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Pérez sostiene que la especialización de operadores jurídicos evita la doble victimización de la violencia machista

La especialización de los operadores jurídicos evita la doble victimización de la violencia machista

Julio Pérez participa en la apertura de las jornadas formativas organizadas junto con el Colegio de Abogados de Las Palmas, que se desarrollarán durante cinco jornadas y cuya superación acreditará a las y los profesionales de la abogacía para el acceso al turno de oficio especial de violencia de género

El consejero considera esencial que las mujeres víctimas cuenten con unas instituciones y profesionales especialmente formados y capacitados para atenderlas adecuadamente

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Gobierno de Canarias, Julio Pérez, afirmó hoy que su departamento promueve la adecuada formación y especialización de los operadores jurídicos en materia de violencia de género e indicó que cuando se trata de víctimas de violencia machista el mecanismo de perfeccionamiento de la justicia es la defensa contra la doble victimización. “Quien ha sido objeto de una agresión machista no puede revivirla y sufrirla de nuevo cuando acude a la justicia”, remarcó.

El departamento que dirige Pérez impulsa esa formación especializada mediante la realización de jornadas formativas, organizadas a través de los colegios de abogados de Canarias y dirigidas a profesionales de la abogacía para que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para dar un adecuado trato a las víctimas, garantizar la mejor respuesta asistencial y evitar que el proceso judicial se convierta en un nuevo elemento de victimización.

Pérez participó en la tarde de ayer en la apertura de las jornadas ‘La atención integral frente a la violencia de género. Nuevas formas de violencia machista’, organizadas junto al Colegio de Abogados de Las Palmas, sobre las que, destacó, suponen un instrumento más de perfeccionamiento del sistema que trata de luchar contra la violencia machista en nuestra sociedad. Pérez recalcó que Canarias se sitúa como una de las comunidades donde mayor incidencia tiene la violencia de género y dijo que es esencial que una vez que la mujer da el paso de denunciar, cuente con unas instituciones y profesionales especialmente capacitados para atenderla adecuadamente.

Las jornadas, financiadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con un importe de 15.000 euros, provenientes de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se desarrollarán durante cinco días y su superación acreditará a las y los profesionales de la abogacía para el acceso al turno de oficio especial de violencia de género.

Inaceptable e insoportable

“La justicia no es el único frente en el que este combate se desenvuelve, pero probablemente sea la justicia el frente en el que es conveniente que se obtengan mayores victorias”, sostuvo Pérez, quien señaló que en Canarias los casos de violencia machista son inaceptablemente numerosos, “pero por pocos que fueran serían igualmente insoportables”.

El consejero remarcó que esta situación obliga a las autoridades y a todas las partes intervinientes en el servicio público de la justicia a mejorar los instrumentos con los que combatir la amenaza y la lacra de la violencia machista, uno de los cuales es la formación especializada de las y los abogados que quieran trabajar en este sector de la actividad judicial.

Mediante las jornadas ‘La atención integral frente a la violencia de género. Nuevas formas de violencia machista’ los y las profesionales de la abogacía tendrán acceso no solo a la información más relevante referida a la respuestas penales y procesales que ofrece el ordenamiento jurídico, sino también una aproximación multidisciplinar que incluya un verdadero conocimiento de la violencia de género y de cómo debe ser la relación con la víctima.

En concreto, tienen lugar vía telemática entre los días 26 y 27 de noviembre, y 1, 2 y 3 de diciembre. El curso es gratuito y tiene como objetivos incidir en los ámbitos de sensibilización y prevención; mejora de la respuesta institucional; perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas; asistencia y protección de menores; e impulso a la formación de los distintos agentes, entre otros.

Pacto de Estado

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad lleva a cabo acciones concretas de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con la realización de jornadas formativas específicas para los y las profesionales de la abogacía.

Con este tipo de acciones, se cumple con lo previsto en el Eje 5 del Documento refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Genero, relativo al impulso de la formación de los distintos agentes que garantice la mejor respuesta asistencial.

Así, dicho eje recoge que para ofrecer a las víctimas de violencia de género la mejor asistencia posible “es necesario que se amplíe la formación especializada de todos los profesionales que intervienen en la prevención, protección y ayuda psicosocial a las víctimas. Es por ello ineludible seguir promoviendo la formación de todos los profesionales implicados: jueces, fiscales, equipos psicosociales, médicos forenses, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal sanitario y personal docente, entre otros. La formación ha de incluir tanto las técnicas y procedimientos propios de su profesión, como las características, causas, efectos y consecuencias de la violencia sobre las mujeres”.

El Gobierno de Canarias respalda cinco planes insulares de riesgo de inundaciones

Julio Pérez preside la Comisión Autonómica de Protección Civil

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió ayer la reunión de la Comisión Autonómica de Protección Civil en la que también se homologaron cuatro planes de emergencias municipal, un plan insular de prevención y extinción de incendios y un plan insular de actuación insular frente al riesgo volcánico

Protección Civil del Gobierno de Canarias presentó un primer borrador del futuro protocolo de actuación de evacuación de animales ante situaciones de emergencias de catástrofes. Su finalidad es evitar el sacrificio de los animales durante crisis de cualquier tipo, evitar su muerte o dejar animales abandonados a su suerte en situaciones de emergencias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió ayer la Comisión Autonómica de Protección Civil en la que, entre otros asuntos, el Gobierno de Canarias informó de forma favorable cinco planes insulares de riesgo de inundaciones, lo que allana el camino para la aprobación de los mismos en el Consejo Nacional de Protección Civil. A la reunión también acudieron el director general de la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE), Gustavo Armas, la técnica de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montse Román, y diferentes técnicos y cargos de municipios, cabildos y de la Delegación del Gobierno.

