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Sanidad destina más de 4,1 millones de euros al servicio de cocina del Hospital Molina Orosa

La contratación de este servicio se corresponde con las anualidades 2024, 2025 y 2026

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, sirve alrededor de 22.000 comidas al mes a una media de 5.500 pacientes

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este lunes, 19 de febrero, a la Consejería de Sanidad a destinar 4.102.189,73 euros a la contratación del servicio de cocina del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa y su edificio polivalente anexo.

El objetivo de esta contratación es ofrecer a los pacientes ingresados en el centro hospitalario una alimentación equilibrada, acorde a las prescripciones médicas pautadas y que repercuten de manera directa en la mejora de la salud de las personas ingresadas.

La licitación de este servicio de comidas diarias de ambos centros engloba las anualidades 2024, 2025 y 2026.

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa sirve alrededor de 22.000 comidas al mes (desayunos, almuerzos y cenas) a una media de 5.500 pacientes.

El Gobierno eleva al Parlamento la Comunicación de modificación del marco legislativo sobre menores migrantes

La propuesta elaborada por los Servicios Jurídicos se enriquece con aportaciones de los grupos parlamentarios en la búsqueda de un frente común para defender la ‘solución canaria’

El Ejecutivo contempla cuatro vías legislativas, pero apuesta por la modificación del Código Civil mediante decreto ley como fórmula “más rápida” para conseguir la distribución de los menores

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes la Comunicación que elevará al Parlamento de Canarias sobre menores extranjeros no acompañados y sobre la necesidad de una modificación del marco normativo actual que garantice su protección integral mediante la distribución en todo el territorio español.

La propuesta aprobada por el Ejecutivo se sustenta en varias vías de cambios legislativos elaboradas por los Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma, pero ha sido enriquecida con las aportaciones realizadas por los grupos parlamentarios. Todos, con la única excepción de Vox, han participado en el proceso abierto por el Gobierno en la búsqueda de un frente común en defensa de un reparto solidario y obligatorio de los menores migrantes no acompañados.

La Comunicación pasa ahora la Cámara regional para su debate, donde los grupos parlamentarios podrán realizar nuevas aportaciones antes de su votación en pleno. Se cumple de este modo el acuerdo alcanzado, el pasado 31 de enero, por el presidente Fernando Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez con las fuerzas políticas adheridas al Pacto Canario por la Migración firmado el 19 de octubre de 2023, cuando se comprometieron a trabajar por unidos en aras del consenso.

En este sentido, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, se ha mostrado convencido de que habrá un acuerdo “casi unánime” en el Parlamento “en defensa de la solución canaria”. A su juicio, este consenso “dará más fuerza a Canarias” para lograr el respaldo del Estado y de las Cortes Generales a las modificaciones legislativas necesarias para distribuir “de forma solidaria y vinculante” a los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español.

Cabello ha explicado la hoja de ruta pactada con las fuerzas con representación en el Parlamento canario para lograr este objetivo. Tras la aprobación de la Comunicación en la Cámara, la Junta de Portavoces invitará a sus homónimos del Congreso de los Diputados a visitar las islas para conocer de primera mano la situación de los 5.500 menores migrantes que el Gobierno autonómico tutela en la actualidad. En esa visita, los grupos trasladarán a los portavoces de las fuerzas de la Cámara baja la propuesta de modificaciones legislativas para obtener su apoyo.

De forma paralela, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo informará al Estado del acuerdo adoptado por el Parlamento, según ha explicado el portavoz tras subrayar que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha comprometido a “dar una respuesta a la solución canaria antes del 31 de marzo”.

Derechos de la infancia

La Comunicación del Gobierno al Parlamento de Canarias sobre menores extracomunitarios no acompañados tiene como objetivo principal “salvaguardar y promover los derechos de los menores, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio” sobre la base del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia reconocido a nivel internacional y nacional.

En este sentido, la propuesta del Ejecutivo autonómico considera urgente “establecer un marco legal coherente y efectivo que asegure que los menores migrantes no acompañados sean tratados de acuerdo a sus derechos, garantizando su acceso a la protección y a la atención adecuada”. Para el Gobierno de Canarias, el número de actual de menores “imposibilita” cumplir estas obligaciones de tutela, entre ellas, “la integración social”.

