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Canarias insta al Estado a que solicite fondos a Bruselas para la atención de menores migrantes

El presidente Fernando Clavijo remite cartas a los responsables de los tres ministerios españoles competentes para que eleven esta reclamación a la Comisión Europea

Responsables de la UE confirman al Gobierno autonómico la disponibilidad de recursos de emergencia con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)

El Gobierno de Canarias insta al Estado a que solicite fondos a la Comisión Europea para la atención de menores migrantes en las islas. Así lo ha hecho el presidente Fernando Clavijo en una carta remitida a los responsables de los tres ministerios competentes para elevar esta reclamación a Bruselas.

En concreto, las misivas han sido enviadas al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La solicitud del titular del Ejecutivo autonómico se produce tras una reunión mantenida por el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, con responsables de la Comisión Europea el pasado 15 de octubre. En este encuentro, cargos de la Dirección General HOME garantizaron la disponibilidad de recursos económicos de emergencia para la atención de menores migrantes no acompañados con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Según informaron los representantes de Bruselas, Canarias tiene derecho a recibir estos recursos económicos como cobeneficiaria de la ayuda de emergencia. Sin embargo, la competencia para solicitar estos fondos europeos corresponde al Gobierno español como Estado miembro de la UE.

A la vista de esta aclaración, el presidente Clavijo reclama de forma oficial al Gobierno de Pedro Sánchez que curse esta solicitud a la Comisión Europea para que Canarias pueda acceder a más recursos económicos con los que mejorar la atención y acogida de los más de 5.200 menores migrantes no acompañados que tutela en la actualidad.

El titular del Gobierno recuerda en su carta a los ministros que “estamos atravesando en Canarias una situación extrema en relación con la crisis migratoria y, concretamente, en lo que respecta a la atención y la acogida de los menores migrantes no acompañados”.

Fernando Clavijo subraya que la comunidad autónoma está afrontando en solitario el coste de la atención a estos niños y niñas, lo que “ha generado un exceso de gasto sobre los ingresos, considerando las previsiones de cierre de 2024, de -157,16 millones de euros”.

La disponibilidad de fondos europeos para atender la situación de emergencia migratoria que vive Canarias también fue transmitida por el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinás, durante su visita al archipiélago el pasado 18 de octubre.

El Gobierno invierte 5,3 millones en el saneamiento de Punta Brava y el abastecimiento de Puerto del Rosario

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas apoya financieramente a los cabildos de Tenerife y Fuerteventura en la ejecución de dos obras hidráulicas fundamentales

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy una modificación presupuestaria que permitirá a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas destinar 5,3 millones de euros a la reparación del emisario submarino de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, y a la mejora de la red de abastecimiento de agua en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

Este ajuste presupuestario en la recta final del ejercicio está justificado, según explicó el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, por “la urgente necesidad de prestar apoyo financiero a los cabildos de Tenerife y Fuerteventura, en situación de emergencia hídrica, para resolver dos graves problemas de vertidos, en un caso, y de pérdidas en el abastecimiento de agua, en otro”.

El primer proyecto tendrá un costo de 2,7 millones de euros, será ejecutado por el Cabildo de Tenerife, a través de su Consejo Insular de Aguas, y contempla la sustitución de un tramo de 240 metros del emisario de aguas residuales de Punta Brava, para mejorar su resistencia y anclaje al fondo submarino. La obra podría tener una duración de unos 16 meses, siempre en función del estado del mar en esa zona de la isla.

La reparación de este emisario forma parte de los diferentes trabajos que Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento tienen en marcha para resolver el problema de contaminación que mantiene Playa Jardín cerrada al baño desde el pasado 3 de julio.

En el caso del ejecutivo autonómico, además de la Consejería de Política Territorial, también intervienen el departamento de Transición Ecológica, la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Costas. Entre otros, se realizan de forma periódica análisis y posteriores informes sobre la calidad de las aguas en esa zona y se está tramitando otra modificación presupuestaria, esta de 300.000 euros, para los trabajos de mejora del saneamiento en el barrio de Punta Brava.

Puerto del Rosario

El segundo de los proyectos beneficiados por esta modificación presupuestaria es la instalación de una nueva red de distribución de agua en Puerto del Rosario, Fuerteventura. El importe en este caso es de 2,6 millones de euros y permitirá cubrir los costes de un proyecto que tiene como objetivo mejorar el abastecimiento a los vecinos de la capital de la isla.

