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El Gobierno aprueba el reglamento orgánico de la Consejería de Bienestar Social

A través de este proyecto de decreto se actualiza la estructura orgánica adaptada al nuevo Gobierno

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

Además, ha acordado dar cuenta al Parlamento de Canarias de la organización funcional y estructura orgánica departamental derivada de la aprobación de dicho reglamento.

A través de este proyecto de decreto se actualiza la estructura orgánica, adaptada al nuevo Gobierno y la desconcentración de funciones que se efectúa en los distintos órganos superiores del departamento, así como la fijación de sus órganos colegiados adscritos a partir del cambio de denominación y la determinación del ámbito funcional de esta Consejería dado por el Decreto 41/2023, de 14 de julio.

De esta forma, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, bajo la dirección de su titular, se estructura en torno a las viceconsejerías de Bienestar Social, así como de Igualdad y Diversidad. A esto se suma la Secretaría General Técnica y las direcciones generales de Servicios Sociales e Inmigración; de Dependencia, de Protección a la Infancia y las Familias; de Mayores y Participación Activa; de Diversidad; de Juventud y de Discapacidad.

El Gobierno amplía en casi 600.000 euros el presupuesto de la Fundación Tutelar Canaria

La entidad tiene por objeto promocionar el bienestar jurídico y social de toda persona o colectivo que presente necesidades sociales

El Gobierno de Canarias ha autorizado la ampliación del presupuesto de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social MP (Fucas), adscrita a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, correspondiente al año 2023, por un importe de 591.966,15 euros.

La propuesta de variación del presupuesto de explotación se fundamenta en la memoria justificativa de la Fundación del pasado 15 de diciembre.

En relación a los gastos aprobados para 2023, el incremento en el presupuesto de Fucas responde a la necesidad de hacer frente al incremento de la partida de gastos de personal, por el aumento de efectivos técnicos, así como la nueva contratación en el Centro de Adultos Hermano Pedro y otras tres contrataciones anteriores a 2023 en los servicios generales y en el programa Bicácaro, que no se reflejaron en los presupuestos aprobados en el ejercicio correspondiente.

La Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social tiene por objeto el desarrollo de actuaciones tendentes a la promoción del bienestar jurídico y social de toda persona o colectivo que presenten necesidades sociales.

En este sentido, se hace especial hincapié en los menores y jóvenes con discapacidad psíquica intelectual, psicosocial o autismo, o cualquier otra situación que perjudique su aprendizaje. A esto se suman las personas adultas que por cualquier motivo hayan sido o no declaradas con capacidad judicialmente modificada, con vecindad civil en Canarias y que carezcan de parientes o allegados idóneos para el ejercicio de la tutela, curatela u otra figura análoga de protección jurídica otorgada por la autoridad judicial.

El Gobierno de Canarias autoriza las variaciones en el presupuesto de explotación y de capital de Funcatra

El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, las variaciones en el presupuesto de explotación y de capital de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) correspondiente a 2023.

Esta variación tiene por objeto actualizar la información económica y financiera de esta entidad sin ánimo de lucro de titularidad pública regional. El presupuesto de explotación refleja un aumento de los ingresos y de los gastos de 1.322.675,02, sin que se vea afectado el resultado del ejercicio.

La fundación lleva a cabo actividades dirigidas al análisis y conocimiento del trabajo, al fomento del empleo, de la formación profesional en sus distintas modalidades y de la economía social.

Tras autorizar la variación se procederá a dar cuenta al Parlamento de Canarias.

 

 

El Gobierno aprueba trabajos de emergencia para ejecutar mejoras en la vía LP-2 en la isla de La Palma

Obras Públicas desarrollará labores de estabilización de taludes y sostenimiento de muros tras los desprendimientos que se han producido en las últimas semanas

Las labores de reparación se llevarán a cabo en dos actuaciones diferenciadas, con un coste global de más de tres millones de euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a petición del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, la declaración, por la vía de emergencia, de la ejecución de dos proyectos de obra para la reparación de desperfectos en diferentes tramos de la carretera LP-2, en la isla de La Palma.

Por un lado, tras los desprendimientos que se produjeron el pasado mes de noviembre en el PK 55+000 de la LP-2, en el tramo de carretera de acceso al puerto de Tazacorte, la Consejería ha contratado trabajos para el tratamiento del talud, tanto en las zonas de rocas basálticas como en las de material blando.