El texto que ahora debatirá el Parlamento contempla varias vías de modificación del marco normativo actual mediante las que se puede garantizar la distribución de los menores migrantes no acompañados por todo el territorio español.

Sin embargo, el portavoz ha resaltado la preferencia del Gobierno de Canarias por un cambio en el artículo 172.1 del Código Civil y del Protocolo Marco, ya que se puede abordar mediante un decreto ley aprobado por Consejo de Ministros que después debería ser refrendado por las Cortes Generales. “Es la solución más rápida”, ha recalcado Cabello.

Como alternativas, la Comunicación elevada a la Cámara regional aporta otros cambios legislativos “más gravosos, complejos y lentos” al tratarse de modificaciones de leyes orgánicas, cuya aprobación requiere ser tramitada y refrendada por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. En concreto, serían necesarias modificaciones en la Ley de Extranjería, en la de Protección Jurídica del Menor y en el decreto de Extranjería.

El Gobierno aprueba los incrementos de tarifas en las ayudas del REA solicitados por los sectores para 2024

El Ejecutivo adelanta al mes de febrero la reunión de la Comisión de Seguimiento en la que se aprueban modificaciones de cantidades e importe de las ayudas con el objetivo de optimizar la ficha financiera disponible para este ejercicio

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado las propuestas de modificación de balances e importe de las ayudas al Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para la campaña 2024 presentadas por los sectores implicados, dentro del límite máximo de incremento del 20% de las ayudas que la normativa europea permite anualmente. Estas modificaciones han sido consensuadas por todos los sectores intervinientes en la Comisión de Seguimiento del REA que ha adelantado al mes de febrero la aprobación de esta actualización de las cantidades fijadas para cada ayuda.

Con ello, el Gobierno regional cumple con su compromiso de dar respuesta a la demanda de los sectores de actualizar las cantidades de ayuda en las primeras semanas del año, de acuerdo con los incrementos de los sobrecostes que se están generando en este periodo, y disponer de las mismas desde el principio del ejercicio, garantizando de este modo una optimización de la ficha financiera, y elevar los niveles de ejecución respecto a ejercicios anteriores.

Con las propuestas presentadas por el sector primario, industrial y consumo directo, con sus respectivos incrementos y reducciones de balances y ayudas según el caso, se estima una ejecución financiera que se acerque al 100% del presupuesto disponible, establecido actualmente en 62 millones de euros.

El actual Gobierno ha mantenido un seguimiento permanente de la evolución de las ayudas y de las demandas de los sectores, de modo que las modificaciones aprobadas en julio de 2023, a escasos días de la toma de posesión de este Gobierno, y en octubre del mismo año, han tenido un impacto positivo tanto en el sector primario como en la industria canaria y el consumo directo, ya que han contribuido a compensar los elevados costes que sufren en estos momentos.

De no haberse llevado a cabo estas revisiones y aumento en las ayudas, las cantidades del balance del REA no se habrían utilizado de manera efectiva, lo que hubiera significado una infrautilización de la ficha financiera.

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, destacó el consenso alcanzado entre todos en un momento tan difícil para un sector afectado por el incremento de los costes de los fletes, el conflicto del mar Rojo, la Guerra de Ucrania o la inflación. “Este Gobierno asume el reto de velar por los productores y la industria canaria y dar cumplimiento al REA adelantando los tiempos para que las ayudas lleguen lo antes posible a sus beneficiarios con la intensidad que necesitan para hacer frente a los sobrecostes que asumen”.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, recordó que es la primera vez que se produce una modificación a principios de año y destacó los efectos positivos de ésta para el sector ganadero, “ya que permite abaratar el coste de las materias primas para alimentación animal, que suponen buena parte del gasto de las explotaciones de ganado de las Islas”. “Responde a un compromiso del Ejecutivo canario, ya cumplido”, agregó.

