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Acuerdos de gobierno

El Gobierno declara la situación de emergencia tecnológica para reforzar la atención digital a los ciudadanos

La medida estará en vigor desde el 1 de julio al 31 de diciembre para activar un paquete de actuaciones clave que fortalecerán el sistema informático de la Comunidad Autónoma

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes a propuesta de la Dirección General de Transformación Digital la declaración de emergencia tecnológica en la Comunidad Autónoma de Canarias, una medida excepcional cuyo objetivo es agilizar la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones destinadas a reforzar el sistema informático del Ejecutivo autonómico y garantizar el mejor servicio posible a la ciudadanía.

La decisión se enmarca dentro del compromiso del Gobierno canario con la modernización digital de la Administración pública, tras detectar la necesidad de dotar al sistema de mayor capacidad, resiliencia y eficiencia.

Esta declaración de emergencia coincide con el fallo de los servidores de la Comunidad Autónoma registrado la pasada semana. En este sentido, la directora general de Transformación Digital, Guadalupe González Taño, apuntó “a la necesidad de adoptar medidas decididas y eficaces para dotar a nuestra Comunidad de un mayor músculo tecnológico. La declaración de emergencia nos permite avanzar con la máxima agilidad en esa dirección”.

Desde el Gobierno se subraya que esta medida refleja una vez más la capacidad de respuesta firme y valiente ante los retos tecnológicos, actuando siempre con el ciudadano en el centro de las decisiones.

“Nuestro objetivo es claro: seguir avanzando en la digitalización de los servicios públicos como herramienta clave para mejorar la vida de la gente”, añadió González Taño.

Seis meses para fortalecer el sistema

La emergencia tecnológica estará en vigor desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque podrán ampliarse si fuese necesario Durante este periodo, el Gobierno de Canarias pondrá en marcha un paquete integral de acciones para mejorar la estructura tecnológica de la Administración pública autonómica que permitirán reforzar la seguridad, capacidad de respuesta, eficiencia operativa y calidad de la atención digital que se presta a la ciudadanía.

Entre las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno figura la autorización al Ejecutivo para la contratación por la vía de urgencia de los servicios y recursos necesarios para el fortalecimiento del sistema, la agilización en la ejecución de contratos tecnológicos estratégicos, el refuerzo del personal técnico y la autorización de horas extraordinarias para los equipos especializados que trabajarán en la mejora y estabilización de los sistemas.

Compromiso con una administración digital fuerte

El Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la transformación digital como herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, reducir trámites, garantizar la equidad en el acceso a los servicios y asegurar la eficiencia del sector público.

Entre los servicios que presta el Gobierno canario y que reforzará esta declaración figura la Sede Electrónica y el Punto General de Acceso de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que están integrados todos los departamentos del Gobierno de Canarias y los organismos públicos a excepción de la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo. También incluye las herramientas a disposición de los empleados públicos, entre ellas, el Portafirmas electrónico, que permite la gestión centralizada de los documentos o el servicio de correo electrónico. Asimismo, gestiona los sistemas Atlante, ligado a la gestión judicial, y Rescan, encargado del sistema de emergencias, que no se vieron afectados por la incidencia registrada la semana pasada.

El Gobierno invierte 12,8 millones de euros en la limpieza de los juzgados de las islas

El plazo de ejecución será de dos años, a contar desde el 1 de enero de 2026, y el importe se distribuye en dos lotes

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha autorizado la inversión de 12.860.860 euros para la contratación del servicio de limpieza de los juzgados de las islas.

El plazo de ejecución de la contratación será de dos años, a contar desde el 1 de enero de 2026 y el importe se distribuirá en dos lotes, uno por provincia. Para Las Palmas será de 8.112.540 euros, mientras que para Santa Cruz de Tenerife la cantidad ofertada asciende a 4.748.319 euros.