Se trata, en concreto, de los planes elaborados por los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Tenerife, que recibieron todos el respaldo de la Comisión. Estos planes definen la demarcación hidrográfica insular, lo que incluye una evaluación del riesgo de inundación en ese ámbito geográfico y de riesgo potencial del mismo, así como mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación y los planes de la gestión del riesgo de inundación.

Pérez destacó en este caso, y también para el resto de planes que se abordaron ayer en la reunión, la alta calidad técnica de los mismos, que apenas requerirán modificaciones menores en sus redacciones antes de que sean aprobados de manera definitiva.

Además, Protección Civil del Gobierno de Canarias presentó un primer borrador del protocolo de actuación de evacuación de animales ante situaciones de emergencias de catástrofes, como punto de partida inicial con la idea de que sirva para recoger observaciones de distintos intervinientes en tales situaciones y puedan aportar al mismo.

Se trata de un protocolo que busca evitar el sacrificio de los animales durante crisis de cualquier tipo, evitar su muerte o dejar animales abandonados a su suerte en situaciones de emergencias sin contar con un lugar seguro donde puedan permanecer, alimentos, agua ni atención veterinaria.

Asimismo, la Comisión Autonómica de Protección Civil homologó ayer cuatro planes de emergencias municipal, que al igual que los planes de riesgo de inundación, apenas requerirán matizaciones técnicas en su redacción. Se trata del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de San Andrés y Sauces de la Palma; el del municipio gomero de Valle Gran Rey; el municipio tinerfeño de Vilaflor, y el del municipio grancanario de Santa María de Guía.

El objetivo de estos planes es, en general, conocer en detalle los riesgos más probables que se deben afrontar en el ámbito geográfico del que se trate, así como conocer los medios y mecanismos de los que se dispongan para hacerles frente, tanto en lo que se refiere a recursos materiales como humanos, con la finalidad de procurar la protección de personas, bienes y medio ambiente.

Otros planes y autoprotección para la población

El Gobierno de Canarias también homologó el Plan Insular de Prevención y Extinción de Incendios de Gran Canaria y el Plan Insular de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de La Palma que, como en los casos anteriores, apenas requerirán de cambios menores de redacción antes de su aprobación.

En cuanto al primero, toma en cuenta el riesgo actual de  incendio  forestal  de  Gran Canaria, así como el previsible con el aumento de la superficie forestal y la influencia del cambio. Se plantea abordar el problema de los fuegos forestales desde la perspectiva preventiva y la operativa. Para ello, plantea entre sus objetivos regular la utilización, coordinación y movilización de los medios y recursos de los organismos públicos y privados que existen en esa Isla, y definir las acciones encaminadas a evitar, o reducir, los efectos de los incendios forestales.

Por su parte, el plan frente a riesgo volcánico de Tenerife señala que las últimas erupciones habidas en la provincia occidental (La Palma, 1971, y El Hierro, 2011) explican la importancia de contar con una herramienta que especifique la estructura, organización, operatividad y protocolos de coordinación e intervención ante una posible futura erupción en esa Isla, así como la persistencia en el tiempo de varios enjambres sismo volcánicos.

Por último, abordó también la actualización de los consejos de autoprotección para la población de todos los planes de forma que se vayan mejorando de forma progresiva para su aprobación en próximas reuniones de la Comisión Autonómica de Protección Civil.

De hecho, la DGSE ya ha trabajado en algunos de estos consejos relacionados con los incendios forestales, que tanto desde el CECOES 112 como desde la propia Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ya se divulgaron el pasado verano.

Al respecto, Román explicó que se abordaron, en primer lugar, los de carácter preventivo tanto con mejoras en la redacción como con la incorporación de nuevos elementos de autoprotección. Aunque estos ya hayan sido difundidos en la campaña de 2020, explicó, también serán objeto de revisión y análisis para futuras aportaciones que puedan contribuir a su mejora.

El Gobierno renovará por completo el sistema de grabación de los juicios y actos judiciales

Se efectuará una contratación mediante procedimiento abierto para el suministro e instalación de equipos y ‘software’ que integran el sistema de grabación en las salas de vistas, polivalentes y Gesell de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias

Se busca lograr la unificación de los sistemas; la integración de todos los órganos judiciales con el sistema de gestión procesal (Atlante); el avance tecnológico al entorno web; la reducción (o eliminación, en su caso) de incidencias que provocan retrasos o suspensión de juicios; la integración de firmas electrónicas reconocidas en las grabaciones y videoconferencias integradas, y la consolidación de los juicios telemáticos

El Consejo de Gobierno autorizó hoy el gasto correspondiente a la contratación del suministro e instalación de equipos y software que integran el sistema de grabación de las salas de vistas, polivalentes y Gesell de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como su mantenimiento y administración mediante procedimiento abierto, por importe de 5.944.928,04 euros, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Además, también se acordó dar cuenta al Parlamento de Canarias de esta autorización de gasto.