La actuación forma parte de las obras declaradas de emergencia por el Cabildo de Fuerteventura. Se están ejecutando actualmente y consiste en sustituir parte de la red distribución de Puerto del Rosario, finalizando el plazo de ejecución en enero de 2025. Había tramos que tenían pérdidas y se rompían constantemente, por lo que se decidió empezar por esa red de distribución en la capital majorera y sustituyendo tuberías de fibrocemento.

Del expediente de modificación de crédito aprobado hoy en Consejo de Gobierno derivarán sendos convenios con los cabildos de Tenerife y Fuerteventura para tramitar la remisión de los fondos a ambas administraciones, que asumirán la ejecución de los trabajos.

 

 

El Gobierno destina 250.000 € a la reparación del IES Ingenio, en Gran Canaria, afectado por un temporal del viento

Los trabajos servirán para arreglar las cubiertas, el vallado y otros elementos arquitectónicos que sufrieron daños el pasado mes de septiembre, lo que obligó a suspender de las clases

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes destina más de 250.000 euros a la reparación del IES Ingenio, en Gran Canaria, la cual se ejecuta por la vía de emergencia, según informó su responsable, Poli Suárez, al Consejo de Gobierno, reunido este lunes.

Las obras, que fueron adjudicadas a Concontra 2008 S.L., permitirán reponer las cubiertas, el vallado y otros elementos arquitectónicos de este centro educativo del sureste grancanario, que los días 12 y 13 del pasado mes de septiembre se vio afectado por el viento.

En concreto, los trabajos, que ya se han iniciado, incluyen la reparación de las cubiertas de los edificios docentes y del vallado de separación de los módulos escolares 2 y 3, así como de puertas y pretiles de la cornisa, que sufrieron daños de diversa consideración como consecuencia de las fuertes rachas de viento vividas en la zona, con velocidades que alcanzaron los sesenta o setenta kilómetros por hora.

“Los desperfectos que ocasionó el temporal de viento en esa zona han exigido una actuación inmediata, al objeto de garantizar la máxima seguridad tanto de la propia la instalación y de sus usuarios como de sus alrededores”, explicó Suárez.

En este sentido, el consejero aclaró que “un procedimiento de licitación habitual se prolongaría en el tiempo, y no sería viable”. “Necesitábamos soluciones inmediatas para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la actividad lectiva, ante la imposibilidad de realojar al alumnado y al personal en otros centros de la zona”, informó Suárez.

Bienestar Social pone en marcha un nuevo plan de choque para agilizar la gestión de la Dependencia

El Consejo de Gobierno aprueba destinar 4,8 millones de euros a la contratación de 103 trabajadores para reforzar el servicio y la tramitación de expedientes

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias declarar el carácter excepcional de la situación de la Dependencia en Canarias, lo que permitirá incorporar a 103 nuevos profesionales y agilizar la tramitación de los expedientes.

La declaración contempla destinar una partida de 4.865.188,84 euros a la puesta en marcha de un contrato programa que posibilitará la contratación en 2025 de más de un centenar de efectivos de diferentes categorías laborales y profesionales que realizarán su labor en la Dirección General de Dependencia. Esta medida supondrá la aplicación de un nuevo plan de choque que dará continuidad al que está en vigor en la actualidad y que se encuentra próximo a su finalización.

En concreto, el contrato programa permitirá la contratación, para el año 2025, de funcionarios interinos correspondientes a distintas especialidades: 40 profesionales de Trabajo Social, 40 valoradores, un economista, cuatro juristas, dos licenciados en Psicología, cuatro administrativos, ocho auxiliares de administración y cuatro conductores.

A través de la contratación de estos equipos de profesionales se busca, entre otros objetivos, reducir el tiempo de tramitación para la valoración y posterior dictamen del grado de Dependencia; incrementar el número de informes de valoración para el reconocimiento de la situación de dependencia; aumentar el número de visitas a los domicilios, hospitales y residencias para llevar a cabo los informes necesarios; agilizar la coordinación con los recursos sociosanitarios y acelerar los informes sociales y las propuestas del Programa Individual de Atención (PIA).

“Estas actuaciones permitirán que continuemos avanzando en la gestión de la dependencia en Canarias. El mes de septiembre el archipiélago sumó 2.282 nuevas altas en prestaciones en el sistema de la dependencia, la mayor cifra de prestaciones concedidas en un solo mes, lo que pone de manifiesto la labor que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras de la Dirección General para revertir la situación de la dependencia en Canarias”, explicó la consejera del área, Candelaria Delgado.

