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Acuerdos de gobierno

El Gobierno declara de excepcional interés público la obra de remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal

Esta medida persigue acelerar la ejecución de actuaciones destinadas a solventar los problemas de seguridad que afectan actualmente a la infraestructura portuaria ante situaciones de temporal

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, el decreto por el que se declara de excepcional interés público la ejecución de la obra de remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal, ubicado en el término municipal de Tuineje, en Fuerteventura.

Esta medida persigue acelerar la ejecución de distintas actuaciones que pretenden solventar los problemas de seguridad que afectan actualmente a la infraestructura portuaria, especialmente ante temporales y fenómenos meteorológicos adversos que han causado daños graves en el pasado.

El puerto de Gran Tarajal, que inició su actividad en el siglo XIX, constituye un enclave estratégico para la conectividad marítima y el desarrollo económico del municipio de Tuineje, dando servicio tanto a la actividad comercial como recreativa. Su principal función es la de apoyo a la actividad pesquera en el sector sudeste de la isla de Fuerteventura, así como la mejora de las comunicaciones con otros núcleos costeros de la isla y con Gran Canaria.

En este sentido, la declaración de excepcional interés público se justifica además con la creciente demanda de transporte marítimo en Canarias, que ha registrado un incremento de más de dos millones de pasajeros en los últimos años.

El proyecto

Las actuaciones principales previstas incluyen la prolongación del dique actual en unos 278 metros para crear una dársena exterior y adecuar tres puestos de atraque para buques comerciales, incluyendo ferries y cruceros. Además, se contempla la remodelación de la dársena interior, ampliando a unos 33 metros la construcción de nuevos muelles para optimizar su uso, mejorar el resguardo frente al oleaje exterior y aumentar la capacidad de atraque para embarcaciones recreativas.

Asimismo, se ampliará y ordenará la zona terrestre para incluir superestructuras y servicios para la náutica recreativa (como club náutico, vestuarios y tiendas), además de segregar el tráfico vehicular para mejorar la circulación.

En definitiva, la obra contempla la mejora del abrigo de las dársenas, la creación de nuevos atraques para buques de transbordo y cruceros de porte medio-alto, la adecuación de espacios para embarcaciones recreativas y la concentración de los servicios destinados a la pesca.

Estas actuaciones permitirán no solo incrementar la seguridad de usuarios y embarcaciones, sino también dinamizar la actividad económica y turística del municipio y de la isla.

El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras que dirige Francisco González, ha trabajado en el desarrollo del proyecto mediante un proceso de diálogo y la recogida de inquietudes de administraciones locales, asociaciones y colectivos de la zona. Esta metodología ha permitido alcanzar un proyecto más consensuado, asegurando el respeto al entorno y reforzando el compromiso con la comunidad local.

 

 

El Gobierno aprueba definitivamente el proyecto de la obra de la carretera LP-2 entre San Simón y Tajuya

Esta resolución permitirá reforzar la seguridad vial y modernizar la infraestructura de La Palma

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, ha aprobado este viernes el proyecto modificado nº2 de la obra de acondicionamiento de la carretera LP-2 en el tramo San Simón-Tajuya, una actuación clave para culminar una de las infraestructuras viarias más importantes de La Palma.

En este sentido, este modificado permitirá dar continuidad a las obras y reactivar actuaciones esenciales, como el viaducto de Belmaco o el sostenimiento del talud de El Rodadero.

La aprobación se produce tras resolver la discrepancia planteada entre la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, respecto a la fiscalización previa del borrador de la Orden departamental que aprueba definitivamente este proyecto, garantizando así la correcta tramitación administrativa y la seguridad jurídica de la actuación.

Esta resolución tiene como objetivo garantizar la continuidad de las obras y desbloquear actuaciones de ejecución claves que permanecían suspendidas, como el viaducto de Belmaco o el sostenimiento del talud El Rodadero, asegurando de esta manera la viabilidad técnica de la infraestructura y la seguridad en la circulación.

La carretera LP-2 constituye uno de los principales ejes de comunicación de la isla, articulando la conexión sur y mejorando la movilidad entre distintos municipios. Su acondicionamiento es fundamental para reforzar la seguridad vial, favorecer el desarrollo socioeconómico y facilitar los desplazamientos de personas, mercancías y servicios.

