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Acuerdos de gobierno

El Gobierno nombra a Erasmo García de León como director del Área de Salud de Lanzarote

García de León, diplomado en Ciencias Empresariales, ha desempeñado distintas funciones dentro de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote y ocupó la Dirección del Área de Salud en los periodos 2011-2015 y 2017-2019

También fue director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada hoy lunes, día 3 de noviembre, ha nombrado a Erasmo García de León como director del Área de Salud de Lanzarote del Servicio Canario de la Salud (SCS), en sustitución de Esther Machín, que cesó en el cargo por decisión propia y a quien el Ejecutivo agradece los servicios prestados.

García de León, diplomado en Ciencias Empresariales en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de La Laguna, cuenta, además, con un máster en Dirección y Administración de Empresas en la Escuela de Negocios MBA y un diplomado en Gestor Tributario y Asesoría Fiscal en Insforcan, así como otra formación en materias presupuestaria, de auditoría operativa y dirección y gestión de centros sanitarios públicos, entre otros.

En el año 1997 Erasmo García se incorpora a la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, prestando sus servicios en la categoría de Grupo de Gestión de Función Administrativa. Además, en los periodos comprendidos entre 2011 y 2015 y entre 2017 y 2019 ocupó el cargo de director del Área de Salud de Lanzarote, mientras que entre 2015 y 2017 desempeñó las funciones de director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.

Posteriormente, se incorpora al Grupo de Gestión de la Función Administrativa de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote y hasta la actualidad ocupada el puesto de jefe de Sección de Logística de dicha Gerencia.

El Gobierno aprueba el primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública canaria

Este documento marco da cumplimiento a un decreto de 2009, que establece la obligación de adaptar y desarrollar la normativa estatal

Afecta a más de 91.000 empleados públicos, entre Administración General, Justicia, Educación y Sanidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos, que afecta a más de 91.000 empleados públicos, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. Su elaboración ha contado con la participación activa de la representación sindical de los ámbitos de Administración General, Justicia, Educación y Sanidad y con el respaldo del Comité Interdepartamental.

El Gobierno de Canarias ha asumido en el actual mandato la obligación de proveer a esta Administración de su propio Plan General de Prevención de Riesgos Laborales, dando cumplimiento a una obligación legal recogida en el Decreto 188/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la Ley 31/1995, normativa vigente en la materia. Esta medida se suma a la implementación de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales en 2024 en la Administración General y de Justicia, con la finalidad de integrar esta política en todos los niveles.

Impulsado desde la Dirección General de Función Pública, el Plan General constituye el marco a partir del cual se desarrollarán los correspondientes Planes Sectoriales en los ámbitos de Administración General y Justicia, Sanidad y Educación y forma como parte del compromiso del Gobierno de Canarias en materia de prevención de riesgos y planificación preventiva.

El Plan General de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta mediante la cual se define la política de prevención de Riesgos Laborales de la Administración autonómica y permite integrar la actividad preventiva en la estructura general y en el conjunto de sus actividades y niveles jerárquicos. Es importante para la prestación de los servicios públicos al ciudadano e imprescindible para mejorar su eficacia y eficiencia.

El fin último es eliminar, reducir o minimizar los posibles riesgos laborales a los que puedan estar expuestos los empleados y las empleadas públicos de la Administración autonómica, consolidando una favorable cultura preventiva que garantice el cumplimiento de la legislación en la materia.

El Plan General, además de las medidas concretas de difusión, sensibilización y formación que prevé, será puesto a disposición de la ciudadanía y del personal al servicio de esta Administración en el entorno web de la Dirección General de la Función Pública.

El Gobierno impone una sanción de 12,1 millones de euros a UNELCO por el apagón de La Gomera en 2023

La multa, considerada infracción muy grave, corresponde al expediente sancionador por el cero energético ocurrido entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 2023

El Gobierno de Canarias modificó en 2023 la Ley Canaria del Sector Eléctrico precisamente para tramitar con mayores garantías los expedientes sancionadores derivados de los ceros energéticos, como este caso

Con estas actuaciones, el Ejecutivo culmina un proceso que refuerza el control sobre la calidad del suministro eléctrico y la responsabilidad de las empresas operadoras en los sistemas insulares

El Consejo de Gobierno culmina hoy, a petición de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, la tramitación del expediente sancionador a la El Consejo de Gobierno culmina hoy, a petición de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, la tramitación del expediente sancionador a la entidad Unión Eléctrica de Canarias Generación S.A.U. (UNELCO), por el apagón registrado en la isla de La Gomera en julio de 2023., por el apagón registrado en la isla de La Gomera en julio de 2023.