A estos datos se unen otras acciones que se están llevando a cabo para disminuir los plazos y que la ciudadanía pueda acceder antes a sus derechos. “En lo que va de legislatura hemos conseguido disminuir el tiempo de espera para el reconocimiento de la dependencia de forma considerable, reduciendo el plazo en 271 días. Durante la anterior legislatura, se tardaban 847 días y hoy se tardan 576. Todavía queda un trabajo enorme por realizar y sabemos que llevará tiempo, pero seguiremos esforzándonos para mejorar el sistema de la dependencia en Canarias y lograr que se cumplan los tiempos que establece la ley estatal”, añadió Delgado.

Sanidad destinará 42,2 millones a la adquisición de víveres para abastecer a los hospitales del SCS

El Consejo de Gobierno autorizó el gasto total para la prórroga del Sistema Dinámico de Adquisición para un periodo de cuatro anualidades

El suministro incluye todo tipo de comestibles frescos, congelados o en conserva para la alimentación diaria de los pacientes, así como alimentos dietéticos, papillas y leches maternizadas

El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 42.206.117,28 euros para la prórroga del sistema dinámico de adquisición (SDA) para el suministro de víveres destinados a los centros del Servicio Canario de la Salud.

El suministro incluye todo tipo de comestibles, frescos, congelados o en conserva, destinados a la alimentación diaria de los pacientes, así como alimentos dietéticos, papillas y leches maternizadas.

El sistema dinámico de adquisición (SDA), con un periodo de vigencia de doce meses y próximo a la finalización de su primera anualidad el próximo 31 de octubre de 2024, establecía la posibilidad de prórroga por cuatro años, siendo el plazo máximo de vigencia del procedimiento hasta el 31 de octubre de 2028.

El gasto autorizado se destina a la prórroga de ese sistema dinámico de adquisición por cuatro anualidades, que se adopta ante la necesidad de ofrecer a las gerencias hospitalarias una herramienta de licitación pública útil, que facilite la racionalización de las compras, así como su planificación, evitando el uso continuado de la contratación menor.

La contratación mediante SDA favorece la agilidad administrativa en la contratación de este tipo de bienes, al tratarse de suministros corrientes cuya necesidad es continuada en el tiempo.

El importe autorizado, de 42.206.117,28 euros (con IGIC incluido), corresponde al total de la prórroga, siendo la distribución de los consumos totales previstos para cada una de las siguientes anualidades de 10.476.529,32 euros, 10.526.529,32 euros, 10.576.529,32 euros, 10.626.529,32 euros.

El Gobierno aprueba la declaración de Gesplan como medio propio de Los Llanos de Aridane y Santa Úrsula

Los siete cabildos y un total de 76 municipios canarios cuentan con el apoyo técnico de la empresa pública en materia de planificación y gestión territorial, transición ecológica, medioambiente y sostenibilidad

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la modificación de los estatutos sociales de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, con el fin de declarar a la citada sociedad mercantil como medio propio personificado de los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane (La Palma) y Santa Úrsula (Tenerife).

Esta habilitación, declarada ya por el propio Gobierno canario, los siete cabildos y un total de 76 municipios, posibilita que las entidades públicas puedan realizar encargos directos a Gesplan, lo que permite agilizar la tramitación para la ejecución de obras y servicios, siempre que los mismos estén recogidos en el objeto social de la empresa. Esta declaración está regulada por la Ley de Contratos en el Sector Público.

En la actualidad, las administraciones públicas que ya han habilitado a Gesplan como medio propio son los siete cabildos canarios, y las corporaciones locales de La Victoria de Acentejo, Guía de Isora, Tacoronte, San Miguel de Abona, El Rosario, Vega de San Mateo, Agüimes, Teror, Betancuria, Vallehermoso, Agulo, Valverde, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, El Sauzal, El Pinar de El Hierro, Fuencaliente de La Palma, San Sebastián de La Gomera, Santa Lucía de Tirajana, Icod de Los Vinos, Puerto de La Cruz, San Bartolomé, Antigua, Tuineje, La Aldea de San Nicolás, Agaete, Buenavista del Norte, Arico, Tegueste, Valle Gran Rey, El Tanque, Granadilla de Abona, Garachico, Arafo, Hermigua, Puerto del Rosario, Gáldar, Valsequillo de Gran Canaria, Mogán, San Cristóbal de La Laguna, La Matanza de Acentejo, Vilaflor de Chasna, La Oliva, Ingenio, San Bartolomé de Tirajana, Arrecife, Teguise, Adeje, Tazacorte, Breña Alta, El Paso, Garafía, Tijarafe, Telde, Breña Baja, Barlovento, Los Realejos, Fasnia, La Guancha, Candelaria, La Orotava, Tejeda, Santa Brígida, Firgas, Moya, Puntagorda, Tinajo, Santiago del Teide, Artenara, Pájara, Los Silos, Haría, Arucas, Los Llanos de Aridane y Santa Úrsula.

