El Ejecutivo saca a licitación el servicio integral que permitirá movilizar viviendas privadas vacías o infrautilizadas hacia el alquiler asequible

La iniciativa refuerza la estrategia para ampliar la oferta sin consumir nuevo suelo y facilitar el acceso a la vivienda a precios accesibles

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno sobre la licitación del servicio integral necesario para la implantación, puesta en marcha y gestión operativa de la Bolsa Activa de Vivienda Asequible de Canarias, una iniciativa orientada a movilizar viviendas privadas vacías o infrautilizadas hacia el alquiler a precios asequibles.

Con este paso, el Gobierno de Canarias avanza en la activación de esta herramienta como un instrumento clave de intervención en el mercado residencial para incrementar la oferta disponible y dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en el Archipiélago.

El contrato, gestionado a través de la empresa pública VISOCAN, cuenta con un presupuesto total de 1,8 millones de euros y permitirá desplegar un servicio integral que abarca el diagnóstico territorial, la captación de viviendas, la captación y preevaluación de personas demandantes, la intermediación entre propietarios e inquilinos, la formalización de contratos y el seguimiento de los arrendamientos.

En este sentido, la Bolsa Activa de Vivienda Asequible de Canarias tiene como finalidad facilitar la función social de la vivienda, incrementando la oferta en alquiler a precios inferiores al mercado y mejorando el acceso a la vivienda de canarias y canarios con ingresos limitados.

Se trata de una medida eficiente y sostenible, al priorizar la movilización del parque residencial ya construido frente a alternativas que implican un mayor consumo de suelo, más recursos públicos y plazos de ejecución más largos, una cuestión especialmente relevante en el ámbito territorial de Canarias.

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para dar respuesta a la situación del mercado de la vivienda en Canarias, combinando la construcción de nueva vivienda con medidas orientadas a movilizar el parque existente, optimizar su uso y facilitar el acceso a un alquiler asequible en condiciones de seguridad tanto para propietarios como para inquilinos.

Un paquete integral de medidas

La puesta en marcha de la Bolsa Activa de Vivienda Asequible se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, orientada a abordar de forma estructural el problema de acceso a la vivienda en el archipiélago.

En este contexto, en marzo de 2026 el Ejecutivo aprobó el nuevo decreto que regula la adjudicación de viviendas públicas, sustituyendo el sistema de sorteo por un modelo de baremación basado en criterios objetivos de carácter económico, social y familiar. Esta norma introduce mayor equidad, transparencia y seguridad jurídica, al tiempo que simplifica los procedimientos administrativos mediante la inscripción telemática en el Registro de Demandantes a través de declaración responsable. Asimismo, refuerza los requisitos de residencia y arraigo, y amplía los cupos de reserva para colectivos prioritarios, consolidando el carácter social del sistema.

A esta medida se suma el decreto ley aprobado en abril de 2025 para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, que permite a los ayuntamientos otorgarlas en menos de seis meses con plenas garantías jurídicas. Esta norma ha incorporado, además, la figura de la Vivienda Asequible Incentivada, dirigida especialmente a las clases medias, y que ha posicionado a Canarias como comunidad pionera en su desarrollo.

Previamente, en febrero de 2024, el Gobierno ya había aprobado un decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional, articulando actuaciones destinadas tanto a incrementar la disponibilidad de suelo como a impulsar la construcción de vivienda protegida.

En paralelo al desarrollo normativo, el Ejecutivo ha reforzado de forma sostenida el presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda, lo que ha permitido activar un parque de aproximadamente 4.000 viviendas en distintas fases —cerca de 2.000 en planificación y otras 2.000 en construcción—, junto a más de 200 viviendas adquiridas y más de 150 ya finalizadas.

Este esfuerzo se ha complementado con políticas de apoyo directo a la ciudadanía, como las ayudas al alquiler general y al alquiler joven, así como las líneas de apoyo a la adquisición de vivienda para jóvenes. En esta misma línea, el Gobierno avanza en el diseño de la Hipoteca Joven Canaria, un instrumento innovador que permitirá cubrir mediante aval público hasta el 95 % del valor de la vivienda, facilitando el acceso a la primera vivienda en propiedad.

Finalmente, el I Congreso de Vivienda de Canarias, celebrado en diciembre de 2025, ha supuesto un hito en la articulación de una estrategia compartida, reuniendo a administraciones, expertos y sector privado para definir soluciones desde una perspectiva técnica, social y territorial. Un foro en el que, además, se consolidó el impulso a iniciativas como la propia Bolsa Activa de Vivienda Asequible.

