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Acuerdos de gobierno

El Gobierno autoriza la implantación del programa oficial de Doctorado en Desarrollo Integral e Innovación en Destinos Turísticos en la ULPGC

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el proyecto de decreto por el que se acuerda la implantación, a partir del curso actual, del programa oficial de Doctorado en Desarrollo Integral e Innovación en Destinos Turísticos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con el fin de adaptarlos al proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado con la Declaración de Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema flexible de titulaciones, comprensible y comparable, que promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes y una mayor competitividad internacional del sistema de educación superior europeo.

Fruto de dicha transformación el Real Decreto 1.393/2007 de 29 de octubre, estructura las enseñanzas universitarias en tres ciclos denominados Grado, Máster y Doctorado. Las enseñazas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

Las enseñanzas de Máster tienen como objetivo la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Y las enseñanzas de Doctorado tienen como fundamento la formación avanzada del estudiante en las técnicas de la investigación.

El Gobierno central da la razón al Ejecutivo autónomo en un requerimiento de incompetencia en la autorización de un cable submarino

El Gobierno central ha aceptado un requerimiento de incompetencia planteado por el Ejecutivo autonómico en relación con la autorización de la línea eléctrica de 132kv denominada La Oliva-Playa Blanca y recogida en la planificación de los sectores de la electricidad y gas 2008-2016 bajo la denominación Corralejo-Playa Blanca, según informó hoy al Consejo de Gobierno de Canarias el jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero.

El requerimiento fue planteado por el Gobierno de Canarias el pasado mes de marzo, al considerar que la apertura del periodo de consultas para la evaluación de impacto ambiental realizada por el Ministerio de Medio Ambiente estaba violando las competencias autonómicas y que era, precisamente, la Comunidad Autónoma quien debía resolver estas autorizaciones, dados los precedentes y que ya existía un cable submarino de similares características autorizado por la Comunidad Autónoma.

Las instalaciones que conectan en tierra son competencia de la Comunidad Autónoma y, a partir de la vigencia de la Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de Aguas Canarias, también lo han de ser las situadas en el ámbito territorial del archipiélago definido por la citada norma.

El Consejo de Ministros acordó el pasado 29 de abril aceptar el requerimiento planteado por el Gobierno canario. En su escrito, señala que «a discrepancia ha surgido por el hecho de que el cable transcurre en la mayor parte de su trazado por el fondo marino entre dos islas del archipiélago. Ahora bien, al Consejo de Ministros le parece razonable considerar que en un archipiélago el transporte secundario tenga su proyección en el medio marino, de manera que la competencia sobre el mismo se atribuya a la Comunidad Autónoma de conformidad con su Estatuto de Autonomía, y sin perjuicio de las referidas competencias estatales en lo relativo a la planificación del sector eléctrico».

El Gobierno aprueba el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 104/2002 de 26 de julio de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios

El objetivo de este cambio es minimizar los gastos derivados del traslado de estos restos hacia gestores en la Península y posibilitar su gestión a través de empresas privadas autorizadas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, 17 de mayo de 2011, el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios, con el propósito de minimizar los gastos derivados del traslado de estos restos hacia gestores autorizados en la Península y posibilitar que su gestión pueda ser llevada a cabo por empresas privadas autorizadas.

Dicho Decreto establece la modificación del artículo 10.2-en el que se dispone que el tratamiento y la eliminación de los residuos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, sólo se podrá realizar en las instalaciones dispuestas a tal fin en los Complejos Ambientales de residuos o Centros Hospitalaria- de forma que dicha actividad pueda llevarse a cabo en las infraestructuras destinadas a esta función, que se ajusten a los dispuesto en la normativa en materia de autorización de gestión de residuos.

El cambio efectuado en dicha normativa obedece a las características del archipiélago, que carece de infraestructura y métodos ambientalmente adecuados para el tratamiento y la eliminación de los distintos residuos sanitarios- lo que hace que la logística para su traslado y los costes de gestión sean elevados- y la gran cantidad producida por los centros pertenecientes al Servicio Canario de Salud y otras entidades como centros de tratamiento privados o clínicas veterinarias, entre otros.

Asimismo se fundamenta en el artículo 25.1 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, el cual establece que «la eliminación de residuos se basará en el principio de proximidad» y responde a la necesidad de adoptar las medidas normativas necesarias para minimizar el traslado de este tipo de sustancias hacia gestores autorizados en la península, así como el sobre coste que conlleva, posibilitando que su gestión pueda realizarse en instalaciones adecuadas a tal fin, dando cabida a la iniciativa privada a través de empresas autorizadas dedicadas a esta actividad.