Constituida en el año 1991, en la actualidad la empresa pública Gesplan está especializada, a través de las áreas que la conforman, en actividades de planificación territorial, gestión territorial, transición ecológica y medioambiente, sostenibilidad, economía circular, bienestar animal, desarrollo de proyectos e infraestructuras, dotándose para ello de tecnologías de vanguardia digital.

Entre las materias recogidas en el objeto social de la empresa y, por tanto, sobre las que puede girar las posibles líneas de cooperación conjunta entre la sociedad mercantil y las diferentes administraciones públicas, se encuentra la realización de estudios urbanísticos y de planeamiento, actividad urbanizadora, valoraciones inmobiliarias, constitución de inventarios de bienes a entidades públicas y privadas, elaboración de banco de datos, estudios medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, así como gestiones y actuaciones, realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de patrimonio histórico y realización de cursos, seminarios, y jornadas formativas, entre otras.

El Gobierno avala la exención de nuevos informes de impacto ambiental de LP-2 y de la carretera Agaete – La Aldea

Esta decisión acelera los procesos para llevar a cabo las obras de construcción de unas vías prioritarias para las islas de La Palma y Gran Canaria

El Consejo de Gobierno, reunido el lunes 14 de octubre de 2024 en Las Palmas de Gran Canaria, ha avalado la exención de nuevos informes de impacto ambiental en la LP-2 y de la carretera Agaete – La Aldea. Dichas exenciones se han considerado favorables debido a la urgencia de recuperar las comunicaciones en la isla de La Palma tras la erupción volcánica y de acelerar la construcción de la carretera Agaete – La Aldea, fundamental para mejorar las comunicaciones y garantizar la seguridad ciudadana.

En el caso concreto de la isla de La Palma, el pasado 10 de septiembre, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad le solicitó a la Consejería de Transición Ecológica y Energía que, con el objetivo de agilizar la recuperación de esta vía prioritaria de para La Palma, se estudiase la posibilidad de prescindir de un nuevo estudio ambiental para el proyecto de modificado de obra en el tramo San Simón-Tajuya.

Por este motivo, la Consejería liderada por Mariano H. Zapata ha argumentado que no es necesario un nuevo informe de impacto ambiental, ya que el proyecto original de esta carretera ya contaba con una Declaración de Impacto Ambiental favorable condicionada aprobada en el año 2019.

A pesar de los cambios en la orografía ocasionados por la erupción, las condiciones expuestas en aquel informe siguen siendo aplicables y también se implementará un seguimiento riguroso para garantizar su cumplimiento.

Asimismo, la Consejería de Transición Ecológica y Energía solicitará un informe ambiental previo al inicio de la obra, así como informes trimestrales una vez que comiencen los trabajos. Además, en esta ocasión, el trazado exacto ha sido consensuado con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para no afectar a ningún elemento que pudiera tener algún interés científico específico.

En el caso de la isla de Gran Canaria, contará con una exención de nuevos informes de impacto ambiental la carretera Agaete – La Aldea en el tramo El Risco – Agaete.

Al igual que en la LP-2, la Consejería de Transición Ecológica y Energía, previa solicitud de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha estudiado el caso, valorando que no es necesario emitir un nuevo informe de evaluación ambiental.

Esta excepción acelerará el proceso de construcción de las obras de los dos viaductos de la nueva carretera de La Aldea que están pendientes de un modificado de proyecto y les dará un impulso definitivo.

Esta vía, esencial para Gran Canaria, mejorará las conexiones con esas zonas de la isla, reducirá el tiempo de conducción y aportará mayor seguridad a los ciudadanos que transcurren por estos espacios.