El presupuesto se distribuirá en cinco anualidades (en 2020, por 1.400.000 euros; en 2021, por 1.900.000 euros; en el año 2022, por 1.688.910 euros; en 2023, por 300.000 euros; y, finalmente, en 2024 por 656,018,04 euros), coincidiendo así con el plazo de ejecución de cinco años de esta contratación.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia explica que la contratación busca lograr la integración de todos los equipos de videograbación de los órganos judiciales con el gestor procesal Atlante en un entorno web, de tal manera que todas las grabaciones queden integradas en el propio Atlante.

También persigue la unificación de los sistemas de grabación existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias; la integración de todos los órganos judiciales con el sistema de gestión procesal (Atlante); el avance tecnológico al entorno web (en vez de la arquitectura cliente-servidor); la reducción (o eliminación, en su caso) de incidencias que provocan retrasos o suspensión de juicios; la integración de firmas electrónicas reconocidas en las grabaciones y videoconferencias integradas, y la consolidación de los juicios telemáticos.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia estima necesario evolucionar los sistemas audiovisuales al servicio de los órganos judiciales y resto de intervinientes en los procesos judiciales a favor de un nuevo modelo que integre todas las prestaciones requeridas y que permita elevar el nivel de aprovechamiento tecnológico al máximo, que simplifique y facilite la gestión integral, así como la incorporación del nivel de funcionalidades más completo existente.

Así, el equipamiento suministrado permitirá la integración e incorporación de funciones que ahora desempeñan diferentes dispositivos, o prestaciones necesarias que en la actualidad son inexistentes y que, en el mejor de los casos, requieren de un personal que disponga de un nivel de conocimiento y especialización medio alto a nivel técnico para su aprovechamiento o utilización, perfiles que por su propia naturaleza no forman parte de los órganos judiciales y que, por lo tanto, no están disponibles para dar asistencia y apoyo permanente en todas las ubicaciones necesarias.

Por el contrario, el nuevo modelo con el equipamiento previsto posibilitará su utilización a usuarios con un nivel de conocimientos técnicos básicos, como son los propios de los órganos judiciales, al simplificar en gran manera el funcionamiento y las necesidades de manejo de los sistemas.

Los sistemas de Sala (130 en la actualidad) disponen de equipamientos que se adquirieron e incorporaron al uso en distintas fases y contratos, y que finalizan la cobertura por parte de los suministradores a lo largo de la vigencia prevista del contrato actual. Debido a la evolución tecnológica, y otros motivos, estos sistemas han quedado obsoletos y son incapaces de atender las nuevas necesidades planteadas y las de un futuro inmediato, además de sufrir un desgate acusado debido al alto nivel de uso y exposición que soportan.

En el contexto de la pandemia de Covid-19 se hace imprescindible planificar su evolución y sustitución en el más breve plazo de tiempo posible desde el momento en que el soporte a su operatividad finalice. De ahí la urgencia en su implementación en este ejercicio presupuestario.

De esta manera, se prevé la sustitución de todo el equipamiento por sistemas basados en el nuevo modelo, así como la dotación de nuevos sistemas para atender otras necesidades esenciales que hasta la fecha no habían sido cubiertas en la administración de justicia de Canarias, como es el caso de las Salas Gesell, destinadas a la grabación de declaraciones y entrevistas de personas pertenecientes a colectivos de especial vulnerabilidad: menores, víctimas de abusos sexuales o de violencia de género. Con el uso de estas Salas se evita una doble o múltiple intervención en los procesos judiciales, y el consiguiente incremento de la victimización, y se mejora la protección y privacidad de las víctimas dando cumplimiento a lo dictaminado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo dispuesto por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Como se recordará, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, impuso la obligatoriedad de grabar todas las actuaciones orales en vistas y comparecencias de la jurisdicción civil desde la fecha de su entrada en vigor (8 de enero de 2001). Por lo tanto, a partir de entonces, fue necesario dotar los órganos del orden jurisdiccional civil (así como del social y contencioso-administrativo en los que la Ley tiene carácter supletorio) de los sistemas de grabación, duplicación y almacenamiento, previa adecuación de los espacios necesarios.

Más tarde se extendió la obligatoriedad de la grabación de vistas y comparecencias a la jurisdicción penal, con lo que la totalidad de salas de vistas y polivalentes de las sedes judiciales tuvieron que ser equipadas con tales sistemas.

En cumplimiento de lo anterior, y desde la entrada en vigor de esa ley, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia fue suministrando los diferentes equipos de video grabación para los órganos judiciales, cuya tecnología y características técnicas de los mismos ha ido evolucionando desde la entrada en vigor de la citada Ley hasta la actualidad.

Pérez defiende la necesidad de la actualización continua y permanente del personal público

Clausura de las jornadas El Estatuto de Autonomía ante el reto de su desarrollo

El consejero de Administraciones Públicas sostiene que la formación tiene como objetivo mejorar el servicio público y es un deber de las y los empleados públicos y un desafío para el Ejecutivo

Pérez interviene en la sesión de cierre de las jornadas ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura’, que han sido clausuradas por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, intervino hoy en la clausura de las jornadas ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura’, organizadas por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) con motivo del segundo aniversario de la promulgación de la reforma del texto estatutario, y significó la formación del personal público como una necesidad para la actualización continua y permanente del conocimiento, un deber y una obligación, dijo, de las y los empleados públicos y un desafío para la administración pública.

Pérez participó en la sesión de cierre de las jornadas, celebradas entre el 5 y el 19 de noviembre, que fueron clausuradas por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y en la que también intervinieron el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, y la directora del ICAP, Eva de Anta.