El presupuesto para esta actuación asciende a 1.300.967,19 euros, con un plazo de ejecución estimado de tres meses; aunque se espera reabrir al tráfico parcialmente la vía mediante señaleros o con semáforos desde que las condiciones de estabilidad del talud y la seguridad lo permitan.

Por otro lado, también se actuará en el tramo de la carretera LP-2 que transcurre por el Mirador de Las Indias, en el P.K. 27+400, que se ha visto afectado por movimientos de ladera, tanto desprendimientos de rocas y árboles como deslizamientos de piroclastos, desde la excavación del talud en 2011.

En los últimos meses, se ha producido un incremento significativo de fenómenos de inestabilidad en este tramo, para lo que se plantea la necesidad de realizar una intervención de emergencia que permita contener el talud en su totalidad, realizando un tratamiento de contención.

Las medidas propuestas, que se llevarán a cabo en un periodo aproximado de cinco meses, cuentan con un presupuesto de 1.800.000 euros.

El Consejo de Gobierno autoriza la construcción de dos villas turísticas y 12 plazas de alojamiento en Gran Canaria

Las edificaciones deberán cumplir con unos estándares de calidad edificatoria y el servicio ofrecido deberá garantizar el mínimo impacto medioambiental

La autorización se produce con carácter previo a la del Cabildo de Gran Canaria conforme a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este miércoles la construcción de dos villas turísticas, de seis plazas de alojamiento cada una, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, como paso previo a la autorización del Cabildo de Gran Canaria.

La Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias establece que serán otorgadas autorizaciones previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, como requisito necesario para las consiguientes licencias urbanísticas, cuando tengan por objeto la nueva implantación de establecimientos alojativos en algunos casos.

Entre ellos, los establecimientos hoteleros y también extrahoteleros, en este último supuesto, cuando el planeamiento territorial no los prohíba expresamente, deberán cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garanticen el mínimo impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como para obtener certificaciones de calidad y gestión medioambiental turística y de máxima eficiencia energética.

Según la documentación presentada, se proyecta la construcción de dos villas en el Campo Internacional de Maspalomas, con unas superficies de 676,80 m² y 500 m², en forma de ele, con sótano y planta baja, contando cada una de ellas con espacios libres de uso privado con terrazas, zona de aparcamiento, zonas ajardinadas y zona de solarium con piscina, senador y barbacoa, con capacidad de 6 plazas cada una.

El Gobierno aprueba el decreto de ordenación territorial y urbanística para la recuperación de La Palma

Establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

La norma aprobada hoy en Consejo de Gobierno establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021 en el ámbito espacial hoy ocupado por la colada, allí donde sea seguro y técnicamente posible, posibilitando, de este modo, la recuperación de la vida y las actividades preexistentes al volcán.

En las semanas que ha estado expuesto a consulta pública y participación ciudadana se han presentado alegaciones que se han incorporado al decreto porque lo mejoran y todas que no tengan cabida en este serán objeto de regulación en los siguientes.

El decreto responde a la aspiración de la mayoría de las personas afectadas de recuperar lo que perdieron y, en lo posible, en cuanto la naturaleza lo permita, volver a los lugares de donde tuvieron que salir para reconstruir y restablecer su modo de vida como parte de una comunidad.

La voluntad del Gobierno de Canarias ha sido atender y, en la medida que el enfriamiento y el asentamiento de la colada lo vaya permitiendo, dar respuesta a la voluntad de las personas afectadas de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban, evitando, además, el despoblamiento y el desarraigo del Valle de Aridane.

El criterio rector de la norma ha sido el de garantizar a cada afectado el derecho de propiedad sobre su parcela, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan tomar la iniciativa de la recuperación con ayudas públicas y la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.

El decreto ley establece clasifica la colada en zonas de acuerdo con los estudios técnicos llevados a cabo. Así, en la zona donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor se permite ya a los afectados llevar a cabo la reconstrucción de sus propiedades, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal.

En las zonas de más de 10 metros de espesor de colada se permite también la reconstrucción, condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la colada de vaya enfriando.

Por último, están las zonas sujetas a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido, lo que, con ese carácter provisional, impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación. El Gobierno reconoce que para los afectados con parcelas en esta zona el decreto territorial no les ofrece una solución completa, puesto que no pueden reconstruir sus propiedades, pero esta solución completa la tendrán con la aprobación del decreto de vivienda y suelos.

El decreto también garantiza la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción mediante la creación del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, como órgano colegiado de diálogo, información y consulta del que formarán parte las entidades representativas de las personas afectadas por la erupción del volcán.

