Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno destina 17 M€ a la ayuda a domicilio especializada en Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife

La autorización de este gasto a la Consejería de Bienestar Social permitirá sacar la licitación de forma directa para fortalecer el servicio a la ciudadanía de dependencia de estas islas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto correspondiente al expediente de la contratación administrativa del servicio de ayuda a domicilio especializada dirigido a las personas en situación de dependencia y del servicio de supervisión y control de calidad de los servicios domiciliarios, en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife, por una partida que asciende a 17 millones de euros.

La puesta en marcha de la contratación administrativa de este servicio en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife se lleva a cabo con el objetivo de fortalecer el servicio, por lo que, en colaboración con los cabildos de esas islas, se ha optado por modificar el modelo de prestación a la ciudadanía en situación de dependencia de estas islas.

Con la aprobación de este gasto en Consejo de Gobierno, la Dirección General de Dependencia, adscrita a esta Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, podrá iniciar la licitación del servicio de ayuda a domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia en las citadas islas, promocionando su autonomía personal y evitando el desarraigo de su entorno social y familiar.

A través del servicio de ayuda a domicilio especializada se ofrece a las personas en situación de dependencia o en riesgo de padecerla una ayuda que les permitirá atender las necesidades de su vida diaria, a la vez que se trabaja para incrementar su autonomía, posibilitando la permanencia en su domicilio y su inclusión en el entorno comunitario, evitando situaciones de aislamiento y de soledad no deseada.

Este servicio contempla la atención a las personas dependientes en la realización de las actividades de su vida diaria, así como los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas como limpieza, lavado y cocina, entre otros.

La contratación administrativa del servicio se dividirá en dos lotes, el Servicio de Ayuda a domicilio, por un importe de 16.882.300 euros, y el Servicio de supervisión y control de calidad, por 117.700 euros, correspondientes a las anualidades de 2025 y 2026.

El Gobierno amplía en 878.000 euros la partida para atender a las personas jurídicamente incapacitadas

La Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS) atendía a finales de 2024 a 842 personas con incapacidad judicial y la previsión es que esta cifra se incremente en más de 220 este año

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a incrementar en 878.506 euros la partida destinada a poder cumplir con las resoluciones judiciales de curatela legal de personas judicialmente incapacitadas.

Con esta ampliación de crédito se busca garantizar la cobertura financiera a las labores de curatela legal que lleva a cabo la Dirección General de Mayores y Participación Activa, a través de la entidad pública Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), encargada de atender las necesidades de las personas cuya capacidad haya sido judicialmente modificada.

La tendencia alcista de los datos de personas que pasan a estar bajo la tutela del Gobierno canario por resolución judicial se ha ido incrementando considerablemente en los últimos años, de hecho, la previsión del servicio de Gestión de Medidas de Apoyo Cautelar para este año es de unas 224 nuevas altas.

A fecha diciembre de 2024, la Fundación FUCAS atendía a un total de 842 personas que, por sus diversos perfiles, han pasado a estar bajo la curatela de la Administración pública. La cifra de personas con incapacidad judicial atendidas por FUCAS en el año 2020 era de 340 personas, 502 menos que en 2024, lo que supone que el porcentaje de personas atendidas por el servicio de curatela del Gobierno canario se ha incrementado en más del 147,6%.

Personas en situación de vulnerabilidad con perfiles diversos

Las personas atendidas por FUCAS son personas a cuya incapacitación se ha llegado mediante un proceso judicial, en el que se ha evaluado la situación de la persona y se ha determinado la necesidad de medidas de apoyo por parte de la Administración pública.

Entre las circunstancias que se producen para que la persona pase a estar bajo la curatela de la Administración se encuentran algunas como estar sometida a un proceso de deterioro cognitivo; contar con una patología mental o dual, con problemas de drogadicción o/y trastorno mental. En todo caso, se trata de personas con necesidades sociales que no son cubiertas ni por ellas ni por su entorno familiar, por lo que son los tribunales de justicia los que asignan la curatela y las medidas de apoyo a la Consejería de Bienestar Social, pasando a ser atendidas por la Fundación FUCAS.

