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El Gobierno coopera con el Ministerio de Justicia en la realización del tercer ejercicio de tramitadores procesales

Realización del ejercicio de tramitadores en el Recinto Ferial Tenerife

La prueba, a la que se presentaron 786 aspirantes, tuvo lugar el pasado sábado 18 de julio en ambas provincias canarias sin incidencias

El pasado sábado 18 de julio se celebró, sin incidencias, el tercer ejercicio de las pruebas selectivas al Cuerpo de tramitadores procesales. El Gobierno de Canarias las organizó en las instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas, y del Recinto Ferial, en Santa Cruz de Tenerife en colaboración con el Ministerio de Justicia.

En Las Palmas se presentaron 456 personas (hubo nueve no presentados), de las que 344 fueron mujeres y 112, hombres. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, se presentaron 330 personas (hubo 15 no presentados) de las que 247 fueron mujeres y 83, hombres.

El Gobierno de Canarias regulará el sistema de teletrabajo en la función pública

Reunión del Consejo de Gobierno

Al 43% de los empleados de la Comunidad Autónoma le gustaría mantener el sistema de teletrabajo después de la COVID-19 y el 61% considera que se debería valorar una fórmula mixta

El Gobierno de Canarias regulará el sistema de teletrabajo en la administración pública de las islas, según comunicó esta tarde en Consejo de Gobierno Julio Pérez, titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien presentó un informe de su departamento que evalúa esta posibilidad.

“El teletrabajo puede contribuir a una mayor satisfacción laboral del empleado público, al facilitarle la conciliación de la vida personal y profesional y, por tanto, a su mayor implicación en el cumplimiento de los objetivos”, expone el informe presentado por el consejero a los miembros del Ejecutivo. Por esta razón, se pretende aprobar en una próxima sesión del Consejo de Gobierno un sistema simplificado de planificación y dirección por objetivos.

El acuerdo constituye uno de los compromisos de este Gobierno, como es impulsar la eficacia y eficiencia de la Administración y se verá afectado de manera transversal por la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible aprobada en 2015 por la Asamblea general de Naciones Unidas.

El teletrabajo es una innovadora forma de prestación laboral, que se está consolidando como una herramienta flexible y moderna de organización del trabajo, se asegura en este documento.

Antes de la COVID-19, en canarias desarrollaban su labor en la fórmula de teletrabajo el 2,9% de forma ocasional y el 3,8% más de la mitad de los días laborables, datos de la Encuesta de Población Activa, frente al 30% de la población de algunos países nórdicos. También, antes de la COVID-19 utilizaban el teletrabajo como herramienta ocasional de apoyo, unas 1.200 personas que trabajan en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Una vez comenzó la situación generada por la COVID-19 se han alcanzado los siguientes avances:

–         Se han emitido más de 13.000 certificados para conexión remota de empleados públicos, de las que 8.000 son conexiones concurrentes, que se han estabilizado en los 6.200.

–         Se ha implantado una APP para permitir el fichaje remoto.

–         Se generalizaron las videoconferencias y se multiplicó por 5 la capacidad para la realización de multivideoconferencias.

–         Se amplió el sistema de Escritorios Virtuales en más de 600 unidades.

–         Se desplegaron más de 1.000 extensiones telefónicas para teletrabajo.

–         Se amplió un 25% la plataforma de correo electrónico, incrementándose en 10.000 licencias adicionales.

Una encuesta entre 3.105 empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias reveló que los medios puestos por la administración ha sido los suficientes para desarrollar su labor (78%). La mayor parte de los empleados han puesto sus propios equipos al servicio de su trabajo (69% pc, 79% fibra óptica, 33% tabletas y 24% micrófonos y auriculares). El 91% considera que su puesto de trabajo tiene posibilidad de adecuación para teletrabajo y el 85% asegura que no se distrae más con esta forma de trabajo, aunque el 57% reconoce que sí ha cambiado de hábitos.

El 43% responde que le gustaría mantener el sistema de teletrabajo después de la COVID-19 y el 75% al menos lo considera como elemento de flexibilización. Al menos el 61% considera que se debería valorar una fórmula mixta (algunos días) y el 21% como fórmula habitual.

La Consejería de Justicia prevé aprobar este mismo año la orden que regulará la lista de empleo interino

Empleo interino en Justicia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, impulsó la negociación con todas las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Justicia de un nuevo texto que regule la lista de empleo interino en el ámbito de Justicia, proceso que culminó con la propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su aprobación

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, asumió como uno de los principales compromisos al inicio de la legislatura la negociación del nuevo texto que ha de regular la lista de empleo interino en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por ello, impulsó un proceso de negociación con todas las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial de Justicia (CCOO; UGT; Intersindical Canaria; STAJ, y CSIF) que culminó con la propuesta de una orden que ahora se encuentra en proceso de tramitación administrativa previa a su aprobación, que se producirá en este mismo año.