La nueva contratación para la limpieza de las sedes, oficinas y órganos judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias se hará por procedimiento abierto de adjudicación y se tramitará con carácter de urgencia,

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia asume el expediente al ser el órgano competente en la gestión y mantenimiento de infraestructuras para las sedes judiciales, así como de los restantes medios materiales que se destinan a la Administración de Justicia.

Canarias amplía su oferta académica con nuevos másteres oficiales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno da luz verde a dos títulos centrados en el desarrollo sostenible y la tecnología digital

El Consejo de Gobierno de Canarias, celebrado este lunes 30 de junio en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, ha autorizado la implantación de dos nuevas titulaciones oficiales de máster en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). La iniciativa, promovida por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, que dirige Migdalia Machín, amplía las opciones de formación académica en áreas clave para el archipiélago.

Los másteres aprobados son el Máster Universitario en Turismo y Desarrollo Sostenible y el Máster Universitario en Electrónica y Tecnología Digital Aplicada, orientados a preparar perfiles profesionales altamente cualificados en sectores estratégicos para el futuro de Canarias.

Ambos programas han superado con éxito la evaluación de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), y cumplen con los requisitos establecidos en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico continúa avanzando en su compromiso con una formación académica de calidad, actualizada y vinculada a las necesidades reales del entorno económico y social de las Islas.

El Gobierno aprueba el primer Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) de Funcatra

El documento, con vigencia hasta 2028, pretende optimizar el funcionamiento de la fundación, mejorando su estructura de recursos humanos y modernizando su organigrama

A través de esta estrategia se crean seis nuevas plazas con carácter indefinido y se autoriza la convocatoria de cuatro cambios de categoría profesional

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este lunes el primer Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra) para el periodo 2025-2028.

Este organismo, perteneciente a la Consejería de Turismo y Empleo, y dependiente del Servicio Canario de Empleo (SCE), tiene como objetivo promover el fomento y progreso del trabajo, contribuyendo a la mejora de la empleabilidad de la ciudadanía con el fin de impulsar la generación de empleo estable y de calidad en Canarias.

La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, afirma que Funcatra “aspira a ser un actor relevante en el desarrollo del empleo y del tejido productivo en el archipiélago, aportando valor a la sociedad, intentando hacer efectivos los principios de eficacia, eficiencia y servicio al ciudadano”. Además, “pretende ser un modelo de fundación que incorpore e integre el talento y la capacidad de su personal en la gestión de sus áreas competenciales, mediante procesos ágiles, eficientes, de calidad, innovadores y digitales”, apuntó.

Según consta en la memoria justificativa, el IPE trata de modernizar la estructura organizativa de la fundación para lograr una mayor eficacia en las actuaciones, de tal forma que se asemeje a una organización empresarial moderna, con agilidad en las decisiones internas para lograr las metas marcadas de cara a los próximos años.

Para ello, contiene la aprobación del nuevo organigrama institucional, la aprobación de seis nuevas plazas indefinidas y cuatro cambios de categorías profesionales mediante la convocatoria del proceso selectivo que corresponde legalmente, las cuales se distribuyen en Departamento Económico Administrativo; Departamento de Empleo; Departamento de Recursos Humanos; y Departamento de Observatorio Canario de Empleo (OBECAN).

Actualmente, Funcatra cuenta con setenta y tres trabajadores, cincuenta como personal fijo y veintitrés de carácter eventual.

El propósito es que todos los departamentos tengan un número de trabajadores suficiente para llevar a cabo las tareas necesarias, y que estos realicen las funciones acorde a la categoría que ostentan. Asimismo, dentro de estos cambios de la organización se pretende modificar el organigrama de la fundación, dotándolo de varios pilares clave en el funcionamiento, para que Funcatra se fortalezca en su estructura y sirvan de apoyo a la gerencia en la dirección y gestión de la entidad en su día a día.

En este sentido, es fundamental modernizar y actualizar su funcionamiento, con el objeto de asemejarse más a una empresa de consultoría, dentro del Gobierno de Canarias, y servir de apoyo a cualquier Consejería u organismo en sus proyectos relacionados con la actividad.

