El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de las consejerías de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias incluir a través del instrumento jurídico de decreto ley una serie de modificaciones para subsanar situaciones concretas y actualizar o unificar la redacción de la anterior normativa en relación con la tributación de los biocarburantes, las sociedades de garantía recíproca, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), los fondos Next Generation y la operatividad de los centros de servicios sociales.

En materia tributaria, se introducen modificaciones para incluir los biocarburantes en la normativa y dar coherencia a la regulación de la tributación de la entrega o importación de combustibles derivados del refino del petróleo mezclado con biocarburante. Se garantiza así un tratamiento homogéneo en la normativa del Impuesto General Indirecto Canario, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, el Impuesto sobre Combustibles y la Exacción Fiscal sobre la gasolina y el gasóleo de automoción.

Por otro lado, y con el objeto de adaptar a la doctrina del Tribunal Constitucional la regulación del tipo reducido de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aplicable a determinadas operaciones efectuadas por las sociedades de garantía recíproca, se suprime el criterio de la territorialidad como elemento determinante para su aplicación.

También se establece, por motivos operativos, un régimen de tributación excepcional y temporal del tipo cero en el AIEM para la importación de dióxido de carbono hasta el día 31 de marzo de 2027.

Por otra parte, el nuevo decreto ley contempla medidas específicas dirigidas a garantizar una gestión más eficiente de los fondos europeos de recuperación Next Generation, incidiendo sobre la agilización administrativa y la planificación de los fondos provenientes de este instrumento. Se da así mayor flexibilidad a la tramitación de los gastos plurianuales y anticipados financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para evitar su pérdida.

Servicios sociales

Por último, el decreto recoge la reforma de la Ley de Servicios Sociales. La modificación normativa adecúa la legislación autonómica para que se adapte al que pretende ser el nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los recursos sociales, diferenciando entre la puesta en marcha de los centros y su vinculación al sistema público.

De esta manera, la ley recogería que la autorización para que la apertura e inicio de actividad de los centros y servicios pueda realizarse mediante declaración responsable, manteniéndose las potestades de comprobación, inspección y control de la Administración. La acreditación administrativa quedará vinculada a la prestación de servicios concertados o financiados con fondos públicos, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de incorporación de nuevos recursos.

La reforma también actualiza el régimen de registro, inspección y control previsto en la Ley de Servicios Sociales para hacerlo plenamente coherente con el nuevo reglamento de acreditación, que se aprobará próximamente, y garantizar así la seguridad jurídica tanto de la Administración como de las entidades prestadoras.

La hoja de ruta contempla cincuenta y siete acciones para reforzar la competitividad de las entidades de economía social, impulsar el emprendimiento y favorecer la cohesión territorial

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, la remisión al Parlamento de Canarias de la Estrategia Canaria de Economía Social (ESCAES) 2026-2029 para su debate en comisión. Este trámite, previsto en la Ley de Economía Social de Canarias, es el paso previo a la aprobación definitiva de la estrategia por el Ejecutivo autonómico.

La estrategia marca el camino para reforzar la economía social en Canarias, un modelo empresarial que agrupa a cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades, cofradías de pescadores y otras entidades que priorizan el impacto social junto a la actividad económica. Su objetivo es impulsar la creación de empleo de calidad, apoyar nuevos proyectos empresariales y contribuir a un desarrollo más sostenible y equilibrado en todas las islas.

«La economía social no solo crea empresas, también crea oportunidades, cohesión y desarrollo para nuestros municipios», señaló la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León. «Esta estrategia nos permite ordenar las acciones del Gobierno para que más proyectos puedan crecer, innovar y generar empleo de calidad en Canarias».

Además, De León destacó que «la economía social es una herramienta clave para afrontar retos como el relevo generacional, la igualdad de oportunidades, la fijación de población en el territorio o la creación de nuevas oportunidades de empleo, especialmente en sectores emergentes».

La hoja de ruta reúne cincuenta y siete acciones organizadas en seis grandes ámbitos de actuación para dar más apoyo a las entidades de economía social, impulsar el emprendimiento, mejorar su competitividad, promover la igualdad de oportunidades, favorecer la sostenibilidad territorial y reforzar la formación.

La Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029 contará con un marco financiero previsto de 4.475.832,06 euros para el desarrollo de las actuaciones contempladas durante su periodo de vigencia.