Se trata de una reivindicación constante de las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Justicia. El texto vigente data de 2009 y, transcurridos más de 10 años desde su entrada en vigor, se requería adaptar la cualificación profesional de los interinos a las exigencias de una Administración de Justicia más ágil y eficiente, así como modificar otros extremos del proceso de selección y nombramiento, que permitieran superar las eventuales dificultades en la cobertura de puestos, contribuyendo a la mejora del servicio público de justicia.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, destaca el clima de respeto, diálogo, consenso y trabajo en pro de los intereses del servicio público con que se ha negociado con la totalidad de las organizaciones sindicales integrantes de la referida mesa sectorial antes de finalizar el primer año de legislatura.

Así, se ha pactado un nuevo texto en el que destaca, además de la modificación de la ponderación de los méritos objeto de valoración, la inclusión de méritos como la experiencia, formación específica (tales como la formación en informática) y la superación de pruebas selectivas para el mismo cuerpo al que se aspira, así como el deber del personal al servicio de las Administraciones Públicas a emplear dichos medios en sus relaciones laborales.

Por ello, se han incorporado modificaciones técnicas en el proceso de selección y nombramiento del personal funcionario interino que permitirán que en las comunicaciones entre ambas partes se empleen medios electrónicos, o que la información pública se facilite a través de la web de la Consejería competente.

La edición 42 del Plan de Formación del ICAP contará con 1.880 plazas que se impartirán en modalidad online

Escudo del Gobierno de Canarias en una de las sedes

Además, el BOC publicó esta semana el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del ICAP, un instrumento de planificación dotado con 540.208 euros transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma en dos líneas de actuación que permite a cabildos y municipios sufragar el coste de las actuaciones de formación previstas, incluido el Plan Interadministrativo de Formación 2020 de la Fecam

La Comisión para el Empleo de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Canarias del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acordó en la sesión celebrada el 19 de mayo del corriente el reparto de fondos Afedap (Acuerdo de Formación para el Empleo de Administraciones Públicas) para formación en el ejercicio 2020, destinados a la financiación de planes de formación para personal de las entidades locales. Corresponde al ICAP la cantidad de 111.902 euros, que supone el 17,16% del total del crédito asignado para la Comunidad Autónoma de Canarias

El Plan de Formación del ICAP tiene como objetivo principal ofrecer una formación basada en el conocimiento, orientada a facilitar al personal al servicio de las entidades locales la adquisición de habilidades y mejora de sus capacidades y competencias para una prestación de calidad de los servicios públicos.

En esta edición, la número 42, se contará con 1.880 plazas. Todas las actividades incluidas en el mismo se desarrollarán en la modalidad online y se distribuirán entre las áreas de Transparencia y Buen Gobierno; Innovación en la Gestión Pública; Organización del trabajo y mejora de habilidades; Tecnologías de la información y la comunicación; Idiomas; Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral; Jurídica-administrativa; Unión Europea; Ordenación del Territorio y Medioambiente, y Políticas de Igualdad.

Además, en la Comisión de Formación para el Empleo Local celebrada el 8 de julio se aprobó el plan específico de entidades locales.

Por otra parte, la Fecam ya cuenta con el Plan Interadministrativo de Formación 2020, que tiene como ámbito de aplicación el personal público de las corporaciones locales canarias (cabildos, mancomunidades, ayuntamientos, organismos autónomos y empresas públicas dependientes de estas).

Incluye 44 acciones formativas a realizar en 57 ediciones durante 1.543 horas y van destinadas a 3.390 personas. Esta oferta formativa busca la consecución de objetivos como la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía; Potenciar la cualificación profesional y personal del personal; Favorecer el acceso a la formación del mayor número de personas; Liderar el proceso de modernización de las Administraciones Públicas Canarias con especial énfasis en la e-administración; Establecer líneas estratégicas para el intercambio de conocimientos y experiencias entre los empleados públicos canarios, e impulsar el papel de la formación como un factor estratégico de las entidades locales canarias.

Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022

Por otra parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aprobó mediante la Orden nº 89 del 12 de junio de 2020 el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), que en fecha 6 de julio se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Se trata de instrumento de planificación que permite, entre otros objetivos, que las entidades locales pongan en marcha sus actuaciones en materia de formación con cargo al mismo.