La contratación se realizará mediante la suscripción de un acuerdo marco, para un período de dos años y un consumo estimado de 5.178.268 litros

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 9.143.280,78 euros, para la contratación de un suministro de combustible gasoil clase A para cubrir las necesidades de este tipo de combustible de los hospitales del Servicio Canario de la Salud durante un período de dos años.

La contratación se realizará mediante la suscripción de un acuerdo marco para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la tramitación de expedientes de contratación centralizada, que contribuyen a racionalizar y mejorar notablemente la eficiencia de los procesos de aprovisionamiento de los centros sanitarios y a obtener una reducción de los precios derivada de las economías de escala.

El Servicio Canario de la Salud, a través de la Dirección General de Recursos Económicos, tramitó en 2021 un expediente de contratación por acuerdo marco para la compra centralizada de combustible que finalizará el próximo 30 de junio, motivo por el que resulta imprescindible tramitar un nuevo acuerdo marco que garantice la continuidad del suministro.

El consumo previsto durante las dos próximas anualidades asciende a 5.178.268 litros, para cuya contratación los hospitales del SCS dispondrán de los siguientes presupuestos máximos de licitación: 2.561.291,75 euros en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, 1.777.532,02 euros en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa; 1.589.131,64 euros en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; 1.378.995,47 euros en el Hospital General de Fuerteventura; 829.879,86 euros en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria; 593.275,81 euros en el Hospital Universitario de La Palma; 300.169,31 euros, en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe; 105.942,11 euros en el Hospital Universitario de Canarias y 7.062,81 euros en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

El presupuesto de licitación se ha calculado teniendo en cuenta los consumos esperados por las distintas gerencias y la variabilidad del precio del petróleo, así como con la aplicación del uno por ciento de Impuesto General Indirecto (IGIC).

El suministro de gasoil clase A es fundamental para garantizar el funcionamiento de sistemas críticos, como los generadores eléctricos, y para asegurar la operatividad de los equipos sanitarios.

La inversión finalmente ascenderá a 15,6 millones de euros hasta 2029. La obra se licitará durante la primera quincena de mayo

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la nueva planificación presupuestaria del proyecto para duplicar la capacidad de la depuradora de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Este proyecto, al que se han incorporado varias mejoras, supera ahora los 15,6 millones de euros de coste y su ejecución abarcará hasta 2029. El expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que dirige Manuel Miranda, propone una actuación “estratégica para consolidar el ciclo del agua en Fuerteventura”, según ha explicado el consejero. Se espera que pueda ser licitado en la primera quincena de mayo.

La planificación aprobada hoy contempla destinar medio millón en 2026; 6,5 millones en 2027; 7,1 millones en 2028; y 1,4 millones en el último año de ejecución, que será 2029. Así, suma un total de 15.615.469,09 euros.

El proyecto viene a dar respuesta a la saturación de la instalación, que puede actualmente tratar unos 3.000 metros cúbicos de aguas residuales diarios. Los caudales actuales y las previsiones de crecimiento demográfico y turístico del municipio hacen necesario ampliar dicha capacidad. La obra permitirá duplicarla hasta los 6.000 m³ diarios. Además de dar respuesta a las necesidades actuales y futuras, posibilitará aumentar la capacidad ante episodios de lluvias intensas y mejorará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de depuración, vertido y reutilización de aguas residuales urbanas.

Los trabajos supondrán ampliar las líneas de tratamiento, con nuevos sistemas de depuración de mayor eficiencia. Se incorporarán procesos avanzados de tratamiento biológico que no solo mejoran la calidad del agua resultante, sino que aportan estabilidad al proceso en situaciones de variación de caudales. Optimizarán, además, la eliminación de sólidos y arenas y supondrán la construcción de nuevas instalaciones que permitirán una deshidratación más efectiva de fangos. Se reducirá así el volumen de residuos generados, lo que posibilitará mejorar su gestión final y disminuir el impacto ambiental asociado a su transporte y tratamiento.

Respecto al agua resultante del tratamiento, será de mejor calidad y se podrá usar para riego en el sector primario y otros usos, como el riego de zonas verdes. Esta posibilidad reducirá la presión sobre los recursos hídricos convencionales, por lo que aumentará la disponibilidad para otros usos, como el abastecimiento a la población.