El Gobierno autoriza al Servicio Canario de Empleo el pago de cinco millones de euros para La Palma

A través del acuerdo del Servicio Canario de Empleo (SCE) con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) se han destinado 4.998.413,50 euros a los distintos Ayuntamientos de La Palma

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes autorizar al Servicio Canario de Empleo (SCE) para poder otorgar subvenciones directas por importe superior a 150.000 euros a los Ayuntamientos de La Palma en el marco de colaboración entre el SCE y la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Las ayudas, concedidas en el último trimestre del pasado año, están dirigidas a la puesta en marcha de proyectos de reestructuración, rehabilitación, así como a la atención social y laboral en la isla.

A través de esta medida extraordinaria y urgente, como consecuencia de la erupción volcánica, se pretende la reducción de desempleo con cargo al Plan Integral de Empleo de La Palma, que destinó el pasado ejercicio 4.998.413,50 euros a los ayuntamientos de Garafía, Breña Alta, Breña Baja, Barlovento, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma, Fuencaliente, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe y Villa de Mazo.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado cuenta de las subvenciones directas superiores a 150.000 euros otorgadas en 2023, a través de la Consejería de Turismo y Empleo y la Presidencia del SCE, a corporaciones locales y otras entidades por importe de 3.991.541,63 euros. Las ayudas se han destinado a financiar los proyectos de empleo puestos en marcha por las entidades beneficiarias, que son el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el Consistorio de los Llanos de Aridane y la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias (FET).

Sanidad destina 7.573.054 euros a servicios de rehabilitación logopédica ambulatoria del SCS

El Consejo de Gobierno autoriza el gasto, que se destinará a la contratación del servicio en el ámbito de la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este lunes, 12 de febrero, a la Consejería de Sanidad a destinar 7.573.054,31 euros a la contratación del servicio de rehabilitación logopédica ambulatoria a pacientes del Servicio Canario de la Salud (SCS) en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

La contratación se realizará mediante acuerdo marco con varios adjudicatarios para la prestación del servicio de rehabilitación logopédica ambulatoria a pacientes del SCS, integrado por los grupos y procesos diagnósticos de rehabilitación y los protocolos establecidos para cada grupo.

La Orden del consejero de Sanidad, de 10 de julio de 2023, por la que se inicia el procedimiento de contratación, establece que, en línea con los objetivos pretendidos de prestación efectiva y eficiente del servicio a través de medios externos, ante la insuficiencia de recursos en el sistema sanitario público autonómico y a fin de evitar las listas de espera, la contratación se efectuará mediante el sistema de acuerdo marco con varios adjudicatarios.

Los acuerdos marco fijarán los términos y condiciones para la realización de las prestaciones y tendrán un plazo de duración de cuatro años, a contar desde el día que se estipule en el documento en que se formalice, sin posibilidad de prórroga.

 

 

El Consejo de Gobierno aprobará el decreto ley de medidas urgentes en materia de Vivienda en este mes de febrero

El consejero Pablo Rodríguez ha avanzado que esta iniciativa permitirá implementar un conjunto ambicioso de recursos para facilitar el acceso a la vivienda en el Archipiélago

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha trasladado que su departamento elevará a Consejo de Gobierno para su aprobación, durante este mes de febrero, el decreto ley de medidas urgentes en materia de Vivienda.

Se trata de una iniciativa ambiciosa, que tiene como objetivo implementar un conjunto de instrumentos con la finalidad de poner a disposición más inmuebles en el mercado, y facilitar la construcción de vivienda protegida desde el ámbito público y privado

Este decreto incluye, por un lado, instrumentos que permitirán incrementar la disponibilidad de suelo para viviendas, uno de los principales problemas por los que atraviesa el Archipiélago; y, por otro, un paquete de medidas para aumentar la disponibilidad de edificaciones para poner vivienda en el mercado, ya que actualmente hay grandes tenedores que cuentan con más de 1.400 inmuebles sin acabar, vinculados a la crisis financiera de 2008.

También se apostará por la simplificación y agilización de los procedimientos, declarando el interés general y la urgencia en la construcción de vivienda pública, así como facilitando la cesión de suelo por parte de las administraciones locales a la Comunidad Autónoma.