El consejero mostró su satisfacción por el desarrollo de los distintos seminarios, que han tenido como objetivo examinar y analizar el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía de Canarias, un texto que, afirmó, hace a Canarias más grande, competente y responsable a la hora de tomar las decisiones que necesiten las Islas.

Calificó las sesiones de trabajo como una experiencia productiva, tanto por el contenido y la participación en las mismas como por el formato, celebradas a través de un entorno virtual para salvar las dificultades motivadas por la pandemia. Destacó que la formación telemática permite mantener el trabajo colectivo y la habitual comunicación entre empleados y empleadas públicas, uno de los grandes valores del trabajo público.

Formación continua

Así, Pérez abogó por intensificar este tipo de formato no presencial que ya se ha evidenciado como una de las mejores fórmulas para la enseñanza y la formación, y defendió la actualización continua y permanente del personal público para mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía, y recordó que los conocimientos que se adquieren en el momento de incorporarse al sector público se desactualizan y hay que hacer un esfuerzo y habituarse a convivir con el cambio continuo de las normas, procedimientos, reglas o criterios judiciales. Asimismo, consideró que la formación continua permite luchar contra la rutina del trabajo del personal público y de los gestores y favorece una labor más estimulante, interesante y atractiva.

El consejero hizo mención del teletrabajo y a la relación telemática con la ciudadanía y sostuvo que, aunque la distancia física es mayor, la proximidad con las personas usuarias de los servicios públicos es similar, al tiempo que defendió la necesidad de avanzar en ese acercamiento telemático con la ciudadanía, cuya satisfacción constituye el objetivo del Gobierno y es el centro de su trabajo.

Alejandro Rodríguez felicitó al equipo del ICAP por el éxito de las jornadas, dijo que el Instituto es un referencie de calidad y excelencia en formación e innovación en el ámbito de los servicios Públicos y aseguró que la formación no es algo que suponga un gasto, sino que es un elemento de inversión en el capital humano de las administraciones y que este sea cada vez mejor para prestar un superior servicio a la ciudadanía.

Al respecto, Eva de Anta remarcó que durante la celebración de las jornadas se ha demostrado el inmenso valor que representa el conocimiento del personal público, y destacó la participación tanto de ponentes como de asistentes, compartiendo valoraciones, experiencias e ideas para mejorar. Mostró su satisfacción con la experiencia y el resultado de unas jornadas que calificó de innovadoras y aseguró que para el ICAP ha sido una experiencia enriquecedora y muy gratificante.

Clausura

Las jornadas ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura’, organizadas por el ICAP, con la colaboración del Gobierno de Canarias, han sido clausuradas por la ministra de Política Territorial y Función Pública, quien afirmó que el nuevo texto estatutario coloca a Canarias en la senda del progreso social. Darias remarcó que el nuevo Estatuto, aprobado por la ley orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, viene a reconocer las aspiraciones de la ciudadanía canaria en relación con el reconocimiento de las singularidades históricas del Archipiélago.

Las jornadas se enmarcan en programa de actividades del ICAP para 2020 y se han celebrado durante seis sesiones, entre los días 5, 6, 10, 12, 17 y 19 de noviembre. Dirigidas al personal funcionario y laboral de todos los grupos de las Administraciones Públicas de Canarias (Administración Local, Autonómica y General del Estado), el personal de administración y servicios de las Universidades Públicas de Canarias y el del Parlamento de Canarias, en ellas han participado profesionales de reconocido prestigio, quienes han abordado diferentes aspectos sobre la norma institucional básica de Canarias, como las posibilidades y límites del nuevo estatuto, las relaciones Canarias-Estado, el desarrollo del sistema electoral o el marco competencial.

El contenido de las jornadas se ha presentado principalmente a través de paneles en los que se han analizado entre otros asuntos, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, el papel de las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa, la articulación de los derechos de la ciudadanía y las políticas sociales y el desarrollo de las competencias sobre actividades económicas, empleo e infraestructuras.

La DG de Justicia constata un aumento de las llamadas por violencia de género coincidiendo con el confinamiento

Aumentan las llamadas por violencia de género coincidiendo con el confinamiento

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, elabora un estudio de analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano mediante un mapa de datos georreferenciado con el caso de uso de mujeres víctimas de violencia de género. Entre los primeros resultados, el estudio revela que las llamadas al 016 se han incrementado entre el primer y el segundo trimestre del año, periodo que coincide con el confinamiento

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ), Marta Bonnet, participaron hoy en la inauguración de las Jornadas sobre Violencia de Género organizadas por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, acto que presentó el presidente del mismo, Juan Antonio Rodríguez, e inauguró el vicedecano de la institución, José Miguel Jaubert. Entre otros aspectos, Bonnet se refirió al estudio que lleva a cabo la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida por Julio Pérez, a través de la DGRAJ, de analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano mediante un mapa de datos georreferenciado con el caso de uso de mujeres víctimas de violencia de género. Entre sus primeros resultados, reveló la directora general, figura la constatación objetiva del incremento de llamadas al 016 entre el primer y el segundo trimestre del año, periodo que coincide con el confinamiento que tuvo lugar debido a la pandemia de Covid-19.