Dotado con 540.208 euros transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, cuenta con dos líneas de actuación a las que pueden optar cabildos y municipios para desarrollar los cursos que tengan previstos entre este año y 2022, incluido el Plan Interadministrativo de Formación 2020 de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Entre los objetivos generales del Plan Estratégico de Subvenciones figura dar cumplimiento al mandato legal a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que obliga a los órganos y entes dependientes de las Administraciones Públicas a aprobar su correspondiente Plan Estratégico, con carácter previo a la concesión de subvenciones. También busca concretar la planificación estratégica del ICAP en materia de subvenciones en un documento específico que recoja todas las líneas y programas de ayuda que el ICAP gestiona en sus diferentes áreas de actuación, y no solo en el Plan Estratégico de la entidad en su conjunto.

Asimismo, busca detallar, en un instrumento unificado, los programas, objetivos e indicadores presupuestarios de las actividades subvencionables del ICAP, dando cuenta de los costes de estas actividades, y promover las acciones formativas a realizar por las entidades locales para dar cumplimiento al Acuerdo de Formación para el Empleo de Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018, y en ejecución del Acuerdo de Gestión de Formación para el Empleo de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este plan se circunscribe a las actuaciones que están previstas y se desarrollen durante el periodo 2020-2022, sin perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros.

Cuenta, por un lado, con una línea de actuación de destinada a la formación del personal público de las corporaciones locales canarias. Su finalidad es subvencionar a los cabildos y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la formación de su propio personal con los fondos transferidos para que con los medios materiales y personales que estos disponen, acometan las actividades formativas del personal dentro del marco del Afedap.

Se pretende así dar cumplimiento a los objetivos estratégicos que configuran el Plan Estratégico de Subvenciones, ejecutando con los fondos transferidos por la Administración del Estado, las acciones formativas a través de las entidades locales de Canarias, para lo que cuenta con 347.248 euros, que se distribuyen entre los distintos promotores en el ámbito local por un acuerdo de la Comisión de Formación para el Empleo Local de la Comunidad Autónoma de Canarias para esta línea de actuación.

La otra línea de actuación tiene por finalidad subvencionar a la Fecam, siendo el destino final la formación del personal público de los ayuntamientos y cabildos mediante una subvención nominada al citado organismo en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para cada ejercicio. Para ello, el Gobierno de Canarias aporta 192.960 euros.

La Fecam deberá presentar una solicitud de subvención a través del Plan Interadministrativo de Formación, que detalla las actividades formativas que ejecutará a lo largo de cada ejercicio presupuestario y dentro del marco del Afedap.

El 60% del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma teletrabaja en la actualidad

Julio Pérez durante la comparecencia parlamentaria del 8 de julio de 2020

El consejero Julio Pérez señaló hoy en sede parlamentaria que el Gobierno llevó a cabo una encuesta sobre la implantación de la modalidad del trabajo a distancia en el personal público de la Comunidad Autónoma un mes después de comenzar el confinamiento. Entre otros aspectos, la encuesta reveló que el 75% de las empleadas y los empleados aprueban la instauración permanente del teletrabajo como fórmula de flexibilización

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, afirmó hoy en sede parlamentaria que, a finales de junio, un 60% del personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias estaba teletrabajando. El consejero explicó que, tras la imposición del estado de alarma debido a la pandemia de la Covid-19, el Ejecutivo canario impulsó la implantación del teletrabajo entre su personal, un objetivo que ya contemplaba al inicio de la legislatura y que obedece a la plena convicción que el Gobierno ya tenía al respecto, pero que las circunstancias aceleraron.

El siguiente paso después de su implantación, explicó Pérez, ha sido el estudio y análisis de su aplicación, tras lo cual quede desarrollar una normativa, si bien la Administración autonómica ya cuenta con una regulación provisional al respecto (Resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se establece el marco organizativo y se fijan los criterios para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la administración general de la comunidad autónoma de Canarias, en el marco de los planes de desescalada del covid-2019).

En este sentido, adelantó que si bien aún no se sabe si el teletrabajo acabará siendo considerado como un derecho o una posibilidad, en la actual regulación canaria tiene la categoría de derecho para quién lo necesita, una normativa que ha sido pactada con los sindicatos.

El consejero también explicó que el Gobierno tiene ya preparada una propuesta de regulación de la Dirección por Objetivos de manera que las personas responsables de las unidades de Servicio examinen el trabajo del personal subordinado no en términos de presencia, sino por los resultados, lo que supondrá implantar otro modo de gestionar las consejerías.

Y todos estos aspectos, razonó, debería regularse en una nueva Ley de Función Pública, que el Ejecutivo ya habría llevado al Parlamento de no haber sido por la situación creada debido a la Covid-19.