La estrategia se ha elaborado con la participación de universidades, cabildos, ayuntamientos, organizaciones empresariales y sindicales, entidades de economía social y distintas Consejerías del Gobierno de Canarias, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades reales de este ámbito de actividad.

«La participación de todos los agentes implicados nos permite contar con una estrategia útil, consensuada y adaptada a la realidad de las entidades que forman parte de la economía social en Canarias», añadió la consejera.

Capital Española de la Economía Social 2027

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife ostentarán conjuntamente la Capital Española de la Economía Social 2027, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que, por primera vez, comparten dos ciudades.

En Canarias, la economía social está integrada por 3.516 entidades, entre cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutualidades, cofradías de pescadores y entidades del tercer sector, que generan alrededor de 17.000 empleos.

El Consejo de Gobierno autoriza una inversión de hasta 10,4 millones de euros que permitirá implantar un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA), con una vigencia de hasta cinco años

El nuevo procedimiento permitirá planificar las compras con mayor flexibilidad y eficiencia, ajustando cada contratación a las necesidades de los centros educativos

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, una inversión de 10,4 millones de euros para implantar un Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) destinado al suministro de equipamiento para los centros educativos públicos no universitarios de Canarias, con el que se podrán reducir los plazos de contratación y proporcionar una respuesta más ágil a las necesidades existentes.

Este sistema permitirá evitar la tramitación de un nuevo procedimiento de contratación cada vez que sea necesario adquirir un determinado suministro. Una vez incorporadas las empresas que cumplan los requisitos establecidos, el área que dirige Poli Suárez podrá realizar contrataciones específicas de forma mucho más rápida, reduciendo la carga administrativa y acortando los plazos de respuesta a las necesidades de los centros educativos.

En concreto, el nuevo SDA tendrá una duración inicial de un año, aunque podrá prorrogarse por cuatro anualidades más. Durante toda su vigencia permanecerá abierto a la incorporación de nuevas empresas que cumplan los requisitos establecidos, favoreciendo una mayor concurrencia y competencia entre los proveedores. El expediente contempla un consumo estimado de dos millones de euros durante el primer año de funcionamiento, pero el valor total ascendería a 10,4 millones de euros, importe que incluye las posibles prórrogas y las modificaciones previstas en la normativa de contratación pública.

Con esta medida, la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, que coordina Iván G. Carro, podrá tramitar con mayor rapidez los contratos necesarios para atender las necesidades de equipamiento de los centros educativos. Además, posibilitará la planificación de las adquisiciones con mayor flexibilidad, adaptando cada contratación a las necesidades reales de cada centro y mejorando la capacidad de respuesta de la administración.

Entre los suministros que podrán adquirirse figuran mobiliario escolar e infantil, equipamiento para comedores y cocinas, pizarras, material didáctico y de laboratorio, equipamiento deportivo, mobiliario adaptado para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, material sanitario y de seguridad, equipamiento tecnológico, instrumentos musicales, equipos de megafonía y otros recursos destinados al funcionamiento diario de los centros educativos públicos.

El expediente se estructura en 38 categorías de suministros, distribuidas entre las dos provincias canarias, con el fin de ordenar las distintas adquisiciones y garantizar una cobertura eficaz de las necesidades de equipamiento de los centros educativos públicos del archipiélago.

Gracias a esta iniciativa, la Consejería de Educación mantiene su compromiso con la modernización del sistema. En este caso, supone una implementación de sus procedimientos de contratación, incorporando una herramienta que permite una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos que redunden, en última instancia, en la mejora de la calidad de la educación en las islas.

Se autoriza la contratación del servicio de tratamiento de diálisis domiciliaria peritoneal continua ambulatoria, diálisis peritoneal automática o con cicladora y hemodiálisis domiciliaria en sus diferentes modalidades con telemetría para pacientes adscritos a este centro hospitalario

Autorizada la segunda prórroga del servicio de hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal crónica del CHUIMI, por 6.125.192 euros

El Consejo de Gobierno acordó en su sesión de hoy, 27 de julio, a propuesta de la Consejería de Sanidad, autorizar el gasto necesario para la contratación del servicio de tratamiento de diálisis domiciliaria peritoneal continua ambulatoria, diálisis peritoneal automática o con cicladora y hemodiálisis domiciliaria en sus diferentes modalidades con telemetría, para pacientes adscritos al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI), por un importe de 12.381.995,13 euros.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, por un plazo de cuarenta y ocho meses, comprendidos entre 2026 y 2030, para cubrir las necesidades de los pacientes que requieran de terapias de diálisis domiciliarias.