Así, la empresa recibe la imposición de una multa de 12.100.001 euros por cometer una infracción muy grave de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Concretamente, por el cero energético que tuvo lugar el 30 de julio de 2023, en la central térmica de El Palmar, donde se generó un fallo en el cuadro de control de un grupo de generación, afectando a las instalaciones eléctricas, y dando lugar al apagón general, no reestableciéndose el suministro por completo hasta el 1 de agosto, lo que supuso más de 60 horas de corte eléctrico.

El expediente administrativo relativo a este cero de tensión en La Gomera, determinó la existencia de deficiencias en la operación y en la capacidad de respuesta de la central térmica. La Dirección General de Energía tramitó esta sanción al considerarla una infracción administrativa muy grave, por comprometer la seguridad y continuidad del suministro eléctrico en un sistema aislado.

La modificación de la Ley del Sector Eléctrico Canario, a propuesta de la consejería de Transición Ecológica y Energía al comienzo de la legislatura en 2023, y aprobado por unanimidad en el Parlamento Canario, ha permitido ahora que el Gobierno disponga de plazos más amplios realistas para sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan, y que han sido las responsables de situaciones como la de La Gomera. Así, se ha pasado de los plazos de 3 meses para tramitar y gestionar estas sanciones a los actuales 18.

Compromiso con la seguridad energética y la emergencia eléctrica

El Gobierno de Canarias mantiene su compromiso firme con la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico insular, reforzado tras la declaración de la emergencia energética en 2024 y tomando medidas para evitar nuevos ceros energéticos.

Así, el Ejecutivo regional ha impulsado acciones inmediatas y proyectos estructurales destinados a reforzar la seguridad del suministro, además de seguir trabajando con el Miteco para la renovación de los grupos de generación convencional, que precisan de renovación desde hace más de una década.

En el caso concreto de La Gomera, avanzan a muy buen ritmo los trabajos del proyecto del cable submarino entre Tenerife y La Gomera, actualmente en fase final de ejecución, cuya puesta en servicio garantizará la interconexión eléctrica entre ambas islas en 2026. Una infraestructura que permitirá reforzar la seguridad del suministro en La Gomera, reducir la dependencia de la generación local y facilitando la integración de energías renovables en el sistema insular.

Por otro lado, la consejería de Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Energía ha aprobado la instalación de ocho proyectos de generación de emergencia energética en las islas que actualmente presentan déficit de generación, siendo más vulnerables a apagones, con el objetivo de cubrir puntos críticos del sistema y responder ante eventuales déficits de generación.

Estas actuaciones en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura permitirán cubrir el 90% del déficit total detectado por el operador del sistema (Red Eléctrica), para cubrir el déficit de 268 MW de potencia. En el caso de Tenerife, por ejemplo, ya ha comenzado la instalación de la primera de las plantas en Granadilla, a cargo de la empresa Disa, y recientemente se han aprobado las autorizaciones administrativas para instalar varias de ellas.

El Gobierno aprueba el Decreto de Turismo Activo que modifica el reglamento para ejercer esta actividad

Tras el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias la nueva norma establece el régimen jurídico para su desarrollo

Regula aspectos como los requisitos de las empresas o el profesional especializado, así como los derechos y obligaciones de las personas usuarias y empresarios

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes el decreto por el que se modifica el Reglamento para el desarrollo de las actividades de turismo activo, tras el dictamen positivo del Consejo Consultivo de Canarias y el diálogo con todos los agentes implicados, que agrupan a 1.200 empresas en las islas y más de 4.000 puestos de trabajo vinculados.

La nueva norma busca actualizar el actual decreto 226/2017, de 13 de noviembre, estableciendo como prioridad la calidad, la sostenibilidad y seguridad de los servicios turísticos, así como la armonización de la actividad profesional del turismo activo.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, destacó que, “con esta nueva regulación, se pretende no solo profesionalizar el sector, incorporando nuevas oportunidades de empleo, sino además evitar el intrusismo”.

De León hizo hincapié en que “el turismo activo es una actividad que genera empleo, ayuda a divulgar los valores de nuestro territorio sin generar impactos sobre el medio ambiente y repercute positivamente en la población local”.

