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Acuerdos de gobierno

El Gobierno aprueba y remite al Parlamento el proyecto de ley que modifica la Ley de los Juegos y Apuestas

Consejo de Gobierno de Canarias.

La nueva norma persigue impedir el juego de los menores de edad, de las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y de los colectivos necesitados de especial protección

Revisa también el régimen sancionador en lo que afecta a la presencia de menores en establecimientos de juego y el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias

Prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y que el ente público RTVC emita publicidad que promueva el juego, tanto presencial como ‘online’

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el proyecto de ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, que será remitido ahora al Parlamento de Canarias para su tramitación reglamentaria por el trámite de urgencia y el procedimiento de lectura única.

La nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y, para ello, entre otras cosas, prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.

También prohíbe que el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego -tanto presencial como online-, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ya había presentado al Gobierno, el 22 de abril de 2021, informe y texto articulado del Anteproyecto de Ley. Este, tras quedar enterado, había manifestado su sentido favorable sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran, y había acordado que se continuara con su tramitación. Posteriormente, el 7 de diciembre de 2022, ya como proyecto de ley, fue tomado en consideración por el Gobierno y remitido al Consejo Consultivo para su preceptivo dictamen.

Con la nueva ley se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

En dicha resolución se instaba al Gobierno, en el ámbito de su competencia, a regular con eficacia la prohibición del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego, exigiendo a estos la instalación no solo de un servicio de recepción a la entrada del inmueble, sino también de un sistema de bloqueo en los terminales de apuestas, similar al existente en las máquinas de tabaco. Todo ello con el objetivo de impedir el juego a los menores de edad y a las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, también llamadas autoprohibidas, o a aquellas que tengan restringida esta actividad por sentencia judicial.

Además, se exhortaba al Ejecutivo canario a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego, hasta la entrada en vigor de la nueva norma, y a impulsar la creación de una mesa de expertos, junto con un proceso de participación ciudadana, para una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas, así como para la puesta en marcha de suficientes campañas de información, prevención y concienciación en los distintos ámbitos que se estimen necesarios.

En cumplimiento de la citada resolución, el Gobierno de Canarias ya aprobó el Decreto Ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas hasta el 31 de diciembre de 2020. Tras su promulgación, el Parlamento aprobó la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

La disposición transitoria segunda de esta última ley establece que el Gobierno de Canarias impulsará, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, una iniciativa legislativa que, además de aprobar las determinaciones derivadas de la mencionada resolución, revisará tanto el régimen sancionador en lo que afecta a la eventual presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Gobierno de Canarias asume competencias de evaluación ambiental de Yaiza

El acuerdo transfiere las funciones para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales y para la evaluación de impacto ambiental de proyectos

El Consejo de Gobierno ha aceptado, en su sesión de hoy, la delegación del Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote), en la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Ayuntamiento.

La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en dicha Ley.

El Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.

La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental. Se trata de un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.

Hasta el momento, se han asumido 24 delegaciones de este tipo, repartidas entre evaluación ambiental estratégica de planes y programas y evaluación de impacto ambiental de proyectos (tanto de ayuntamientos como de cabildos). Se encuentran en trámite otras cuatro delegaciones de corporaciones locales de las islas.

El Gobierno solicita al Consultivo el dictamen sobre el proyecto de ley de las policías locales de Canarias

La nueva norma persigue sustituir la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, para afrontar las competencias asumidas tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias en la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial

Es responsable también de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para integrar las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tomar en consideración el proyecto de Ley de Ordenación General y Coordinación Supramunicipal de las Policías Locales de Canarias y remitirlo al Consejo Consultivo de Canarias, para que emita, con carácter de urgencia, su preceptivo dictamen, debido a la cercanía del final de la presente legislatura y para garantizar la aprobación de la ley, en tanto que fija el marco de relaciones entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de las islas en materia de seguridad policial.

La nueva norma persigue sustituir a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, por una nueva disposición legal que afronte los cometidos competenciales asumidos tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.

Esta reforma ha reforzado las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad, que se detallan en el capítulo VIII del Título V de dicho Estatuto: las competencias autonómicas se proyectan en el establecimiento de políticas de seguridad pública y protección de personas y bienes, la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Canaria y en la ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales canarias.

Tras la reforma, a la Comunidad Autónoma de Canarias le compete, por un lado, la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial, persiguiendo, por tanto, una ordenación de todos los aspectos nucleares afectantes a los mencionados cuerpos. Por otro, es responsable de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.