Asimismo, el decreto incorpora la actualización del Módulo Básico Canario, que ha permanecido inmóvil desde el año 2003, y que genera un elemento de freno a la colaboración público-privada y a la licitación de proyectos, ya que se debe contemplar el incremento de los costes de la construcción.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función Pública trabaja en 6.139 plazas de la Administración General en 344 procesos selectivos

Nieves Lady Barreto explicó que 3.499 corresponden a estabilización del empleo público que ya están en marcha

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha informado hoy en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que la Dirección General de Función Pública trabaja en 6.139 plazas la Administración General a través de 344 procesos selectivos, contemplados en las Ofertas de Empleo Público previstas hasta 2023. Del total, 1.857 son de funcionarios de carrera, 783 de personal laboral y 3.499 de estabilización de personal funcionario y laboral fijo que ya se encuentran en ejecución en 187 procesos selectivos.

En cuanto a los procesos de estabilización, la consejera manifestó que la situación de partida ha sido muy compleja dado que en agosto de 2023 se había agotado la mitad del plazo para cumplir con la estabilización y el proceso estaba solo en la fase inicial de ejecución, recién concluidos los plazos de presentación de solicitudes.

En este sentido, la consejera señaló que se ha priorizado esta labor publicando las listas provisionales en noviembre de 2023 y las definitivas de personas admitidas en febrero de 2024. Nieves Lady Barreto apuntó también que su departamento está tramitando una medida de refuerzo de personal para poder cumplir con el plazo legal dado que no se planificó desde un principio.

Por lo que respecta a la ejecución de Ofertas de Empleo Público, Nieves Lady Barreto destacó el ingente trabajo llevado a cabo por su departamento que en solo cinco meses para salvar `in extremis` la Oferta de Empleo Público de 2020, cuyo proceso no se había iniciado en tres años, además de continuar con los que ya estaban en marcha.

El tiempo récord, la Dirección General de Función Pública elaboró, tramitó y publicó las convocatorias de un total de 29 procesos selectivos, cumpliendo con ello con la fecha máxima de vigencia de la citada Oferta de Empleo Público.

La consejera expuso las medidas impulsadas por su departamento en aras de la transparencia, buenas prácticas y formación específica, entre las que se encuentran las consultas previas a la ciudadanía y las medidas de fomento de participación en los tribunales de selección, de participación de los sindicatos en los procesos selectivos, de formación de los tribunales, así como trabajar en un nuevo modelo de designación. También se han potenciado la elaboración, negociación y aprobación de unas nuevas bases generales de procesos selectivos, diferenciando entre turno libre y promoción interna para poder adaptarlas a las necesidades de selección de esta Administración y para fomentar la promoción interna del personal.

Nieves Lady Barreto recordó que este Gobierno ha creado la figura de los técnicos y técnicas de Igualdad para incorporar el enfoque de género en la Administración, además de estar trabajando en el diagnóstico del primer Plan de Igualdad de la Comunidad Autónoma y en un protocolo específico para garantizar los derechos de las personas LGTBI.

La consejera destacó que se han tomado medidas extraordinarias a través de la Ley de Presupuestos para racionalizar la gestión de las listas de empleo. Así, fundamentalmente a partir de este año 2024, se exigirá superar al menos el primer ejercicio de la fase de oposición para poder formar parte de una lista de empleo para garantizar un mínimo de idoneidad.

El Gobierno aprueba el proyecto de decreto para deportistas canarios de alto rendimiento y autóctonos de alto nivel

El documento contempla la creación de censos y medidas de apoyo para quienes reciban alguna de estas dos calificaciones

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, ha aprobado en su sesión de este lunes el proyecto de decreto que establecerá el marco regulador para que deportistas del Archipiélago obtengan la calificación de deportistas canarios de alto rendimiento o de deportistas autóctonos de alto nivel, sean incluidos en sendos censos de nueva creación y puedan beneficiarse de numerosas medidas de apoyo.

El proyecto, que se enmarca en el necesario desarrollo de la Ley 1/2019 de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, busca “promover el deporte de alto rendimiento y apoyar a los deportistas canarios que destaquen en su disciplina, contribuyendo al desarrollo del deporte en nuestra Comunidad y favoreciendo la compatibilidad de la práctica deportiva de alto rendimiento con la formación de sus protagonistas”, explicó el consejero responsable del área, Poli Suárez, durante su tramitación.