 

 

 

El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Observatorio Canario de la Actividad Física y el Deporte

De carácter eminentemente técnico, este organismo permitirá conocer, a través de la investigación y el análisis de datos, la realidad del deporte en las islas

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes, a propuesta del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, la creación del Observatorio Canario de la Actividad Física y el Deporte, previsto en el artículo 15 de Ley 1/2019 de la Actividad Física y el Deporte de Canarias.

Este órgano nace como un espacio científico y de investigación con el que conocer la realidad del ecosistema de la actividad física y el deporte en las islas, y permitirá, a través de la generación y análisis de datos, trazar las estrategias más adecuadas con las que obtener una mayor eficiencia a la hora de desarrollar políticas en materia deportiva.

Su puesta en marcha responde al compromiso del Gobierno de cumplir con la disposición adicional quinta de la citada ley, de 2019, que establecía la creación de este órgano en el plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor, un deber incumplido por el Ejecutivo anterior y resuelto por los actuales responsables de Deportes.

Además de su misión como órgano para la recopilación y análisis de datos, el Observatorio, adscrito a la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, que coordina Ángel Sabroso, será también responsable de evaluar todas las iniciativas que se lleven a cabo en materia de actividad física y deportes como vehículos para el desarrollo social y económico de las islas.

Todos los datos generados por el Observatorio serán públicos y estarán a disposición del sector a través del sitio web de la Consejería. De igual forma, el Observatorio se relacionará, a través de convenios y comisiones específicas de trabajo, con otras organizaciones, de tipo consultivo, como el Consejo Canario del Deporte, o de tipo colaborativo, como el Instituto Canario de Estadística, Observatorio Canario de Empleo y la Formación Profesional o el Observatorio Canario de la Salud.

El OCAFYD estará compuesto por la persona titular de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes o persona en quien delegue, que ejercerá la presidencia; un funcionario o funcionaria de carrera perteneciente al subgrupo A1, en representación de la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, y dos empleados públicos (en representación de los centros directivos dependientes de la Viceconsejería) con categoría de titulado superior y licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como por un representante de cada una de las universidades públicas canarias y otro del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias. Por último, la secretaría será ejercida por la persona designada por la presidencia de entre el personal de las unidades administrativas pertenecientes a los centros directivos adscritos a la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes.

Las cinco mesas de trabajo del Reto Demográfico elevarán sus propuestas al Gobierno a partir del 15 de octubre

Las medidas consensuadas por representantes del Ejecutivo, cabildos y ayuntamientos saldrán a exposición pública el 21 de octubre para que sean enriquecidas por todos los interesados

Clavijo convocará en noviembre una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes con el objetivo de aprobar iniciativas concretas para impulsar un modelo de desarrollo sostenible en el archipiélago

Las cinco mesas de trabajo del Reto Demográfico elevarán sus propuestas al Gobierno de Canarias a partir del próximo 15 de octubre. Siguiendo el mandato de la Conferencia de Presidentes, los equipos sectoriales conformados por representantes de la comunidad autónoma, de los cabildos y de los ayuntamientos plantearán medidas concretas para impulsar un modelo de desarrollo sostenible en las islas.

Una vez recibidas las propuestas, el Gobierno de Canarias abrirá un proceso de exposición pública para que representantes de sectores económicos, organizaciones sociales, universidades, centros de conocimiento y sociedad civil en su conjunto puedan enriquecer con sus enmiendas las iniciativas consensuadas por los grupos.

El calendario marcado por el Gobierno contempla finalizar este proceso de consulta abierta a principios de noviembre. A continuación, y en línea que el compromiso adquirido por el presidente Fernando Clavijo durante la reunión del pasado 30 de abril en el Parlamento, se convocará una segunda reunión de la Conferencia de Presidentes en la que se espera aprobar iniciativas concretas para impulsar un modelo de desarrollo sostenible en el archipiélago.

En este sentido, el portavoz del Gobierno y viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, ha subrayado que los grupos “han trabajado con intensidad y constancia” en los últimos cinco meses en busca de soluciones que afronten retos actuales del archipiélago como el acceso a la vivienda, la presión sobre el territorio, el reparto más justo de la riqueza que genera el sector turístico o las diferencias de población entre islas y municipios.