Se procede también a la modificación del artículo 3 de dicho Decreto 104/2002, que clasifica los residuos sanitarios- y en el que se consideran como Residuos Sanitarios específicos o de biorriesgo, los restos anatómicos que por su entidad no se incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio»-con el objetivo de precisar cuáles son los restos que por su escasa entidad se pueden enmarcar en este tipo de residuos, en virtud del principio de seguridad jurídica y a fin de aclarar a los destinatarios de la norma cómo debe ser su aplicación.

En este sentido se precisa que son considerados residuos sanitarios específicos o de biorriesgo, los abortos hasta la 14ª semana de gestación, amputaciones o mutilaciones que afecten a extremidades o miembros a nivel de metacarpiano, metatarsiano, apéndices, órganos y vísceras procedentes de operaciones quirúrgicas.

El Gobierno autoriza un gasto de casi seis millones de euros para el Centro de Atención a Usuarios de la Consejería de Educación

La contratación del servicio abarca hasta el año 2013

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la autorización de un gasto plurianual de 5.849.547,88 euros derivado de la prórroga y modificación del contrato administrativo de servicios denominado «Centro de Atención a Usuarios de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CAU-CE)».

Dicho gasto se distribuye de acuerdo con las siguientes anualidades: año 2011 (1.439.753,37 euros), año 2012 (3.126.302,92 euros) y año 2013 (1.283.491,59 euros).

La finalidad de esta inversión es la mejora de los servicios ya existentes orientados a la atención de los usuarios de los centros educativos públicos no universitarios, así como el mantenimiento, nuevos desarrollos de las aplicaciones informáticas y diversos suministros.

El reseñado servicio se adjudicó en abril de 2009 con vigencia comprendida entre el 1 de mayo de dicho año y el 31 de mayo de 2011, pudiendo ser prorrogado dicho plazo de mutuo acuerdo por un periodo igual de tres años.

El Gobierno de Canarias concede 265.572 euros al Cabildo de La Palma para la prevención y extinción de incendios forestales

La subvención irá destinada a la contratación de cuadrillas para la temporada estival

El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la asignación de 265.572 euros al Cabildo de La Palma para el refuerzo de las brigadas contra incendios forestales en la temporada estival. Esta subvención irá destinada a la ejecución de acciones preventivas y a la extinción de un posible incendio que se ocasione en las zonas arboladas del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

La orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que ha sido aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, justifica la concesión de esta ayuda directa a la Corporación Insular palmera por la situación crítica a la que se ve sometida durante los meses de verano la extensa superficie arbolada que posee el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.

Las condiciones de alta sequedad y elevadas temperaturas previstas para los meses estivales hacen que se acreciente el peligro de incendios forestales, por lo que es necesaria la contratación de brigadas que refuercen las tareas de prevención y que atiendan, a la mayor brevedad posible, cualquier emergencia que se presente con los recursos adecuados.

El objeto de la partida económica acordada por el Gobierno de Canarias es la contratación de cuadrillas para la realización de diferentes actuaciones de protección forestal en La Palma, centradas fundamentalmente en la ordenación de los combustibles vegetales, el establecimiento de fajas auxiliares, la vigilancia de los montes y la extinción de incendios forestales si se produjeran.

La cuantía concedida está contemplada en la transferencia anual de ayudas directas del departamento autonómico a las corporaciones insulares de La Gomera, Tenerife y La Palma.

Los cabildos insulares cuentan con las competencias en materia de prevención y lucha contra incendios forestales, debiendo velar por el adecuado mantenimiento de la masa forestal de las Islas. No obstante, la ayuda otorgada al Cabildo de La Palma se enmarca en las acciones de colaboración que mantiene el departamento autonómico con las corporaciones insulares para mantener limpios los montes canarios y evitar su exposición a un posible incendio forestal.

Destaca el carácter multifuncional de las masas forestales en Canarias, que, además de jugar una destacada función en la protección del suelo, contribuyen en la captación de agua y en el mantenimiento de la diversidad biológica de las Islas, sin olvidar su papel social y cultural. Las mejores representaciones de los ecosistemas forestales canarios se encuentran protegidos por la ley en la figura de los parques nacionales, cuyo objetivo es proteger el conjunto de los ecosistemas representativos y singulares, en razón de su interés educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y socioeconómico.

El gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud registró en abril una caída histórica, al descender un 19,72 por ciento

El mes pasado se registró una reducción en las siete Áreas de Salud del número de recetas facturadas de casi 4 puntos, y del gasto medio por receta, del 16,42 por ciento

La Consejería de Sanidad dio cuenta hoy en Consejo de Gobierno del gasto en medicamentos del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente al mes de abril, en el que la factura farmacéutica experimentó la mayor caída registrada hasta el momento, al descender un 19,72% respecto al mismo mes del año anterior, debido al efecto combinado de la reducción en las siete Áreas de Salud del número de recetas emitidas y del gasto medio por receta.

