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Acuerdos de gobierno

El Gobierno canario inicia los trámites para renovación del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías

El Consejo de Gobierno reunido este martes, 23 de diciembre, ha acordado, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, iniciar los trámites correspondientes para la renovación, a partir del 1 de enero de 2028, del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) aplicable en las islas Canarias.

En este contexto, se acuerda también solicitar al Gobierno de España que comunique formalmente a la Dirección general de Fiscalidad y Aduanas (TAXUD) de la Comisión Europea, la intención de las autoridades españolas de proceder a dicha renovación. Hay que tener en cuenta que los interlocutores con las autoridades y organismos europeos son los Estados miembros y no las regiones, por lo que es imprescindible que sea el Gobierno de España quien notifique esta decisión.

Para ello, el Gobierno mandata a la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea para iniciar los trámites oportunos con la Secretaría de Estado de Hacienda.

El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), es un impuesto estatal, de naturaleza indirecta, que contribuye al desarrollo de la producción de bienes en Canarias y que grava en fase única, la producción de bienes corporales y la importación de bienes de igual naturaleza en este territorio.

De esta manera, el AIEM ejerce como protección a los productos canarios frente a los que llegan de fuera, al tener en cuenta el sobrecoste que supone producir en las islas. Los tipos aplicables de carácter porcentual pueden ser 5%, 10% y 15% y el listado de productos incluidos se revisa periódicamente.

Bienestar Social renueva convenios con Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote para agilizar solicitudes discapacidad

A través de estos convenios, el Gobierno encomienda a los Cabildos la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirven de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad

Solo en este último año se han resuelto cerca de un millar de solicitudes de personas residentes en ambas islas y La Graciosa

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la suscripción de la Adenda primera de prórroga y modificación del Convenio suscrito con el Cabildo Insular de Lanzarote, así como la Adenda tercera de modificación y prórroga del Convenio con el Cabildo Insular de Fuerteventura.

A través de estos convenios, la Dirección General de Discapacidad encomienda a los cabildos la gestión que permite la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirven de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad. Solo en este último año se han resuelto alrededor de un millar de solicitudes de valoración de la discapacidad de personas residentes en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

El convenio con el Cabildo de Fuerteventura se firmó por primera vez en diciembre de 2022 y se ha ido renovando en los años sucesivos, lo que ha permitido resolver unas 1.600 solicitudes de personas residentes en la isla. En concreto, a lo largo de 2025 se han resuelto 430 expedientes, más otros 280 expedientes que ya han sido valorados por el trabajador social y psicólogo, y están solo pendientes de valoración médica que se realiza desde Gran Canaria. Además, en el año 2024, se resolvieron 516 solicitudes y en 2023, un total de 332.

Con la Adenda Tercera que ahora se establecerá, se mantendrá el servicio en 2026, se ajustarán los medios necesarios y actualizará también el presupuesto para el ejercicio 2026, con el objeto de financiar los costes salariales del personal adscrito a la encomienda, los desplazamientos vinculados a necesidades del servicio, y las acciones formativas del personal involucrado.

Desde la firma del convenio con el Cabildo de Lanzarote, el pasado 27 de mayo, y hasta el 20 de octubre de 2025, se han tramitado y resuelto un total de 542 expedientes correspondientes a personas residentes en Lanzarote y La Graciosa.

Con la nueva adenda se prorroga la vigencia del convenio durante el ejercicio 2026, y se modifica el objeto del mismo, también se adecúa a las funciones efectivamente desarrolla, se amplía la dotación de personal necesaria para atender la carga real de expedientes, y se actualiza el coste económico, tanto por el incremento respecto de los importes vigentes en el año 2025, como por la adscripción del nuevo personal prevista.

El coste económico que conlleva la suscripción de dichas adendas asciende a 310.944,53 euros en la Adenda primera de prórroga y modificación con el Cabildo de Lanzarote y a 166.000 euros en el caso de la Adenda tercera de modificación y prórroga con el Cabildo de Fuerteventura.