Al margen de otros beneficios que puedan establecerse, el proyecto aprobado este lunes por el Gobierno contempla la inclusión de estos deportistas en programas de tecnificación deportiva y planes especiales de preparación y una amplia batería de medidas de apoyo, especialmente en materia educativa.

Principales aspectos

El decreto desarrolla los conceptos de deportista canario de alto rendimiento y deportista autóctono de alto nivel así como las modalidades y especialidades deportivas que dan acceso a ambas calificaciones y a los censos respectivos, los requisitos y el procedimiento de acceso y las condiciones para la vigencia, pérdida o suspensión de la calificación.

Según el decreto, la condición de deportista canario de alto rendimiento se adquiere mediante resolución del órgano superior (Dirección General) competente, debiendo reunir para ello el deportista una serie de requisitos generales y específicos.

Con carácter general, deberán ostentar la condición política de canarios, estar en posesión de licencia federativa en vigor expedida por una federación deportiva canaria o española y no estar cumpliendo sanción firme, por infracción grave o muy grave, por dopaje, conducta antideportiva o por actuaciones que hayan tenido como consecuencia la privación o la suspensión de la licencia deportiva. Y todo ello, al menos, un año antes de la fecha de la obtención del mérito que determine la calificación.

En cuanto a los méritos deportivos (requisitos específicos), para la calificación de deportista canario de alto rendimiento, se exigirá haber obtenido resultados deportivos relevantes en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional, haber participado en competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional integrando la selección española o canaria correspondiente o haber obtenido la clasificación en los primeros puestos de los ránkings nacionales o internacionales de la especialidad.

Asimismo, podrán acceder a la categoría de deportistas canarios de alto rendimiento, árbitros y jueces que cumplan con los requisitos así como los guías de deportistas con discapacidad visual cuando ambas personas cumplan también con los requisitos previstos y siempre que hayan coincidido en la consecución del mérito deportivo evaluable.

Por su parte, las personas practicantes de lucha canaria que cumplan con los requisitos establecidos en el decreto, incluido el de estar en posesión de licencia federativa en vigor expedida por la Federación de Lucha Canaria, serán consideradas deportistas autóctonos de alto nivel.

Ambas calificaciones (deportista canario de alto rendimiento y deportista autóctono de alto nivel) serán compatibles con otras similares otorgadas o acreditadas a nivel estatal por el Consejo Superior de Deportes, pero no así con las de otras comunidades autónomas.

Censos y ayudas

Una de las grandes medidas que pretende adoptar el decreto consiste en la elaboración de dos censos, uno para deportistas canarios de alto rendimiento y otro para deportistas autóctono de alto nivel, gestionados por las autoridades deportivas competentes y que se mantendrán actualizados en todo momento para un control exhaustivo del cumplimiento de la normativa.

Además, hay previstas medidas de apoyo que serán específicas para quienes reciban la calificación de deportista alto rendimiento o de alto nivel autonómico, las cuales han sido diseñadas para fomentar el desarrollo del deporte en la región y apoyar a los deportistas que merezcan tal calificación.

En concreto, destaca la creación de cupos específicos para el acceso de estas personas a determinados estudios (universitarios, de secundaria, postobligatorios, de formación profesional o de régimen especial) o la posibilidad de que queden exentas de realizar determinadas pruebas de acceso de carácter físico o de cursar ciertas materias.

Asimismo, siempre con arreglo al decreto, podrán ver adaptados determinados aspectos de su ordenación académica, como el reconocimiento de créditos o los requisitos de permanencia, o cursar los distintos tipos de enseñanzas de la Educación de Personas Adultas implantadas en Canarias.

Del mismo modo, los deportistas de alto rendimiento y autóctonos de alto nivel contarán con apoyo a la hora de completar sus estudios, gracias al ingreso en grupos de estudio y a la creación de tutorías de seguimiento académico y asesoramiento específico.