Tales cometidos no se agotan con la regulación legal, sino que, con el fin de garantizar un margen de flexibilidad normativa, la ley pretende centrarse en los aspectos principales de la regulación, remitiendo al reglamento su desarrollo más pormenorizado.

Esta nueva regulación no sólo es más ambiciosa en cuanto a su ámbito objetivo, sino que, igualmente, pretende incorporar a la normativa autonómica las innovaciones introducidas en la legislación estatal con incidencia en materia de policía local, como la policía de proximidad, el ejercicio de funciones de policía judicial, la posibilidad de asociacionismo municipal para el ejercicio de funciones asignadas a las policías locales o los cambios introducidos en la legislación funcionarial y sobre igualdad de género, atendiendo a las previsiones de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y acogiendo, asimismo, las previsiones de la Ley 2/2021, de 7 de junio, de Igualdad Social y no Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales.

La nueva ley se estructura en 64 artículos, distribuidos en cuatro títulos -Disposiciones generales, De la Policía Local, Régimen funcionarial de la Policía Local y Competencias Autonómicas en materia de ordenación general y coordinación-, complementados con ocho disposiciones adicionales -Vigilantes municipales, Asociación de municipios para la prestación de servicios de policía local, Funcionarios de las policías locales canarias víctimas de violencia de género, Sistema de información de la Policía Local Canaria, Planes de igualdad, Acceso de personal militar de tropa y marinería, Situaciones de embarazo, puerperio, lactancia y maternidad y Correspondencia entre categorías y empleo-, tres transitorias -Procedimiento de ingreso de provisión de vacantes en tramitación, Expedientes disciplinarios y Comisión de Coordinación de Policía Local de Canarias y la Subcomisión de Participación de las Policía Locales-, una derogatoria y cuatro finales.

La tramitación de esta norma está prevista en el Programa Legislativo del Gobierno de Canarias y en ella se ha venido trabajando desde el principio de esta legislatura, si bien las circunstancias extraordinarias vividas en el área de Seguridad y Emergencias -la pandemia por la covid-19 y la erupción volcánica de La Palma, entre otras- han dificultado su preparación y tramitación anterior, que se ha agilizado y acelerado una vez lograda cierta normalidad.

El Gobierno allana el camino para la prolongación del FDCAN a tres cabildos y las dos universidades

Consejo de Gobierno de Canarias.

El Ejecutivo aprueba una modificación presupuestaria de 416,7 millones de euros para permitir la convocatoria de los convenios de las corporaciones que no firmaron por diez años, como el resto

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, una autorización de gasto plurianual por 416,7 millones de euros para el periodo 2023-2025 que permitirá publicar la orden de convocatoria de los convenios del Fondo de Desarrollo de Canarias con los tres cabildos que no firmaron inicialmente por diez años -como sí hizo el resto- y que, en consecuencia, no tienen acuerdo en vigor, y con las universidades públicas.

La decisión del Gobierno es un paso más en el proceso administrativo abierto para la ampliación de los acuerdos con los cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria y El Hierro y, también, de las dos universidades canarias.

Los nuevos convenios permitirán que estas corporaciones dispongan de idéntica financiación que si hubieran firmado por los diez años.

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Canarias ya aprobó el pasado mes de septiembre un decreto por el que se modificaba el FDCAN, al objeto de mejorar su gestión y clarificar los gastos susceptibles de ser financiados con cargo a este programa, que arrancó en 2016 con un horizonte temporal de diez años.

El Gobierno adoptó el acuerdo, a la vista de los seis años de aplicación del Fondo y los resultados de los informes de auditoría realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, así como de los Informes de Evaluación elaborados.

En ese decreto, ya se limitaba los beneficiarios de las próximas convocatorias a los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro, y a las universidades. También se eliminó la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran presentarse directamente a las convocatorias, aunque participarían como beneficiarios finales en los programas que presenten las corporaciones insulares.

El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de José Blanco como gerente del CHUIMI

El nuevo cargo es especialista en Medicina Intensiva y hasta ahora era jefe de servicio de Medicina Intensiva y coordinador médico de Trasplantes en el mismo complejo hospitalario

Ha desempeñado diferentes responsabilidades en el ámbito de la gestión, como subdirector médico del Hospital Insular de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias, durante su reunión de este jueves, día 12 de enero, ha aprobado el nombramiento de José Blanco López como director gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, centro adscrito a la Consejería de Sanidad.