El Gobierno de Canarias y la Comunidad de Castilla-La Mancha colaborarán en materia de datos estadísticos

El Instituto de Canario de Estadística cede el código fuente que ha diseñado para infraestructuras de datos y metadatos a la comunidad castellanomanchega

El convenio contempla la cesión gratuita de la tecnología canaria por un período de cuatro años prorrogables

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, a instancias de la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y tras recibir informe favorable por parte del Consejo Consultivo de Canarias, la celebración de un convenio de colaboración con Castilla-La Mancha en materia estadística.

El acuerdo, que se firmará en próximas fechas, contempla la cesión de la tecnología de soporte a la difusión de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos por parte del ISTAC al organismo competente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Esta tecnología, denominada eDatos, ha sido desarrollada por el Instituto Canario de Estadística, suscitando el interés de la vicepresidencia primera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su implantación y utilización, en el ejercicio de sus competencias en materia estadística. Por su parte, el ISTAC se puede beneficiar de las modificaciones y mejoras que la Oficina del Dato de dicha comunidad autónoma realice. La cesión de esta tecnología es completamente gratuita y tiene una vigencia de 4 años, a contar una vez transcurridos los 30 días desde la comunicación a las Cortes Generales, prorrogables otros cuatro.

El convenio refleja el espíritu de colaboración del Gobierno de Canarias con otras instituciones de cara a crear un marco en el compartir conocimientos, recursos y tecnología. De hecho, no es la primera vez que las comunidades autónomas de Canarias y Castilla-La Mancha colaboran. En diciembre del año pasado, se firmó un primer convenio en el que Castilla-La Mancha cedía el uso de los aplicativos de su propio sistema de control interno para su despliegue en la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno implementa la especialidad Jurídica de la escala de la Administración General

Su creación se contempla en la Ley 2/2025 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha aprobado la implementación de la especialidad Jurídica de la escala de Administración General del cuerpo superior de la Administración General. La creación de esta especialidad estaba contemplada en el decreto ley 7/2024 de 31 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tras su tramitación parlamentaria ha dado lugar a la Ley 2/2025.

A través del presente acuerdo se establecen las directrices en materia de política de personal que llevará a cabo la Dirección General de la Función Pública para la identificación de los puestos de trabajo que puedan ser reclasificados y la modificación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo (RPT).

En el caso de que una vez implementado existan puestos de trabajo vacantes, se confeccionará la Oferta de Empleo Público, incorporando dicha especialidad en el número de plazas que resulte necesario, conforme a la planificación de recursos humanos, y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes.

El personal funcionario perteneciente a esta especialidad jurídica tendrá como funciones propias prestar asesoramiento jurídico especializado, elaboración de informes técnico-jurídicos, estudios jurídicos, convenios, bases reguladoras, pliegos de contratación, elaboración de disposiciones normativas, resolución de recursos administrativos, así como la realización de informes relacionados con la defensa en juicio de la Administración Pública para su remisión a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y para la ejecución de resoluciones judiciales que precisen de una especial cualificación jurídica. En ningún caso podrá suponer el desempeño de las funciones atribuidas a la escala de Letrados del Cuerpo Superior Facultativo.

Esta especialización profesional de la escala de Administración General tiene por finalidad proveer puestos de trabajo que por razón de un contenido eminentemente jurídico precisan de la aportación por parte de la persona que lo desempeña del conocimiento adquirido en su formación académica, teniendo en cuenta que para el acceso a esta especialidad se exigirá estar en posesión del título oficial universitario de grado en Derecho.

El personal de la escala de Administración General con dicha titulación podrá solicitar su integración en la especialidad jurídica, así como quienes la obtengan antes de que convoque el primer proceso de selección para la adjudicación de puestos.