Bonnet explicó que, mientras que el primer trimestre se registraron 681 llamadas de la propia usuaria, en el segundo la cifra llegó a 1.045. En el caso de las familias y personas allegadas, se produjeron 292 llamadas en el primer trimestre, por 392 en el segundo trimestre, y las llamadas realizadas por otras personas fueron 57 en el primer trimestre, por 73 en el segundo.

No se trata de datos esperanzadores, afirmó Vallejo, que lamentó que el confinamiento a causa de la pandemia ha exacerbado los aspectos más negativos de la violencia de género, como el secretismo o las conductas machistas que se observan entre la gente más joven.

Por su parte, la directora general indicó que se podría pensar que el periodo de confinamiento o la declaración del estado de alarma supusieron un momento de desaparición de los casos de violencia de género, pero que, en realidad, no fue así. En marzo, cuatro mujeres fueron asesinadas; en abril, en pleno confinamiento, una más; en mayo, otras dos; en junio, una más, y ya en julio la cifra volvió a ascender a cuatro y se multiplicó por dos en agosto, llegando a ochos las mujeres asesinadas. La única víctima mortal de abril lo fue, además en Canarias, remarcó Bonnet.

La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. En efecto, con las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se encuentran atrapadas en casa con sus maltratadores, con dificultades para acceder a servicios de ayuda, advirtió Bonnet. Los nuevos datos muestran que, desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas (y, especialmente, la violencia doméstica) se ha intensificado.

Además, Bonnet, adelantó que la DGRAJ ha encargado al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres un estudio sobre la perspectiva de género en las normas dictadas en materia de justicia durante el periodo de confinamiento con la intención de verificar el grado de cumplimiento del propio legislador, o del Ejecutivo cuando dicta normas jurídicas y de la observancia de la perspectiva de género. La directora general, que al igual que la viceconsejera, agradeció al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma por su invitación a participar en la sesión inaugural de las jornadas, afirmó que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, tal y como señala Naciones Unidas, apostilló Bonnet.

En este sentido, explicó que, si bien se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, como más niñas están escolarizadas, que se obligue a menos niñas al matrimonio precoz, que hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, o que las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género, todavía existen muchas dificultades, como el hecho de que siguen siendo generalizadas las leyes y normas sociales discriminatorias.

Vallejo también se refirió a las conquistas en el terreno legal que permiten hablar hoy día de un importante recorrido en esta materia, a pesar de los malos datos. El hecho de que las normas hayan reconocido la existencia de la violencia de género es, en sí mismo, un paso de gigante en relación al panorama anterior, explicó Vallejo, que repasó algunas situaciones en las que aún queda mucho trabajo por hacer, como la situación de las y los menores, las y los grandes olvidados en estos casos.

Bonnet afirmó que la pandemia de la Covid ha puesto de manifiesto aún más el desequilibrio entre las mujeres y los hombres, y señaló que, según las Naciones Unidas, las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos. Además, también se ven más afectadas por los efectos económicos de la COVID-19, ya que trabajan mayoritariamente en mercados laborales inseguros. Explicó que cerca del 60% de las mujeres trabaja en la economía informal, especialmente en trabajos domésticos o itinerante, como la venta de productos, lo que las expone aún más a caer en la pobreza.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias creará en 2021 una unidad de equipo de búsqueda y rescate urbano

Protección Civil del Gobierno de Canarias

Será la tercera unidad especializada de toda España y estará disponible para actuar en toda la Macaronesia

Asimismo, participará en cinco proyectos europeos en 2021, lo que le permitirá contar con un plan de asistencia a cruceros en caso de accidente o mejorar la prevención de incendios forestales, entre otros aspectos

La Dirección General de Seguridad y Emergencias de Canarias (DGSE), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas que dirige Julio Pérez, participará en 2021 en cinco proyectos europeos que permitirán, entre otros aspectos, crear una unidad de equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR) que estará operativo en la Macaronesia.

Como explica el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, la creación de la USAR (Urban Search and Rescue) nace dentro del proyecto UMEMAC (Unidad Modular de Emergencia de la Macaronesia), que es el principal instrumento con el que cuentan las regiones ultraperiféricas de España y Portugal para ofrecer una respuesta eficaz a los desafíos comunes a los que se enfrentan en materia de innovación, competitividad, internacionalización y desarrollo sostenible.

La finalidad de UMEMAC es que esta región disponga de un equipo USAR mediano que permitirá realizar operaciones de búsqueda y rescate técnico en estructuras colapsadas o con fallas de madera pesada y/o construcción de mampostería reforzada, incluyendo estructuras reforzadas con acero estructural. Armas señala que el objetivo es contar con 80 efectivos formados y certificados por la ONU para actuar en la Macaronesia o cuando sean requeridos por la ONU o el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Así, en 2021, Canarias contaría con la tercera unidad especializada en España (las otras son la de la Comunidad de Madrid y la de la Unidad Militar de Emergencias -UME-). Para ello, durante el próximo año adquirirá todo el material necesario y llevará a cabo la formación a todos los integrantes.

También la Dirección General de Seguridad y Emergencias abordará en 2021 el proyecto MAWADIPOL, que hará posible la asistencia a cruceros en caso de accidente a través de la implantación de mecanismos para la asistencia de pasaje de cruceros en tierra.

A lo largo del próximo año se prevé crear un protocolo general que sirva para Canarias, Azores y Cabo Verde, por lo que se adquirirá material necesario para la asistencia y respuesta en caso de un incidente en estas embarcaciones y se elaborará un estudio de riesgos y un plan de asistencia a los cruceristas.