La modificación del decreto tiene como objetivo regular la autorización de las empresas y profesionales, reconociendo las distintas cualificaciones del personal, como títulos, certificados o acreditaciones, que demuestren su capacidad para realizar cada servicio. También, se procura que no se creen barreras, requisitos excesivos ni limitaciones que impidan ejercer la profesión.

Además, se ha tenido en cuenta la evolución del sector en nuestro territorio con un volumen de negocio y personas usuarias creciente.

Este crecimiento ha sido fomentado e impulsado por la Consejería de Turismo y Empleo dentro de la Agenda Canaria para el Desarrollo Sostenible (ACDS 2030) que proyecta “un nuevo modelo económico competitivo e inteligente, más diversificado, resiliente, inclusivo y verde”.

De León explicó que “la demanda de nuestros turistas y ciudadanos, requiere una revisión de las actividades que se encuentran en el ámbito de la experiencia activa y el conocimiento participativo del entorno natural y social”.

Para la consejera, “la variedad de actividades del turismo activo requiere una clasificación dinámica que permita el acceso a perfiles profesionales polivalentes”.

Se regula de esta manera la habilitación profesional desde premisas de calidad, y se facilita el acceso al empleo y el desarrollo profesionales tomando como referencia el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y el Catálogo de Especialidades Formativas desarrollado en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

Para evitar el intrusismo, la norma establece unos requisitos que garanticen que se pueda realizar la actividad en condiciones de seguridad, cumpliendo con la legalidad y prestando un servicio de calidad.

Canarias destina 6,5 millones al servicio de vigilancia de los centros para menores con medidas judiciales

Se trata de garantizar los servicios de vigilancia, seguridad y protección de los centros de internamiento educativo ubicados en Valle Tabares, en Tenerife, y de La Montañeta, en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno la realización del gasto necesario para la segunda prórroga del contrato del servicio de vigilancia, seguridad y protección de los centros de internamiento educativo para menores de Canarias, por importe de 6.553.272,78 euros.

La autorización de este gasto, que realizará la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, permitirá financiar, durante 12 meses, los servicios de vigilancia, seguridad y protección de los centros, el auxilio al personal del mismo, así como el mantenimiento o restablecimiento del orden interno en los centros de internamiento educativo para menores que cumplen medidas judiciales ubicados en Valle Tabares, en Tenerife, y de La Montañeta, en Gran Canaria.

La prórroga del contrato al que corresponde esta inversión abarca desde el 14 de febrero de 2026 hasta el 13 de febrero de 2027.

 

 

 

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Canarias para 2026

El límite de gasto no financiero para las cuentas autonómicas se sitúa en 12.491 millones de euros, lo que supone un crecimiento porcentual del 7 % respecto a este ejercicio

De esta cifra, más de 8.000 millones se destina a la prestación de servicios públicos esenciales: sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda se posiciona como una de las preocupaciones prioritarias de este Ejecutivo, que incluye deducciones en IGIC e ITP para la compra de vivienda habitual

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias por una cifra global de 12.491 millones de euros para el año 2026. Esto supone un incremento del 7%, lo que se traduce en 813 millones de euros más respecto a 2025, que se destinarán, principalmente, a garantizar el gasto en políticas sociales.

Al igual que los años anteriores, el presupuesto se ha diseñado a gasto real y con prudencia ante el desconocimiento de las magnitudes necesarias para su elaboración. Con respecto a la disciplina fiscal, la consejera ha explicado que el Gobierno de España no ha aprobado la senda de consolidación fiscal, lo que obliga Canarias a formular unos presupuestos con un superávit del 0,1% del PIB de la comunidad autónoma.

El ministerio de Economía tampoco ha aprobado la tasa de crecimiento del producto interior bruto, por lo que el presupuesto se ha elaborado en base a la última tasa de crecimiento referenciada, que es del 3,3%. A este respecto, la consejera de Hacienda se ha vuelto a referir a la imposibilidad de crecer más de ese porcentaje, independientemente de cuáles sean las cifras de recaudación de la comunidad autónoma. “Se trata de un valor del año 2023, por lo que no se adapta a la realidad actual. A pesar de todo, las cuentas públicas de 2026 dan prioridad al gasto social, al destinar la mayor parte del presupuesto a sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda. También es importante el refuerzo que se hace en transición verde, agricultura, economía, industria y comercio”.