Finalmente, incorpora una disposición final en la que se procede a actualizar y modificar el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Con esta modificación se sube a 4 años la vigencia del decreto, se amplía su ámbito de aplicación a toda la isla y se incorporan las segundas viviendas y viviendas turísticas.

Este decreto ley aprobado hoy es el primer paso de la hoja de ruta trazada para la plena recuperación económica y social de La Palma, que contará con un plan plurianual de pagos a las personas afectadas y, al menos, tres decretos más para dar respuesta a las diversas situaciones generadas por el volcán.

El Gobierno aprueba el proyecto de decreto de la OPE 2023 que afecta a 7.849 plazas de 50 categorías profesionales

  • Del total de plazas de la Oferta Pública de Empleo, 689 corresponden a facultativos especialistas de área, 537 a médicos de diferentes categorías, de las que 412 son para Medicina Familiar y Comunitaria, 23 para pediatras de Atención Primaria y el resto para médico de Urgencias, de Admisión y Cuidados Paliativos
  • Además, contempla 2.316 plazas de enfermería, además de 58 de enfermera en Salud mental, 18 en enfermería del trabajo y 21 en especialista en enfermera pediátrica; 81 plazas para matrona, 84 de fisioterapeutas, 1.522 auxiliares de enfermería, 758 de administrativos y 634 de celador, entre otras

El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de hoy, 18 de diciembre, el proyecto de decreto de la Oferta de Empleo Público del personal estatutario de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud para 2023, toda vez que recientemente obtuvo el informe favorable de Función Pública.

La OPE de 2023 comprende un total de 7.849 plazas de personal estatutario de 50 categorías profesionales. De ellas, 841 corresponden a la tasa de reposición ordinaria y 7.008 a la tasa excepcional específica.

Del total de plazas, 689 corresponden a facultativos especialistas de área, 537 a médicos de diferentes categorías, de las que 412 son para Medicina Familiar y Comunitaria, 23 para pediatras de Atención Primaria y el resto para médico de Urgencias, de Admisión y de Cuidados Paliativos.

Además, contempla 2.316 plazas de enfermería, además de 58 de enfermera en Salud mental, 18 en enfermería del trabajo y 21 en especialista en enfermera pediátrica; 81 plazas para matrona, 84 de fisioterapeutas, 1.522 auxiliares de enfermería, 758 de administrativos y 634 de celador, entre las más numerosas.

Con este número de puestos, más las, aproximadamente, 12.000 convocadas en los procesos ordinarios y de estabilización vigentes, se proveerán unas 20.000 plazas estructurales con carácter definitivo.

Esta oferta de empleo público para 2023 continúa trabajando en la adopción de medidas encaminadas a conseguir el reequilibrio en la evolución de la temporalidad en el SCS. Así, la tasa de temporalidad en los órganos de prestación de servicios sanitarios del SCS pasa a situarse en el 5,75% de las plazas de naturaleza estructural.

El Gobierno de Canarias aprueba la OPE de 2023 de la Administración General de la Comunidad Autónoma

La oferta comprende un total de 468 plazas, de las que 348 son de acceso libre y 120 estarán destinadas a la promoción interna

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la Oferta de Empleo Público del año 2023 de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Esta Oferta comprende un total de 468 plazas, de las que 348 son de acceso libre, esto es, dirigidas a la ciudadanía, y 120 estarán destinadas a la promoción interna del personal funcionario de carrera y del personal laboral fijo que tenga derecho a participar en las oportunas convocatorias.

Con esta distribución de plazas de la Oferta, el Gobierno de Canarias destina un 25,64% del total de plazas a la promoción profesional de sus empleadas y empleados en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, del total de plazas ofertadas, se reservan 33 plazas a personas con discapacidad oficialmente reconocida en un grado igual o superior al 33%, lo que representa un 7% del total de plazas ofertadas.

La gran novedad de esta Oferta de Empleo Público es que por primera vez se da cumplimiento al Decreto canario 8/2011 que regula el acceso al empleo público de personas con discapacidad porque reserva un total de 9 plazas específicamente a personas con discapacidad intelectual y 24 plazas para personas con otro tipo de discapacidad.

El Gobierno de Canarias entiende que las personas con discapacidad intelectual merecen una oportunidad real y efectiva de empleo, reservando para ello un concreto número de plazas que se convocarán de forma diferenciada.

De otra parte, esta Oferta de Empleo Público contiene además medidas concretas para reducir la temporalidad del empleo público en la Administración General, dando con ello cumplimiento al compromiso de proveer los puestos de trabajo de nuestra Administración de forma estable.