Canarias solicitará al Estado agilizar la resolución del concurso energético en La Palma

El Consejo de Gobierno avala las peticiones del Ejecutivo regional y pedirá al Gobierno de España que La Palma sea primer territorio en el que se resuelva el concurso de renovación de centrales térmicas obsoletas

Entre las peticiones también se incluyen una mayor inversión en la red de distribución de las islas verdes y la inclusión de las baterías como opción ante las emergencias energéticas

Este Plan contribuirá a aumentar la resiliencia de su sistema energético, eléctrico y su seguridad, reforzando el compromiso con La Palma y sus habitantes de lograr energía segura, sostenible y sin interrupciones con medidas concretas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha ratificado hoy las peticiones planteadas al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para reforzar el sistema eléctrico de la isla de La Palma. Esta actuación institucional responde a la actual situación de emergencia energética en Canarias, tras varios apagones en La Palma y otras islas no capitalinas.

El Gobierno valida así las demandas y medidas concretas solicitadas por la consejería de Transición Ecológica y Energía, tanto a Red Eléctrica, como a Endesa y al Miteco para garantizar la seguridad del suministro en la isla en lo que se conoce como el Plan de Acción para La Palma. Un paso estratégico para reforzar la solidez de la red eléctrica regional y elevar la seguridad del suministro en un escenario de fragilidad y emergencia energética, con acciones inmediatas, concretas y complementarias a las ya solicitadas.

Dichas peticiones, ya gestionadas o en trámite de serlo, plantean como demanda principal hacia el Miteco que dentro del procedimiento de concurrencia competitiva para renovar los grupos de generación sea La Palma el primero en resolverse debido a su frágil situación energética.

Asimismo, y dentro de este Plan también se ha solicitado con anterioridad y ha sido anunciado en la isla una mayor inversión económica en las redes eléctricas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Las conocidas como “islas verdes” para reforzar y mejorar las líneas de distribución.

También, el uso temporal de almacenamiento y conexiones extraordinarias hasta que operen las instalaciones adjudicadas en el concurso de concurrencia por medio de baterías ha exigido el Ejecutivo regional al central, además de la petición de establecer planes de contingencia adicionales para casos de fallo simultáneo de generación.

Con este Plan, se evidencia la coordinación institucional entre Canarias y el Estado, y se garantiza que los ciudadanos de La Palma no vuelvan a vivir apagones prolongados, actuando con medidas específicas.

Las acciones del Ejecutivo en la crisis energética

Dichas acciones son paralelas a las medidas que el Gobierno ya ha tomado desde el comienzo de legislatura para revertir la fragilidad del sistema eléctrico de Canarias. Entre ellas, decretar el 2 de octubre de 2023 la emergencia energética, trabajar para aprobar los proyectos de refuerzo energético para evitar apagones en las islas que tienen déficit de energía (Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura) y legislar y trabajar para ordenar el desarrollo de las energías renovables en el territorio de forma eficaz y haciendo partícipe a la ciudadanía.

Ejemplo de ello, medidas como la modificación de la Ley de Cambio Climático, el desarrollo de las zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) o la modificación de la Ley Canaria del Sector Eléctrico para que, en caso necesario de sanciones por apagones, se puedan tramitar dichos expedientes en tiempo y forma.

Vivienda aprueba técnicamente el proyecto de ejecución de 100 inmuebles protegidos en Tazacorte

Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 17.645.661,55 euros, se llevará a cabo en la calle Pedro José Viña Díaz

 

Las obras están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán financiadas a través de los fondos Next Generation

 

El Instituto Canario de la Vivienda también ha aceptado la cesión de 16 parcelas en Puntallana para la construcción de viviendas protegidas

 

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha dado cuenta en el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada este jueves 10 de julio, la aprobación técnica del proyecto de ejecución para la construcción de 100 inmuebles protegidos de promoción pública en el municipio de Tazacorte, en la isla de La Palma.

Las obras, que se desarrollarán en la calle Pedro José Viña Díaz en Tazacorte, tienen un presupuesto base de licitación de 17.645.661,55 euros. Esta actuación forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y será financiada con fondos europeos Next Generation EU.