La obra fue adjudicada inicialmente en 2011 a la UTE Tajuya -grupo conformado por Sacyr, Traysesa, Construcciones Los Volcanes y Construcciones Herquipalma-, con un presupuesto de 64.599.534,38 euros y un plazo de 48 meses. Sin embargo, tras las modificaciones requeridas para adaptar la infraestructura, el presupuesto asciende a 72.114.688,42 euros.

El proyecto

La modificación nº2 incorpora el rediseño del viaducto de Belmaco, que se ejecutará mediante tipología de avance en voladizo y con un único apoyo en el cauce. Por su parte, en el paraje de El Rodadero se plantea una nueva solución de sostenimiento, tras detectarse inestabilidades y la baja capacidad portante del terreno, con una inversión de 960.000 euros.

El proyecto también prevé el refuerzo de la calzada entre los puntos kilométricos 25+600 y 25+640, mediante un cambio de tipología del muro original. A estas intervenciones se suman trabajos adicionales de estabilización de taludes en distintos subtramos, con el fin de incrementar la seguridad y adaptar las barreras y sistemas de contención de vehículos a la normativa vigente.

La aprobación definitiva permitirá retomar las obras con un plazo de ejecución estimado de 15 meses desde su autorización. Estas actuaciones supondrán un avance decisivo en la modernización de la red viaria de La Palma y contribuirán al impulso económico de la isla.

El Gobierno pone en marcha la oficina de consulta jurídica para cabildos y ayuntamientos en materia de planeamiento

El servicio consiste en un programa de apoyo temporal, mientras se culmina la tramitación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana la puesta en marcha de una oficina consulta jurídica para apoyo a los cabildos y ayuntamientos del Archipiélago en el ámbito del planeamiento y la ordenación del territorio. Este programa, elaborado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. cuenta con un presupuesto total de 414.721,98 euros hasta 2027 y permitirá dar respuesta a una demanda reiterada de las administraciones locales, que requieren seguridad y agilidad en un ámbito tan sensible como la ordenación del suelo.

La oficina, implementada por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, contará con tres profesionales -dos técnicos y un administrativo- que trabajarán de manera exclusiva en la atención de las consultas jurídicas. Con este nuevo servicio se busca unificar criterios jurídicos en la interpretación de la Ley del Suelo; agilizar la tramitación de las consultas remitidas por las instituciones locales; y garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de la normativa territorial y urbanística, así como la homogenización de criterios jurídicos.

Hasta ahora las consultas de carácter técnico-jurídico eran asumidas por el personal de la Dirección General lo que dispersaba esfuerzos, aumentaba la carga de trabajo y ralentizaba la gestión. Con esta medida, la información quedará canalizada de manera exclusiva a través de un personal específico con el fin de dar mayor eficacia a esta labor demanda por las administraciones locales. Al mismo tiempo, Política Territorial continúa tramitando la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitirá continuar desarrollando este servicio en el futuro, asumido por el propio personal de la Dirección General.

El responsable de la citada Consejería, Manuel Miranda, ha explicado que esta iniciativa “es una medida más en la línea de apoyar a las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, en el impulso a la actualización del planeamiento en Canarias”. “La ordenación del territorio”, ha añadido Miranda, “es clave para mantener un desarrollo ordenado y cohesionado de las islas y por esta razón este Gobierno tiene en marcha numerosas líneas de trabajo, entre otras, la actualización de la Ley del Suelo, la recuperación de las subvenciones para el planeamiento, la oficina técnica de apoyo a ayuntamientos o la oficina virtual a municipios reto demográfico”.

El Gobierno aprueba destinar un millón de euros para mitigar inundaciones en Arrecife y Costa Teguise

Política Territorial otorga una subvención al Consejo Insular de Lanzarote que permitirá acometer obras en el barrio de Argana Alta y la redacción de un proyecto en el barranco de El Hurón, en Costa Teguise

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una ampliación presupuestaria de un millón de euros para dar cobertura a la mejora en la red de recogida de agua de lluvias en Argana Alta, Arrecife, y la redacción de un proyecto para aumentar la capacidad en la cabecera del barranco de El Hurón y evitar inundaciones en el núcleo urbano de Costa Teguise, ambos en la isla de Lanzarote. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que se trata de intervenciones que ejecutará el Consejo Insular de Aguas y que tienen como objetivo mitigar las consecuencias cuando hay lluvias intensas en ambas zonas.