Objetivos 2025-2028

Los objetivos estratégicos de Funcatra para el periodo 2025-2028 son promover la transformación de las políticas activas de empleo adaptadas a la estructura productiva canaria a partir de su análisis; favorecer un desarrollo económico sostenible y el fomento del empleo basado en el conocimiento y mejorar la empleabilidad de la ciudadanía a través de la capacitación y cualificación.

Además, busca lograr una fundación orientada a las personas, responsable, sostenible, proactiva y transparente; mejorar la calidad de los servicios prestados y la gestión administrativa; optimizar la coordinación y la estrategia de comunicación interna y externa y optimizar la gestión de los recursos humanos disponibles en Funcatra, así como gestionar de forma eficiente y eficaz la Tesorería, con el objeto de mantener el equilibrio financiero y la solvencia económica, e impulsar su modernización.

Este plan se encuentra alineado con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y con el Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias, entre otros, teniendo en cuenta, asimismo, las estrategias que más se relacionan con el fin de la fundación por su objeto, como puede ser la Estrategia Canaria de Apoyo Activo al Empleo (ECAE) 2021-2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno aprueba la legalización de una explotación ganadera en Gran Canaria

El acuerdo del Consejo de Gobierno otorga autorización a la actividad y las edificaciones e instalaciones de la finca en el marco de un plan de regularizaciones impulsado desde la Dirección General de Ganadería

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 30 de junio, la legalización territorial de una explotación ganadera en el municipio de Telde, Gran Canaria, dedicada a la producción de leche de caprino y ovino y la producción de carne de ovino y bovino.

Esta medida, que se enmarca en un proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería, supone la autorización definitiva tanto de la actividad como de las correspondientes edificaciones e instalaciones como un patio cubierto de 883,90 m², una sala de ordeño de 45,6 m², un almacén de 53,9 m², o un corral de baifos de 33,60 m², entre otros espacios, bajo el requisito del cumplimiento de las actuaciones pertinentes en materia sanitaria, ambiental, funcional, estética y de bienestar animal que deberán ejecutarse en un plazo de 18 meses.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, la explotación se encuentra en funcionamiento y en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) desde el 17 de febrero de 2000, tal y como quedó certificado durante la inspección realizada.

Por otra parte, el estudio comparativo de fotografías realizado acreditó la ejecución de la explotación con anterioridad al 15 de mayo de 1999, fecha de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio en Canarias, por lo que resulta aplicable el procedimiento previsto en la Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Esta normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de ganadería, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio en Canarias.

Esta medida adoptada por el Consejo de Gobierno se enmarca en un plan de regularización impulsado por la Dirección General de Ganadería para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites dirigidos por el mencionado departamento del Ejecutivo canario. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos Cabildos como a los Ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otros departamentos del Gobierno regional, entre ellos la Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El Gobierno respalda la inversión de la RIC en inmuebles situados en Canarias y destinados al alquiler

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, a instancia del Parlamento de Canarias, expresar su parecer favorable a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda en las Islas Canarias.

Esta Proposición de Ley (PPL), aprobada por del Congreso de los Diputados, permite, entre otras cosas, que las cantidades dotadas en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se puedan invertir, manteniendo el beneficio fiscal, en bienes inmuebles situados en Canarias, siempre que se destinen, de modo novedoso, al arrendamiento de vivienda habitual. De esta manera, se pretende ampliar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler habitual y contribuir a paliar los problemas de escasez de vivienda en alquiler existentes en el archipiélago.

Por un lado, se incrementa la oferta de alquiler de viviendas de protección oficial para atenuar la situación de emergencia habitacional en la que se encuentran muchos canarios, que tienen mayoritariamente rentas bajas y, por tanto, son posibles demandantes de este tipo de viviendas. Además, con la eliminación de que la actividad de arrendamiento de viviendas protegidas tenga que realizarse exclusivamente por la sociedad promotora, se busca una mayor oferta de esta modalidad de arrendamiento, al permitir realizar esta actividad económica, sin perder el incentivo fiscal, a entidades que no se dediquen a la promoción de viviendas protegidas.