Estas encomiendas se realizan en coordinación con los equipos multiprofesionales, del Centro de Valoración de la Discapacidad de las Palmas de Gran Canaria.

Canarias aporta 5,3 millones adicionales a las universidades públicas

El Consejo de Gobierno ha aprobado una aportación extraordinaria para garantizar el incremento retributivo del 2,5 % previsto en el Real Decreto-ley 14/2025

Migdalia Machín: “La universidad pública es una inversión estructural en igualdad de oportunidades y desarrollo social”

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado una aportación extraordinaria de 5,3 millones de euros a las universidades públicas canarias para garantizar el incremento retributivo del 2,5 % del personal universitario, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

La medida hace efectivo el incremento con carácter retroactivo, con efectos económicos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, en un contexto de prórroga presupuestaria estatal. La aportación aprobada por el Ejecutivo autonómico asume el impacto económico derivado de una norma básica de ámbito estatal y evita que este recaiga sobre la financiación ordinaria de las universidades públicas.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señaló que “la apuesta del Gobierno de Canarias por las universidades públicas es una inversión estructural en igualdad de oportunidades y en desarrollo social”. Añadió que “reforzar su papel en la generación de conocimiento y en la formación de profesionales cualificados es clave para afrontar los retos económicos y científicos de Canarias”.

Esta aportación extraordinaria se suma a una política sostenida de refuerzo de la financiación universitaria impulsada por la Consejería que dirige Machín. En el actual ejercicio, el área de Universidades supera por primera vez los 300 millones de euros, la cifra más alta destinada al sistema universitario público en Canarias, con un incremento de 10 millones de euros respecto al año anterior.

En este contexto, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han recibido más de 5 millones de euros adicionales cada una respecto al ejercicio anterior, alcanzando un incremento acumulado de 30 millones de euros desde 2023. Este esfuerzo presupuestario refuerza la estabilidad financiera del sistema universitario público y permite seguir avanzando en calidad docente, digitalización e investigación.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias consolida una financiación universitaria orientada a la estabilidad, al fortalecimiento del sistema público de educación superior y a su contribución al desarrollo social, económico y científico del archipiélago.

El Gobierno aporta 1,4 M€ a los servicios de vigilancia en playas de 20 municipios de menos de 20.000 habitantes

El Consejo ha aprobado este expediente con el que se cumple parte del compromiso con los municipios, mientras continua la negociación de un nuevo marco de coordinación de seguridad en zonas de baño

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación presupuestaria que permitirá afrontar el pago de 1,4 millones de euros en diferentes subvenciones para cubrir gastos de seguridad en zonas de baño en el litoral en un total de 20 municipios de menos de 20.000 habitantes. Este expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, da respuesta a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Canarias, mientras continúa la negociación para consensuar un nuevo marco de coordinación de la normativa de seguridad en las zonas de baño del Archipiélago.

Los municipios que serán beneficiarios de estas subvenciones son veinte. De ellos, Agaete y Moya están ubicados en Gran Canaria; El Rosario, San Juan de la Rambla, Los Silos, Garachico y Buenavista, en Tenerife; San Andrés, Breña Baja, Tazacorte, Breña Alta, Barlovento y Puntallana, en La Palma; San Sebastián, Valle Gran Rey y Alajeró, en La Gomera; Valverde y El Pinar, en El Hierro; y Yaiza y San Bartolomé, en Lanzarote.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que desde finales de 2023 este departamento trabaja con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en un texto que sustituya al decreto de 2018 sobre normas de seguridad en zonas de baño, que fue anulado por la justicia cinco años después. Con esta subvención, el Ejecutivo pretende compensar parte de los gastos ocasionados por la puesta en práctica de dicho decreto en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El objetivo de esta negociación con la Fecam es consensuar un nuevo marco jurídico que permita “homogeneizar las condiciones de seguridad en las zonas de baño del Archipiélago, con total seguridad jurídica”, según ha explicado Miranda. En el diálogo participan también colectivos de socorristas, la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa y otros agentes sociales relacionados con la seguridad en el litoral.