Por su parte, el proyecto GESFOGO estará enfocado en la prevención y gestión de incendios forestales que afectan en mayor medida a zonas verdes de la Red Natura 2000, así como el resto de los espacios naturales protegidos del Archipiélago.

Para ello, se desarrollará una cámara móvil terrestre que hará seguimiento de los incendios forestales y se implementará la aplicación del cálculo del índice de Grandes Incendios Forestales en Canarias, que adaptará una nueva fórmula que permitirá obtener datos ajustados a todas las Islas y activar las Alertas y el dispositivo de INFOCA con anterioridad al inicio de estos episodios.

Los otros dos proyectos, Alert For You y RISKLAB, servirán para desarrollar e implementar un sistema de alerta temprana para la población, la elaboración de mapas de riesgos y la implantación en el centro de coordinación de una gestión de emergencias mediante el uso de software de georreferenciación (GIS) que hará posible ofrecer de forma inmediata y en tiempo real información de los posibles riesgos asociados a distintas zonas, gracias a un sistema de geolocalización.

Alert For You posibilitará la recepción y envío de un sistema de avisos de alerta temprana, en distintos idiomas, la comunicación de alertas o siniestros, instrucciones sobre cómo actuar ante emergencias o información sobre riesgos, entre otros temas de interés y para 2021 se garantizará el alojamiento de la misma en los servidores del Gobierno de Canarias.

Mientras, en el ámbito de RISKLAB, durante 2021 se continuará desarrollando la implementación tecnológica en la gestión de emergencias a través del análisis de bases de datos, evaluación de parámetros de riesgo (naturales, tecnológicos y antrópicos); simuladores de escenarios; implementación cartográfica y elementos de gestión de emergencias (SMC, cartografía de riesgo, alerta temprana, etc.); con el fin de implementar un sistema de gestión de riesgos en base a la elaboración de mapa de riesgos y a la alerta temprana.

La Consejería de Seguridad reconoce la labor del gerente de handling de Binter Canarias frente a la Covid-19

Víctor Siverio en el reconocimiento a su cooperación con el CGPC

Víctor Siverio recibe del consejero Julio Pérez una gorra del Cuerpo General de la Policía Canaria en reconocimiento a la colaboración e implicación mostrada para facilitar la realización de actuaciones de ese Cuerpo entre las Islas en el marco de la pandemia de la Covid-19

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, entregó hoy al gerente de handling de Binter Canarias, Víctor Siverio, una gorra del Cuerpo General de la Policía Canaria en reconocimiento por su colaboración e implicación, a iniciativa del propio Cuerpo, para facilitar la realización de actuaciones entre las Islas de la Policía Canaria en el marco de la pandemia de la Covid-19.

En el acto también estuvieron presentes el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, el comisario jefe de la Policía Canaria, Luis Santos, el segundo comisario de ese Cuerpo, José Luis De Los Reyes, y el presidente de Binter Canarias, Rodolfo Núñez.

Pérez remarcó la importancia que tienen los sistemas de transporte existentes, como las líneas aéreas, para la realización de determinadas labores llevadas a cabo por la Dirección General de Seguridad y Emergencias. Siverio remarcó, por su parte, la disposición a seguir prestando su colaboración para actuaciones futuras al tiempo que agradeció el reconocimiento.

Tanto Santos como Reyes destacaron la disponibilidad mostrada por Siverio a la hora de coordinar las actuaciones de la Policía Canaria con la aerolínea. Ente otros casos de la colaboración prestada, pusieron el ejemplo del envío urgente de mascarillas a una residencia de personas de la tercera edad de El Hierro, o los traslados de menores entre Islas, lo que ha facilitado la labor del Cuerpo en esta materia.

La justicia ha respaldado hasta ahora las medidas del Gobierno de Canarias contra la Covid-19

El Gobierno de Canarias extenderá hasta el 31 de agosto la limitación del número de personas en las reuniones según los niveles tras la ratificación del TSJC

Distintas personas físicas y entidades demandaron al Ejecutivo autonómico por la obligatoriedad del uso de las mascarillas y las restricciones a la hostelería impuestas para controlar la pandemia de la Covid-19. Los primeros autos dictados dan la razón al Gobierno y desestiman las solicitudes de medidas cautelares

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, están defendiendo ante la justicia la validez de las medidas impuestas por el propio Ejecutivo autonómico para controlar la pandemia de la Covid-19 ante los recursos contenciosos-administrativos interpuestos por diferentes personas naturales y entidades. Los primeros autos, todos de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con sede en Santa Cruz de Tenerife, respaldan dichas medidas.

Los demandantes dirigieron los recursos contra los acuerdos del Gobierno de Canarias adoptados en las sesiones extraordinarias celebradas los días 13 de agosto de 2020 y 20 de agosto de 2020 por los que se aprueban la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante acuerdo de 19 de junio de 2020 para combatir la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Por un lado, tres sociedades recurrieron las limitaciones impuestas a la hostelería. En este caso, solicitaron medidas cautelares en cuanto al aumento de las restricciones de derechos en materia de aforo y distancia de seguridad; limitaciones en la actividad de restauración; cierre de discotecas y bares de copas con o sin actuaciones musicales en directo; visitas en centros sociosanitarios. En este caso, el TSJC desestimó la medida cautelar propuesta, si bien no impuso costas.