Según consta en el informe de evolución de los indicadores de la prestación farmacéutica, elaborado por la Dirección General de Farmacia del SCS, en el mes de abril se facturaron en la Comunidad Autónoma un total de 3.463.653 recetas, del orden de un 3,95% menos que en el mismo mes del año anterior, a lo que se añade la disminución en un 16,42% del gasto medio por receta, que se situó en 11,75 euros, frente a los 14,06 euros del período de referencia.

La tendencia a la baja de estos indicadores situó el gasto farmacéutico total en el mes de abril en 40.698.451 euros, lo que ha permitido rebajar tanto el gasto acumulado en los primeros cuatro meses del año (-11,22%), como el gasto interanual (-10,61 puntos).

Se trata del décimo mes consecutivo de decrecimiento del gasto farmacéutico en Canarias, como consecuencia de las acciones impulsadas por la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Farmacia del SCS para mejorar la prescripción y realizar un uso más racional de los medicamentos.

Tal y como se desprende del balance mensual, el gasto medio en medicamentos por usuario del SCS se situó en el mes de abril en 20,70 euros, a razón de 6,70 euros por usuario activo y 75,22 euros por usuario pensionista, con una caída global del 20,05%.

Receta electrónica

En cuanto a la dispensación a través del sistema informático de Receta Electrónica, en el mes de abril se emitieron 2.515.503 recetas del total de recetas facturadas, lo que supuso un incremento del 71,46 % %.

Los porcentajes por Áreas de Salud fueron: 71,06% en El Hierro, 83,27% en La Gomera, 83,34% en La Palma, 78,97% en Fuerteventura, 73,19% en Lanzarote, 78,82% en Tenerife y 62,24% en Gran Canaria.

Plan formativo para 2011

La Dirección General de Farmacia ha elaborado para 2011 un plan formativo dirigido a médicos de Atención Primaria y de Atención Especializada, farmacéuticos y personal de enfermería de las siete Áreas de Salud.

Los últimos cursos formativos se han impartido en los centros de Atención Primaria de Tamaraceite, San Nicolás de Tolentino, Puerto y Miller Bajo, en Gran Canaria, así como en los de Barrio de La Salud, Los Gladiolos y Dr. Guigou, con un total de 125 profesionales asistentes.

A estos cursos se añaden otro dos sobre actualización terapéutica y uso racional del medicamento, a los que asistieron 87 alumnos que trabajan en centros sanitarios de la ciudad de Las Palmas.

El Gobierno concede una subvención de más de 191.000 euros a AFATE para sufragar el mantenimiento de plazas para mayores dependientes con alzheimer

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno la concesión, de forma directa, de una subvención a la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles (AFATE) para sufragar parte de los gastos derivados del programa «Prestación de Servicios a Personas en situación de Dependencia», por un importe de 191.204,35 euros.

En concreto, esta aportación se destinará a sufragar el gasto de personal del Centro de Día para enfermos de Alzheimer.

Este Programa supone la prestación de un servicio especializado de ámbito insular, dirigido a personas dependientes, encuadrado en el Catálogo de Servicios previsto en el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, contribuyendo a la consecución de sus fines.

El Gobierno aprueba el Decreto que regula la convivencia en el ámbito educativo

Los centros docentes contarán con un Plan de Convivencia que se incluirá en el proyecto educativo

El Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de hoy el proyecto de Decreto que regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicho decreto tiene como objetivo regular en los centros docentes las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, sus derechos y deberes, así como las normas de convivencia y los procedimientos para la resolución de conflictos que la alteren. El decreto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias.

La finalidad de las normas de convivencia no es otra que mantener un clima escolar adecuado en los centros escolares mediante el desarrollo de los procesos educativos que faciliten la educación del alumnado en los valores del respeto a los derechos humanos y que propicien el ejercicio de una cultura ciudadana democrática, que permita la adquisición del compromiso de su defensa por parte de la comunidad educativa.

Corresponderá al centro docente en el ejercicio de su autonomía regular la convivencia a través del Plan de Convivencia, que se incluirá en el proyecto educativo. En él deberán recogerse de forma particular y autónoma, procedimientos que tiendan a la prevención y resolución pacífica de los conflictos, a lograr la mediación y la reparación, así como las directrices para asumir compromisos educativos para la convivencia. Al final de cada curso se evaluará el Plan y en el siguiente curso se introducirán las modificaciones pertinentes que se recogerán en la programación general anual.