Blanco López es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca y especialista en Medicina Intensiva. Cuenta con un Diploma Superior en Dirección y Gestión Sanitaria y uno de Especialización en Gestión Clínica. Además, tiene un Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas y un curso universitario de Especialización en Gestión Sanitaria en Medicina Intensiva.

Durante su trayectoria profesional ha desempeñado diferentes responsabilidades en el ámbito de la gestión sanitaria y de la asistencia. Así, hasta este momento ocupaba los cargos de jefe de servicio de Medicina Intensiva y coordinador médico de Trasplantes del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. Anteriormente había sido coordinador médico de trasplantes del complejo y subdirector médico del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

También fue responsable de la Unidad de Neurotrauma del servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y médico adjunto de Medicina Intensiva en ambos hospitales universitarios de Gran Canaria.

Por otro lado, desempeñó labores de tutor de residentes de Medicina Intensiva en el Hospital Dr. Negrín.

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Aprobada la oferta de empleo público del CGPC que incluye 100 nuevas plazas y permite superar los 350 efectivos

Aprobada la oferta de empleo público del CGPC que incluye 100 nuevas plazas y permite superar los 350 efectivos

Esta OEP es gracias a la ampliación del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria aprobada por el Gobierno el pasado 7 de diciembre con el propósito de desplegar el Cuerpo por todas las islas

De las 100 nuevas plazas, 63 son de acceso libre, 10 mediante concurso y 27 a través del sistema de promoción interna

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves la oferta de empleo público (OEP) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) para 2022, una oferta complementaria de la OEP de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el presente año con la que se pretende incrementar el número de efectivos y poder tener presencia permanente en todas las islas.

La OEP incluye un total de 100 plazas, de las que 63 corresponden al sistema general de acceso libre, 10 al acceso mediante el sistema de concurso, en virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del CGPC, y 27 al sistema de promoción interna.

En concreto, de las 63 asignadas al sistema general de acceso libre, 61 están destinadas al empleo de policía (Escala Básica C1) y dos al de subcomisario (Escala Superior A1). De las diez cuyo acceso es por sistema de concurso, ocho son para el empleo de policía y dos para el de oficial (Escala Básica C1).

De las 27 de promoción interna, nueve son para el empleo de oficial, otras nueve para el de subinspector (Escala Ejecutiva A2), seis para el de inspector (Escala Ejecutiva A2) y tres para el de subcomisario.

Esta OEP, que va a permitir alcanzar los 359 efectivos, ha sido posible gracias a la ampliación del catálogo de puestos de trabajo del CGPC, aprobada mediante el Decreto 225/2022, de 7 de diciembre, por el Gobierno de Canarias.

Con ella se cumple el compromiso de superar los 300 policías, adquirido por Julio Pérez al inicio de la legislatura, para facilitar un mejor despliegue territorial del Cuerpo y estar o acudir a todas las islas. Un despliegue que ahora se logra no sin dificultades organizativas y un esfuerzo personal de los propios policías.

Debido a que el citado decreto fue aprobado con posterioridad al que dio pie a la OEP de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022, ha sido preciso realizar una OEP complementaria del CGPC para el presente ejercicio.

El Gobierno autoriza, tras nuevos informes de Hacienda, la recuperación del 5% de las retribuciones de GSC

El Gobierno autoriza, tras nuevos informes de Hacienda, la recuperación del 5% de las retribuciones de GSC

Afecta a 201 trabajadores de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias que estaban en 2010 y permanecen aún en la empresa

La actualización salarial estaba prevista realizarla a partir del 1 de enero de 2022, aplicando a los salarios de 2010 las cuantías reducidas del 5% de las retribuciones de esa anualidad, añadiendo los incrementos de los años posteriores

El acuerdo alcanzado por empresa y trabajadores en 2021 no se había podido llevar a cabo hasta ahora por el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2019 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta de los consejeros de Hacienda, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, Román Rodríguez, Julio Pérez y Blas Trujillo, respectivamente, autorizar la recuperación de las retribuciones del 5% minoradas en el año 2010 al personal de la sociedad mercantil pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA (GSC), en los términos del apartado primero del acuerdo del acto de conciliación judicial de 10 de noviembre de 2021, en el proceso de Conflicto Colectivo 12/2020 seguido ante la Sala de lo Social  de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal de Justicia de Canarias.

Este acuerdo, que afecta a 201 trabajadores de la empresa pública adscrita a las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, comprende, en primer lugar, la actualización salarial, a partir del 1 de enero de 2022, aplicando a los salarios de 2010 las cuantías reducidas del 5% de las retribuciones de esa anualidad a lo que deberá añadirse los incrementos de los años posteriores. La cuantía estimada es de 2.125.196,03 euros teniendo en cuenta los montantes imputables de 2019.