Para Cabello, este trabajo y las conclusiones que se conocerán a partir de la próxima semana demuestran que “está en marcha el compromiso del Gobierno autonómico de diseñar un modelo de desarrollo para Canarias respetuoso con nuestro medio ambiente”, gracias al diálogo constructivo que “nos va a permitir establecer una hoja de ruta para guiar la transformación del archipiélago hacia la sociedad más sostenible en la que queremos vivir en las próximas décadas”.

Tres ejes de trabajo

Las cinco mesas del Reto Demográfico iniciaron su labor el pasado 24 de mayo en la sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces, se han reunido de forma continuada para analizar informes y debatir propuestas, un proceso de trabajo en el que han contado con la participación de expertos especializados en el área encomendada a cada equipo.

El acuerdo unánime alcanzado en la Conferencia de Presidentes para repensar el modelo de desarrollo de Canarias pone sobre la mesa de estos grupos de trabajo tres desafíos prioritarios: la democratización o redistribución de la riqueza en el sector turístico; la transparencia en la ordenación del territorio; y la aplicación de una estrategia para el reto demográfico que contribuya a garantizar un crecimiento sostenible y ordenado que garantice la convivencia entre el turista y el residente.

Con estos tres ejes de trabajo, los cinco equipos se dividen en ‘Transparencia en la protección y el desarrollo del territorio’; ‘Acceso a la vivienda’; ‘Fiscalidad y empleo en el sector turístico’; ‘Protección del medio ambiente, acceso a los espacios naturales protegidos, economía circular, desarrollo de energías renovables y agua’; y ‘Reto demográfico’ como mesa transversal.

En estas mesas o equipos han participado más de 100 personas entre representantes de cabildos y ayuntamientos, a través de la FECAM, tercer sector y expertos del ámbito privado, público y académico, que han tenido la oportunidad de compartir conocimiento y aportaciones a lo largo de los últimos cinco meses.

Canarias requiere al Estado el abono de más de 157 millones por la atención de menores migrantes

El Gobierno canario ha aprobado, a instancia de la consejería de Bienestar Social, un requerimiento al Estado para que asuma el abono del coste de los gastos de atención a la infancia migrante no acompañada

El Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud Infancia y Familias, Candelaria Delgado, dirigir un requerimiento al Gobierno de España y a la Administración General del Estado para que cumpla con las obligaciones constitucionales y garantice la solidaridad territorial económica en materia de acogida y protección de menores migrantes no acompañados. Así, El Ejecutivo regional insta al Estado a asumir el coste del exceso de acogida y protección de estos menores que viene soportando Canarias, que hasta este momento asciende a 157,1 millones de euros, además de los gastos sanitarios y de educación.

En el escrito se señala que el citado requerimiento se dirige al Consejo de Ministros porque “corresponde al Estado cumplir el mandato del artículo 138 de la Constitución Española de garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad territorial consagrado en el artículo 2 de la Constitución”.

En esta línea, el texto recoge que “existe un deber constitucional y legal de garantizar el principio de solidaridad consagrado en los artículos 2 y 138 la Constitución Española (CE), atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia, como es el actual caso de Canarias. La garantía del principio de solidaridad en materia de flujos migratorios tiene dos aspectos de equidistribución de cargas y responsabilidades: el primer aspecto consiste en la garantía de que se comparte la prestación de acogida y protección de los menores entre todos los territorios del Estado que tienen iguales competencias en esta materia; y el segundo, la garantía económica del Estado para sostener el coste de esta solidaridad, para evitar los desequilibrios económicos territoriales”. A juicio del Ejecutivo regional, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones, razón que ha motivado este requerimiento y las reiteradas solicitudes de que se modifique la Ley de Extranjería.

Asimismo, en el documento se recuerda que desde el pasado 1 de agosto de 2023, el Gobierno de Canarias acordó declarar la situación de emergencia migratoria ante la llegada de inmigrantes a las islas, lo que ha derivado la adopción de una amplia batería de medidas excepcionales para hacer frente a esa realidad y, de modo especial, a las necesidades de los migrantes menores no acompañados. No obstante, desde octubre del pasado año, la llegada de menores no acompañados se ha ido incrementando de forma constante, “desbordando la capacidad de gestión de los recursos y dispositivos para atenderlos”.

Por último, el Gobierno de Canarias reitera su plena disposición para buscar y adoptar de común acuerdo las medidas más adecuadas para la correcta atención de los menores extranjeros no acompañados, en razón del interés superior del menor que debe guiar la acción de todos los poderes públicos.