El resultado de este diálogo se verá también reflejado en la futura Ley del Sistema Canario de Protección Civil, para cuya redacción este departamento autonómico ha terminado una primera fase de diálogo, en la que han participado más de 200 expertos y profesionales en la materia.

El silbo gomero se afianza en el sistema educativo como herramienta de aprendizaje y cultura

Educación impulsa la transmisión de este patrimonio único a las nuevas generaciones desde Primaria y Secundaria

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, impulsa el refuerzo de la enseñanza del silbo gomero en el sistema educativo como una herramienta de aprendizaje, identidad y transmisión cultural, consolidando su presencia en las aulas desde las etapas de Primaria y Secundaria Obligatoria.

Esta iniciativa sitúa a la escuela como espacio clave para garantizar la conservación de una de las expresiones culturales más singulares del archipiélago, favoreciendo que el alumnado conozca y valore una forma de comunicación estrechamente ligada a la historia y a la identidad de La Gomera y de Canarias.

El titular de Educación, Poli Suárez, señaló que “la escuela es una herramienta fundamental para preservar y transmitir nuestro patrimonio cultural a las nuevas generaciones”, y subrayó que “el silbo gomero no es solo una manifestación cultural, sino también un recurso educativo que conecta al alumnado con su entorno, su historia y su identidad”. En este sentido, destacó que “reforzar su presencia en las aulas es una apuesta clara por una educación que reconoce y pone en valor las singularidades del archipiélago”.

Aplicación

La enseñanza del silbo gomero será de carácter obligatorio en los centros educativos de la isla de La Gomera que impartan Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, mientras que los centros del resto de las islas podrán incorporarla de forma voluntaria, ampliando así las posibilidades de que este patrimonio llegue a más alumnado del archipiélago.

La iniciativa también garantiza la formación y preparación del profesorado encargado de impartir estos contenidos, de modo que el silbo gomero se integre en el aula de forma adecuada y coherente con el currículo de Lengua Castellana y Literatura, favoreciendo su aprendizaje como parte del desarrollo lingüístico y cultural del alumnado.

Con este impulso, el Gobierno de Canarias refuerza el papel del sistema educativo como garante de la conservación y transmisión del silbo gomero, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y avanza hacia un modelo educativo que incorpora la identidad canaria como un elemento esencial del aprendizaje y la convivencia escolar.

El Gobierno contribuye con 400.000 euros al servicio permanente de bomberos en Puerto Naos y La Bombilla, La Palma

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a un expediente que pretende mitigar el coste para el Cabildo Insular del sistema desplegado en la zona para regular accesos e intervención en caso necesario

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación presupuestaria tramitada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas para aportar 400.000 euros al Servicio Permanente de Bomberos en Puerto Naos y La Bombilla, un operativo que mantiene desplegado el Cabildo Insular para garantizar la seguridad en la zona. El expediente está impulsado a raíz de una solicitud de la corporación insular, de noviembre de este año, en la que dicha corporación expresaba la necesidad de recibir apoyo económico para mantener este servicio que funciona las 24 horas de los siete días de la semana.

El servicio se mantiene operativo motivado por la presencia de altas concentraciones de gases en la zona, tras la erupción volcánica de 2021, lo que ha provocado desde entonces la restricción de los accesos y el control permanente de los niveles de dichos gases. Este operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad y la salud de las personas, y debe de estar operativo todas las horas de cada jornada.

Los recursos humanos desplegados en la zona no solo controlan los accesos, sino que intervienen de manera inmediata si es necesario, apoyan a los equipos que realizan las mediciones de gases y realizan otros trabajos de mitigación de sus efectos y rescates. Está integrado en la operativa del Centro Insular Coordinador de Emergencias (CECOPIN).

El responsable de Emergencias de la Comunidad Autónoma, Manuel Miranda, ha explicado que esta subvención “demuestra el compromiso del Ejecutivo con todas las labores que permiten que la isla recupere poco a poco la normalidad tras la erupción de 2021”. En concreto, ha destacado Miranda, “como en otros ámbitos, la seguridad de las personas es una prioridad que justifica sobradamente esta modificación presupuestaria”.