Los efectos de este acuerdo se aplicarán al personal de GSC que vio reducidas sus retribuciones en 2010 y que en el año 2022 aún estaba prestando servicios en la empresa y se abonarán únicamente la parte de los periodos de los años 2019 a 2022.

Una vez que el Gobierno canario ha dado el visto bueno a la autorización, tras nuevos informes emitidos por Hacienda, la recuperación salarial y el abono de los atrasos que pudieran derivarse está previsto realizarse un tercio en 2022, otro tercio en 2023 y el último en 2024.

Hasta ahora, el acuerdo alcanzado por empresa y trabajadores en 2021 no se había podido llevar a cabo por el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2019 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Aprobada la modificación del convenio para la construcción del pabellón deportivo del IES Santa Úrsula

Se autoriza la prórroga del plazo de ejecución de las obras y la ampliación en 300.000 euros de la aportación del departamento de Educación al Ayuntamiento

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este jueves, 29 de diciembre, la adenda de modificación y prórroga del convenio de cooperación suscrito entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Santa Úrsula (Tenerife) cuyo objeto es llevar a cabo la redacción del proyecto y ejecución de obra en el pabellón deportivo cubierto del IES Santa Úrsula.

Conforme al acuerdo, se amplía en 10 meses el periodo de ejecución y de justificación de las obras, hasta el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de abril de 2023 respectivamente.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado la nueva aportación económica de 300.000 euros, toda vez que los recursos económicos recogidos en el convenio no son suficientes para el desarrollo de estos trabajos.

Esta modificación responde al encarecimiento de materiales, al incremento del 9,10 % de la superficie útil definitiva de las instalaciones deportivas y a otros cambios en el proyecto, encaminados a posibilitar el uso de la infraestructura en beneficio de la población local, en horario no lectivo.

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El Gobierno da luz verde al plan de control de la Diocalandra frumenti en las palmeras de Lanzarote

El proyecto contará con un presupuesto de dos millones de euros y establecerá las medidas de erradicación de la plaga

El Gobierno de Canarias, en su sesión de hoy, ha aprobado el convenio de cooperación entre el Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Transición Ecológica para la elaboración y ejecución del plan de control y erradicación de la plaga de Diocalandra frumenti en las palmeras de la isla de Lanzarote.

El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y contará con una inversión de dos millones de euros, repartida a partes iguales entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote.

El objetivo es establecer las medidas fitosanitarias necesarias para acabar con la presencia de la Diocalandra frumenti, un insecto nocivo que afecta a las palmeras, en particular a la canaria.

Las actuaciones para llevar a cabo este proyecto contemplarán el incremento del número de capturas en el medio natural para el control de la expansión de este insecto. Por otro lado, se evitará la dispersión de la plaga y la aparición de nuevos núcleos de población en Lanzarote, así como la colonización de otras islas.

Otro de los objetivos será incrementar la eficacia de los métodos de control y evaluación de los impactos en el medio natural de la Diocalandra frumenti. Y por último, se apostará por mejorar el grado de conocimiento y sensibilización de la población respecto a esta problemática fomentando la participación ciudadana en las actuaciones de control.

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El Gobierno autoriza el gasto de 2,7 millones de euros para infraestructura sociosanitaria en La Palma

La propuesta reconoce las razones de coyuntura económica para anticipar la anualidad de 2022 aunque las obras no estén aún culminadas

El Gobierno de Canarias ha autorizado en la sesión de Consejo de Gobierno el gasto de 2.696.579,15 euros que permitirá financiar gastos relativos a infraestructuras sociosanitarias de este año en la isla de La Palma.

Con esta propuesta de acuerdo se reconocen las razones de coyuntura económica para ampliación de este crédito con la finalidad de atender gastos del ejercicio corriente.

El expediente, tramitado a iniciativa de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, propone el abono anticipado de la anualidad 2022 del Convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reformas de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias.

Conforme a la Adenda suscrita con el Cabildo Insular de La Palma, “en el ejercicio 2022 se podrá librar, con carácter anticipado, hasta el 100% del importe de dicha anualidad, condicionado a lo que establezca la normativa correspondiente y siempre que se hubieran justificado, de acuerdo con las condiciones establecidas, los pagos realizados en el año 2021 aunque las nuevas infraestructuras o reformas de las ya existentes no estén aún culminadas.”

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