Además, al no haber un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, no se conocen las partidas destinadas a Canarias, por lo que, como ha explicado la consejera, se ha optado por mantener las recurrentes o las previamente acordadas. El incremento de los ingresos se sustenta en el crecimiento de los ingresos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y los tributos cedidos; además del incremento de otros ingresos tributarios.

De los 12.491 millones de euros de gasto, al Servicio Canario de Salud le corresponden 4.833 millones, lo que supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior, con una subida de algo más de 240 millones de euros. Educación incrementa su partida en 159 millones de euros, el doble que el incremento del año pasado, situándose en un diferencial del 7,4% , con 2.313 millones de euros.

Por otro lado, el gasto en Bienestar Social asciende a 824 millones de euros, 62 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,2% respecto a 2025. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda refleja un incremento del 14,9%, con una partida de 197,5 millones de euros, casi 26 millones de euros más.

También destaca el crecimiento de Transición Ecológica y Energía, con 454 millones de euros, un 44,8% de subida respecto al ejercicio anterior, es decir, 140 millones de euros más. Por el contrario, la mayor caída la registra Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, con un descenso de, prácticamente, 60 millones, debido a la distribución de los fondos del Convenio de Carreteras.

La comunidad autónoma, con la deuda pública en 6.680 millones de euros, es decir, un 10,4% del PIB, cumple con los compromisos con las reglas fiscales y de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, la consejera ha vuelto a reclamar que el Gobierno central trasponga al ordenamiento jurídico español la nueva normativa disciplinaria europea, vigente desde abril de 2024, mucho más flexible que la que el Estado aplica a las comunidades autónomas y corporaciones locales. “Esta adecuación a la normativa europea permitiría flexibilizar la regla del gasto y destinar el superávit a paliar las necesidades de los canarios, situación que ahora nos está vetada”, ha recalcado Matilde Asián.

Modificaciones tributarias

En relación a la política fiscal, la preocupación del Gobierno de Canarias por el acceso a la vivienda de sus ciudadanos, se verá reflejada en la mejora de las deducciones fiscales para adquisición de vivienda habitual. Al respecto, el proyecto de presupuesto de 2026 fortalece las rebajas en el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) y en el Impuesto de Transmisión de Patrimonio para adquisición de vivienda habitual, aumentando la edad, la renta máxima para acogerse a las mismas, así como el importe de adquisición de los inmuebles. “El anterior nivel de renta hacía impracticable su aplicación y no estaba repercutiendo en la población. Por eso, lo que hemos aumentado y adaptado a la realidad, lo que va a permitir que se beneficie un mayor número de personas”, aclaró la consejera.

Respecto al IGIC para la adquisición de vivienda habitual, en el nuevo Proyecto de Ley de Presupuestos, la edad de adquiriente sube hasta los 40 años y el importe máximo de la vivienda, hasta los 200.000 euros aunque aumenta en el caso de familias numerosas. La renta máxima para acogerse a estas mejoras aumenta de los 24.000 a los 46.445 euros, y de los 34.000 a los 61.770 euros, en el caso de tributación conjunta. En el caso del ITP, las rentas máximas de los adquirientes también suben hasta los 46.445 euros, pudiendo incrementarse en más de 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar.

Asimismo, entre las medidas de alivio fiscal, y que afectan al IRPF, destaca la deflactación de la tarifa autonómica en función de la evolución del IPC; es decir, se incrementan todos los tramos un 2,1%. También se incrementan los límites máximos de rentas para la aplicación de las deducciones autonómicas, pasando de 45.500 a 46.455 euros, en tributación individual, y de 60.500 a 61.770 euros, en conjunta. También se crea una deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de entidades de nueva o reciente creación. En estos casos, la deducción es del 20% de inversión con un máximo de 4.000 euros anuales, o del 30% con un máximo de 6.000 euros anuales, si se trata de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación.

En cuanto a las medidas relacionadas con la salud, se incrementa el tipo de IGIC del 7 al 15% a las bebidas energéticas y se gradúan los tipos tributarios a aplicar a las bebidas refrescantes, en función del nivel de azúcares añadidos, que oscilará entre 3%, 5% o 7% de IGIC. También pasan a tributar a tipo 0% las camas hospitalarias al ser consideradas aparatos sanitarios.