Y, por otro lado, se incrementa también la oferta de alquiler de vivienda libre para aquellas familias que, por sus rentas, no pueden acceder a viviendas de protección oficial, pero que tampoco disponen de renta suficiente para acceder a la vivienda libre, al menos mientras dure la situación de emergencia habitacional.

Con la expresión de su parecer favorable, el Consejo de Gobierno da así cumplimiento a la Mesa del Parlamento que, por acuerdo de 24 de junio, daba de plazo para remitir la postura del Gobierno hasta mañana martes, día 1 de julio.

En cualquier caso, el Gobierno ya manifestó su parecer favorable en sesión del pasado 10 de marzo de 2025, sin perjuicio de trasladar diversas correcciones técnicas, respecto del texto inicial.

El siguiente paso será la tramitación de la proposición de ley en el Senado, siendo previsible que, si se introducen enmiendas, se vuelva a solicitar el informe del Parlamento de Canarias, como paso previo a su aprobación definitiva en las Cortes. El Senado tiene de plazo para la tramitación y, en su caso, aprobación, hasta el 27 de octubre de 2025.

El Consejo de Gobierno aprueba las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2026

Las cuentas autonómicas para el próximo año persiguen la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, con prioridad en la mejora del sistema de bienestar

El presupuesto autonómico de 2026 da respuesta a los retos asociados a la mejora del modelo económico de la región, de modo que genere un mayor valor añadido y empleo estable y de calidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el acuerdo por el que se establecen las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026.

Estas directrices regirán el proceso de elaboración de los presupuestos para cada departamento de la administración pública de la Comunidad Autónoma y todos sus entes públicos, desde la perspectiva de los gastos estructurales y compromisos ciertos. A partir de ahí, será el Gobierno quien, en uso de sus prioridades en el orden político, defina la distribución de aquellos recursos disponibles entre las políticas sectoriales que estime necesario dotar e incrementar.

La Comunidad Autónoma de Canarias afronta la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales para el ejercicio 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre propiciada por el contexto político a nivel nacional y por las tensiones geopolíticas en el ámbito internacional. En este sentido, la prórroga por parte del Gobierno de España de los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, al igual que en el ejercicio anterior, añade incógnitas al proceso de elaboración del presupuesto autonómico.

En cuanto a las magnitudes, el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 contempla para 2025 un déficit público del conjunto de las administraciones públicas del 2,7% del PIB y el descenso de la ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB. Asimismo, se incluye una proyección de la capacidad o necesidad de financiación de los distintos niveles de la administración pública.

Para la regla de gasto, la última referencia disponible tiene en cuenta la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el período 2025-2027 establecida en el Informe de Situación de la Economía Española de 2024, que se sitúa en el 3,2% para el ejercicio 2025 y en el 3,3% para el ejercicio 2026.

En este contexto, la elaboración del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias supone una muestra de solidez institucional, que se basa, inicialmente, en el marco presupuestario definido por el plan presupuestario a medio plazo aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 14 de abril, y que deberá adaptarse al conjunto de instrumentos de estabilidad presupuestaria a aplicar en el ejercicio o si se dispone de una mayor concreción de la aplicación de las reglas fiscales.

Las cuentas autonómicas para el ejercicio 2026 perseguirán la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, priorizando la mejora del sistema de bienestar, en especial en el ámbito de la sanidad, los servicios sociales, la educación y el acceso a la vivienda, que constituyen la clave del presupuesto.

El presupuesto autonómico para el ejercicio 2026, también pretende dar respuesta a los retos asociados a la mejora del modelo económico de la región, de modo que genere un mayor valor añadido y empleo de calidad y estable. Asimismo, debe atender a cuestiones estratégicas en materia de energía, transformación digital o medio ambiente.