Encuesta al personal

Asimismo, explicó que se llevó a cabo una encuesta entre el personal público para conocer su opinión sobre la modalidad de teletrabajo y detectar la percepción que, sobre esta modalidad, tenía cada persona. El estudio tuvo lugar al término del primer mes de confinamiento.

Entre otros resultados, reveló que el 75% del personal encuestado aprobaría la instauración del teletrabajo como mecanismo de flexibilización. Cabe recordar que, ante la situación de emergencia planteada por la pandemia del COVID-19, la Consejería facilitó los medios posibles al objeto de que el personal incluido en la modalidad del teletrabajo pudiera llevar a cabo sus tareas desde casa con herramientas tecnológicas que permitieran la prestación de servicios a distancia, así como prestar el apoyo y soporte técnico necesario.

Para evaluar los resultados de esta actuación, la Consejería diseñó una encuesta específica que abordó tanto los medios tecnológicos e infraestructura, como los aspectos de salud laboral y de carácter organizativo que pudieran influir o requerir alguna mejoría. Otros resultados de la misma desvelaron que un 91% considera que su puesto de trabajo tiene posibilidad de adecuación para teletrabajo, y que al 79% le motiva esta modalidad.

En general, la encuesta revela que, a pesar de la prisa con que se debieron cubrir las necesidades presentadas y algunas dificultades puntuales, en general la experiencia del teletrabajo ha sido muy positiva en el ámbito de la Administración autonómica por tres razones fundamentales.

En primer lugar, por el alto nivel de colaboración por parte del personal empleado público ante una circunstancia sobrevenida de emergencia y actitud proactiva ante la modalidad de teletrabajo en el afán de continuidad de sus funciones teniendo que reorganizar y conciliar su vida laboral con la familiar en estas circunstancias.

En segundo lugar, por la disponibilidad de medios tecnológicos, infraestructura y soporte que el Gobierno de Canarias tiene para el ejercicio de sus funciones y responsabilidades y, al mismo tiempo, la preparación tecnológica de su personal, el cual, a pesar de las necesidades existentes, ha sabido mantener un nivel de rendimiento alto para facilitar la implantación de esta modalidad.

Y en tercer lugar, por la capacidad de respuesta que, en conjunto, se ha desarrollado ante la crisis generada con esta pandemia, para cubrir las necesidades que la ciudadanía requería en estos momentos y para solucionar las dificultades que surgían.

Cuatro bloques

Los resultados de la encuesta se pueden resumir en cuatro grandes bloques de conclusiones: Sociológicas; Medios y soporte; Dirección y organización, y Salud laboral y emocional.

En cuanto al primero, el referido a las conclusiones sociológicas, cabe destacar que la mayoría de las personas que respondieron eran mujeres (67%) y que el rango de edad mayoritario está comprendido entre los 45 y 60 años (un 69%), seguido por el 20 % que se encuentra entre los 30 y 45 años. El 11% tiene más de 60 años, por lo que el 80 % del total es mayor de 45 años.

En cuanto a los medios y soporte, un 84% declaró disponer de un lugar adecuado para realizar teletrabajo, el 96% afirmó contar con una conexión a internet apropiada, y el 78% considera que dispone de los medios técnicos necesarios y adecuados.

Por otra parte, la Administración pública ha provisto de conexión VPN a un 86% de los encuestados para acceder de forma directa a sus equipos en el puesto de trabajo. La valoración de las herramientas tecnológicas corporativas empleadas es positiva, pues el 9% la considera excelente; un 44%, buena; el 24%, aceptable; y tan solo un 21%, mejorable y otro 2%, mala.

Respecto a la configuración del equipamiento un 68% responde que ha sido sencilla con una documentación disponible valorada como buena en un 80% y excelente en 10% (otro 10% opinó que era mala), al tiempo que les resulto sencillo de localizarla a un 82%.

La asistencia y apoyo técnico fue requerida en un 65% y su valoración fue muy positiva: excelente para el 25%, y buena para el 36%. Solo un 3% dijo que fue mala, y el resto no se pronunció.

En cuanto a la red de conexión con el Gobierno, un 86% indica no haber tenido ningún problema, mientras que el 81% señaló que no tuvo problemas con el uso de las aplicaciones y herramientas de servicio tipo gestores de expedientes o portafirmas, entre otros aspectos. Finalmente, el 93% considera el entorno seguro.

En relación a la dirección y organización, como ya se indicó, el 91% respondió que su puesto de trabajo tiene posibilidad de adecuación para teletrabajo, y un 93% considera que se comunica de forma fluida con sus compañeros/as de trabajo. Apenas el 13% piensa que se ha visto resentida la comunicación con su responsable jerárquico, mientras que el 88% señaló que no pierde influencia en su trabajo. En cuanto a la organización del mismo, un 73% entiende que no se ha visto resentida.