El Gobierno destina dos millones de euros a la mejora del abastecimiento en la isla de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a una transferencia al Consejo Insular para la actualización, entre otros, de los sistemas de captación en las desaladoras de Arucas-Moya, Bocabarranco y La Aldea

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación presupuestaria impulsada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas con el fin de habilitar una partida de dos millones de euros, entre otros objetivos, para la mejora en las estaciones desaladoras de agua de mar (EDAM) de Arucas-Moya, Bocabarranco y La Aldea, todas ellas ubicadas en Gran Canaria. Esta partida será transferida al Consejo Insular de Aguas para ejecutar los trabajos que permitirán sustituir bombas de captación de entre 10 y 15 años de antigüedad en dichas instalaciones, que han perdido eficacia en su funcionamiento.

La estación de Arucas-Moya tiene una capacidad de producción de 15.000 metros cúbicos diarios de agua, captada a través de seis pozos. La de Bocabarranco, con una capacidad de producción máxima de 10.000 metros cúbicos por día, lo hace mediante cinco pozos de captación. Por último, la tercera de las desaladoras objeto de esta mejora, la de La Aldea, está formada por dos instalaciones que suman una producción diaria de 7.700 metros cúbicos, a través de un total de cinco pozos.

El proyecto que pretende llevar a cabo el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria tiene como objetivo actualizar dichos pozos para reducir la frecuencia de averías, que suceden a pesar de su correcto mantenimiento, y lograr un mayor rendimiento hidráulico. Los equipos que serán sustituidos son un motor sumergible y una bomba acoplada, que lleva el agua hasta los sistemas de pretratamiento y desalación.

Todo ello, junto a otros trabajos en las mismas plantas, permitirán mejorar la eficacia del sistema de abastecimiento de agua en la isla.

Manuel Miranda, responsable de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha señalado la importancia de la planificación y la cooperación interadministrativa. “Este proyecto cumple ambos fines”, ha añadido, “pues forma parte de la planificación que realiza el Consejo Insular para mantener al día las instalaciones del ciclo del agua en Gran Canaria, y es un ejemplo del apoyo que desde el Gobierno de Canarias aportamos a todos los cabildos para impulsar obras estratégicas”.

El Consejo de Gobierno autoriza la transferencia de la gestión del Parque Nacional del Teide al Cabildo de Tenerife

El Cabildo asume de forma definitiva las competencias del Parque, que actualmente solo estaban delegadas, mientras que el Gobierno mantiene las competencias normativas y de planificación

La transferencia consolida el modelo de gestión insular del Teide y clarifica el reparto de competencias entre administraciones, culminando un proceso normativo en un único marco jurídico

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto por el que se transfieren al Cabildo Insular de Tenerife las funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de gestión y conservación del Parque Nacional del Teide.

De este modo, se formaliza definitivamente el traspaso de la gestión ordinaria del Parque Nacional, reforzando el modelo de gestión insular de este espacio natural protegido, dotándolo de mayor agilidad y cercanía a la gestión del espacio protegido más visitado de España, garantizando su conservación.

Esta decisión culmina un proceso administrativo y normativo que permite consolidar en un único marco jurídico la transferencia de competencias que el Cabildo de Tenerife ya venía ejerciendo en régimen de delegación. El decreto aprobado regula también los medios personales, materiales, patrimoniales y económicos adscritos a la transferencia.

En este sentido, se establece que el Cabildo de Tenerife dispondrá de los bienes y derechos necesarios para el ejercicio de las funciones transferidas, conforme a lo detallado en los anexos del decreto. Entre los inmuebles incluidos figura el Centro Administrativo y de Visitantes Telesforo Bravo, cuya cesión abarca tanto los espacios de uso administrativo como la zona expositiva y el salón de actos.