En 2026 será necesario impulsar el despliegue de los fondos europeos del marco financiero plurianual 2021-2027, que constituyen una prioridad dentro del presupuesto autonómico, para que estos fondos contribuyan al crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad empresarial, la transformación digital, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. En 2026 también finaliza el marco temporal establecido por la Unión Europea para los proyectos financiados con cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), lo que hace indispensable priorizar su ejecución.

Objetivos del Gobierno

Los objetivos generales del Gobierno para la presente legislatura 2023-2027, se basan en ocho ejes que establecen las bases del proyecto de Canarias a medio y largo plazo: mejora del estado del bienestar social con incidencia en sanidad, servicios sociales y acceso a la vivienda; fijar la Educación como base para el progreso personal y de la sociedad, del desarrollo económico y de la generación de empleo; potenciar el REF para incentivar la economía y crear empleo; aplicar una política tributaria justa; priorizar la sostenibilidad y la planificación en la política territorial y energética; fijar las políticas de igualdad; prestar especial importancia a cuestiones estratégicas como el transporte, telecomunicaciones, mercado interior; fomentar la modernización de la administración pública e impulsar la evaluación de las políticas públicas.

El Gobierno da luz verde al Decreto que regula el nuevo repertorio de oficios artesanos de Canarias

El texto también reglamenta los contenidos de las pruebas para acceder a la condición de artesano y regula las normas que rigen las ferias de artesanía de ámbito regional

La nueva norma incluye tareas como el pirograbado, relojería, cestería y la elaboración de mosaicos, pipas, redes, escobas o zurrones, entre otros

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado definitivamente tras la consulta del Consejo Consultivo, el proyecto de Decreto por el que se acuerda el repertorio de los oficios artesanos, los contenidos de las pruebas para acceder a la condición de artesano y se regulan las normas que rigen las ferias de artesanía de ámbito regional. El texto es resultado de un profundo trabajo de consenso de la Comisión Canaria de Artesanía.

Con esta nueva regulación, el Gobierno pretende dar respuesta a las demandas del sector artesano para que se modifique y amplíe el número de oficios y técnicas artesanas con el objeto de ajustarlo a la evolución del sector, y que éste pueda beneficiarse en mayor medida de las acciones de fomento de la artesanía que ejecutan las Administraciones Públicas. En este sentido, se incluyen en el repertorio los oficios de pirograbado, relojería, elaboración de utensilios tradicionales (redes, pipas, escobas, zurrones…), camisería graciosera, elaboración de mosaicos y de mosaicos hidráulicos, cestería y tejer a dos aguas. Además, se agrupan los carnés por oficios y se actualizan algunas técnicas como la microfusión en la tarea de decoración de cristal. En total, el repertorio de oficios artesanos se superaría los 90.

Asimismo, a petición de las administraciones competentes, sobre todo de los cabildos insulares, a los que les compete los procedimientos y pruebas para la obtención de los carnés de personas artesanas, se han revisado las pruebas de acceso a determinados oficios con los siguientes objetivos: aumentar la seguridad jurídica para todos los agentes implicados en dichos procedimientos, ajustar mejor las pruebas a la definición del oficio, y que quede mejor acreditado el dominio de las técnicas artesanas y la calidad en la producción por parte de los aspirantes.

En cuanto a la regulación del procedimiento de selección y de las condiciones de participación de las personas artesanas en las ferias de artesanía de ámbito regional, se fija un marco regulador de carácter reglamentario, para dar un soporte jurídico adecuado a la tramitación electrónica, a la interoperabilidad y a la cooperación interadministrativa, para que redunde en una menor carga administrativa y una mayor seguridad jurídica para la persona artesana que desee concurrir.

El Gobierno aprueba una inversión de 350.000 euros para el proyecto Barrios Orquestados

La financiación permitirá sostener la actividad de esta iniciativa educativa y musical que impulsa la inclusión social a través de la cultura en entornos con dificultades

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, una inversión por valor de 350.000 euros destinada al desarrollo del proyecto Barrios Orquestados. Esta aportación económica permitirá seguir impulsando una iniciativa que utiliza la educación musical como herramienta de transformación social, especialmente en entornos con mayores índices de vulnerabilidad.