Sobre el control del desempeño, un 39% indica utilizar un sistema de control además del sistema de geogestión horaria (App Sicho Geogestión) y el 85% considera que no se distrae más con esta forma de trabajo. El 57% sí ha cambiado de hábitos y, es importante destacar que un 44% refiere que su concentración no se ha visto afectada, al contrario, un 39% dice que ha sido una mejora y un 16% si refiere empeoramiento.

Un 73% refiere no haber tenido dificultades para gestionar el tiempo, mientras que el 12% se ha sentido más controlado por teletrabajar. En cuanto a la carga de trabajo, sienten que ha aumentado un 23%; el 14% dice que ha bajado y el 63% expresa que es la misma.

Al preguntar si deseaban que el teletrabajo fuese aprobado con carácter general, una vez superada la crisis del COVID-19, un 43% responde que sí como mecanismo de conciliación familiar y, tal como se apuntó antes, un 75% contestó que sí como mecanismo de flexibilización, mientras que otro 10% dijo que no.

El 61% indicó que se debería aplicar en fórmula mixta (algunos días); el 21%, como fórmula habitual; el 11%, como fórmula complementaria, y el 7%, solo en casos de emergencia.

Sobre la salud laboral y emocional, el 86% no detecta desajustes en la alimentación; un 83% no le ocasiona estrés el teletrabajo, y al 88% no le ha costado adaptarse ni organizarse.

Al 79% le motiva esta modalidad, y a un 51% le parece que no existe aislamiento social en el ámbito laboral.

En su contexto personal, el 80% cree que es útil y beneficioso, mientras que el 87% entiende que el teletrabajo cumple sus expectativas.

Las actuaciones judiciales en Canarias mediante videoconferencia pasan de cero a casi 1.000 en seis meses

Edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife

Los medios técnicos puestos a disposición por el Gobierno de Canarias en el ámbito judicial han posibilitado que, a día de hoy, cerca del 40% de todas las videoconferencias llevadas a cabo en la plataforma del Ejecutivo autonómico estén relacionadas con la actividad judicial

Las actuaciones judiciales llevadas a cabo en el Archipiélago mediante videoconferencias entre enero y junio de este año han pasado de cero a 954. Al término del primer semestre, las mismas suponían ya el 39,1% de todas las videoconferencias realizadas mediante la plataforma del Gobierno de Canarias (Webex). Esas actuaciones engloban tomas de declaraciones en instrucción, actuaciones en vistas como comparecencias, audiencias previas y juicios, entre otras.

Este crecimiento exponencial de la actividad telemática en el ámbito judicial se explica por la aprobación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que contempla la posibilidad de llevar a cabo actuaciones telemáticas en procesos judiciales, cuya aplicación ha sido posible gracias a los medios técnicos que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha puesto a disposición del ámbito judicial tanto a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia como desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

En concreto, los datos de videoconferencias llevadas a cabo en el Gobierno de Canarias son:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Número Total 3 12 180 562 1.425 2.440
Número en Justicia 0 1 2 67 342 954
% Justicia sobre total 0% 8,3% 1,1% 11,9% 24% 39,1%

Hay que tener en cuenta que, al margen de estas cifras, también están las videoconferencias convencionales, cuyo número exacto se desconoce porque cada equipo de vídeo puede llamar a otro equipo directamente mediante tecnología IP, salvo que se haya pedido una sala a Cibercentro. En todo caso, solo se llama a Cibercentro en el caso de las multivideoconferencias (conferencias entre tres o más puntos simultáneamente), cuyos datos entre enero y junio de este año son los siguientes:

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Número Multivideoconferencias Total 252 254 409 293 211 289
Número Multivideoconferencias Justicia 42 32 34 25 36 71
% Multivideoconferencias Justicia sobre total 17% 12,6% 8,3% 8,5% 17,1% 24,6%

Queda claro así que el uso de las videoconferencias está siendo muy elevado, lo que demuestra que se están celebrando más reuniones a través de Internet. En concreto, la semana del 11 al 18 de junio se celebraron 693 reuniones por Webex, de las que el 41,6% (288) correspondieron a juicios.

El Gobierno de Canarias ha conseguido de esta manera que, además de que el personal de la propia Administración celebre reuniones virtuales y de que el teletrabajo no sea un impedimento para la coordinación de los equipos, también se lleve a cabo la celebración de juicios.