Dentro de esta iniciativa, se contemplan subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección de obra tanto del proyecto principal como de los subproyectos de instalaciones.

Este lote se incluye dentro del expediente para la redacción de proyectos de ejecución de un total de 487 viviendas protegidas de promoción pública distribuidas en varios municipios de Canarias: Yaiza, Santa María de Guía, La Oliva, Puerto del Rosario, Gáldar y Santa Lucía de Tirajana, en la provincia de Las Palmas, y Tazacorte y Guía de Isora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Cesión de suelo en Puntallana

Asimismo, el consejero también ha informado de la aceptación de la cesión de dieciséis parcelas en Puntallana, que serán destinadas a la construcción de viviendas protegidas de promoción pública.

El Ayuntamiento de Puntallana ha cedido al Instituto Canario de la Vivienda las parcelas, que suman un total de 1.891,92 metros cuadrados de la Manzana 9 en la zona de Llano Amador. El acuerdo responde al compromiso conjunto entre ambas administraciones para impulsar las medidas previstas en la Ley 4/2024, de 26 de julio, que establece actuaciones urgentes en materia de vivienda protegida para favorecer la recuperación de la isla tras la erupción del volcán Cumbre Vieja.

Impulso a la vivienda en La Palma

El Instituto Canario de la Vivienda cuenta con diferentes iniciativas en materia de vivienda en la isla de La Palma. Por un lado, con un proyecto para la ejecución de 8 viviendas protegidas de promoción pública en Puntallana; también ha declarado la urgencia de la tramitación del expediente de contratación administrativa para la ejecución de las obras de construcción de 34 inmuebles en Tazacorte; así como la licitación para la construcción de once inmuebles protegidos en Tijarafe, la adjudicación de las obras de once viviendas protegidas de promoción pública en Breña Baja. A esto se suman las obras de reparación y rehabilitación de 108 y 59 inmuebles en Santa Cruz de La Palma;

Asimismo, la empresa pública VISOCAN ha rehabilitado 42 viviendas en Finca Amado, en Breña Baja.

El Gobierno incrementará los recursos hídricos para el campo de La Palma con más de 5 millones de inversión

El Ejecutivo prevé en los próximos meses el inicio de actuaciones como las obras de regadío de Las Machuqueras-Llanos Negros

También se impulsará la instalación de una desaladora portátil para agua de riego agrícola, y la ejecución de las obras complementarias de Las Breñas-Mazo y de la red de riego de Hermosilla-El Paso

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria incrementará los recursos hídricos a disposición de agricultores y ganaderos de La Palma con el desarrollo de nuevas actuaciones que supondrán una inversión total de más de cinco millones de euros, según informó este jueves en Consejo de Gobierno el titular del área, Narvay Quintero.

A las actuaciones ya en desarrollo como la ejecución de la depuradora de El Paso (2.389.516 millones de euros) y la culminación de la fase II de las obras de recuperación de las redes de riego de Cruz Bermeja y Red B de las Haciendas, en la zona de San Isidro, Tazacorte (500.455 euros) se suman las iniciativas previstas con cargo a estos presupuestos de 2025 que se iniciarán en los próximos meses, entre las que destacan el desarrollo de las obras de regadío de Las Machuqueras-Llanos Negros (1.656.400 euros) en el marco de un convenio de colaboración con la corporación insular, la instalación de una desaladora portátil para agua de riego agrícola (1,45 millones de euros), las obras complementarias de Las Breñas-Mazo (1,9 millones de euros) y las de la red de riego de Hermosilla-El Paso (300.000 euros).

El Gobierno aprueba un decreto para mejorar la calidad de los servicios públicos en la Administración

Regula la forma en que se establecen los compromisos de calidad de los servicios públicos y su evaluación

Incorpora el análisis de la demanda y la satisfacción de las personas usuarias como información para mejorarlos

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha aprobado un decreto que establece nuevas medidas para mejorar la calidad de los servicios públicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos dependientes. El objetivo es garantizar que los servicios satisfagan las necesidades y expectativas de una ciudadanía cada vez más informada y exigente.