La medida permitirá sostener la actividad de un programa que desde hace años se ha consolidado como una herramienta transformadora en aquellas comunidades donde actúa. A través de la música y el trabajo colectivo, Barrios Orquestados contribuye a mejorar la autoestima del alumnado, promover la convivencia y estrechar los vínculos entre familias, escuelas y entorno.

La iniciativa de Barrios Orquestados, desarrollada por la Asociación Cultural Orquesta Clásica Bela Bartók, trabaja en zonas de exclusión social utilizando el lenguaje universal de la música como vía de inclusión y desarrollo personal. El proyecto enseña a tocar un instrumento y, al mismo tiempo, favorece la construcción de comunidades, construyendo referentes positivos a través de la música y ofreciendo nuevas oportunidades a menores que, de otro modo, tendrían un acceso muy limitado a la formación artística.

Esta decisión del Gobierno de Canarias responde al compromiso del área dirigida por Poli Suárez con la promoción de políticas educativas y culturales inclusivas en proyectos que, como el de Barrios Orquestados, demuestran que el arte puede ser una herramienta de igualdad y justicia social. En un contexto de incertidumbre económica, el respaldo institucional a este tipo de iniciativas cobra aún mayor relevancia, al garantizar que la cultura llegue también a quienes más la necesitan.

Sobre este particular, Suárez calificó la labor de Barrios Orquestados como “un orgullo no solo para toda la ciudadanía, sino un ejemplo para todas las instituciones” por lo que “desde que en el Gobierno de Canarias supimos de su situación, mostramos nuestra firme voluntad de ayudarles”. “Hoy, finalmente, aprobamos la financiación extraordinaria con la que cumplimos con ese compromiso adquirido”, agregó.

Con esta inversión, el Gobierno autonómico refuerza su compromiso con una educación accesible para toda la juventud, independientemente de su contexto socioeconómico, además de reconocer la importancia y la necesidad de proyectos que mejoren la vida de muchas personas a través de acciones cercanas como, en este caso, aprender a tocar un instrumento, compartir en grupo y crecer en comunidad.

El Gobierno aprueba la legalización de una explotación ganadera en Fuerteventura con más 500 cabezas de caprino

El acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno autoriza a la actividad y las edificaciones e instalaciones de la finca en el marco de un plan de regularizaciones impulsado desde la Dirección General de Ganadería

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 23 de junio, la legalización territorial de una explotación ganadera en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, dedicada principalmente a la producción de leche y elaboración de quesos, con un censo de 556 cabezas de caprino, así como otras actividades adicionales, como la producción de huevos de gallina, de carne de porcino o de ovino.

Esta medida, que se enmarca en un proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería, supone la autorización definitiva tanto de la actividad como de las correspondientes edificaciones e instalaciones, entre ellas una sala de ordeño de 81,20 m², una lechería, quesería, almacén y un punto de venta de queso, bajo el requisito del cumplimiento de las actuaciones pertinentes en materia sanitaria, ambiental, funcional, estética y de bienestar animal que deberán ejecutarse en un plazo de 18 meses.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, la explotación se encuentra en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) desde el 10 de octubre de 1992 y la actividad ganadera se encuentra en funcionamiento actualmente, tal y como quedó certificado durante la labor inspectora practicada.

Por otra parte, el estudio comparativo de fotografías realizado acreditó la ejecución de la explotación con anterioridad al 15 de mayo de 1999, fecha de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio en Canarias, por lo que resulta aplicable el procedimiento previsto en la Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Esta normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de ganadería, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio en Canarias.

Esta medida adoptada por el Consejo de Gobierno se enmarca en un plan de regularización impulsado por la Dirección General de Ganadería para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites dirigidos por el mencionado departamento del Ejecutivo canario. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos Cabildos como a los Ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.