En línea con la preocupación por la salud, se incrementa el tipo impositivo en determinadas modalidades del Impuesto sobre las labores del tabaco en cigarrillos y tabaco calentado. También se modifica la tributación de las bolsas de nicotina, que pasa de ad valorem a específico.

Se elimina además el AIEM sobre combustibles, puesto que ya no se producen en Canarias, y se introduce de un tipo específico del 1% en el IGIC para gravar la entrega e importaciones de combustible, actualmente gravada a tipo 0. Y se introduce el aceite vegetal hidrogenado como biocarburante a tipo 0% de IGIC.

Además, la ley de Presupuestos de la CAC para 2026, prevé mantener la bonificación extraordinaria y temporal del precio final del combustible derivado del petróleo para las islas no capitalinas.

Plazos

El proyecto de Ley de los PGCAC, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de hoy, se entregará el próximo día 30 de octubre al Parlamento de Canarias para que comiencen los trámites necesarios para que el nuevo marco presupuestario entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026.

El Gobierno respalda la candidatura de La Palma y Tenerife para acoger el Centro Nacional de Vulcanología

La propuesta, elaborada junto a los cabildos, será trasladada al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, órgano encargado de coordinar el proceso estatal de selección

El Consejo de Gobierno, celebrado hoy miércoles 22 de octubre, ha aprobado el respaldo institucional a la candidatura presentada por el Ejecutivo autonómico para que Canarias albergue la sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología. La iniciativa, desarrollada de manera conjunta con los cabildos de La Palma y Tenerife, plantea un modelo de gestión compartida entre ambas islas, con sede principal en La Palma y una subsede en Tenerife.

Con este acuerdo, el Gobierno culmina la fase autonómica del procedimiento y se pasará a remitir el expediente completo al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, responsable de coordinar la fase estatal del proceso de selección.

La propuesta argumenta la idoneidad del archipiélago como territorio volcánico activo, con una sólida experiencia en la gestión del riesgo, un ecosistema científico consolidado y una estructura de cooperación institucional que garantiza la viabilidad del proyecto.

El expediente incorpora la relación de infraestructuras científicas y técnicas disponibles, los equipos de investigación vinculados al ámbito de la vulcanología y un modelo de gobernanza que refuerza el compromiso de Canarias con la ciencia, la prevención y la colaboración entre administraciones.

Bienestar Social refuerza la atención a las mujeres víctimas de violencia con una inversión de más de 100.000 euros

La financiación está dirigida a los Centros de Crisis 24 horas, que ofrecen acompañamiento y asesoramiento tras una agresión sexual

Desde su puesta en funcionamiento, en mayo de este año, se ha atendido a 321 personas en los cinco recursos ubicados en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno destinar un total de 103.575,97 euros para financiar la gestión de los Centros de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. Este servicio de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ofrece acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial, 24 horas del día a todas aquellas mujeres, familiares o entorno de aquellas que hayan sufrido alguna agresión sexual, facilitando servicios de atención psicológica, jurídica y social. Canarias cuenta con cinco centros de este tipo de centros, que están ubicados físicamente en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) puso en marcha los Centros de Crisis de 24 horas el pasado mes de mayo con financiación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR) y los gestiona a través de la Fundación IDEO, a la que realiza las transferencias oportunas para su correcto funcionamiento. Así, hasta septiembre ha atendido a 321 personas, de las cuales 233 son mujeres mayores, 33 mujeres menores y 55 familiares.

Los Centros de Crisis 24 horas son espacios seguros, libre de juicios y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, donde las personas reciben apoyo inmediato y acompañamiento profesional. Los centros están diseñados para abordar las complejas consecuencias de la violencia sexual, proporcionando un entorno de confianza en el que se respeta siempre la voluntad de las personas usuarias. Los centros de crisis 24 horas se suman a los recursos de la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género que el ICI financia en cada isla con todos los cabildos.

El Gobierno de Canarias suma otros 500.000 euros al impulso del planeamiento municipal

La Consejería de Política Territorial lleva a cabo una modificación presupuestaria para ampliar hasta los 2,8 millones las subvenciones a los ayuntamientos para actualizar sus instrumentos de planeamiento

La mayoría de los municipios beneficiados en la primera convocatoria son municipios afectados por el reto demográfico que cuentan con menos de 10.000 habitantes

El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado hoy vía libre a una modificación presupuestaria que permitirá destinar 500.000 euros extras a impulsar el planeamiento municipal. Esta cantidad se suma a la convocatoria de subvenciones ya resuelta de 2,3 millones de euros y permitirá destinar este año un total de 2,8 millones de euros a que los ayuntamientos actualicen sus instrumentos de ordenación.