Esta norma actualiza el decreto 220/2000, de 4 de diciembre, dotándolo de una metodología que permita el desarrollo de objetivos e indicadores de calidad y su adaptación a las nuevas demandas sociales. Además, consolida una cultura orientada a la transparencia, la participación ciudadana, la evaluación y la mejora continua de los servicios públicos.

El principal objetivo de este decreto es regular la evaluación de la calidad de los servicios. Esto incluye tanto la autoevaluación como la evaluación externa de los servicios, e introduce nuevos instrumentos y modelos de supervisión.

También se implementa un sistema de medición del servicio prestado y un índice de percepción de calidad por parte de las personas usuarias. Los informes de los resultados de estas evaluaciones se publicarán de forma accesible en el sitio web institucional de la calidad de los servicios públicos y en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias.

El Gobierno autoriza el gasto de 13 millones para el mantenimiento y desarrollo del gestor procesal ‘Atlante’

El presupuesto base de licitación para la adecuación del aplicativo de los órganos judiciales se distribuye en tres anualidades, con fecha de inicio 1 de enero de 2026

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha autorizado el gasto correspondiente a la contratación del servicio de gestión, mantenimiento integral y desarrollo evolutivo del gestor procesal Atlante por un importe de 13 millones de euros. El contrato garantiza la adecuación del aplicativo al esquema judicial para la interoperabilidad y la seguridad de los órganos judiciales, fiscalías, Institutos de Medicina Legal y la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El presupuesto base de licitación se distribuye en tres años, a contar desde el 1 de enero de 2026, y la nueva contratación se realizará por procedimiento abierto de adjudicación y tramitación con carácter de urgencia.

La nueva licitación del servicio del aplicativo Atlante de la Administración de Justicia tiene como finalidad el funcionamiento adecuado de la gestión procesal de todos los expedientes tramitados ante los órganos judiciales del territorio en todas las infraestructuras judiciales en las que se ubican los citados órganos, sedes y oficinas y el servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, añadiendo el desarrollo del gestor a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se hará cargo de la licitación al ser el órgano competente en la gestión y mantenimiento de infraestructuras para las sedes judiciales, así como de los restantes medios materiales que se destinan a la Administración de Justicia.

El Gobierno formaliza el acuerdo relativo a la ropa de trabajo del personal laboral de la Administración

Recoge su entrega anual y actualiza el anexo a las necesidades actuales de calidad, tipología y protección, en base a las propuestas de las organizaciones sindicales en la negociación del III Convenio Colectivo

El Consejo de Gobierno ha formalizado el acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su sesión de 8 de mayo de 2023, relativo a la ropa de trabajo. La propuesta ha sido elevada por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

La autorización del Gobierno es necesaria para la plena eficacia de los acuerdos en materia de personal, previo informe de las direcciones generales de Planificación y Presupuesto y de Función Pública, al objeto de valorar las repercusiones presupuestarias y la gestión de personal, respectivamente.

En la actual Ley de Presupuestos se ha levantado expresamente la suspensión del artículo 22 del convenio que establecía la entrega bianual, de tal forma que pasa a ser anual. Asimismo, se modifica también el anexo I que recoge la ropa de trabajo que debe facilitar con carácter gratuito la Administración para actualizarlo a las necesidades actuales en cuanto a calidad, tipología y protección, en base a la propuesta formulada por las organizaciones sindicales.

Cualquier incremento del gasto público que se derive de la aplicación del presente acuerdo deberá ser asumido por cada órgano gestor de personal correspondiente en cada Departamento u Organismo Público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Dirección General de la Función Pública llevará a cabo las actuaciones administrativas pertinentes ante la Dirección General de Trabajo a los efectos de que se proceda a la inscripción del acuerdo autorizado y formalizado y a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.