El Gobierno quiere impulsar, a través de Radio ECCA, un plan general de «alfabetización digital» para toda Canarias

Lucas López, director general de Radio ECCA; Amparo Osorio, directora gerente de Radio ECCA; Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; Marta Saavedra, directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias; Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias; y Goretti Almeida, subdirectora educativa de Radio ECCA.

Se pretende el aprendizaje de los conocimientos básicos para el manejo de todos los recursos y servicios digitales, en general, y en especial de los que la Administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, y el director general de Radio ECCA, Lucas López, acordaron, tras la reunión mantenida el pasado 1 de julio, preparar la creación y, en su caso, la puesta en marcha de un programa de “alfabetización digital” para la ciudadanía de las Islas.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones centrales de la emisora en Las Palmas de Gran Canaria y en él también estuvieron presentes el director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, Pablo Hernández; la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias; Marta Saavedra; la directora gerente de Radio ECCA, Amparo Osorio; y la subdirectora educativa de Radio ECCA, Goretti Almeida.

Pérez planteó a la emisora la puesta en funcionamiento, en la segunda mitad de este año, de un programa educativo destinado al público en general que permita a la ciudadanía conocer las herramientas digitales con las que cuenta para hacer los trámites administrativos, de manera que acerque la administración electrónica a las personas que todavía no están familiarizadas con ella.

El consejero hizo hincapié en que el programa difunda los conocimientos básicos para el manejo del amplio abanico de recursos y servicios digitales que la Administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía, pero también para los representantes de las asociaciones y fundaciones inscritas en el registro del Gobierno de Canarias.

Con esto se pretende que la ciudadanía aprenda, a través de este programa, a obtener el certificado digital, que conozca el funcionamiento de la Sede Electrónica, que acceda a los principales servicios y recursos digitales del Gobierno o que sepa descargarse y presentar los documentos necesarios para realizar las diferentes gestiones en línea.

Precisamente en los últimos meses, con motivo de la crisis generada por la COVID-19, el Ejecutivo autonómico ha avanzado en esta tarea. Así, con el Ingreso Canario de Emergencia se gestionaron, telefónicamente, 30.000 solicitudes que no necesitaron desplazamientos ni presentación de papeles, mientras que durante el Estado de Alarma se incrementó del 22% inicial al 54% actual la digitalización de documentos.

Alcanzar la tramitación electrónica íntegra de todos los procedimientos administrativos es uno de los objetivos prioritarios que este Gobierno se ha propuesta alcanzar en su mandato y para ello promueve un modelo de administración más eficaz, eficiente y cercana, con la que la ciudadanía, autónomos y empresas puedan relacionarse con comodidad, sencillez y seguridad jurídica, tanto presencial como telemáticamente.

Radio ECCA cuenta con programas firmados con el Gobierno de Canarias en los que se promueve el aprendizaje e inserción laboral de colectivos vulnerables, así como más de 400 acciones formativas, entre las que se incluyen tres titulaciones oficiales como son la Educación Secundaria, Bachillerato y el Ciclo Superior en Integración Social.

Administraciones Públicas da cuenta del gasto de 1,8 millones en contratos realizados durante el estado de alarma

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha dictado 20 resoluciones para la adquisición de mobiliario, equipamiento y sistemas de protección, limpieza y desinfección de edificios judiciales, así como para posibilitar el teletrabajo

La obtención de licencias para telefonía remota del Ejecutivo canario, para que su personal puede desempeñar las funciones en la modalidad de teletrabajo, y dar soporte a las sedes electrónicas, son las finalidades de los contratos aprobados por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio hoy cuenta al Gobierno del gasto de 1,8 millones de euros correspondientes a 24 contratos aprobados por el procedimiento de emergencia durante el estado de alarma. Dichos contratos están relacionados con la adquisición de mobiliario, equipamiento y sistemas de protección, limpieza y desinfección frente a la COVID-19 en edificios y sedes judiciales de Canarias, así como para la obtención de licencias para telefonía remota del Ejecutivo canario para que su personal puede desempeñar las funciones en la modalidad de teletrabajo y atender las incidencias provocadas por el virus.

Un total de 20 de los contratos fueron aprobados por resoluciones dictadas, como consecuencia de la emergencia sanitaria, por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por un importe completo de 1.772.142,79 euros, y los cuatro restantes por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por importe de 48.790,91 euros.

Pérez ha solicitado la inclusión de todos los expedientes dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Protección en sedes y edificios judiciales

Los contratos realizados mediante resoluciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia son los siguientes:

-Suministro e instalación de mamparas anticontagios y protección en zonas operativas de los Edificios Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias: Juzgados de Guardia, Juzgados de Violencia de Género y Registro Civil (21.335,80 euros).