Por otra parte, una organización política interpuso un recurso contencioso administrativo y solicitó una medida cautelar, en este caso, contra la obligatoriedad del uso de las mascarillas contemplada en uno de los acuerdos del Gobierno antes mencionado. La Sala acordó desestimar la solicitud de la medida cautela y condenó en costas a la demandante.

Finalmente, un particular también interpuso un recurso contencioso-administrativo para la protección de derechos fundamentales y solicitó, asimismo, medidas cautelares en cuanto al uso obligatorio de mascarillas. En este caso, el fallo desestima la medida cautelar, pero no impuso costas al demandante.

Hay que tener en cuenta, por un lado, que en todos los casos cabe recurso de reposición. Además, los procesos judiciales continuarán hasta que los órganos judiciales dicten sentencias sobre el fondo de cada asunto, pues lo que ha sido decidido son, como se ha dicho, autos por los que se rechazan las peticiones de suspensión de las medidas del Gobierno, pues no se considera, al menos a primera vista, que carezcan de fundamento o no sirvan al interés general.

Las inversiones en Telecomunicaciones y Seguridad y Emergencias crecen en torno al 20% para 2021

Presupuestos CAPJS 2021

Los 308.284.352 euros con que contará la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para 2021 suponen una subida del 6,86% (8,15% si se compara sin las partidas relativas a las elecciones de 2019)

Julio Pérez señala que se trata de unas cuentas “no continuistas” que contribuirán a modernizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explicó la semana pasada en sede parlamentaria que las cuentas de su Departamento para 2021 (308.284.352 euros) crecen el 6,86% que, en realidad, supone un 8,15% si se excluyen las partidas relacionadas con las elecciones de 2019. Dos de las áreas que más crecen en términos porcentuales en relación a 2020 son la dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías -DGTNT- (23,59%), que el próximo año alcanzará los 72.220.363 euros, y la Dirección General de Seguridad y Emergencias -DGSE- (19,68%), hasta los 37.483.668 euros. Pérez califica estas cuentas de no continuistas y afirma que contribuirán a modernizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CCAA).

El consejero indicó que se trata de unos presupuestos que servirán para reducir el impacto de la pandemia de la Covid-19 y para preparar las administraciones públicas canarias para el nuevo escenario en el que deberán actuar, que les permitirán abordar las exigencias de esa nueva situación, como el teletrabajo o la atención no presencial a las que deberán habituarse las administraciones públicas en general.

Remarcó que tanto el incremento del 23,59% de la DG de Telecomunicaciones como la subida del 8,19% de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios para 2021 reflejan la intención de su Departamento de extender las comunicaciones no presenciales y la telematización en la Administración de la CCAA.

En este sentido, insistió en que las cuentas del próximo año contienen elementos para ser optimistas en cuanto a la modernización de la Administración Pública, y recordó que este mismo año ya se ha gestionado la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de forma íntegra por vía telefónica. Se ha teletrabajado y se sigue haciendo, enfatizó.

En el caso de la DGTNT, los esfuerzos de esta área estarán orientados a avanzar en la consolidación del nuevo modelo de Administración Pública a través del impulso de la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la actividad administrativa y en la relación del Gobierno de Canarias con la ciudadanía, indicó el consejero.

Entre otros incrementos relevantes de este centro para 2021 caben destacar la subida del 223% de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias -RESCAN- (hasta alcanzar los 1.032.000 euros); la subida del 210,21% de las Redes de nueva generación y red corporativa para soporte (2.560.000 euros); el 64,86% de crecimiento para las infraestructuras TIC (8.910.290 euros); el 36,95% en que sube la partida para Soporte de la Administración Electrónica (3.864.531 euros), o el 20,12% de incremento de la de Infraestructura y servicios de seguridad (2.832.302 euros).

En cuanto a la DG de Modernización, destacó la importancia de dos programas que muestran importantes incrementos: la Mejora de las Oficias de Información, que sube un 325,61%, hasta los 273.500 euros, y el Fomento de los Espacios Colaborativos, que aumenta un 123,39%, hasta los 189.880 euros, de los que 100.000 euros estarán destinados para la Dirección por Objetivos.

Seguridad y Emergencias

El consejero destacó también el incremento del 19,68% del área de Seguridad y Emergencia, en la que se consolida la aportación a los consorcios insulares de bomberos con una subida del 12% (hasta los 3.696105 euros), y se más que duplica la aportación a Cruz Roja, en 185,71% (hasta los 200.000 euros).

Enfatizó el refuerzo de las actuaciones destinados a Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC); el apoyo a los consorcios de bomberos, salvamento marítimo, rescates y protección civil en general, y el desarrollo de las medidas de autoprotección y planificación ante las emergencias, entre las cuales se contempla la adaptación de muchas de estas medidas a la situación de emergencia sanitaria que ha provocado la Covid-19.

Asimismo, Pérez remarcó la subida del 11,66%, hasta los 9.304.179 euros, para Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), empresa pública del Gobierno de Canarias adscrita a esta Consejería, y a la de Sanidad, que incluye el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2. Entre sus funciones se incluyen las urgencias y el transporte sanitario, la coordinación de las emergencias, la formación para la salud y la seguridad pública o la gestión económica y la recaudación sanitaria.