El servicio que se contratará tiene como finalidad ofrecer tratamientos con diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliarias, tanto a los pacientes del Servicio de Nefrología del CHUIMI que lo necesiten, como a las personas desplazadas de otras comunidades autónomas o de otros países que, en virtud de los convenios existentes, deban ser tratadas por el citado complejo por padecer enfermedad renal crónica.

Las técnicas de diálisis domiciliarias han demostrado unos resultados excelentes en cuanto a calidad de vida y supervivencia de los pacientes, al tiempo que aportan una relación favorable de coste-efectividad frente a la hemodiálisis en los centros hospitalarios. Asimismo, se alinea con el objetivo de los sistemas sanitarios de acercar el tratamiento al entorno de los pacientes, si es posible en su domicilio, para evitar desplazamientos.

Diversos estudios han mostrado múltiples efectos beneficiosos relacionados con el aumento de la frecuencia de la diálisis domiciliaria, destacando, entre otros, la mejora de los controles de toxinas urémicas, de parámetros nutricionales, alteraciones óseo-minerales o de la tensión arterial.

Prórroga de la hemodiálisis domiciliaria

Asimismo, el Gobierno autorizó la modificación presupuestaria necesaria para formalizar la segunda prórroga del contrato de prestación del servicio de hemodiálisis en unidades asistenciales vinculadas a la Gerencia del CHUIMI, por un importe de 6.125.192,35 euros, al persistir las necesidades asistenciales que justifican su continuidad.

El contrato con la empresa adjudicataria (AVERICUM, SL) establece que podrá prorrogarse por períodos anuales, sin que su duración total exceda de seis años, por lo permite tramitar esta segunda anualidad, para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2027.

El servicio de hemodiálisis constituye una prestación sanitaria esencial para pacientes con enfermedad renal crónica que precisan tratamiento renal sustitutivo de forma periódica e ininterrumpida. La continuidad del tratamiento resulta imprescindible para preservar la salud y la vida de los pacientes.

El Consejo de Gobierno autoriza el gasto que se suma a la aportación de los ayuntamientos a través del Plan Concertado para atención de familias vulnerables

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la realización del gasto para la concesión de las aportaciones dinerarias destinadas a financiar el desarrollo y continuidad de los programas de atención a la infancia y la familia en los ayuntamientos canarios, por un importe de 7.000.000 euros.

Esta financiación garantiza la continuidad de los programas municipales de atención a la infancia y la familia, entre los que se incluyen servicios de información, promoción, prevención, detección e integración sociofamiliar de la población menor y las familias.

Entre los programas específicos dirigidos a la atención de la infancia canaria y sus familias, se encuentran los servicios de atención, información y asesoramiento; la detección o declaración de situaciones de riesgo; la guarda provisional de menores; la constitución de unidades administrativas o servicios específicos de atención o la creación y gestión de unidades de atención inmediata y permanente a niñas y niños.

Además, se financia la gestión de las prestaciones económicas, la recogida de datos y realización de estudios y estadísticas sobre las necesidades municipales; escuelas de información y formación a familias; y medidas, en colaboración con los consejos escolares, que garanticen la escolarización obligatoria, entre otros.

Esta aportación a los municipios que, en definitiva, va a apoyar a las familias vulnerables, se suma a lo ya aportado a través del Plan Concertado, que cuenta con 97 millones de euros, atiende a unas 450.000 personas y a más de 220.000 familias. Además, se han destinado 45 millones a reforzar el personal de los servicios sociales municipales.

El Consejo de Gobierno aprueba la firma de los convenios que permitirán la elaboración y posterior ejecución de los planes de modernización urbana y edificatoria

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana la firma de los convenios con los cabildos para impulsar nuevos Planes de Modernización Turística (PMM), una herramienta destinada a renovar espacios públicos y establecimientos ya existentes con el objetivo de mejorar y actualizar las zonas turísticas del archipiélago. En concreto, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, se ha autorizado la firma del segundo Plan de Modernización de Puerto de la Cruz (Tenerife), el tercero de Costa Teguise (Lanzarote) y el primero de Playa Blanca (Lanzarote).