– Servicio de traslado, entrega y acondicionamiento de equipamiento informático, mobiliario, material sanitario, mecanismos y sistemas de contención en todas las Sedes Judiciales de la provincia de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (83.759,60 euros).

-Suministro, configuración y clonación de equipos y ordenadores portátiles, para la prestación de servicios mediante el sistema de «Teletrabajo a Jueces, Magistrados, Letrados y Funcionarios de los Órganos de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias’ (531.088,44 euros).

-Suministro e instalación de mobiliario de protección anticontagios y de archivo y custodia de documentación judicial para proceder a las labores de desinfección en la Sedes Judiciales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias (127.912,08 euros).

-Trabajos de limpieza e higienización de los conductos del Sistema de Climatización y Ventilación en Edificios y Sedes Judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (124.954,27 euros).

-Servicio de limpieza extra por refuerzo y desinfección emergencia COVID-19 y dispensación de diverso material de protección antincontagio en Edificios Judiciales de la provincia de Las Palmas (174.644,43 euros).

– Suministro de material de protección, consistente en mascarillas de protección respiratoria, KN95, de eficacia de filtración máxima contra contagios auto-filtrante, calificado como Equipos de Protección Individual (50.985 euros).

-Suministro de material de protección, consistente en mascarillas de alta protección anticontagio desechables FPP2 (4 capas), calificadas como Equipos de Protección Individual (39.500 euros).

-Suministro e instalación de mamparas anticontagios protección ampliación nuevos servicios operativos en diversos Órganos Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (5.649,60 euros).

-Servicio de Asistencia Técnica Especializada para la elaboración del Plan de Respuesta y Contingencias derivado de la situación de emergencia por la COVID-19 (48.150 euros).

-Trabajos de revisión, comprobación y verificación de las instalaciones de protección contra incendios (PCI) de Edificios Judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (33.688,24 euros).

-Suministro e Instalación Sistema Megafonía de Evacuación de Emergencia en el Edificio Judicial de Arona, en Tenerife (37.332,04 euros) y del Edificio Judicial de Arrecife, en Lanzarote (83.933,67 euros).

-Servicio extra de traslado, reparto, entrega y acondicionamiento de material de protección, equipamiento informático, material desinfección, mecanismo y sistemas de contención en todas las Sedes Judiciales de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas (23.525,23 euros).

– Trabajos de mejora para la calidad y tratamiento del aire interior en las instalaciones de climatización y ventilación en Edificios Judiciales de la isla de Tenerife (75.525,92 euros).

-Sustitución módulo control sistema climatización en el Edificio Judicial de La Laguna (13.750,04 euros).

-Trabajos de mejora para la calidad y tratamiento del aire interior del sistema de climatización y dependencias del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife (31.437,48 euros) y en el Edificio Judicial de Granadilla de Abona (180.911,75 euros).

-Realización de Auditoria de emergencia Servicio de Limpieza para la evaluación, control e implantación de las medidas de higiene y desinfección derivadas de la COVID-19 en Edificios y Sedes Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (29.960 euros).

-Trabajos reposición equipos de refrigeración en los aparatos de transporte mecánico y elevación (panorámicos) en el Edificio Judicial ‘Ciudad de La Justicia’ de Las Palmas de Gran Canaria (54.099,20 euros).

Telefonía remota y sedes electrónicas

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías ha dictado durante el estado de alarma cuatro resoluciones por las que se aprueban los siguientes contratos:

-Refuerzo del servicio de soporte de Nivel 1 al uso de las Sedes Electrónicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (4.280 euros).

-Adquisición de licencias para telefonía remota para la Red Corporativa de Telefonía del Gobierno de Canarias para que el personal público puede desarrollar sus funciones en la modalidad de teletrabajo (24.553,27 euros).

-Contratación de evolutivos de la Aplicación SICAC para habilitar la presentación telemática de los procedimientos comunes ante la necesidad de que todos los procedimientos del Gobierno de Canarias se puedan tramitar electrónicamente a través de la Sede Electrónica ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente (11.235 euros).

-Servicio de Asistencia técnica para la mejora de capacidades en la comunicación y presentación eficaz de actuaciones en la modalidad de teletrabajo (8.722,64 euros).

El Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Inspección 2020

Plan Inspección Modernización 2020

Los planes de inspección analizan el funcionamiento de las unidades y servicios de la administración autonómica y proponer cambios de gestión que mejoren la calidad de los servicios a la ciudadanía

Se inspeccionarán los servicios tecnológicos del Gobierno, la gestión de las empresas y fundaciones públicas y los servicios de dependencia

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha aprobado el Plan Anual de Inspección 2020 de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, que contempla la evaluación de los servicios Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de la Agencia Tributaria Canaria; el diagnóstico del nivel de la implantación de la Dirección por Objetivos en las empresas y fundaciones públicas y la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la Administración canaria.

