta cinco años

El nuevo procedimiento permitirá planificar las compras con mayor flexibilidad y eficiencia, ajustando cada contratación a las necesidades de los centros educativos

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, una inversión de 10,4 millones de euros para implantar un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) destinado al suministro de equipamiento para los centros educativos públicos no universitarios de Canarias, con el que se podrán reducir los plazos de contratación y proporcionar una respuesta más ágil a las necesidades existentes.

Este sistema permitirá evitar la tramitación de un nuevo procedimiento de contratación cada vez que sea necesario adquirir un determinado suministro. Una vez incorporadas las empresas que cumplan los requisitos establecidos, el área que dirige Poli Suárez podrá realizar contrataciones específicas de forma mucho más rápida, reduciendo la carga administrativa y acortando los plazos de respuesta a las necesidades de los centros educativos.

En concreto, el nuevo SDA tendrá una duración inicial de un año, aunque podrá prorrogarse por cuatro anualidades más. Durante toda su vigencia permanecerá abierto a la incorporación de nuevas empresas que cumplan los requisitos establecidos, favoreciendo una mayor concurrencia y competencia entre los proveedores. El expediente contempla un consumo estimado de dos millones de euros durante el primer año de funcionamiento, pero el valor total ascendería a 10,4 millones de euros, importe que incluye las posibles prórrogas y las modificaciones previstas en la normativa de contratación pública.

Con esta medida, la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, que coordina Iván G. Carro, podrá tramitar con mayor rapidez los contratos necesarios para atender las necesidades de equipamiento de los centros educativos. Además, posibilitará la planificación de las adquisiciones con mayor flexibilidad, adaptando cada contratación a las necesidades reales de cada centro y mejorando la capacidad de respuesta de la administración.

Entre los suministros que podrán adquirirse figuran mobiliario escolar e infantil, equipamiento para comedores y cocinas, pizarras, material didáctico y de laboratorio, equipamiento deportivo, mobiliario adaptado para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, material sanitario y de seguridad, equipamiento tecnológico, instrumentos musicales, equipos de megafonía y otros recursos destinados al funcionamiento diario de los centros educativos públicos.

El expediente se estructura en 38 categorías de suministros, distribuidas entre las dos provincias canarias, con el fin de ordenar las distintas adquisiciones y garantizar una cobertura eficaz de las necesidades de equipamiento de los centros educativos públicos del archipiélago.

Gracias a esta iniciativa, la Consejería de Educación mantiene su compromiso con la modernización del sistema. En este caso, supone una implementación de sus procedimientos de contratación, incorporando una herramienta que permite una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos que redunden, en última instancia, en la mejora de la calidad de la educación en las islas.