Por su parte, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia en el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados y modalidades que confiere el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

En nuestra Comunidad Autónoma, los procesos relacionados con la convivencia en los centros han estado regulados por el Decreto 292/1995, de 3 de octubre, modificado por el Decreto 81/2001 de 19 de marzo, sobre derechos y deberes de los alumnos, así como la Orden de 11 de junio de 2001, por la que se regula el procedimiento conciliado,

A partir de hoy, el reseñado Decreto de convivencia en el ámbito educativo recoge y actualiza las nuevas referencias normativas y los nuevos planteamientos en esta materia

El Gobierno aprueba un gasto de 28,3 millones de euros para la atención a personas con discapacidad

Se autoriza la suscripción de los convenios con los Cabildos Insulares

El Consejo de Gobierno ha acordado en su sesión de hoy autorizar la suscripción de los Convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares para la para la prestación de servicios a personas con discapacidad, así como la autorización del gasto que conlleva la suscripción, en el caso de los Convenios a suscribir y que ascienden a un total de 28.305.775 euros.

El 30 de julio de 2001, el Gobierno de Canarias acordó la aprobación del Plan de Infraestructura Sociosanitaria en la parte relativa a la atención a las personas mayores (PCAMD), para cuya ejecución se suscribieron convenios de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los diferentes Cabildos. Asimismo, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2004, se acordó por el Gobierno de Canarias aprobar el Programa socio-sanitario de atención a la discapacidad de Canarias.

El Programa sociosanitario de atención a la discapacidad en Canarias estaba destinado, con carácter general, a las personas con discapacidad, de edades comprendidas entre los 17 y los 64 años. El Programa distribuía tales personas en los siguientes sectores: sector con necesidad de tercera persona, sector retraso mental, sector salud mental y, con carácter excepcional, hasta tanto se revisase el Programa de personas mayores del Plan sociosanitario, al colectivo de personas con enfermedad de alzheimer y otras demencias.

Los objetivos de dicho programa abarcaban el ámbito temporal comprendido entre los años 2005 a 2010, periodo en el que se realizaron:

a) Actuaciones sobre recursos en funcionamiento, para que éstos alcanzasen el nivel de infraestructura y mantenimiento que se establecía como modelo de referencia para los recursos nuevos.

b) Actuaciones en recursos con plazas en construcción y/o que estuvieran pendientes de funcionamiento.

c) Actuaciones para recursos con plazas de nueva creación, bien fueran a construir o a contratar con terceros.

Con fecha 14 de octubre de 2005, se firmaron los pertinentes Convenios de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares para la ejecución del Programa de Atención Sociosanitaria-Área de Personas Discapacitadas, cuya vigencia expiró el 31 de diciembre de 2010.

En este contexto, se ha hecho necesario elaborar en el año 2011 un instrumento jurídico de colaboración, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, que permita articular la colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda y la Consejería de Sanidad, y los siete Cabildos Insulares para la prestación de servicios a personas con discapacidad.

El Gobierno aprueba el proyecto de Decreto por el que se legalizan 17 explotaciones ganaderas de las islas

De estas instalaciones, 4 se encuentran en Fuerteventura, 4 en Lanzarote, 4 en Gran Canaria, 3 en Tenerife y 2 en La Palma

Con este séptimo bloque de legalizaciones ya son 177 el número de regularizaciones efectuadas hasta la fecha

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, 11 de mayo de 2011, el Proyecto de Decreto que autoriza la legalización de 17 explotaciones ganaderas-4 en Fuerteventura, 4 en Lanzarote, 4 en Gran Canaria, 3 en Tenerife y 2 en La Palma -, de acuerdo a la Ley 6/2009, de 6 de mayo de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo que prevé el procedimiento para la regularización y registro de instalaciones agropecuarias del Archipiélago.

Un total de 533 solicitudes de legalización de explotaciones de ganado del Archipiélago se encuentran en fase de estudio y 177 han sido ya regularizadas- una en septiembre de 2010, 76 en enero de 2011, 23 en marzo, 21 y 17 en el mes de abril, 21 la semana pasada, y las 17 restantes mediante el presente Proyecto de Decreto-.

Estas instalaciones, inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas, han sido ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias y se encuentran en algunos de los supuestos contemplados en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo.

Dicho acuerdo establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional y estético para cada una de las explotaciones, para cuya ejecución será título suficiente la referida autorización, debiendo realizarse en el plazo de 18 meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto, prorrogables por 9 meses más mediante Orden del Consejero competente en materia de ganadería.

La Ley 6/2009 de Medidas Urgentes, aprobada por el Parlamento de Canarias en abril de 2009, permite la legalización urbanística de las explotaciones ganaderas de las Islas en situación alegal, que cumplan con los requisitos que establece la ley en materia de seguridad jurídica, sanitaria y ambiental, posibilitando así su acceso a las ayudas destinadas al fomento de dichas instalaciones.

Estas legalizaciones permiten mejorar la situación del subsector ganadero del archipiélago, el cual en los últimos años ha realizado un importante esfuerzo para la modernización progresiva de sus instalaciones y métodos de producción, que ha contribuido de manera decisiva a fijar población en las zonas rurales de las Islas y ha ayudado a conservar el medio ambiente, con lo que ello supone para el desarrollo social, económico y cultural de Canarias.