El consejero del área, Manuel Miranda, ha explicado que los planes, previstos en la Ley 2/2013 de Renovación Turística, se diseñan como “instrumentos de ordenación urbanística que complementan las determinaciones vigentes, para impulsar la renovación de los espacios públicos y edificios ya existentes”. Ha calificado estos documentos como “herramientas muy útiles para la progresiva actualización de las zonas turísticas” y ha puesto en valor que son “el reflejo del compromiso compartido con las administraciones intervinientes”, en estos casos, ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias.

El segundo PMM, correspondiente a Puerto de la Cruz, persigue dar continuidad al proceso iniciado con el primer plan de estas características, actualmente en ejecución. El convenio establece la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para su formulación y tramitación. La corporación insular asumirá los costes derivados de los trabajos, que incluirán, entre otras actuaciones, la elaboración de estudios previos, memorias de actuación, programas de gestión y ejecución, así como el diseño de indicadores para evaluar el impacto de su desarrollo.

En cuanto a los dos planes previstos para Lanzarote, se trata de iniciativas con las que el Cabildo insular pretende impulsar la modernización de los núcleos turísticos de Costa Teguise y Playa Blanca, siguiendo el mismo modelo de colaboración y con los mismos objetivos de renovación y mejora de estos destinos.

Manuel Miranda ha recordado que, además de los autorizados esta mañana, el Gobierno se encuentra tramitando planes similares en Playa de Mogán, El Veril y San Bartolomé (Gran Canaria), Puerto del Carmen (Lanzarote) y Los Cancajos (La Palma). El objetivo, ha concluido el consejero, es “seguir impulsando la actualización urbanística de Canarias, clave para garantizar la calidad y equilibrio en el desarrollo territorial, siempre en colaboración con los ayuntamientos y cabildos como hacemos en otras líneas de trabajo en este Gobierno”.

El Consejo de Gobierno aprueba una modificación presupuestaria de 200.000 euros para dar cumplimiento al compromiso con los vecinos y comerciantes, hasta que entre en funcionamiento el nuevo saneamiento

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria para destinar 200.000 euros a la limpieza de pozos y fosas sépticas en La Graciosa. Con este acuerdo, el Ejecutivo garantiza el cumplimiento de su compromiso de financiar estos trabajos hasta la entrada en funcionamiento de la red de saneamiento y depuración de la isla. El expediente, impulsado por las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, permitirá conceder una subvención al Ayuntamiento de Teguise para dar continuidad a estas labores, tras un primer acuerdo con el mismo objeto e importe aprobado en 2025.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que el compromiso del Gobierno de Canarias para resolver los problemas de abastecimiento y saneamiento de La Graciosa «está en marcha desde hace dos años». Asimismo, ha recordado que, al tratarse de un territorio especialmente sensible desde el punto de vista ambiental, «la tramitación ha sido especialmente compleja, incluso después de declarar las obras de interés autonómico».

La actuación del Gobierno se articula en torno a dos proyectos para la isla. El primero, la sustitución de la tubería de abastecimiento, comenzará tras el verano con una inversión de 3,8 millones de euros y se encuentra actualmente en fase de licitación.

El segundo proyecto contempla la implantación de la red de saneamiento y la recuperación de la depuradora de Caleta de Sebo. Este expediente se encuentra en tramitación y se prevé que pueda licitarse para iniciar las obras durante el primer semestre de 2027. Así se trasladó a vecinos y comerciantes en la reunión celebrada el pasado jueves, en la que también se informó de la modificación presupuestaria aprobada esta mañana, que permitirá al Gobierno asumir los costes del vaciado de pozos y fosas sépticas hasta la entrada en funcionamiento del sistema de saneamiento y depuración.

Manuel Miranda ha reiterado «el compromiso firme del Ejecutivo para solucionar de una vez por todas los problemas que afectan a la gestión del ciclo del agua en la isla, una solución que, después de dos años de trabajo, empieza a estar cada vez más cerca».