Esta modificación presupuestaria dará cobertura a una subvención al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, que será en encargado de tramitar y ejecutar ambos proyectos. Responde al objetivo de evitar daños que habitualmente se producen en ambas zonas cuando hay lluvias intensas, como las ocurridas el pasado 12 de abril que generaron más de 200 incidencias.

El proyecto que se ejecutará en el barrio de Argana Alta, en Arrecife, incluye la intervención en once puntos afectados habitualmente por dichas inundaciones. Se colocarán imbornales conectados a la red en la calle Tanganillo, y en los cruces con las calles de Jorge Luis Borges y de Alejo Carpentier. En la calle Trillo se colocarán estos mismos elementos en varios de sus puntos (calle Buero Vallejo, Las Vírgenes y camino de Los Invernaderos), y se retirarán otros que bloquean en la actualidad la salida de aguas de lluvia.

También se intervendrá en la avenida de Los Geráneos, en las calles Iguazú, Tenderete, Hermanos Álvarez Quintero, Ranchos de Pascua, Saltona y Taro. En esta última se mejorará además la capacidad del paso inferior peatonal de la LZ-3. Todos los trabajos deberán estar terminados en ocho meses, desde el momento en el que se inicien las obras.

La segunda de las medidas que ha acordado el Gobierno de Canarias con el Cabildo Insular es la redacción de un proyecto para implantar un sistema de laminación de aguas en la cabecera del Barranco del Hurón. Este sistema aumentará la defensa frente a inundaciones de Costa Teguise, reduciendo el caudal de agua de lluvia que acaba en el barranco y generando espacios para el almacenamiento de aguas pluviales para su aprovechamiento, por ejemplo, en el riego agrícola o de jardines públicos.

Ambas zonas han sido calificadas en el vigente Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Lanzarote como áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI).

El Gobierno modifica la RPT de la policía canaria para reconocer la disponibilidad de la Brigada Móvil

La ampliación se adecúa las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha aprobado la modificación del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria, contemplado en el anexo del Decreto 187/2024 de 4 de noviembre, para adecuarlo a la disponibilidad y dedicación de los funcionarios que ocupan plazas en la Brigada Móvil (BRIMO). La ampliación del catálogo se adecúa las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025.

En este sentido, la disposición adicional décima de la citada Ley determina que el complemento singular fijo que el catálogo del cuerpo asigne a cada uno de los empleos adscritos a la Brigada Móvil (BRIMO) deberá ser superior, en dieciocho puntos, al que se asigne a los empleos equivalentes adscritos a la Unidad de Recursos Operativos (URO), y que para ello el Gobierno de Canarias debe adaptar el catálogo.

Además, se indica también que el Gobierno de Canarias procederá a ampliar el Catálogo de Puestos del CGPC actual para asignar a los empleos adscritos a la Brigada Móvil (BRIMO) los niveles de complemento de destino, estableciendo que surtirá efectos económicos el 1 de enero de 2025.

El Gobierno de Canarias aprueba la legalización territorial de siete explotaciones ganaderas

El acuerdo del Consejo de Gobierno otorga autorización a la actividad de siete instalaciones en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, dentro del plan de regularizaciones

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy viernes, cinco de septiembre, la legalización territorial de siete explotaciones ganaderas en los municipios de Teguise y Haría (Lanzarote); Telde y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria); y Granadilla de Abona, Fasnia y Arafo (Tenerife), de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, por la que se concede autorización con carácter definitivo tanto a la actividad como a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las siete explotaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La citada normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de ganadería, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Estas autorizaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno se enmarca en un plan de regularización impulsado por la Dirección General de Ganadería para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites dirigidos por el mencionado departamento del Ejecutivo canario. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El Gobierno autoriza una ampliación de crédito de 1,1 millones de euros para Tejeda, en Gran Canaria

La subvención de la Consejería de Turismo y Empleo al ayuntamiento de esta localidad se destinará a la peatonalización y dotación de servicios en la calle Tomás Arroyo Cardoso

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este viernes una ampliación de crédito por importe de 1.166.312,73 euros que la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, destinará al Ayuntamiento de Tejeda, en Gran Canaria, para impulsar la peatonalización y dotación de servicios en la calle Tomás Arroyo Cardoso.