Además de beneficiarse de un uso preferente de las residencias escolares, para facilitar su compatibilidad con la actividad deportiva, también disfrutarán de cierta flexibilidad a la hora de elegir turnos de clases u horarios de exámenes, así como de justificar faltas de asistencia.

El Gobierno designa a las personas que componen la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad

El órgano colegiado será presidido por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 5 de febrero, la designación de las personas que conforman la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, órgano colegiado adscrito a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Nieves Lady Barreto.

La Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad se crea en virtud del artículo 10 de la Ley 13/2019, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias, que tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de menores y facilitar las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 136, 133 y 147 del Estatuto de Autonomía.

En su apartado 2 establece que estará confirmado por dos miembros en representación del Gobierno de Canarias, uno de los cuales ostentará la presidencia, un miembro representante de la FECAI y dos miembros en representación de las asociaciones canarias legalmente constituidas a los efectos contemplados en esta ley.

En este sentido, el Consejo de Gobierno ha designado a las siguientes personas:

Por el Gobierno de Canarias: Nieves Lady Barreto Hernández, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (titular), que ostentará la presidencia y Cesáreo Rodríguez Santos, viceconsejero de Justicia como suplente; Horacio Umpiérrez Sánchez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural (titular) y Miguel Ángel Clavijo Redondo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural como suplente.

Por la Federación Canaria de Municipios (FECAM): Francisco Atta Pérez, presidente de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la FECAM y alcalde-presidente del Ayuntamiento de Valsequillo (titular) y como suplente Trinidad María Pérez Rodríguez, técnico coordinadora de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la FECAM.

Por la Federación Canaria de Islas (FECAI): Rosa Elena Dávila Mamely, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife (titular) y Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria como suplente.

Por la Asociación de afectados por la desaparición de familiares y adopciones ilegales, Colectivo Sin Identidad: Jorge Raúl Rodríguez Carrillo, presidente de la Asociación (titular); Francisco González de Tena, vicepresidente de la Asociación (titular) y Víctor Manuel Bello Jiménez, Doctor en Historia y archivero por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como suplente.

El Gobierno aprueba las directrices para elaborar la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias

Esta iniciativa pretende dar soluciones a los problemas de movilidad, así como garantizar un sistema de transporte y logística eficiente, sostenible y resiliente

El Ejecutivo apuesta por la necesidad de disponer de una estrategia de movilidad propia que contemple las singularidades del Archipiélago

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado, durante la sesión celebrada esta mañana, la aprobación de las directrices para la elaboración de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (EMSICAN) para definir, durante las tres próximas décadas, la política de movilidad del Archipiélago.

Con esta iniciativa, se pretende hacer efectiva la ordenación y la coordinación periódica de las actuaciones públicas en la materia y dar soluciones a los problemas reales de movilidad de los ciudadanos, garantizando un sistema de transporte y logística eficiente, sostenible y resiliente.

En este sentido, y dada la alineación de la política de movilidad del Gobierno de Canarias con el marco estratégico de la Unión Europea y del Estado, el Ejecutivo considera la conveniencia y oportunidad de que el Archipiélago disponga de una estrategia de movilidad propia que contemple su singularidad atlántica, y que resuelva, al mismo tiempo, con estándares europeos, las exigencias inherentes a la prestación de toda clase de servicios y abastecimiento que demanda la movilidad de más de 14 millones de personas -dos millones de residentes y 12 millones de visitantes- entre las ocho islas.

El Gobierno de Canarias subraya su firme compromiso de acelerar la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente, a través de la digitalización, la multimodalidad, la reducción de contaminación, y el empleo de combustibles alternativos sostenibles, así como la internalización de los costes de impacto medioambiental en los precios al entender la movilidad entre Islas, y hacia el resto de los territorios, como un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico.

Este proyecto se encuentra actualmente en proceso de licitación, y cuenta con una partida de 642.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Bajo la supervisión del Servicio de Planificación de la Viceconsejería de Infraestructuras y Transportes, y de las direcciones generales de Transportes e Infraestructura Viaria, el documento deberá ser elaborado con la coordinación externa de un único equipo técnico multidisciplinar especializado.