En este sentido, se han incluido dos proyectos nuevos: el de Prevención y gestión de riesgos específicos de contaminación y salvamento ligados al espacio de cooperación y la zona costera macrorregional Madeira Azores Canarias (Mawadipol), dotado con 298.588 euros, para la adquisición del material necesario para la asistencia y respuesta en caso de accidente de cruceros y la elaboración de un estudio de riesgos, así como el proyecto de la Unidad Modular de atención a Emergencias en la Macaronesia  (Umemac), que contará con 381.480 euros destinados a la creación de una unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) en la Macaronesia, adquirir el material necesario y llevar a cabo la formación a sus integrantes.

En relación al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), la formación y las Policías Locales contarán con 714.302 euros en 2021; la adecuación instalaciones dispondrá de 323.162 euros; el equipamiento del CGPC, 289.200 euros, y la Galería de tiro en la sede de Las Palmas de Gran Canaria, 282.642 euros.

Otras áreas

De los 308,3 millones de euros con que contará la Consejería para 2021, el 55,10% corresponden a Justicia (169.868.259 euros), por delante del área de Administraciones Públicas y Transparencia, con el 30,25% (93.252061 euros). El resto se reparte entre Seguridad y Emergencias (12,16%, 37.483.668 euros); Servicios centrales (1,67%, 5.136.119 euros); Servicios Jurídicos (0,72%, 2.231.866), y Relaciones con el Parlamento (0,10%, 312.379 euros).

Dentro del área de Justicia destaca el incremento del 45% de los fondos destinados a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), que suben de 600.000 a 870.000 euros, mientras que el programa de Tribunales de Justicia, el de mayor peso, contará con 158.271.439 euros, lo que supone un incremento del 1,57%.

En cuanto a Transparencia y Participación Ciudadana, el proyecto de instrumentalización, simplificación y fomento de la participación ciudadana en las políticas de Gobierno de la Comunidad Autónoma (ECOCIV) contará con 65.000 euros, mientras que Participación y Ciudadana y Datos Abiertos tendrán 180.000 euros en 2021.

Las OPE de Consolidación y Estabilización pretenden que puedan ser superadas por interinos

El consejero también se refirió al empleo público para 2021. Al respecto, señaló que a lo largo del próximo año se realizará, previsiblemente, la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017 (225 plazas), a lo que hay que sumar las de la OPE de 2019 (216).

En total, 441 plazas. Además, explicó que la OPE Extraordinaria de Estabilización ofertará 1.522 plazas de personal laboral y 39 de personal funcionario, además de la OPE Extraordinaria de Consolidación, que ofertará 1.303 plazas de personal laboral y 57 de personal funcionario, señaló que, en la actualidad, se está terminando de ejecutar las OPE 2015 y 2016 (suspendidas por la COVID). A su término, supondrá la incorporación de 195 funcionarios de carrera.

Al respecto, calificó de “importantísimo problema y uno de los más serios que debe afrontar el Gobierno de Canarias” la estabilización y consolidación del personal que está en situación precaria. Explicó que entre las OPE de Estabilización y la de Consolidación está previsto alcanzar cerca de unas 3.000 plazas que serán ofertadas en este régimen especial que pretende favorecer, “lo digo con claridad”, la permanencia en esas plazas de las personas que están en esa situación, dentro del marco legal, aseveró.

El Gobierno impulsa la transparencia y la participación con la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto

La red promoverá la colaboración interadministrativa entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos en materia de transparencia, participación ciudadana y apertura de datos

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, realizó este jueves la presentación de la Red Canaria de Gobierno Abierto a los siete cabildos insulares y a la Federación Canaria de Municipios, en virtud de la cual se suscribirá un convenio marco que permita, de forma permanente y estable, la coordinación, colaboración e intercambio de información de las leyes canarias 12/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 5/2010 de Fomento de la Participación Ciudadana, además de avanzar la elaboración y aprobación de la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto.

Tal como señala la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana de Canarias, Marta Saavedra, la Red Canaria de Gobierno Abierto busca ser un punto de encuentro entre los organismos de la administración pública de Canarias, que nace para facilitar la colaboración, el intercambio de experiencias y la coordinación entre los responsables de las administraciones, así como la sensibilización y formación a los empleados públicos en materia de gobierno abierto.

La red normalizará la acción del gobierno abierto en todas las administraciones públicas a través de la colaboración interadministrativa, lo que hará que se afiancen conocimientos en materia de participación y colaboración ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas públicas, con el objetivo de lograr mejores resultados y una mayor calidad democrática.

También profundizará en la transparencia, en la publicidad institucional y el acceso a la información pública; en los datos abiertos para su uso en formatos accesibles y mejora en la reutilización, así como en la rendición de cuentas de las administraciones públicas de las Islas mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora, permitiendo que estos estén centralizados y sean homogéneos y reutilizables.

Así mismo, gracias a la integración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), se pretende crear un programa de formación general en gobierno abierto para los cargos electos, altos cargos y trabajadores de las distintas administraciones públicas del Archipiélago que contribuya a la sensibilización y formación en esta materia y también movilizará a los servidores públicos hacia una administración más transparente, participativa y colaborativa.

En el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del Gobierno Abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16, por cuanto propugna la configuración de un nuevo marco de gobernanza pública como catalizador de sociedades pacíficas e inclusivas, generador de instituciones sólidas, eficaces y responsables en la rendición de cuentas y en la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

En la presentación de este jueves estuvieron presentes el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, además de representantes de transparencia, participación ciudadana y modernización de los sietes cabildos insulares y de la Federación Canaria de Municipios.