El presupuesto abarca la ejecución de la obra, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la peatonalización y adaptación de servicios en la zona comercial abierta de la calle Tomás Arroyo Cardoso, Cruz Blanca, así como el acceso al albergue, obras que se estiman prioritarias para la mejora de la infraestructura turística del municipio, declarado uno de los Pueblos más Bonitos de España. Estos proyectos cuentan con la documentación técnica y autorizaciones administrativas necesarias para su ejecución.

La actuación se enmarca en las líneas, ejes y objetivos de la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares y en el convenio marco que le da soporte, suscrito entre la Consejería de Turismo y Empleo con los Cabildos Insulares, cumpliéndose, asimismo, con los objetivos del programa presupuestario denominado ‘Infraestructuras Turísticas y Gestión Integral de Núcleos Turísticos’.

 

 

 

 

 

 

El Gobierno aprueba el nombramiento de Oscar Díez como director gerente del Hospital La Candelaria

Díez Gil, licenciado Medicina y Cirugía y especialista en Microbiología y Parasitología, era hasta este momento director médico de este centro hospitalario

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada este viernes, día 5 de septiembre, aprobó el nombramiento de Oscar Díez Gil como nuevo director gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, ante el cese a petición propia del hasta ahora gerente del centro hospitalario, Roberto Gómez Pescoso, a quien el Gobierno agradece los servicios prestados.

Díez Gil, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, es especialista en Microbiología y Parasitología y cuenta, además, con un máster en Dirección Médica y Gestión Clínica y con los títulos de Experto Universitario en Programa de Optimización de Antibióticos (PROA) y en Alta Dirección Pública.

Asimismo, ha tenido estancias formativas en centros hospitalarios como el Mount Sinaí Hospital de Toronto, el Hospital Carlos III de Madrid y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Hasta ahora, Díez ocupaba el puesto de director médico del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro en el que también fue subdirector médico, jefe de servicio de Microbiología y Laboratorio Clínico y jefe de sección de Microbiología.

Además, Oscar Díez cuenta con experiencia docente, dado que es profesor de la especialidad Enfermería Comunitaria y Salud Pública II en la Universidad de La Laguna y el curso superior de Dirección y Gestión Sanitaria en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN).

También forma parte de grupos de investigación, innovación y desarrollo como el equipo de investigación del Proyecto ECDC/HERA, del grupo de Estudio del control de la calidad de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), y del Spanish Working Group on MDRTB de la Universidad de Zaragoza, además de contar con diversas publicaciones y documentos científicos y técnicos.

El Gobierno de Canarias completa el pago de las viviendas habituales sepultadas por el volcán de La Palma

En un año se han emitido 16 órdenes de pago para un total de 1.415 beneficiarios

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha completado el pago de las compensaciones por el valor real a todas las personas que perdieron su vivienda habitual por el volcán de Tajogaite, en La Palma. Quedan 25 expedientes de primeras viviendas que la Administración no ha podido abonar por problemas documentales de los titulares (herencias, localización de propietarios, etc.). Una vez resueltos esos problemas, se abonarán.

Entre julio de 2024, cuando se puso en marcha el primer Plan de Pagos, hasta julio de 2025, desde la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma se han emitido un total de 16 órdenes de pago para abonar las compensaciones por 800 viviendas habituales. Son, en total, 1415 personas beneficiadas.

Para afrontar el pago de las compensaciones, el Gobierno de Canarias ha aportado 50 millones de euros con cargo a los presupuestos autonómicos de 2024 y otros 50 millones de euros con cargo a los presupuestos de 2025, a lo que se suman 100 millones de euros aportados por el Gobierno de España con cargo a los PGE de 2023, que fueron transferidos en enero de 2024.

Una vez firmada la última orden de pago de todas las viviendas habituales que se llevó el volcán, la Consejería de Presidencia inició el pasado 31 de julio en El Paso la retirada de las dos primeras casas de madera ya vacías, y el 19 de agosto empezó con la retirada en Los Llanos de Aridane de las casas contenedor también vacías, proceso que se irá desarrollando a medida que estas viviendas provisionales, propiedad del ICAVI, se vayan desalojando.

A partir de ahora, a través del ICAVI, se dará a las personas allí alojadas un plazo razonable para que puedan ir buscando una solución habitacional propia. Aquellas que, aun habiendo cobrado la compensación, la cuantía no les permita acceder a una vivienda, tendrán la oportunidad de optar, con criterio social, al alquiler de las 53 viviendas compradas recientemente por el Cabildo de La Palma, con financiación de la Consejería de Presidencia, en Los Llanos de Aridane, que están en construcción y estarán finalizadas en un plazo de 15 meses.