Tipo de actuaciones

El plan, elaborado con las propuestas presentadas por distintos departamentos del Ejecutivo canario, se recoge en la orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, del 26 de mayo de 2020, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias.

A iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, se considera necesario abordar la función de TIC del Gobierno. Al respecto, una vez concluida la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la Transparencia 2017-2019, se pretende ahondar en la elaboración y aprobación de una nueva planificación, ya en marcha, para la presente legislatura, en la que se incluirán todas las actuaciones necesarias para adecuar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a las exigencias de calidad de servicio público requeridas por la ciudadanía en el marco de un gobierno inteligente, abierto y digital.

Se estima preciso abordar el análisis y evaluación de los servicios de información y comunicación existentes con el objetivo de obtener la máxima eficiencia en los mismos, en aras de mejorar la prestación de los servicios públicos.

La evaluación de los servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Administración canaria se centrará en la demanda de la ciudadanía sobre las nuevas tecnologías en sus relaciones con la administración y en cumplimiento efectivo de las leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, particularmente en lo que se refiere a derechos como la no presentación de documentos que obren en poder de la administración, la interoperabilidad o el funcionamiento correcto de los sistemas y sedes para garantizar el derecho al acceso digital a la administración.

El objetivo de esta actuación es la obtención de un diagnóstico del estado actual de los servicios TIC para identificar las posibles disfunciones existentes, aportando medidas de mejora y buenas prácticas que permitan trazar una estrategia con la que se mejoren los servicios tanto en calidad, seguridad, innovación, transparencia y coste de estos.

Además, a sugerencia de la Diputación del Común, y por la relevancia social del sistema de prestaciones de dependencia, se considera necesario hacer una auditoría de dicho sistema de prestaciones. En ese sentido, es la primera vez que se evalúa en profundidad ese servicio con una relevancia fundamental para los derechos de la ciudadanía.

El plan contempla así la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la Administración canaria, con la finalidad de obtener un análisis de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia en relación con la situación de medios materiales, informáticos y humanos para identificar las posibles disfunciones existentes, recursos necesarios y dimensionamiento del servicio, así como para proponer mejoras organizativas que permitan prestar un mejor servicio a la ciudadanía. El objetivo es que antes del final de legislatura las prestaciones se puedan satisfacer dentro de los plazos legales.

Por otra parte, a iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios en coordinación con la Dirección General de Patrimonio y Contratación, se ha advertido la necesidad de armonizar los criterios de gestión y evaluación de las empresas y fundaciones públicas, para lo que se realizará una auditoría de los modelos de gestión existentes.

Se trata de conocer la existencia, o no, de planes estratégicos, acuerdos de gestión u otras herramientas de seguimiento y control, metodologías, grado de formación del personal directivo y predirectivo, y, en su caso, su compatibilidad y posibilidad de adaptación a un modelo de referencia común en la Administración canaria y su sector público.

Canarias solicita la creación este año de dos juzgados en materia social para afrontar la crisis del Covid-19

La DG de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, durante la videoconferencia

Así lo trasladaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, en la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque para hacer frente a la crisis que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas

La postura de Canarias frente al Ministerio es que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, trasladó la semana pasada a la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional de la Abogacía, la necesidad de que se creen en Canarias este mismo año dos juzgados en materia social para hacer frente a la crisis planteada con ocasión del Covid-19.

Así lo trasladaron en ese encuentro, celebrado a través de videoconferencia, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas en función de la situación en la que se encuentren los órganos judiciales, que van desde los planes de seguimiento, la prolongación de jornadas, el nombramiento de los equipos de refuerzo o unidades específicas y la creación de nuevos órganos judiciales.

En concreto, la petición de Canarias se traduciría en la creación del Juzgado de lo Social nº 11 de Las Palmas y el Juzgado de lo Social nº 9 de Santa Cruz de Tenerife. Vallejo y Bonnet defendieron en nombre del consejero que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados.

Pérez y su equipo valoran el plan de choque y lo consideran muy positivo, y recuerdan que su implantación está condicionada a un seguimiento y la imposición de objetivos concretos que garanticen su efectividad.

En este marco de medidas de refuerzo es en el que Canarias ha solicitado la creación para este año de dos unidades judiciales con carácter permanente que atenderán, principalmente, las necesidades surgidas en los juzgados de lo social con ocasión de la crisis originada por la pandemia del Covid-19.