El proyecto, desarrollado en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, aplica aeronaves no tripuladas a la protección del territorio, la gestión de emergencias y la vigilancia ambiental

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria para habilitar una partida de 500.000 euros destinada a un proyecto de innovación que se desarrolla en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. La iniciativa tiene como objetivo diseñar soluciones que, mediante el uso de aeronaves no tripuladas, contribuyan a la protección del territorio, la prevención de ahogamientos o el control de vertidos ilegales.

Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo autonómico, ha destacado “el incesante trabajo de investigación e innovación que se desarrolla en este Parque y que aporta soluciones a la gestión de las administraciones en diferentes ámbitos, como el medio ambiente, la seguridad o la gestión del territorio”.

En concreto, el expediente impulsado por la citada Consejería, junto con la de Hacienda, está vinculado al proyecto Canarias Geo Innovation Program 2030, a través del que se analizan soluciones basadas en el uso de aeronaves no tripuladas para, entre otros fines, la detección de construcciones no autorizadas, la alerta temprana de vertidos ilegales, la elaboración de censos sobre la presencia de amianto, la protección de las personas en las playas para la prevención de ahogamientos o la protección de la costa.

El Parque Tecnológico de Fuerteventura es una entidad pública, propiedad en su totalidad del Cabildo de Fuerteventura. En estas instalaciones se desarrollan diferentes proyectos de innovación, declarados estratégicos para la Comunidad Autónoma, y se ha especializado en el uso de aeronaves no tripuladas aplicadas a la ordenación del territorio, la seguridad y la protección de la costa.

El Consejo de Gobierno ha aprobado su elección, así como la de Lola Suárez como protagonista del Día de las Escritoras Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, que dirige Migdalia Machín, ha aprobado que el poeta Domingo López torres sea el protagonista del Día de las Letras Canarias en 2027, así como del amplio programa de actividades que se desarrollarán a lo largo del año para dar a conocer su figura y obra. Asimismo, se ha aprobado la propuesta para que Lola Suárez sea protagonista de otra efeméride, el Día de las Escritoras Canarias.

Natural de Santa Cruz de Tenerife, Domingo López Torres (1907-1937) fue un destacado poeta y ensayista, además de figura clave del surrealismo y de las vanguardias literarias de Canarias. Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a la mítica revista Gaceta de Arte, con la que destacó por su capacidad para entrelazar la creación literaria con un profundo compromiso político.

Entre sus obras más destacadas se encuentra ‘Diario de un sol de verano’ (1929) o el poemario ilustrado ‘Lo imprevisto’ (1936), que cobra especial significado porque lo elaboró mientras se encontraba encarcelado Fyfess a causa de su convicción política, justo cuando estalló la Guerra Civil. Su vida fue trágicamente truncada en 1937 cuando, víctima de la represión, fue arrojado al mar.

Lola Suárez, la autora propuesta para esta conmemoración, es una de las voces más representativas y consolidadas de la literatura infantil y juvenil en el archipiélago. Nacida en Arrecife (Lanzarote) en 1956, ha dedicado gran parte de su vida profesional al fomento de la lectura desde su excelente labor como maestra.

En su obra, las islas, su historia y su cultura cobran especial protagonismo, fundamentalmente en títulos de éxito como ‘Cleta y Domitila’, ‘Maresía’ o ‘El misterio del collar’. Con sus libros ha sabido conectar con generaciones de jóvenes lectores, de modo que su elección supone un merecido reconocimiento a su indudable calidad literaria y a su papel como transmisora de la identidad canaria.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, aseguró que «la aprobación por el Consejo de Gobierno respalda la propuesta elevada por una comisión de expertos, un procedimiento que garantiza que estas conmemoraciones respondan al conocimiento y al rigor con el que debe preservarse y difundirse nuestro patrimonio literario».

Machín añadió que «el programa de actividades permitirá acercar la obra de Domingo López Torres y Lola Suárez a nuevos lectores y seguir fortaleciendo el conocimiento de dos autores que ocupan un lugar relevante en la literatura canaria».

Dos jornadas clave para las Letras Canarias

Cada año, el Gobierno de Canarias rinde homenaje a dos figuras destacadas de la literatura del Archipiélago a través del Día de las Letras Canarias y el Día de las Escritoras.

En el primer caso, la celebración institucional arranca habitualmente cada 21 de febrero, en conmemoración del fallecimiento del ilustrado canario José de Viera y Clavijo en 1813. Durante doce meses, se dedica un amplio programa de actividades culturales que ayuda a difundir la obra del autor seleccionado y poner en valor su legado, tomando López Torres el relevo de figuras recientes como Ángel Guerra, Alonso Quesada o Alfonso García-Ramos.