Desde la Consejería de Presidencia se han transferido 24 millones de euros al Cabildo de La Palma para la construcción o compra de vivienda pública; 28,7 millones al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane; 3 millones al Ayuntamiento de Villa de Mazo y 800.000 euros al Ayuntamiento de El Paso. A esto se suman 22 millones del ICAV también para la construcción de viviendas en la isla. Estas viviendas darán respuesta tanto a personas afectadas por el volcán, como al resto de personas que están inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida.

Segundas viviendas y fincas

Completadas las compensaciones por las viviendas habituales, el Gobierno de Canarias iniciará en septiembre la tramitación de los expedientes para abonar las compensaciones por las segundas viviendas en 2026 y seguirá reclamando al Gobierno de España que aporte los 100 millones correspondientes a 2024 y los 100 millones de 2025 para poder abonar las más de 1.300 fincas que se perdieron bajo la lava.

El Gobierno de Canarias fija el límite de gasto en 12.143 millones de euros para el próximo ejercicio 2026

Esta es la cifra con la que la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea parte para la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, fijar el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026 en 12.143.143,09 millones de euros. Esta cifra supone 538 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2025.

Ahora bien, este límite podrá variar en función de la cuantía de los ingresos previstos para 2026 en concepto de financiación afectada. Asimismo, el límite también podrá sufrir variaciones atendiendo al cálculo del saldo ajustado de la CAC en 2026 o si se produjeran cambios en las reglas fiscales establecidas por el Estado.

Exigencia de cumplimiento de la regla del gasto

El límite de gasto no financiero de 2026 lo determina la regla del gasto, que señala que la variación del gasto computable de la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española (3,3% en 2026).

La aplicación de esta norma conlleva que la comunidad autónoma obtendrá un superávit o capacidad de financiación estimado en 106,58 millones de euros para 2026. Esta cifra representa un 0,17% del PIB, es decir, un porcentaje superior al 0,1% del PIB establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 para las comunidades autónomas.

En consecuencia, los posibles fondos provenientes de mayores recursos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) y de otros ingresos no financieros de 2026 respecto al inicial de 2025, no se podrán aplicar a empleos no financieros y, por lo tanto, no se podrán destinar ni a financiar las necesidades básicas de los canarios, ni a bajar impuestos.

Ante estas distorsiones en el funcionamiento de las reglas fiscales actuales, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea insiste en que el incumplimiento de la regla de gasto no dé lugar a la aplicación de las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), siempre que la comunidad autónoma mantenga “equilibrio o superávit estructural” y deuda inferior al 13% del PIB. Esta propuesta del Gobierno de Canarias es absolutamente respetuosa con la Constitución española y con la actual normativa de la Unión Europea, por lo que anima a todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias a apoyar esta propuesta de disposición legal.

Marco normativo y magnitudes tomadas en cuenta

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), obliga a las comunidades autónomas a aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.

En el momento actual no se han aprobado los objetivos de estabilidad y deuda pública para el período 2025-2027 y 2026-2028, tanto para el conjunto de las Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores, ni los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria de cada una de las Comunidades Autónomas en la forma establecida en la LOEPSF. Por lo tanto, la última referencia considerada por el Ministerio de Hacienda, sobre la base del criterio establecido en el informe de la Abogacía del Estado en diciembre de 2023, es el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026, que contempla en 2026, un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas.

En cuanto a la regla del gasto, la variación del gasto computable determinada por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española fijada en un 3,3% para 2026.

Respecto a los recursos del Sistema de Financiación Autonómico, el pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del Real Decreto-ley 6/2005, de 17 de junio, sobre las medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. El importe provisional de las entregas a cuenta para el ejercicio 2026 asciende a 6.800 millones de euros, mientras que la previsión de la liquidación definitiva del año 2024 se cifra en 1.100 millones de euros. En total, la cantidad del SFA por ambos conceptos se cifra en 7.900 millones de euros.

Con la comunicación del límite de gasto no financiero se da cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que obliga a las comunidades autónomas a aprobar un límite máximo de gasto antes del 1 de agosto. Con la determinación de esta cifra, el Gobierno de Canarias puede iniciar la elaboración del presupuesto 2026, que deberá entregar al Parlamento antes del 31 de octubre para su posterior tramitación.