La transferencia se realiza en coherencia con lo dispuesto en la Ley 5/2024, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, que establece que, con efectos desde el 1 de enero de 2025, las funciones de gestión y conservación del Parque Nacional del Teide corresponden al Cabildo Insular de Tenerife.

El Gobierno de Canarias mantiene, no obstante, las competencias relativas a la formulación y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión, así como las funciones de desarrollo normativo, tanto legislativas como reglamentarias y la interlocución con la UNESCO para preservar el estatus de Patrimonio de la Humanidad del Teide.

Con esta aprobación, el Gobierno de Canarias avanza en la clarificación competencial y en el fortalecimiento del modelo de gestión del Parque Nacional del Teide, garantizando la continuidad administrativa y la adecuada conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos del Archipiélago.

El Gobierno aprueba dos ofertas de empleo público de la Administración General del año 2025 con 556 plazas

En los decretos se recoge que 242 son para personal funcionario de carrera, mientras que 314 son para personal laboral fijo

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, dos ofertas de empleo público (OPE) para la Administración General de la Comunidad Autónoma con un total de 556 plazas correspondientes al año 2025. De ellas, 242 plazas son para personal funcionario de carrera y 314 para personal laboral fijo por acceso libre.

De las plazas ofertadas para funcionarios contempladas en el decreto, 169 plazas corresponden a las convocatorias para el ingreso en el empleo público, por el sistema general de acceso libre, a los Cuerpos, Escalas y Especialidades, y en su caso agrupaciones profesionales, de personal funcionario de carrera.

La distribución es la siguiente: administradores generales (16); administradores generales especialidad jurídica (4), administradores financieros y tributarios (6); estadísticos superiores (5); ingenieros industriales (1); ingenieros de montes (1); telecomunicaciones (3); técnicos de prevención (1); letrados (1); medicina administración sanitaria (16); veterinaria agricultura (1); veterinaria administración sanitaria (2); veterinaria asistencial (3); tecnologías de la información (3); inspectores médicos (4); administración y gestión del buque (1); gestión general (7); gestión financiera y tributaria (6); archiveros ayudantes (2); bibliotecarios ayudante (1); arquitectos técnicos (2); ingeniero técnico agrícola (6); ingenieros técnicos forestales (2); ingenieros técnicos industriales (1); tecnología de la información (1); técnicos de prevención (1); trabajador social (4); electricidad y automatismos (1); maniobra y navegación (3); administrativo (13); auxiliares de informática (3); auxiliar de biblioteca, archivos y centros de documentación (6); auxiliares (34) y subalternos (8).

Por otra parte, 73 plazas, que representan el 30% del total de la oferta, se corresponderán a las convocatorias para el ingreso en el empleo público, mediante promoción interna horizontal y vertical, a los Cuerpos, Escalas y Especialidades, y en su caso agrupaciones profesionales, de personal funcionario de carrera, con la distribución que figura en el Anexo II del decreto.

En el ámbito de la promoción interna contenida en esta Oferta de Empleo Público se reservan 19 de las plazas totales ofertadas al Cuerpo Administrativo.

Además, se reservan 25 plazas para personas con discapacidad, que representa un 10% del total de plazas ofertadas, de las cuales, 4 plazas se reservan a favor de personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, y 21 plazas se reservan a personas con discapacidad de otro tipo.

Personal laboral fijo

El Consejo ha aprobado también la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias de personal laboral fijo para el año 2025, que comprende un total de 314 plazas, para su provisión mediante acceso libre.

Los puestos se distribuyen de la siguiente forma, en función de la denominación: educador/educadora (15); educador/educadora infantil (20); auxiliar de autopsias (3); técnico especialista (2); cocinero/cocinera (48); cuidador/cuidadora (29); mantenimiento-guarda (23); auxiliar de laboratorio (1); auxiliar de servicios complementarios (75); analista II (9); ayudante de cocina (29); camarera-limpiadora (28); marinero (2); servicio doméstico (14); limpiadora (7), peón agrario/peona agraria (9).