El proyecto también contempla una reducción de vertidos al mar, así como la mejora de los que se puedan producir y el refuerzo de la integración ambiental de la instalación, ubicada en la zona industrial de Risco Prieto.

Cabe recordar que la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario firmaron el pasado diciembre el convenio de colaboración que permitirá desarrollar este proyecto una vez sea adjudicado.

El Consejo de Gobierno aprueba la implantación de dos grados y cinco másteres en la Universidad Europea de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su sesión celebrada este lunes 20 de abril de 2026, la autorización de siete nuevas enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad Europea de Canarias, en el marco de la ordenación del sistema de formación académica en el archipiélago.

Las titulaciones autorizadas incluyen los grados en Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Energías Renovables y Eficiencia Energética, así como los másteres universitarios en Educación Ambiental, Gestión de Proyectos Sostenibles y ESG, Ingeniería Industrial, Ingeniería y Gestión del Agua y Finanzas Sostenibles e Inversión Responsable.

Las propuestas han seguido el procedimiento establecido en la normativa vigente, con informe favorable sobre su necesidad y viabilidad académica y social, así como la evaluación de calidad correspondiente, antes de su autorización definitiva por el Ejecutivo autonómico.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes, a propuesta de la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la aprobación del nuevo contrato de gestión de la Agencia Tributaria Canaria para el período 2026-2028, una vez vencido el plazo del anterior.

El contrato de gestión constituye el principal instrumento de planificación estratégica de la Agencia, en el que se recoge su misión, visión y valores; así como los objetivos estratégicos en los que ha de concentrar su actividad al objeto de cumplir con la misión y acercarse a la visión que persigue.

En este sentido, el mapa estratégico del nuevo contrato de gestión se basa en cuatro ejes fundamentales: la prestación de un servicio de calidad al obligado tributario, potenciar la lucha contra el fraude fiscal, fomentar el cumplimiento voluntario del contribuyente y mejorar la organización, innovación y crecimiento personal de los empleados de la organización.

El resto de objetivos pivota sobre estas cuatro premisas principales y están enfocados a mejorar la eficacia de la Agencia Tributaria Canaria y facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En este sentido, tiene especial relevancia el uso de las nuevas tecnologías, un proceso de mejora continua en el que la ATC está muy implicada. Este constante proceso de actualización está orientado a asegurar la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los sistemas y aplicaciones empleados en la gestión tributaria.

En lo que se refiere al resto del contenido mínimo del contrato de gestión, no presenta novedad con respecto al contrato de gestión anterior. Es decir, incluye los recursos materiales, presupuestarios y tecnológicos, así como los recursos humanos de la Agencia; también la evaluación del desempeño y productividad, la responsabilidad en la gestión y el seguimiento de la ejecución y el procedimiento para introducir modificaciones. Todo con el único objetivo de mejorar el servicio prestado a la ciudadanía, así como optimizar la eficiencia y seguridad en la gestión.

La ayuda directa tiene como fin el acondicionamiento de un solar para la creación de una cancha deportiva y zona de aparcamiento adaptado

El Consejo de Gobierno ha aprobado conceder, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, una subvención directa a la Asociación Nuestra Señora del Amparo-Apreme, para la ejecución del proyecto Espacio sin límites, por importe de 40.000 euros.

La ayuda concedida tiene como objetivo dar cobertura financiera al proyecto de adecuación y acondicionamiento de un solar anexo, propiedad de la entidad, para la creación de una cancha deportiva accesible; la habilitación de una zona de aparcamiento para los vehículos del servicio de transporte; y la ejecución de un acceso adaptado que conecte dicho espacio con las instalaciones de la entidad.

Apreme es una asociación sin ánimo de lucro que nació en 1998 con el fin de atender a personas con discapacidad intelectual y a sus familias, orientada por los principios de integración social y de normalización. Entre las acciones que desarrollan se incluyen, entre otras, la atención integral a las personas con discapacidad intelectual desde su nacimiento; estimulación, rehabilitación y educación; la posible inserción laboral y/o asistencia a un centro de día, así como dar respuesta a las necesidades legales, económicas, educativas, a las familias asociadas y promover y organizar, en colaboración con otras entidades, actividades de entretenimiento y ocio, formativas e informativas para el conjunto de los asociados/as.