La convocatoria inicial, cuya resolución se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el pasado lunes, benefició a un total de 15 municipios de las islas, de los que la mayoría -un total de 14- son considerados municipios reto, es decir, de menos de 10.000 habitantes. Gracias esta modificación presupuestaria, que ha sido tramitada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, se podrá realizar una nueva convocatoria de subvenciones que, según los primeros cálculos, beneficiará a una decena de ayuntamientos de toda Canarias, aunque esta cantidad dependerá de los baremos que se aplican en la adjudicación.

El responsable de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, destacó la importancia de estas subvenciones, “pues son una ayuda fundamental para que los ayuntamientos puedan materializar su ordenación territorial, sobre todo para aquellos que disponen de menos recursos humanos y materiales para acometerlo con medios propios”.

Asimismo, Miranda recalcó que la apuesta del Gobierno por impulsar el planeamiento municipal ya está “consolidada” y anunció que el Ejecutivo “mantendrá en el tiempo el apoyo a los municipios para garantizar su desarrollo”.

Precisamente, el pasado lunes se publicó en el Boletín Oficial de Canarias la resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial por la que se adjudicaron las subvenciones de este año. Los ayuntamientos beneficiados han sido Arafo (Tenerife), Tijarafe (La Palma), Valle Gran Rey (La Gomera), Vilaflor (Tenerife), La Frontera (El Hierro), Fuencaliente (La Palma), El Tanque (Tenerife), Los Silos (Tenerife), El Pinar (El Hierro), La Matanza de Acentejo (Tenerife), Vega de San Mateo (Gran Canaria), El Paso (La Palma) y Santiago del Teide (Tenerife), que es el único de los quince municipios que supera los 10.000 habitantes.

Tanto la primera convocatoria como la que se va a realizar ahora incorporan criterios para favorecer a los municipios de menos de 10.000 habitantes, que suelen disponer de menos personal, y que es una de las medidas “detectadas como necesarias por los integrantes de las mesas técnicas que han analizado el reto demográfico en Canarias durante los últimos meses”, señaló Miranda.

El Gobierno destina 700.000 euros este año a impulsar la obra del laminador de la depuradora de Puerto del Rosario

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, informa de que esta obra se complementará con la de ampliación de la depuradora, que será licitada en breve

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria por importe de 700.000 euros que permitirá a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas hacer frente a la obra de culminación del depósito laminador de Puerto del Rosario. Este proyecto, impulsado por la Dirección General de Aguas, es complementario al de la ampliación de la depuradora, que está actualizando este departamento autonómico.

El consejero del área, Manuel Miranda, explica que el depósito laminador vinculado a la depuradora de Puerto del Rosario es un proyecto que “permitirá la regulación diaria de los caudales de aguas residuales que llegan a la depuradora, evitará que se produzcan vertidos cuando la cantidad de agua supera la capacidad de la instalación y conseguirá también el máximo aprovechamiento de las aguas depuradas para su reutilización”.

Miranda recuerda que el proyecto ha sufrido diferentes problemas durante su ejecución que su departamento ha ido sorteando. “Este año hemos logrado desbloquearlo y ahora procedemos a culminarlo, siempre en coordinación con el Cabildo de Fuerteventura y su Consejo Insular de Aguas”.

Las obras supondrán la finalización de la ejecución de dos grandes vasos reguladores, con sus instalaciones de tratamiento y regulación que, junto con la ampliación que se iniciará en breve, aumentará la capacidad final total de tratamiento de la planta depuradora hasta los 6.000 metros cúbicos al día.

Estas actuaciones mejorarán la calidad del agua regenerada resultante de cara a su reutilización en la agricultura. Manuel Miranda destacó el grado de colaboración con el Consejo Insular de Aguas y el propio Ayuntamiento, “lo que nos ha permitido impulsar tanto la culminación de este depósito laminador, como la actualización del proyecto de ampliación de la depuradora”.

Los trabajos del depósito laminador culminarán en 2026, mientras que la ampliación de la estación depuradora tendrá un plazo de ejecución de alrededor de 20 meses, una vez que se licite.