El Día de las Escritoras, por otro lado, tiene como meta visibilizar y poner en valor la obra literaria de autoras canarias, coincidiendo con la efeméride nacional que se celebra siempre el lunes más cercano al 15 de octubre.

La iniciativa permitirá financiar hasta el 95% del precio de adquisición de la vivienda habitual a jóvenes de entre 18 y 40 años y a familias numerosas y monoparentales

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad iniciará ahora la tramitación del convenio marco con las entidades financieras que se adhieran al programa

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el decreto que regula de forma definitiva el Programa Hipoteca Joven Canaria, una medida con la que el Ejecutivo facilitará que jóvenes de entre 18 y 40 años, familias numerosas y monoparentales, puedan acceder a financiación de hasta el 95% del precio de adquisición de su primera vivienda habitual.

Con esta aprobación culmina la tramitación del decreto, tras haber obtenido el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias. La medida forma parte de las actuaciones impulsadas por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para favorecer el acceso a la vivienda y facilitar la emancipación, complementando otras iniciativas destinadas a incrementar la oferta de vivienda y fomentar la rehabilitación.

Próximo paso: convenio marco con las entidades financieras

Tras la aprobación definitiva del decreto, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad continuará con la tramitación del convenio marco al que podrán adherirse las entidades financieras interesadas en participar en el programa.

Este convenio se aprobará mediante una Orden del consejero y seguirá el procedimiento establecido para este tipo de instrumentos, que incluye la emisión de los informes preceptivos previstos en la normativa canaria. Una vez completada la tramitación administrativa, las entidades financieras podrán formalizar su adhesión al programa.

Requisitos para acceder al programa

Entre los requisitos para acceder al programa se encuentran tener residencia legal y continuada en Canarias durante los dos años previos a la solicitud, no ser titular de otra vivienda, salvo determinadas excepciones, y destinar el inmueble adquirido a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de dos años.

Asimismo, el límite del patrimonio neto de la persona solicitante, o de cada una de ellas en caso de adquisición conjunta, no podrá superar los 150.000 euros.

Además, los ingresos de las personas solicitantes no podrán superar cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). En caso de adquisición por dos personas solicitantes, sus ingresos conjuntos no podrán superar la suma del límite establecido para cada una de ellas. Esta cantidad se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada menor a cargo. En el caso de las familias monoparentales, el límite de ingresos anterior se incrementará en un 70%.

En cuanto a las viviendas, deberán estar ubicadas en Canarias y tener un precio máximo de adquisición de 250.000 euros, sin incluir impuestos ni gastos asociados. El programa incluirá tanto viviendas nuevas como usadas, libres o protegidas de promoción privada.

Una estrategia para reforzar el acceso a la vivienda en Canarias

El acceso a la vivienda constituye uno de los ejes prioritarios de la actuación del Gobierno de Canarias en la presente legislatura. Con ese objetivo, el Ejecutivo ha puesto en marcha un conjunto de reformas normativas, medidas de carácter urgente y programas específicos dirigidos a incrementar la oferta de viviendas, simplificar los procedimientos administrativos y mejorar las oportunidades de la ciudadanía para acceder a una vivienda.

Entre las actuaciones más relevantes figuran la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, destinado a agilizar la disponibilidad de suelo y acelerar el desarrollo de promociones de vivienda; el decreto para la simplificación de la tramitación de licencias urbanísticas; así como la reforma de la normativa de adjudicación de viviendas protegidas, que sustituye el sistema de sorteos por un modelo basado en criterios objetivos de carácter social, económico y de necesidad acreditada.

De forma paralela, el Gobierno ha reforzado las políticas de apoyo al acceso a la vivienda mediante diferentes líneas de ayudas. Entre ellas se encuentran las subvenciones para la compra de vivienda destinadas a jóvenes, el programa Hipoteca Joven Canaria y las ayudas al alquiler, tanto en la convocatoria general como en la específica para población joven. Con este conjunto de iniciativas, el Ejecutivo avanza en una política integral de vivienda orientada a ofrecer soluciones a uno de los principales retos sociales que afronta el archipiélago.