Del total de plazas ofertadas, se reservan un total del 10%, equivalente a 32 plazas, para personas con discapacidad igual o superior al 33%, de las cuales, el 2%, esto es un total de 6 plazas se reservan a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, aplicada al Grupo V, y el resto, esto es, un 8%, que representa un total de 26 plazas, al resto de tipos de discapacidades.

Ambos decretos se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias donde podrá consultarse el contenido con sus anexos.

El Ejecutivo impulsa un convenio que permitirá construir 126 viviendas públicas en Gran Canaria

La iniciativa, puesta en marcha entre el ICAVI y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, moviliza 29,5 millones de euros para cinco promociones en Gáldar, Santa Lucía de Tirajana y Santa María de Guía

Esta dación de cuenta coincide con la entrega este lunes de las llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social en Ingenio

Todas las iniciativas en materia de vivienda corresponden a una estrategia 360º que contempla diferentes impulsos normativos que buscan un cambio estructural que permita avanzar de manera sostenida en el ámbito de la vivienda

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha dado cuenta, durante la sesión del Consejo de Gobierno celebrada esta mañana, del convenio suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria para la construcción de 126 viviendas públicas de alquiler asequible en los municipios de Gáldar, Santa lucía de Tirajana y Santa María de Guía.

El acuerdo permitirá activar una inversión total de 29.269.779,14 euros. Las actuaciones se integran en el Programa de Construcción de Vivienda de Alquiler Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation EU.

Del total de la inversión, 14.220.303,14 euros, el 48,59%, será aportado por el Instituto Canario de la Vivienda; 5.049.476 euros, el 17,25%, corresponde a fondos PRTR del Gobierno de España y, 10 millones de euros, el 34,17%, procede del Consorcio.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa desarrollando su estrategia de ampliación del parque público de vivienda en coordinación con los cabildos y ayuntamientos.

Una estrategia 360º en materia de vivienda

El consejero ha recordado durante la sesión los avances históricos logrados en política de vivienda en los dos últimos años, con más de 2.000 viviendas públicas en distintos procesos de construcción a través del ICAVI y VISOCAN y una inversión superior a los 300 millones de euros, la mayor de la historia del Archipiélago.

Este impulso ha permitido romper una década de parálisis en la construcción y entrega de viviendas en islas como Tenerife y Gran Canaria, y se consolida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que destinan más de 200 millones de euros a políticas de vivienda.

Entre las principales medidas puestas en marcha destacan el refuerzo de las ayudas al alquiler, el Bono Alquiler Joven —que beneficiará a cerca de 4.000 jóvenes—, las nuevas ayudas a la adquisición de vivienda, la futura Hipoteca Joven, una profunda simplificación administrativa a través de dos decretos leyes ya aprobados y la puesta en marcha de instrumentos pioneros como la Vivienda Asequible Incentivada, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente a jóvenes y familias con mayores dificultades.

En definitiva, estas iniciativas son fruto de una estrategia 360º, que contempla diferentes impulsos normativos para reducir los trabajos y acelerar procesos, que han permitido reactivar la construcción de vivienda pública con cifras inéditas en los últimos años y movilizar promociones paralizadas desde hace una década. Este esfuerzo, según ha recalcado el consejero, también ha buscado generar un cambio estructural que permita avanzar de manera sostenida en el ámbito de la vivienda, dejando atrás el inmovilismo normativo que había limitado el desarrollo en los últimos años.

Entrega de ocho viviendas en Ingenio

Esta dación de cuenta que se realiza hoy coincide con la entrega de viviendas este lunes de las llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social, ubicadas en El Sequero, en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria.

Estas viviendas se suman al conjunto de actuaciones ya culminadas en distintos municipios de Gran Canaria, reforzando el compromiso del Ejecutivo canario para seguir impulsando nuevas promociones y ampliando el parque público de vivienda en el Archipiélago.

Estas nuevas adjudicaciones se suman a otras tres promociones que suman 75 viviendas en Ingenio, así como a ocho viviendas entregadas en Santa Lucía de Tirajana y a 26 en Agaete.