Mediante la ejecución de esta Oferta de Empleo Público, se seleccionará personal funcionario para la cobertura de plazas de veterinaria, tecnologías de la información, inspección médica, gestión general, administrativos, auxiliares, subalternos y administradores financieros y tributarios.

Cabe destacar, por otro lado, que la Dirección General de Función Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, publicó en pasado miércoles la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso, por turno libre y mediante promoción interna, correspondiente al año 2020, salvando así la fecha de caducidad de esta OPE que se habría producido este 16 de diciembre y cuyo proceso no se había iniciado en los últimos tres años.

 

 

 

Política Territorial amplía en 800.000 € el apoyo a la ordenación del suelo afectado por la erupción en La Palma

El Consejo de Gobierno aprueba dos modificaciones presupuestarias para impulsar los trabajos de planeamiento del Cabildo y los ayuntamientos afectados

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy dos modificaciones presupuestarias, por importe de unos 800.000 euros, para incrementar el apoyo de la Consejería de Política Territorial a la revisión del planeamiento que lleva a cabo el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de Los Llanos, El Paso y Tazacorte, como consecuencia de la erupción volcánica.

La primera de las partidas tiene un importe de 624.677 euros, y estará destinada a reforzar la oficina técnica que presta atención individualizada a los ciudadanos de los municipios afectados por la erupción volcánica, en relación con el marco territorial post-eruptivo derivado de los diferentes decretos en tramitación destinados a implementar las medidas de recuperación de la normalidad en la zona.

La segunda partida, por importe de 244.413 euros, irá destina al área de planificación territorial del Cabildo Insular de La Palma, y ambas han sido financiadas con cargo a economías obtenidas en la ejecución presupuestaria del presente ejercicio fiscal en la propia Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Estas modificaciones presupuestarias son la respuesta a la necesidad de elaborar documentos finales de planeamiento que respondan a la realidad territorial, social y económica actual derivada de la erupción, y que exigen un análisis territorial a nivel insular, con el fin de poder articular todos los cambios estructurales necesarios para conseguir dar respuesta a estos cambios.

Dicho análisis insular se aborda desde dos instrumentos de planeamiento concretos, derivado de la afección territorial de las coladas, como son el Plan Insular de Ordenación (PIOLP) y el Plan del Espacio Natural Protegido de Cumbre Vieja (P-4).

En tanto en cuanto corresponde a la institución insular formular, modificar o actualizar estos instrumentos de ordenación, y debido a su transcendencia respecto a los planeamientos municipales de los municipios afectados de EL Paso, Los Llanos de Aridane y Villa y Puerto de Tazacorte, se plantea el apoyo para la actualización de dichos instrumentos de planeamiento.

 

 

 

Bienestar Social destina 7 M€ a que los ayuntamientos presten el servicio de ayuda a domicilio especializado

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos de las Islas para que estos puedan prestar el servicio especializado de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia en su término municipal.

Para financiar el coste de este servicio en aquellos municipios que decidan adherirse al convenio y ampliar su red de cuidados, la Consejería destinará un total de 7 millones de euros. La Dirección General de Dependencia será la encargada de informar a los ayuntamientos de las personas beneficiarias, que serán aquellas que tienen la prestación económica vinculada al servicio (ayuda a domicilio) no efectiva.

“El servicio especializado de ayuda a domicilio está incluido en la Ley de la Dependencia y debe ser proporcionado por las Comunidades Autónomas para promover la autonomía personal y atender a las necesidades de las personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Por eso es tan importante que firmemos estos convenios con los ayuntamientos que quieran adherirse, porque daremos cumplimiento a la ley y mantendremos a la persona dependiente en su propio entorno domiciliario con las garantías de una adecuada atención y calidad de vida”, explicó la consejera del área, Candelaria Delgado.

“Los municipios, en el marco de sus competencias, ya prestan ayuda a domicilio, pero ahora, gracias a la colaboración interadministrativa, en 2024 podrán prestar la ayuda a domicilio especializada, un servicio vinculado a la Ley de la Dependencia. Hay muchas personas con el grado de dependencia reconocido y con el Plan Individualizado de Atención ya elaborado a las que no hemos podido ofrecer los servicios por no tener entidad prestadora. Por eso entendemos que es prioritario contar con el apoyo del mayor número posible de consistorios”, añadió.

Estos convenios se enmarcan en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en cuyo artículo 2 se incluye la ayuda a domicilio entre los servicios del sistema de dependencia.