Supone la formalización del acuerdo alcanzado por la Dirección General de la Función Pública y los sindicatos el 30 de enero de 2026 en la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo del Personal Laboral

El Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización del acuerdo sobre Plan de ordenación del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, alcanzado el 30 de enero de 2026 en la Comisión Negociadora del Tercer Convenio colectivo. Tendrá una vigencia de cuatro años, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El Plan, impulsado por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de Función Pública, se construye en base a ejes de actuación que se consideran esenciales para la ordenación del personal laboral, como son los derechos profesionales de movilidad y promoción; la reducción del empleo público temporal y la regularización del vínculo jurídico del personal laboral que desempeña puestos o funciones propias del personal funcionario. También contempla la selección de las futuras generaciones de personal laboral y la clasificación profesional acorde con el sistema educativo actual y con las actuales necesidades de la Administración.

Para velar por su cumplimiento y supervisar los trabajos de ejecución de este Plan, se constituirá una Comisión Mixta y paritaria entre la Administración y las organizaciones sindicales. Asimismo, se constituirán los correspondientes Grupos de Trabajo que tendrán como misión estudiar y elaborar propuestas de actuaciones a llevar a cabo en relación con los ejes de actuación que les hayan sido encomendados.

El Plan de Ordenación de Personal Laboral de esta Administración involucra en la actualidad a 7.749 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 3.891 son personal laboral fijo y el resto, 3.858, es personal temporal. De la totalidad del personal laboral, 6.085 son mujeres, representando un 78,52 por ciento, y 1.664 son hombres, representando un 21,48 por ciento.

En el diseño de las actuaciones y en su ejecución se tendrá en cuenta el principio de perspectiva de género de la mano del Plan Sectorial de Igualdad de Administración General, cuya ejecución ya se ha iniciado con la creación del correspondiente Comité de Igualdad de Administración General, que reunirá a representantes de la Administración y de los sindicatos.

La ejecución de este plan va a suponer un importante esfuerzo en la gestión de los procedimientos vinculados a los ejes de actuación, motivo por el que se ha reforzado la Dirección General de la Función Pública, mediante la creación de una Unidad Administrativa Temporal.

Adscrito a la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de la Función Pública, se configura como un espacio de participación institucional entre la Administración Pública y las organizaciones sindicales para el seguimiento del Plan

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy lunes la creación del Comité de Igualdad de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrito a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de la Función Pública. Actuará como comisión de seguimiento del Plan de Igualdad.

El Comité tendrá encomendado el seguimiento de las finalidades y competencias establecidas en el Plan de Igualdad de Administración General 2026-2029 y estará compuesto por personas representantes de distintos ámbitos de organización de la Administración General y de las organizaciones sindicales más representativas del sector.

Según el acuerdo, se configura como un espacio de participación institucional entre la Administración Pública y las organizaciones sindicales representadas en el ámbito de la Administración General, con el objetivo de impulsar su desarrollo.

El Gobierno de Canarias, en la sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2025, aprobó el Plan de Igualdad de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias el día 31 de diciembre de 2025.

Es este Plan el que establece y describe un sistema de gestión y los agentes que intervienen en el desarrollo del Plan, dentro de los cuales se encuentra su seguimiento a través del denominado Comité de Igualdad, que deberá celebrar la primera sesión constitutiva antes del 30 de mayo de 2026.

El acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de Canarias y en el espacio web de la Dirección General de la Función Pública destinado a las iniciativas normativas.

El Consejo acuerda trasladar al Parlamento la planificación que se recoge en la norma, conforme a lo establecido en la Ley 8/2010

El Gobierno de Canarias ultima una norma sobre los juegos y apuestas con un instrumento de planificación único, que tiene como objetivo ordenar la dispersión existente y ofrecer mayor seguridad jurídica a todas las partes intervinientes en el sector, además de reforzar los controles de acceso a los menores.

En este sentido, a partir de su entrada en vigor, los salones recreativos y de juegos deberán tener obligatoriamente un servicio de admisión que impida la entrada a la zona donde se desarrolle la práctica del juego a menores de edad.

En el proceso normativo, el Consejo de Gobierno ha acordado hoy remitir al Parlamento la planificación recogida en el Proyecto de Decreto, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y conforme a lo establecido en la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas.

La finalidad del decreto es que la ciudadanía, en su condición de personas usuarias de los distintos sectores del juego, pueda ver garantizado un sistema de supervisión óptimo de cara a los riesgos derivados de dicha práctica de la que deben ser conocedores, pero también delimitar el contenido y extensión de los límites de la actividad para aquellas personas empresarias que, cumpliendo las requisitos y condiciones exigidos, quieran acceder al mercado.

Además, supone una revisión del Decreto 26/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, dado que es necesario actualizar y adaptar la normativa a determinadas realidades vinculadas a la evolución del sector y a la gestión de los procedimientos vinculados a la materia por parte de la Administración competente. Igualmente, se han realizado modificaciones puntuales en otras disposiciones de carácter general.

En lo referente al Registro de Prohibidos de Acceso al Juego, y en aras de garantizar la protección de los colectivos más vulnerables, se modifica el artículo 24 del Reglamento de homologación de juego y de organización y funcionamiento del Registro del Juego de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto 42/1998, de 2 de abril, a fin de recoger el plazo de duración de la inscripción en aquellos supuestos de autoprohibición o prohibición a terceros sobre cuyos actos de administración y disposición del patrimonio recayese un interés legítimo, plazo que hasta ahora no se contemplaba, y que se establece con carácter indefinido. No obstante, se prevé que, transcurridos seis meses desde la inscripción, se pueda proceder a la cancelación de la misma.

La duración prevista para la planificación contemplada en la norma es de cinco años, aunque, dadas las circunstancias que obre el sector influyen, tales como cuestiones de índole poblacional, socioeconómicas, situación y distribución geográfica, entre otras, se prevé que la nueva planificación pueda prorrogarse por otros cinco años, tomando en consideración lo que el informe la Comisión del Juego y las Apuestas de Canarias.

El Gobierno de Canarias impulsó también como decreto ley 7/2024 y posteriormente como Ley 2/2025, de 26 de junio, medidas urgentes para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas. En este sector, evita la concentración de locales de juego, regula la distancia de los salones de los centros educativos y amplía la edad de protección desde los 6 años, entre otras medidas.

El Ejecutivo tramitará por urgencia esta norma, dado que el nuevo texto parte de trabajos previos ya avanzados, incorpora mejoras sustanciales y refuerza la seguridad jurídica tras las observaciones del Consejo Consultivo

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía encabezada por Mariano H. Zapata, ha acordado reiniciar los trámites del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias, una norma destinada a establecer un marco jurídico integral para la protección, conservación, restauración y gestión sostenible del patrimonio natural del archipiélago.

La tramitación del anteproyecto se realizará por la vía de urgencia, ante la necesidad de dotar a la comunidad autónoma de un instrumento normativo propio, sistemático y actualizado que desarrolle en el ámbito canario la legislación estatal en materia de biodiversidad y recursos naturales.

El reinicio del procedimiento permite retomar un proceso ya avanzado, aprovechando el trabajo técnico y jurídico realizado en fases anteriores, así como el conocimiento acumulado durante su tramitación. No obstante, el nuevo texto incorpora modificaciones de alcance suficiente como para justificar el inicio de un nuevo procedimiento, con el objetivo de garantizar su solidez jurídica y su adecuación al marco competencial vigente.

El anteproyecto toma en consideración las observaciones formuladas por el Consejo Consultivo, que señalaban deficiencias en la técnica normativa, posibles solapamientos con la legislación básica estatal y riesgos de inseguridad jurídica. A partir de ese análisis, se ha elaborado un texto revisado que refuerza su coherencia, mejora su estructura y evita duplicidades normativas.

La futura ley permitirá a Canarias contar por primera vez con una norma propia que integre y ordene el conjunto de instrumentos de planificación, conservación y gestión de la biodiversidad, actualmente dispersos en diferentes disposiciones. Asimismo, adaptará la regulación a las singularidades del territorio insular, caracterizado por su elevada biodiversidad, alto grado de endemicidad y fragilidad de los ecosistemas.

Entre sus contenidos, el anteproyecto incorpora la protección del medio marino y de los ecosistemas costeros, en línea con las competencias asumidas por la comunidad autónoma, e integra los distintos sistemas de conocimiento científico y seguimiento ambiental existentes en Canarias. También establece un marco común para la planificación, la conservación de especies y hábitats y la gestión sostenible de los recursos naturales.

El texto regula, además, los mecanismos de coordinación entre administraciones públicas, ordena los instrumentos de intervención y refuerza las herramientas para la conservación, restauración y uso sostenible del patrimonio natural.

Con este acuerdo, el anteproyecto inicia nuevamente su tramitación administrativa, que incluirá los correspondientes informes, consultas y fases de participación pública antes de su aprobación como proyecto de ley.